Díaz Rangel: La controversia resuelta/ Stelling: Costo político/ Roitmann: ¿Golpe? Más bien s trata de evitarlo/Haddad: Justicia constitucional

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La controversia resuelta: «Era inevitable la reacción exterior»
Eleazar Díaz Rangel, UN|

La Cancillería no había terminado de explicar nuestra victoria en la OEA, nada fácil, pues hasta medios locales se la atribuyeron a Almagro, ni de valorar la dignidad de los votos de República Dominicana, El Salvador y Haití, pese a las descaradas presiones y amenazas de EEUU, cuando la Sala Constitucional del TSJ sentenció que en la práctica, las funciones del Poder Legislativo pasan a ser materia suya o de quien asigne, pero que la Fiscal General, que acumulaba lo que consideró “violaciones constitucionales”, denunció como “ruptura del orden constitucional”.

Era inevitable la reacción exterior, particularmente en los países latinoamericanos, como en efecto ha sucedido. La ofensiva desde EEUU y de la derecha continental, con el cerco mediático de las poderosas agencias noticiosas y no menos influyentes medios, puede mostrarse más activa en los próximos días y desbordará los límites de la OEA.

Mientras, en una nueva experiencia de la falta de apoyo popular, la calle no ha atendido el llamado de la oposición para “que el pueblo nos acompañe” en la denuncia de lo que ha considerado un golpe de Estado, como si no supieran lo que es un golpe.

El presidente Maduro tuvo una ponderada intervención el viernes por la noche, y convocó al Consejo de Defensa Nacional, en cuya reunión acordó exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional que justificó “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las de las actuaciones de la Asamblea Nacional”, y que originaron esta controversia. Aunque esa exhortación no la hizo directamente a la Sala Constitucional, que de acuerdo a la Constitución (art 336) es a la que corresponde “Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer” (numeral 8) y “Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público” (numeral 9). Finalmente fue esa Sala la que ayer anunció formalmente la supresión de las partes de su controversial sentencia que, además de la reacción opositora, y de algunos países, llevó a la fiscal Luisa Ortega Díaz a dar su no menos controversial denuncia de ruptura del orden constitucional.

Aunque no está claro para mí si esa Sala podía revisar su propia sentencia, el caso es que ayer la Sala en pleno informó al país la supresión de aquellas decisiones que generaron las mencionadas reacciones, lo que, en el fondo, significa que la Fiscalía tenía razón.

Costo político

Maryclen Stelling| Las recientes sesiones de la OEA sobre la situación venezolana y el debate en torno al informe elaborado por su secretario general, Luis Almagro, ha potenciado la crisis política y ha radicalizado al Gobierno, oposición y actores internacionales aliados de uno u otro grupo político.

Ello ocurre en un contexto de reconfiguración de fuerzas políticas en la región. La debilitación y crisis de los gobiernos progresistas y el avance o restauración neoliberal con sus efectos en el proyecto regional de integración.

La actual coyuntura política requiere jugar estratégicamente tanto en el tablero nacional como en el internacional. Amerita plantarse en la lógica de las decisiones políticas y actuar a partir de la evaluación de las condiciones reales.

Comunicacionalmente demanda un discurso argumentativo con pretensiones de validez y provisto de una “racionalidad” estratégica. Urge la construcción política de significados que doten de sentido las decisiones, más la dinámica confrontacional impone una estrategia discursiva desgastada y reiterativa.

Toda acción política tiene una intencionalidad, se sustenta en unos principios y enfrenta el reto de evaluar la situación, los medios y las consecuencias previsibles. Supone elegir consciente y deliberadamente entre alternativas de acción y conocimiento de las consecuencias que conlleva la ruta seleccionada. Sin embargo, la propia crisis, las presiones internas y externas imponen el cortoplacismo, la inmediatez y una limitada evaluación.

