Ecuador: Narcos, violencia, neoliberalismo e ¿intervención de EEUU?
Eloy Osvaldo Proaño
Ecuador ha vuelto a los titulares de la prensa internacional, de la peor manera. En agosto de 2023, el motivo fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio; y ahora, seis meses después, una secuencia de actos criminales, que incluyeron el asalto armado a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil.
Ecuador está ubicado en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína. La presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sur colombiano funcionaba como una suerte de bloqueo para la expansión de los cárteles hacia el Ecuador.
Pero la firma del acuerdo de paz en 2016, y la posterior desmovilización de la guerrilla, le abrió la compuerta a la economía criminal para instalar sus operaciones, principalmente en las portuarias Guayaquil y Esmeraldas. Junto a esta situación, se produjo un giro del modelo económico implementado con la traición del presidente Lenín Moreno desde 2018 y continuada por el banquero Guillermo Lasso.
El gobierno asegura que en la actualidad en Ecuador se produce el enfrentamiento de dos de los más poderosos cárteles de la droga de México: el de Sinaloa y el de Jalisco, que operarían a partir de distinto tipo de organizaciones satélite. Más allá de la veracidad de este relato, indudablemente se promociona para posibilitar una intervención militar de EEUU “para la preservación de la paz y el orden, y la protección de sus intereses internacionales”.
El último viaje del expresidente Guillermo Lasso a Estados Unidos, en setiembre de 2023, resultó clave para la firma de dos acuerdos internacionales que no fueron difundidos de manera oficial por el Departamento de Estado. El primer acuerdo permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas ecuatorianas, y el segundo fija las condiciones para la presencia de militares de EEUU en Ecuador.
La participación de fuerzas militares extranjeras en Ecuador estaría fundamentada también en varias iniciativas adoptadas durante el gobierno de Joe Biden como la “Estrategia de EEUU para prevenir conflictos y promover estabilidad”, emitida en abril de 2022 para atacar “la vulnerabilidad de un país o región al conflicto armado, la violencia a gran escala u otra inestabilidad, incluida la incapacidad para gestionar amenazas transnacionales y otras perturbaciones significativas”.
Mientras, la “Estrategia de Seguridad Nacional”, publicada por la Casa Blanca en octubre de 2022, se presenta la idea “disuasión integrada” como elemento fundamental de la política de defensa estadounidense, al mismo tiempo en que se plantean los desafíos de China y Rusia para la geopolítica diseñada desde Washington.
De producirse, la participación militar estadounidense estaría a cargo de las Brigadas de Asistencia de Fuerza de Seguridad, creadas en 2017 para asesorar y acompañar a los ejércitos de Afganistán e Irak.
El recetario neoliberal de ajuste, austeridad pública y achicamiento del Estado llevó a la disminución de la presencia institucional, debilitando el control fronterizo y facilitando la penetración de las bandas. En pocos años Ecuador pasó de ser un país pacífico a transformarse en un territorio gobernado por el crimen organizado.
El empresario presidente Daniel Noboa, que asumió hace un mes y medio para completar el mandato del banquero presidente Guillermo Lasso, respondió decretando el estado de excepción y el toque de queda, lo que terminó provocando un vendaval de ataques armados y atentados en todo el país.
Ante el caos generalizado, Noboa recibió el apoyo de todo el arco político y emitió un nuevo decreto que reconoce el estado de ”conflicto armado interno” y ordena a las fuerzas militares neutralizar a 22 organizaciones a las que declara como “grupos terroristas”.
El país entró en shock: se suspendieron las clases presenciales, la mayoría de los comercios cerraron y la población se atrincheró en sus casas. Los tanques de guerra deambulan por las calles vacías mientras se multiplican los focos de violencia y enfrentamientos que auguran un desenlace sangrientamente incierto.
En línea con las reformas estructurales de carácter neoliberal acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la desregulación financiera disminuyeron también los controles a la circulación del capital, a las empresas offshore y al lavado de activos. La economía dolarizada, que facilita el blanqueo y lavado de dinero, cerró el círculo perfecto para la operación del narco.
La capacidad de maniobra y la omnipresencia de estas bandas controlando territorios y cárceles sólo se explica por la penetración en las instituciones con la subsiguiente expansión de sus tentáculos en sectores importantes de las fuerzas de seguridad, del poder judicial y en algunas figuras políticas.
A mediados de diciembre, la fiscalía lanzó el “Operativo Metástasis”, que llevó a la detención de 29 personas entre jueces, fiscales, policías y abogados por vínculos con el crimen organizado. Ya en 2021, EEUU le había retirado el visado a cuatro altos mandos policiales a los que llamó “narcogenerales”.
Militarización
Ecuador fue subordinado a la Guerra de las Drogas regional hace pocos años. 2022 y 2023 fueron los de más alta criminalidad, con 12.481 homicidios. El sistema de terror pandémico de 2020, permitió crear una institucionalidad y respuestas defensivas como la virtualidad, teletrabajo, y una normalización de los Estados de Excepción. Los conceptos y objetivos de la guerra no siempre coinciden con los de la guerra real, que es el sometimiento por la fuerza de un adversario a la voluntad del otro.
Lo planteado por Noboa es parte de un plan regional de paramilitarización de territorios para sembrar el terror, desarticular el tejido social y mantener sometida a las poblaciones, mientras en paralelo se retroalimenta una estructura de negociados millonarios. Viejas y nuevas estrategias de dominación para seguir garantizando el control del paisaje ecuatoriano y sudamericano.
La vorágine acelerada de hechos de extrema violencia y descomposición estatal mantienen a Ecuador en medio de una crisis social y política sin precedentes. En pleno estado de excepción, Noboa lanzó un nuevo decreto de “conflicto armado interno”, ordenando a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares con claros métodos de guerra civil .
