Ecuador: el crimen trasnacional y el problema de fondo
“Con mucho gusto aceptaría la cooperación de Estados Unidos. Necesitamos equipamiento, necesitamos armas y necesitamos inteligencia”, dijo en una entrevista con CNN.
En un episodio más de la crisis carcelaria que estalló durante el gobierno de Lasso, la mañana del 8 de enero se generaron disturbios en seis cárceles del país, luego de la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de la agrupación delictiva Los Choneros -aliados del Cartel de Sinaloa–, quien cumplía una pena de 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil. Al día siguiente la situación se agravó cuando miembros de la banda Los Tiguerones ingresaron armados al canal de televisión “TC Televisión” en la misma ciudad en plena transmisión en vivo, lo que conmocionó no solo a la población ecuatoriana sino que despertó una alarma internacional y la reacción de mandatarios y organizaciones a lo largo de la región y el mundo.
Entre los atentados y actos terroristas que se registraron en Guayaquil y Nobol se cuentan también 29 ataques a edificaciones, entre ellas cinco hospitales en Guayaquil. El resultado, según información oficial de la Policía son más de trece personas que perdieron la vida y hay 41 detenidos, que serán acusados de terrorismo por la Fiscalía de Ecuador. Además, la toma de rehenes dentro de las cárceles llegó a contabilizar 178 miembros del personal penitenciario, que fueron siendo liberados de manera progresiva.
La situación no parece aplacarse. Este 17 de enero, el Fiscal de Guayas, César Suárez, que investigaba los hechos de la toma del canal televisivo, murió en un ataque armado en Guayaquil.
Noboa había habilitado, con sus dos decretos consecutivos, el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en las tareas de seguridad ciudadana, declarando: “Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que sacan crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria, nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos”.
En este escenario, que a esta altura se convierte en un fenómeno sostenido de violencia e inestabilidad social, el joven mandatario justificó su propuesta de proyecto urgente de “Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica”, con el que pretende incrementar el impuesto de valor agregado (IVA) del 12% actual al 15%, que ingresó a la Asamblea Nacional la noche del jueves 11 de enero y debería ser aprobada en un plazo de 30 días.
Sin embargo, la maniobra, que repercutiría negativamente en la economía doméstica de las familias ecuatorianas, no fue bien recibida en el arco político que conforma la Asamblea Nacional, generando tensión en las alianzas del nuevo gobierno. La pretensión de Noboa de recaudar -según un informe del Servicio de Rentas Internas- 1306 millones de dólares para financiar la guerra contra el narcotráfico fue rechazada por los parlamentarios de la Revolución Ciudadana (51), los del Partido Social Cristiano (18), los de Pachakutik y los de Construye, la bancada que tuvo como candidato presidencial al periodista asesinado Fernando Villavicencio, un hecho bisagra que marcó el proceso electoral. La nueva premisa de Noboa “una guerra cuesta y cuesta dinero”, parece no calar ni en la oposición ni en un sector del oficialismo.
Ecuador vive una crisis de seguridad que se agudiza desde el 2021 a esta parte. El año pasado se ubicó como uno de los más peligrosos del continente, mientras que en el año 2016 estaba situado como el segundo país más seguro de la región.
Particularmente la crisis del sistema penitenciario arroja unas cifras alarmantes de convictos asesinados dentro de las cárceles ecuatorianas. Desde febrero de 2021 se contabilizan más de 450 presos que se han aniquilado entre sí. La peor masacre fue el 28 de septiembre de ese año en Guayaquil con 125 muertos. Dos meses después, ese mismo combate continuó durante dos días y fue transmitido en redes sociales, incluyendo la mutilación, asesinato a balazos e incineración de 67 personas.
La creciente problemática social y política del narcotráfico, sus causas y consecuencias que atraviesan particularmente las regiones costeras del país, encuentra entre una de sus determinaciones fundamentales el progresivo retiro del Estado y su capacidad de acción considerablemente limitada, además de la dolarización de la economía, que genera condiciones óptimas para el desarrollo del narcotráfico, según lo afirmó el propio Noboa. Los datos indican que aunque tradicionalmente Ecuador no figuraba como productor ni exportador de cocaína, las dinámicas han experimentado cambios significativos transformando al país en una especie de «autopista». 
En Ecuador, donde además hay facilidades legales para el contrabando de las sustancias químicas para el procesamiento, la guerra de fondo entre las bandas narcotraficantes se da por el control interno de las cárceles y el externo de las rutas de la cocaína hacia Europa y EE.UU.
El fenómeno creció ostensiblemente durante las gestiones neoliberales de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes realizaron un trabajo fino para retrotraer los avances que había realizado la Revolución Ciudadana en el tratamiento de la cuestión como un problema de salud pública y con un enfoque jurídico que evitaba la privisión preventiva (y por ello aliviaba las cárceles superpobladas), despenalizaba el consumo y aliviaba cargas a las “mulas”, discriminando los diferentes niveles de responsabilidad penal en el narcotráfico.