Proceso decisional que ocurre en medio de una tensa y complejísima realidad, bajo la emergencia de urgencias coyunturales que se desprenden fundamentalmente de la amenaza de aplicación de la Carta Democrática. Las acciones se debaten entre la racionalidad instrumental y la invocación de valores-justicia, libertad- democracia, conjuntamente con decisiones que parecen contradecir lo invocado.

Se potencia el conflicto entre órganos del Poder Público Nacional, con la entrada al terreno de la Fiscalía General de la Nación señalando “ruptura del orden constitucional”. En respuesta el Presidente convoca el Consejo de Defensa de la Nación para resolver impase entre Poderes.
Ante tal escenario incierto y de alto riesgo, se descuida la evaluación del costo político y las consecuencias de decisiones y medidas.


¿Golpe de Estado Más bien se trata de evitarlo

 Marcos Roitman Rosenmann|Mientras se urde el plan para dar la puntilla al orden constitucional en Venezuela, se hacen públicas las conversaciones mantenidas entre el almirante Kurt Tidd, a la sazón comandante en jefe del U.S. Southern Command, con sede en Miami, y el actual secretario general de la OEA, en enero de 2016, Luis Almagro. El objetivo es coordinar la acción de los organismos regionales con un fin: dinamitar el poder legítimo del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Servicios de inteligencia, organizaciones no gubernamentales, corporaciones privadas de comunicación, prensa radio, televisión y redes sociales deben entrar en sincronía y asestar el golpe definitivo.
¿Cuál? Inaugurar un Estado paralelo, encabezado por el Parlamento, en manos de la oposición. La labor inmediata: sentar las bases para hacerlo viable. La estrategia: tensionar el Poder Judicial, desacreditar sus resoluciones, obligar al gobierno a tomar medidas de excepción y, de esa manera, justificar la intervención para salvaguardar, curiosamente, el orden constitucional.

 

El centro de maniobras es la embajada de Estados Unidos en Caracas. Allí se han reunido, infinidad de veces, los partidos de la MUD. Sus salones son un hervidero de reuniones. Militantes, empresarios y banqueros acuden a recibir instrucciones. Agentes con destino en América Latina viajan expresamente a vigilar su desarrollo. El contacto es Tenny Smith, militar de alto grado, perteneciente a la agencia de inteligencia para la Defensa, y Rita Buck Rico, adscrita a la sección de asuntos políticos de los servicios exteriores.

El tiempo corre, se busca dar un golpe de efecto a escala global. Durante 2016 y los meses transcurridos de 2017 se acelera la campaña internacional de las esposas y dirigentes del MUD pidiendo la libertad de Leopoldo López y otros, condenados por sedición y ser los responsables políticos del asesinato de 43 venezolanos durante las acciones conocidas como La salida.

Los viajes financiados por demócratacristianos, liberales y conservadores, entre otros, dan visibilidad a sus pretensiones. Las delegaciones han sido recibidas por alcaldes, parlamentarios e instituciones en Europa y América Latina. España se convierte en la sede exterior para las maniobras inaugurando una emisora de radio y televisión, financiada con donaciones generosas de PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Convergencia de Cataluña y otros. Ex presidentes de gobierno se suman a la trama. José María Aznar, Felipe González, César Gaviria, Uribe, Ricardo Lagos. Es la excusa para que tomen la palabra gobernantes en activo, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski. Iniciada la cruzada, le siguen Michel Temer, en Brasil; Mauricio Macri, en Argentina, y Enrique Peña Nieto, en México. Así se crea una atmósfera putrefacta, reforzada después del triunfo de Donald Trump. El liderazgo de todas esas maniobras será cedido cortésmente al gobierno de Peña Nieto.

Mientras tanto se prepara una campaña interna, cuyo eje es el Parlamento, hoy en manos de la oposición, que solicita la intervención extranjera, negándose a cumplir su función legislativa, que es: promulgar y desarrollar leyes. La maniobra tiene como finalidad transformar la Asamblea Nacional en Poder Ejecutivo.

