Docentes en Ecuador, bajo asedio: secuestros y extorsiones en aumento
La violencia contra los docentes en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes en 2025. Según la Unión Nacional de Educadores (UNE), seis profesores han sido secuestrados, una maestra fue baleada y se han presentado más de 120 denuncias por extorsión en lo que va del año. Estas cifras reflejan una crisis de inseguridad que afecta directamente al sistema educativo y a quienes lo sostienen.
Uno de los casos más graves se registró en Guayaquil, donde una profesora de 57 años fue secuestrada por cuatro delincuentes, entre ellos un exalumno. Los captores exigieron 50.000 dólares por su liberación, lo que evidencia la vulnerabilidad de los maestros ante las bandas criminales. La UNE ha reiterado su pedido al Ministerio de Educación para que declare en emergencia el sistema educativo y se implementen protocolos de protección inmediatos para los docentes amenazados.
Las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí se destacan como las más peligrosas para ejercer la docencia, según el gremio. Entre 2023 y 2024, la UNE registró 500 alertas de maestros amenazados, extorsionados o secuestrados; solo en los primeros meses de 2025 se sumaron 200 casos más. La organización exige una intervención integral que recupere el tejido social y garantice la seguridad de los educadores.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, enfatizó: “Queremos una intervención integral, un plan que recupere el tejido social. Que se cumplan los protocolos, y que cuando un maestro sea amenazado, se le dé el cambio”.
“Queremos una intervención integral, un plan que recupere el tejido social. Que se cumplan los protocolos, y que cuando un maestro sea amenazado, se le dé el cambio.”
— Andrés Quishpe, presidente de la UNE
La violencia escolar en Ecuador se inserta en un contexto nacional de incremento del crimen organizado y de homicidios. Esta situación ha forzado a miles de personas a desplazarse y ha puesto en riesgo la continuidad educativa, especialmente en zonas de alta conflictividad. La UNE y otros actores sociales insisten en que la seguridad debe ser una prioridad para garantizar el derecho a la educación y la protección de quienes la imparten.