Despojo y exclusión: el trato de la CAF a Venezuela

En su reciente reunión en Sevilla, la CAF —el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— aprobó más de 5.000 millones de dólares en créditos, incluyendo 1.440 millones para Colombia. Sin embargo, Venezuela, país fundador y sede histórica de la institución, fue completamente excluida. Ni un dólar. ¿Cómo puede hablarse de integración latinoamericana mientras se castiga a un país con necesidades de inversión y con el mayor potencial energético?

Venezuela ha sido objeto de un cerco económico impulsado por Estados Unidos, que ha bloqueado sus ingresos petroleros, congelado activos soberanos y cerrado el acceso al sistema financiero internacional. La mayoría de las instituciones multilaterales, como el FMI, se han alineado con esta política y han negado financiamiento y cooperación.

La CAF, en lugar de diferenciarse, ha seguido el mismo camino: replicó y profundizó esa exclusión, adoptando una orientación geopolítica contraria a su mandato original, a pesar de que Venezuela es su sede y de haber surgido con el apoyo central del Estado venezolano.

Desde 2019, Venezuela ha sido excluida del sistema financiero internacional. Las sanciones no solo impiden a las empresas estadounidenses comerciar con el país, sino que también castiga a terceros que mantengan vínculos con Pdvsa. Como parte de esas presiones, Venezuela no pudo acceder a sus derechos especiales de giro del FMI, ni a los fondos para enfrentar la pandemia, y quedó sin posibilidad de realizar pagos internacionales o utilizar sus reservas depositadas en el exterior. Todo ello bajo el argumento de forzar un “cambio político”.

En este contexto, cabía esperar que instituciones como la CAF, concebida para cumplir una función regional y dotada de autonomía política, actuaran como canal alternativo de cooperación, apoyo financiero y técnico. Pero ocurrió lo contrario. A partir de 2019, y de forma más marcada bajo su actual administración, la CAF claudicó en su mandato fundacional y adoptó una orientación contraria a su carácter de institución latinoamericana. En lugar de promover el desarrollo de Venezuela, se convirtió en parte del cerco impuesto contra uno de sus propios miembros fundadores.

Desde ese año, la directiva de la CAF inició un proceso escalonado para despojar a Venezuela de las acciones clase B, con lo cual se vulneró de forma directa el derecho de propiedad del Estado venezolano sobre dichos títulos. Esta actuación, que constituye en los hechos una expropiación de activos, se realizó sin el consentimiento del Estado venezolano, sin observar las cláusulas estatutarias, y sin mediar una decisión judicial que autorizara el embargo o desapoderamiento de un bien nacional como lo son las acciones en cuestión.

Se alegó el impago de una deuda, pero no se tomó en cuenta que esta no podía ser cancelada debido a las restricciones derivadas de las sanciones. En lugar de reconocer esta situación excepcional y buscar soluciones viables, como reprogramaciones u otras fórmulas financieras, la CAF actuó de manera unilateral y arbitraria privando a Venezuela de un patrimonio público nacional, sin respetar el debido proceso y al margen de cualquier procedimiento legal.

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Venezuela se encuentra hoy en una situación de exclusión de hecho dentro de la CAF. No recibe créditos, ni asistencia técnica, ni cooperación no reembolsable, ni respaldo a proyectos sociales. Incluso fue apartada del cargo de la Vicepresidencia Ejecutiva, una función que históricamente ejercía como país sede. Como señala un análisis reciente, nunca en los 55 años de historia de la CAF se había excluido de este modo a un país en conflicto, ni siquiera durante la guerra entre Ecuador y Perú en los años noventa. Venezuela es, hasta ahora, la única nación castigada sin miramientos y sin mecanismos de conciliación.

La discriminación no se limita al plano financiero. En el ámbito interno, los trabajadores venezolanos de la CAF han reportado despidos injustificados, persecuciones administrativas y acoso laboral, especialmente hacia mujeres funcionarias. Se ha documentado cómo a empleados se les han retirado beneficios médicos o se les ha llevado a firmar “renuncias voluntarias”. Actualmente, con la idea de trasladar la sede fuera de Venezuela, se anticipan despidos colectivos, lo que agrava aún más la situación.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha confirmado en tres ocasiones que la CAF está obligada a acatar la jurisdicción laboral del país. No obstante, la directiva del organismo ha insistido en desatender esos fallos.

Condicionar las relaciones con Venezuela a la renuncia de derechos laborales fundamentales no solo sería inaceptable, sino que vulneraría los principios básicos que deben regir a toda institución que valore y garantice el respeto a los trabajadores, como es el caso de la CAF o el SELA.

El trato dado a Venezuela no solo perjudica a un país accionista y fundador. También debilita la legitimidad de la CAF. No puede hablarse de integración sin pluralidad, ni de desarrollo sostenible mientras se aplican criterios de exclusión geopolítica. Los venezolanos han demostrado históricamente su voluntad de cooperar y ayudar a otros países de la región. No se pide caridad, sino respeto. La CAF aún está a tiempo de rectificar. No hacerlo no solo implicaría una injusticia con Venezuela, sino también un retroceso para toda América Latina.