Derechos humanos y corrupción, el espinoso camino para superar el fujimorismo
Mariana Álvarez Orellana|
Perú vive una coyuntura particularmente difícil: el presidente Martín Vizcarra insiste en someter a referéndum el 9 de diciembre las reformas para cambiar el sistema judicial y promover la lucha contra la corrupción y las malas prácticas de magistrados; sigue sin definirse una política de Estado sobre Derechos Humano, mientras el fujimorismo sigue usando su fuerza legislativa para disimular su estrepitosa caída electoral.
Las recientes elecciones en Lima significaron una auténtica paliza para el fujimorismo y su Fuerza Popular. Luego de estar a punto de ganar las elecciones presidenciales y obtener la mayoría absoluta en el Congreso, era considerada la fuerza más relevante, pero ahora aparece en caída libre, con su lideresa Keiko Fujimori con detención preliminar por sobornos y lavado de dinero.
Los DDHH y la justicia peruana
Francisco Pérez García señala en La Otra Mirada que los hechos recientes muestran un vaivén bastante contradictorio en m
ateria de derechos humanos, donde el Poder Judicial actúa de diversas formas y donde el Ejecutivo reacciona con hechos aislados pero que no siguen una política establecida en este campo, a poco menos de tres meses del discurso del presidente Martín Vizcarra, donde el tema humanitario humanos no fue tocado en su real dimensión.
El 3 de octubre, el indulto negociado del ex dictador y genocida peruano Alberto Fujimori fue anulado este miércoles por el Poder Judicial, en el marco del proceso de control de la sentencia ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Suprema Corte de Perú ordenó detener a Alberto Fujimori,de 80 años, luego de anular el indulto que recibió del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en la víspera de Navidad de 2017 por, lo que generó reclamos de sus víctimas, que quieren verlo en la cárcel por delitos de lesa humanidad.
Pero una semana más tarde, el Pleno del Congreso aprobó el 11 de octubre, gracias a la mayoría de la fujimorista Fuerza Popular, el proyecto de ley que permite que los adultos mayores de 65 años que hayan cumplido el tercio de su condena accedan al arresto domiciliario, medida adoptada para beneficiar directamente a Fujimori. Es ahora el presidente Vizcarra el que deberá decidir qué hace con el proyecto legislativo.
El 4 de octubre el exministro del Interior Daniel Urresti fue absuelto por el colegiado B de la Sala Penal Nacional por el delito de homicidio en agravio del periodista Hugo Bustios quien fue asesinado por un contingente militar de la base contrasubversiva de Castropampa (Ayacucho) en 1988. Urresti, entonces ministro del Interior, era uno de los coautores del asesinato. Este paso, significaba un serio retroceso en materia de derechos humanos.
En septiembre la Corte Suprema ratificó en segunda instancia, la sentencia que en septiembre del 2016 condenó a los militares Telmo Hurtado (comandante general de Infantería), Juan Rivera y Wilfredo Mori a 23, 24 y 25 años de prisión, respectivamente, y calificó la matanza de Accomarca como un crimen de lesa humanidad, de acuerdo al derecho penal internacional.
El mes pasado también, se aprobó el decreto para la creación del Banco de Datos Genéticos, exigido por los familiares de las víctimas del conflicto armado interno. Es un instrumento que permitiría la búsqueda de desaparecidos y su posterior reconocimiento, para llevar justicia a los familiares de los más de 15 mil desaparecidos.
Keiko: sobornos y lavado de activos
El pasado 9 de octubre el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó auto de detención preliminar judicial contra Keiko Fujimori Higuchi, hija del exdictador y genocida Alberto Fujimori y lideresa de Fuerza Popular- y otras 19 personas por el plazo de 10 días.
No se trata de una prisión preventiva, sino de una detención preliminar. La imputación es “sobre la constitución de una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo”.
Esos aportes ilícitos eran otorgados, para que luego, estando en el poder, se los retribuyera mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios normativos (legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial) continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal. La fiscalía investiga el delito de ocultamiento de activos, una fórmula utilizada para el financiamiento de diversos partidos de derecha en la región.
La investigación surge de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, directivos de la multinacional brasileña, sobre el otorgamiento de un millón de dólares a Fuerza Popular en 2011, suma a la que se agregaron otros 200 mil dólares. En los fundamentos de la resolución figura la anotación en la agenda de Marcelo Odebrecht “Aumentar Keiko 500” (mil dólares), que es el punto de origen de la investigación.
La fiscalía señala que con las actividades (cocteles y rifas) declaradas por el fuyjimorismo no habrían podido recaudar tan importantes cantidades de dinero y que resulta posible que los primeros 500 mil dólares hayan sido ingresados o filtrados bajo esos conceptos. Asimismo, señala que existen indicios de ocultamiento del activo ilícito, habiéndose utilizado la estrategia del “pitufeo” (fragmentación) de los fondos.
Mientras, testigos declararon no haber aportado sumas de dinero como la organización política había declarado, y las personas aportantes no han acreditado la procedencia del dinero y otras resulta evidente que no tendrían la capacidad económica para hacerlo.Se estableció, además, que se utilizaron de personas vinculadas a los captores del activo o sea quienes intermediaron el soborno de Odebrecht.
También se investiga la suplantación de 114 aportantes en el sistema bancario: aparecen sus nombres, pero no sus firmas ni números de documento.. La fiscalía señala que un mismo individuo, empleado de la empresa Office USA SA (empadronada en el Registro Nacional de Proveedores para hacer contrataciones con el Estado), realizó 86 depósitos bancarios por un total de 458 mil dólares.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)