Asimismo, se eliminaron las garantías democráticas y derechos humanos a toda la población, abriendo paso a una política punitiva y de violencia estatal donde cualquiera puede estar bajo sospecha.
Pretender contener la degradación estatal concentrando el poder en manos del Ejército con una declaración de guerra interna, es una estrategia conocida hace décadas en países como México con políticas como la “guerra contra el narco” de la presidencia de Felipe Calderón, o en Colombia como en la época de Álvaro Uribe, e incluso en Estados Unidos con políticas de “guerra contra las drogas”.
El periódico mexicano La Jornada recuerda que enfrentamientos armados, autoritarismo gubernamental, pérdida de garantías y terror a la población es la fórmula directa al fracaso qué llevó a México más de 400.000 asesinatos y más de 100.000 personas desaparecidas de 2006 a la fecha. No sólo es la militarización, sino una supuesta guerra donde se criminaliza y violenta a toda la población, principalmente a la juventud y a las personas pobres incluídos los migrantes.
En Latinoamérica, uno de los protagonistas centrales es EEUU, además de los Estados y bandas en conflicto. Otros actores centrales son los productores-exportadores de los estupefacientes y armas, que no siempre coinciden con las bandas, y el sistema financiero. Los instrumentos jurídicos, intencionalmente, no reconocen a todos los actores de esta guerra.
Con la polarización en aumento como política de gobierno y el temor gestado entre la población, Noboa busca una aceptación tácita de la represión estatal, un consenso que avanza en las alturas, violando derechos fundamentales, para reforzar el control social en un marco de regresión conservadora. Esto incluye al correísmo agrupado en el movimiento Revolución Ciudadana, y todo el resto del arco político.
El aumento exponencial de la criminalidad es un saldo directo del abandono de las mayorías sociales y la imposición de un modelo económico depredador que concentra la riqueza en pocas manos. Es sospechoso el nivel de descoordinación de los episodios de violencia gratuita, ya que parecen planeados con el propósito de instalar entre la ciudadanía la idea de la inevitabilidad del estado de excepción y de conferir a la oligarquía gobernante poderes supralegales para reconfigurar las instituciones.
EEUU
Ahora toman mayor sentido y alcance las conocidas declaraciones de la jefa del Comando Sur y las perspectivas de “colaboración” militar de Estados Unidos con Ecuador. Tras el decreto, Washington anunció que enviará al país a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson y a altos funcionarios antinarcóticos y diplomáticos, para examinar, con el gobierno ecuatoriano, cómo combatir al crimen organizado.
La militarización del gobierno resulta cuestionable en el contexto ecuatoriano: el antecesor de Noboa, Guillermo Lasso, usó y abusó del estado de excepción sin que ello redundara en una mejoría de la seguridad pública; al contrario, entre 2018 y 2023 la tasa de homicidios pasó de 6 a 46 por cada 100 mil habitantes, un incremen-to de 700 por ciento.
Uno no puede dejar de considerar el nuevo contexto internacional y particularmente los intereses de Estados Unidos, celosos en impedir el ascenso del progresismo en América Latina, respaldar a gobiernos empresariales y ultraderechistas y mantener un espacio de injerencia.
Existe un acuerdo reservado suscrito con el gobierno de Lasso en octubre de 2023 (todavía sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional), que facultaría el envío de tropas para combatir al narcotráfico bajo condiciones absolutamente privilegiadas.
Luis Córdova, profesor de la Universidad Central, sostiene que ese acuerdo afecta la soberanía y viola la Constitución. El coronel Roberto Marchán señala que desde la década de los 90 y por el fin de la Guerra Fría, EEUU procura que las fuerzas armadas del continente asuman roles policiales para combatir al narcotráfico, en lo cual Ecuador podría servir como “ensayo”.
El académico señala la necesidad de diferenciar analíticamente tres variables dependientes: la violencia letal (su frecuencia y visibilización), las economías ilícitas (entre las que se destaca el narcotráfico) y los grupos de crimen organizado (pandillas carcelarias, callejeras y estructuras mafiosas incrustadas en el Estado que operan también en la economía formal).
No se trata sólo de que sea éticamente inaceptable recluir a seres humanos en jaulas creadas para humillarlos y envilecerlos, sino que serán un desperdicio de recursos en un país donde los jueces liberan a los criminales capturados y cuando los mantienen en prisión les otorgan todo tipo de privilegios, desde elegir el centro donde serán recluidos hasta ingresar equipos de comunicación y gallos de pelea.
Desde ya puede augurarse la futilidad las dos penitenciarías de supermáxima y supermega seguridad anunciadas por Noboa, encargadas a la misma empresa israelí que diseñó la infame megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador.
El país se hunde en la improvisación gubernamental, la nula capacidad estatal y el caos institucional. En Ecuador la justicia sólo sirve a la élite oligárquica corrupta para desarrollar operaciones de guerra jurídica (‘lawfare’) contra la principal fuerza política (Revolución Ciudadana) que es el correísmo.
La situación nacional ha servido para proyectar, en forma positiva, el interés de Noboa por su reelección en 2025. Incluso para sumar apoyo a la consulta popular -plebiscito- que impulsa para reforzar la seguridad, reformar la justicia y generar empleo.
El joven magnate llegó a la Presidencia de la República sin plan de seguridad ni cuadros para implementarlo, pero con una ambición entre ceja y ceja: ganar la reelección en 2025 a toda costa (su mandato es corto, ya que asumió para completar el período del presidente saliente tras la «muerte cruzada» decretada por Lasso a fin de evitar un juicio político ).
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)