Ecuador: Balotaje entre una progresista y el abanderado de la oligarquía bananera
Eloy Osvaldo Proaño
El 13 de abril, en un contexto de desencanto generalizado, Ecuador elegirá en segunda vuelta a su próximo mandatario entre el actual presidente, el ultraderechista Daniel Noboa, y la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, tras una primera vuelta en la que la diferencia entre ambos fue menor a 20 mil votos.
El balotaje se producirá en un país flagelado por una espiral de violencia que registra 1.300 asesinatos en los primeros 50 días del año (un crimen por hora), donde apenas un tercio de los ciudadanos en edad de trabajar tiene empleo formal, donde el 28 por ciento de la población es pobre y más del 12 por ciento está en situación de pobreza extrema.
Ecuador vive horas cruciales en lo político, social y económico, con un Estado –camino a ser otro estado fallido- asaltado por bandas de delincuentes ligados al narcotráfico. En el país cunde la inseguridad, que le da al gobierno de Daniel Noboa la excusa para, ante la posibilidad de perder el balotaje de abril y de que regrese el correísmo, desplegar un arsenal de medidas represivas, censoras, que para muchos analistas son, además, inconstitucionales.
La delincuencia se disparó y el crimen organizado no se detiene, lo que crea un ambiente de terror social, caldo de cultivo del autoritarismo de Noboa, que justifica los permanentes Estados de excepción con el pretexto del combate a esos grupos, pero impidiendo, al mismo tiempo, cualquier manifestación ciudadana de oposición y resistencia.
El actual discurso hegemónico insiste en afirmar que el incremento de la delincuencia es producto de una Constitución que considera «blanda, garantista y protectora de los delincuentes», y reforma legislativa tras reforma legislativa se fueron eliminando garantías constitucionales que antes constituían interesantes avances en la progresión de los derechos.
Resultado de lo anterior, la aún vigente Constitución de Montecristi –otrora referente del neoconstitucionalismo social posneoliberal– se va convirtiendo con el paso del tiempo en un Frankenstein cada vez más desarticulado respecto a su marco teórico fundacional.
Seis meses atrás, la Fundación Periodistas Sin Cadenas reveló que entre enero y julio de 2024, la Fiscalía General había abierto 145 causas a miembros de las Fuerzas Armadas por extralimitación en el ejercicio de actos de servicios y, también en ese mismo período, había habilitado 12 investigaciones previas por ejecuciones extrajudiciales.
La sociedad ecuatoriana comenzó a tener conocimiento de esta realidad oculta a finales del año pasado por la cobertura mediática al caso Las Malvinas, que involucró a miembros de las Fuerzas Armadas en la desaparición forzada y el posterior asesinato de cuatro niños afroecuatorianos, con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años, hijos de familias pobres.
Banana boy
Noboa, joven millonario perteneciente a las élites tradicionales del país y que busca la reelección tras poco más de 14 meses al frente del gobierno que dejó vacante Guillermo Lasso, y Luisa González, candidata progresista representante del movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa, se disputarán voto a voto la presidencia.
Hijo del “rey del banano” Álvaro Noboa, quien muchas veces quiso y no pudo ser presidente, en algunas de ellas derrotado por Rafael Correa, es un típico niño rico que le viene como anillo al dedo a los intentos de Estados Unidos y la ultraderecha continental de “securitizar” al pequeño país andino.
La compañía exportadora insignia del grupo Noboa fue y sigue siendo Exportadora Bananera Noboa, bajo la cual hay más de cien empresas subsidiarias. Ecuador es el principal exportador mundial de banano.
Uno de los últimos episodios polémicos de Noboa fue su reunión, en marzo, con Erik Prince, empresario y militar estadounidense fundador del grupo de seguridad privada Blackwater, acusado de mercenario e implicado en la matanza de civiles en Bagdad, Irak, en 2007 y en operaciones de inestabilidad política en Venezuela.
En abril de 2024, fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito para capturar violenta e ilegalmente (gozaba de inmunidad diplomática según la Convención de Viena sobre asilo), al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción en medio de polémicas de lawfare.
El caso Glas llevó a México a romper relaciones con Ecuador y a repudios de casi todos los países de la Organización de Estados Americanos. Desde su insólito secuestro en una embajada extranjera, Glas sigue preso en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.