Luis Almagro, a la sazón secretario general de la OEA, es el elegido para dar credibilidad al plan y transformar dicha acción en objetivo democrático. La fecha acordada: la celebración en marzo de 2017 de la reunión de la OEA. En ella se pediría aplicar la Carta Democrática, suspendiendo a Venezuela como país miembro, recordando un acto similar al acontecido con Cuba en 1962. Almagro, fiel corre, ve y dile del gobierno de Estados Unidos, desplegó toda su fuerza, junto con el representante de México, Luis Alfonso de Alba Góngora, a quien se atribuye el liderazgo del llamado grupo de los 15 países injerencistas. El objetivo: la firma de un documento que incluyera las tres demandas planteadas por la MUD, en complicidad con la OEA y el Comando Sur, para hacer caer el gobierno de Nicolás Maduro, fijar calendario electoral, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.

La solicitud de condena, desaprobación y aplicación de sanciones, entre ellos bloqueo, aplicación de la Carta Democrática y suspensión, bajo el pretexto de evitar una crisis humanitaria, fracasó estrepitosamente. Las presiones de Estados Unidos y Almagro no dieron resultado. La declaración final supuso en realidad un reconocimiento al diálogo emprendido por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Este traspié acelera el tiempo de la sedición. Ahora se pasa directamente a desconocer el orden constitucional, negándose, la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, a cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y, de paso, bloquear las decisiones que competen al Poder Ejecutivo. Ese es el fondo de la controversia.

No hay golpe de Estado, hay desacato de la Asamblea Nacional, en manos de la MUD. Autoinhabilitada para cumplir su función legislativa, el Poder Ejecutivo se ve obligado a tomar sus funciones, mecanismo democrático establecido en la Constitución Bolivariana. El resto es teatro mediático, escenificación y llamado a la desestabilización democrática por los diputados que han traicionado a su país pidiendo la intervención extranjera.


Justicia constitucional

Beltrán Haddad| La decisión de la Sala Constitucional del TSJ es la expresión de lo que es el constitucionalismo en los nuevos tiempos. Algunos se preguntan: ¿Y qué legitimidad tienen los jueces o magistrados para invadir decisiones de un legislador? Por ahí alguien se rasgó las vestiduras y calificó el fallo de “dictadura judicial”. Por supuesto, apartó a un lado el golpe de abril de 2011, la juramentación de Carmona y aquel discurso que suspendió de sus cargos a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General, al Contralor y al Defensor que ya estaba preso.

Hoy los tiempos son otros, aunque los actores de la acera de enfrente sean los mismos. La teoría constitucional dejó a muchos atrás y asoma, sin lugar a hesitaciones, la primacía de la Constitución y un mecanismo de control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos de cualquier poder o de las leyes. Es lo que se conoce como “garantía jurisdiccional de la Constitución”.

Este último ingrediente es el que los hace pensar en dictadura judicial para no advertir que hay derechos básicos que se hacen indisponibles para los legisladores en un Estado constitucional de Derecho, distinto al Estado legislativo.

Ahí está la explicación de la justicia constitucional frente a una actuación antinacional que nos causa indignación. Eso explica que ante una Asamblea Nacional en desacato y, por consecuencia, en situación de omisión legislativa, la Sala Constitucional declara de mero Derecho la nulidad de un acto írrito llamado “Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela”.

¿Quién se va a creer esa farsa de la aplicación de la Carta de la OEA para resolver la pugna política entre oposición y Gobierno? Los únicos que han perpetrado rupturas del orden constitucional son sectores opositores con sus conspiraciones, de acuerdo con otro país, contra nuestras instituciones; son los mismos del golpe de abril de 2011, del paro petrolero, de las guarimbas y sus muertos, de la guerra de acaparamiento y especulación de alimentos para caotizar el país y llevarlo, junto a la perversa inflación, al “golpe suave”. Ahora piden intervención. ¿Son o no son traidores a la patria? Consulten, por favor, al doctor Código Penal.