Detrás de la narrativa del Tren de Aragua, Bukele y Rubio esconden un acuerdo con las maras
Las negociaciones secretas entre el gobierno de Bukele y la MS-13: el caso de "Greñas" expone acuerdos por apoyo político y reducción de violencia.
Victoria Korn
Estados Unidos repitió en la noche de este domingo una operación de traslado a El Salvador a 17 individuos identificados como “criminales violentos” pertenecientes a las pandillas Tren de Aragua y MS-13, según anunció el lunes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
A través de un mensaje en la red social X, Rubio calificó la deportación como una “exitosa operación antiterrorista” coordinada con “aliados” salvadoreños para “proteger a la ciudadanía estadounidense”. Afirmó que estos individuos “ya no podrán aterrorizar a nuestras comunidades o a nuestros ciudadanos”.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respaldó la acción. Dijo que los deportados son “asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil”. Bukele recibió agradecimientos públicos de Rubio por su “colaboración excepcional” en la lucha contra el “crimen transnacional y el terrorismo”.
Así, los dos gobiernos apuestan a reforzar la narrativa sobre la supuesta peligrosidad de los deportados. Algo que ya ha sido desmentido suficientemente por decenas de familiares que desde Venezuela encabezan marchas reclamando la libertad de sus seres queridos. Son cerca de 250, según estimaciones no oficiales.
La carcel CECOT, escenario de un fraude
Pero detrás de la estrategia de Bukele/Rubio se esconde mucho más. Son varias las voces que denuncian que el salvadoreño, en acuerdo con la administración Trump, estaría recibiendo (y encarcelando en el temible CECOT, en las afueras de San Salvador) a jefes de maras que podrían comprometerlo seriamente.
Es el caso de César Humberto López-Larios, alias “Greñas”, uno de los jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), ha destapado un escándalo de dimensiones internacionales al revelar negociaciones secretas entre el gobierno de Nayib Bukele y la organización criminal. Documentos internos y acusaciones federales de Estados Unidos señalan que el ejecutivo salvadoreño habría pactado con la pandilla reducir los homicidios a cambio de apoyo político.
El acuerdo bajo la sombra de las cárceles
Según una investigación del medio digital El Faro, desde 2019 —primer año del mandato de Bukele— dos altos funcionarios, Osiris Luna (director de Prisiones) y Carlos Marroquín (responsable de Tejido Social), se infiltraron en centros penitenciarios junto a hombres encapuchados para reunirse con la “Ranfla” (cúpula de la MS-13).
Las conversaciones, documentadas en expedientes del Departamento de Justicia de EE.UU., buscaban que la pandilla redujera los asesinatos públicos para proyectar una imagen de éxito en la política de seguridad. A cambio, el gobierno ofreció beneficios carcelarios, incentivos económicos y, según la fiscalía estadounidense, apoyo implícito para mantener el poder territorial de la MS-13.
La pandilla, además, habría respaldado electoralmente al partido “Nuevas Ideas” de Bukele en los comicios legislativos de 2021, que terminaron con una victoria arrasadora del oficialismo. “La MS-13 acordó brindar apoyo político al partido de Bukele a cambio de mayores beneficios”, detalla la acusación formal.
Sanciones de EEUU y resistencia a la extradición
En diciembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Luna y Marroquín por corrupción, alegando que el gobierno salvadoreño negoció con la pandilla para “crear la percepción de una reducción de homicidios”. Las sanciones respaldan las acusaciones de que la drástica caída de violencia en El Salvador —bandera de Bukele— estuvo ligada a un pacto oculto.
Pese a las solicitudes de extradición de líderes de la MS-13 por parte de EE.UU., durante la administración de Joe Biden, Bukele ha bloqueado los procesos. Esto ha generado sospechas de que el gobierno busca proteger a los cabecillas para mantener los acuerdos en la sombra. El propio Bukele ha negado categóricamente las negociaciones, calificándolas de “fake news”, aunque sin abordar las evidencias presentadas.
Deportaciones y opacidad internacional
El caso también revive el debate sobre las deportaciones masivas de miembros de pandillas desde EE.UU. hacia El Salvador, un fenómeno que habría reforzado a estructuras como la MS-13. A esto se suma las declaraciones del fiscal venezolano Tarek William Saab sobre ciudadanos de su país secuestrados en territorio salvadoreño, aunque sin vínculo directo con las alertas de Interpol.
Mientras tanto, la administración de Bukele mantiene su narrativa de “guerra contra las pandillas”, respaldada por una porción importante de la población. No obstante, las revelaciones judiciales y periodísticas plantean interrogantes sobre los métodos detrás de la reducción de violencia y los costos políticos de una posible negociación encubierta.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)