Inseguridad a la carta
Los ecuatorianos irán a las urnas en estado de «conflicto armado interno», fruto de la declaratoria decretada 14 meses atrás por en respuesta a los altos niveles de inseguridad y violencia, Legitimada en las urnas, la política gubernamental de mano dura en materia de seguridad, el proceso de militarización que la compaña se profundiza en el país.
Loa analistas destacan que la normalización de la guerra y de todas sus consecuencias (asesinatos sicariales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, despojos violentos, extorsión, secuestros, vulneración de la legalidad por parte del aparato represivo) permitió ir instalando socialmente la tesis sobre la necesidad de un mayor cierre democrático con el fin de garantizar mayor seguridad.
La oligarquía teme un eventual triunfo de Luisa González, previsto por las encuestas, y ante ello el gobierno se ha lanzado, con todo el poder del Estado, a tratar de impedir ese triunfo. Ello incluye a la Fiscalía, la Contraloría y, en la coyuntura, al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Éste, supuesto árbitro electoral, no ha tenido empacho alguno en ‘atender’ las solicitudes y propuestas de Noboa para no tener que encargar su puesto a la vicepresidenta, ni dejar sus funciones para la campaña y hasta la pretensión de liberar de multas a los ciudadanos que dejen de votar (en Ecuador el voto es obligatorio), lo cual intenta paralizar el voto popular.
Laura Richardson, cuando dirigía el Comando Sur del Ejército de EEUU, visitó una docena de veces Ecuador. Como antes con Colombia, antes del gobierno de Gustavo Petro, Washington necesita una cabecera de playa para militarizar (“securitizar”) la región argumentando alguna amenaza a la seguridad nacional que reclame una acción de emergencia, lo cual conlleva todo un dispositivo, legal o no, para controlar al país y evitar los supuestos peligros.
Antes del gobierno de Rafael Correa, Estados Unidos tenía la base militar de Manta, la que Washington insiste en reabrir o instalar otra en las Islas Galápagos. Por eso, el embajador estadounidense en Ecuador, Arthur Brown, quien dirigió la polémica USAID en Zimbabue, está tan activo estos meses.
En octubre de 2023, medios de prensa informaron que Noboa poseía, según los Pandora Papers, empresas en guardias fiscales, por lo que su candidatura presidencial habría violado la ley del Pacto Ético, aprobada tras la consulta popular de 2017. Algo parecido pasó con Lasso, lo que evidencia que la elite ecuatoriana sabe surfear toda denuncia o prueba que pueda revelar su criminalidad.
Una nota que se destaca en el análisis de la situación preelectoral es la ausencia de organizaciones sociales o sindicales intermedias, incluso de partidos, que no son agrupaciones de masas sino más bien pequeñas, de pocos cuadros y afiliados.
Sin embargo, las entidades indígenas mantienen un alto grado de organización y han combatido tanto a la derecha como al correísmo (por la explotación petrolera en el Amazonas). En esta coyuntura, y dado el peligro que para ese sector significa una mayor militarización del país, podría darse un mayor favoritismo para la candidatura de Luisa González.
Leonidas Iza, ex candidato presidencial (5% de los votos en la primera vuelta) y líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) señaló que la decisión es “no dar ni un solo voto a la derecha ecuatoriana encabezada por el presidente Noboa”.
Desde 2020, cuando comenzó la grave crisis multifacética, la sociedad ecuatoriana ha asistido a seis procesos electorales, entre elecciones municipales y provinciales, consultas populares y comicios presidenciales, mientras el pesimismo como estado de ánimo predominante y la desafección política de los ecuatorianos fueron creciendo paulatinamente.
En el último proceso electoral participaron 78 organizaciones políticas: 17 de ellas son de carácter nacional y 61, de ámbito provincial, lo que produjo 16 candidaturas en la papeleta de votación presidencial en primera vuelta, de las que 12 obtuvieron un resultado electoral inferior al 1 por ciento de ciudadanos.
El 88 por ciento de los votos se concentró en las dos candidaturas que se disputarán la segunda vuelta, y la tercera opción fue el voto nulo. Ese 5,29 por ciento de votos alcanzado por el dirigente indígena Leonidas Iza en este proceso electoral los convierte en la tercera fuerza política del país.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)