Durante el gobierno de Rafael Correa, no solo se cambió el enfoque de las políticas antidrogas en Ecuador, moldeadas en años previos según las prescripciones estadounidenses, sino que propuso avanzar en un abordaje soberano del tema. En 2009 se cerró la base militar que el país norteamericano había instalado en Manta en 1999, 
en sintonía con el Plan Colombia. El enfoque integral para el abordaje de un problema transnacional que propuso el gobierno de Rafael Correa dió sobradas muestras de las diferencias que produce un tratamiento del tema con la participación de un estado fuerte y un andamiaje jurídico que acompañe una visión social.
Ante la situación que se está viviendo, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, México, Chile, Colombia, Guyana, El Salvador, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, entre otros, condenaron el 9 de enero los actos de violencia que se registran en el país y expresaron su apoyo al presidente Daniel Noboa, abogando por la continuidad democrática y respaldando las medidas tomadas por el gobierno. El presidente brasileño, Lula Da Silva, en una clara manifestación del rol regional que ocupa, llegó a ofrecer a su homólogo la apertura de una Agregaduría de la Policía brasileña en Quito, para colaborar con equipos de inteligencia y cursos de capacitación en investigación y análisis financiero para “descapitalizar” las organizaciones criminales.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte ofreció asesoría en materia de política carcelaria y marcó que las soluciones deben buscarse en el marco de la cooperación regional: “Busquenos a nosotros. No busque al Comando Sur, destacó”.
Sin embargo, a excepción del presidente colombiano Gustavo Petro y el ex presidente Rafael Correa, que denunciaron la perspectiva punitivista exacerbada por lo gobiernos neoliberales en esta materia y la trasnacionalización del problema, poco se ha dicho públicamente en torno al origen de la violencia y los efectos del narcotráfico, que objetivamente han ido ganando territorio en los últimos años en la misma proporción en que se ha ido reduciendo el Estado y ensanchando las brechas de la desigualdad. 
Más bien ha sido impactante la manera en la que la declaración del estado de excepción y la definición del conflicto interno, como una amenaza para el poder político y el Estado, traccionó el amplio apoyo de la comunidad internacional para que el nuevo mandatario avance sin cuestionamientos en la disolución de lo que queda del Estado de derecho y de bienestar en Ecuador.
El 12 de enero, Noboa informó en un breve mensaje a la nación que ya fueron aprobados los diseños para la construcción de las cárceles de máxima seguridad que serán desarrolladas en las provincias de Pastaza y Santa Elena. Así el modelo del salvadoreño Bukele avanza airoso por la región.
Es basta la bibliografía que se dedica a desarrollar la manera en que la doctrina de securitización marcada por el gobierno estadounidense para combatir un problema del que, como país consumidor es parte, no solo ha impactado en el agravamiento del problema, sino que ha servido para vehiculizar mecanismos de control de los territorios e injerencia política en Latinoamérica.
Sin moneda propia ni instrumentos soberanos de manejo de su política económica, es crucial analizar la injerencia externa en la situación ecuatoriana, especialmente por parte de Estados Unidos. La dependencia económica del país sudamericano respecto a las decisiones estadounidenses se ha traducido en políticas que, lejos de contribuir a la estabilidad interna, han favorecido el avance del narcotráfico. La influencia histórica de la DEA y la CIA en la región, buscando control territorial en su «patio trasero», plantea interrogantes sobre la naturaleza de la intervención estadounidense y su impacto en la actual crisis.
El 12 de enero el gobierno norteamericano aseguró que trabajará con Quito para estrechar su cooperación “en materia de aplicación de la ley a través de programas de asistencia en seguridad”, según informó el portavoz del Departamento de Estado. John Kirby, descartando una intervención militar. En un comunicado señala que los funcionarios responsables de la coordinación bilateral serán el subsecretario de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson; el subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan; y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson. Además, funcionarios de agencias de control llegarán para asistir al Ecuador en investigaciones penales.
La retracción de las instituciones en el ámbito de la seguridad, la salud, la educación, facilitó la entrada de las bandas narcos a todo el tejido social. En tal sentido, muchas de las víctimas penitenciarias son reos encarcelados por delitos menores sin sentencia en cárceles sobrepobladas, cuyos familiares son extorsionados por los que conducen las bandas para garantizarles “protección” a los detenidos, comida y un lugar más cómodo dónde dormir: las pandillas terminan teniendo el verdadero control de la cárcel.
El crimen organizado no se establece en un solo territorio, es un anclaje de una red internacional, que también tiene sus redes en la política, en la policía, en las fuerzas armadas y se alimenta de la trata de personas y del tráfico ilegal de migrantes. Una economía dolarizada, que facilita el blanqueo y lavado de dinero, le da las herramientas para que el narcotráfico haga su trabajo.
La situación en Ecuador, con sus particularidades, no deja de ser un reflejo del proceso que transitan actualmente la mayoría de los países del mundo, donde la crisis política y el avance de la financiarización y la concentración de la riqueza se traduce, cada vez más, en un deterioro constante del nivel de vida de las grandes mayorías. El punitivismo como política represiva que apunta a intervenir sobre las consecuencias más que sobre las causas profundas del conflicto hace que la “guerra contra el narcotráfico” planteada por el gobierno de Daniel Noboa sea un indicador, no solo de la continuidad, sino de la profundización del modelo neoliberal en un país que exige respuestas urgentes y estructurales para poder superar el conflicto.