Deportación y securitización: el nuevo rostro del trumpismo para América Latina
Paula Giménez y Matías Caciabue
El miércoles 26 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, viajó a El Salvador para visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la ya famosa cárcel de máxima seguridad situada en una zona aislada, a 75 km de la capital. En este recinto fueron trasladados detenidos más de 200 migrantes venezolanos que fueron deportados desde EEUU el 16 de marzo.
Frente a una celda con decenas de presos hacinados con sus cabezas rapadas y el torso desnudo, la funcionaria estadounidense grabó un video, en el que agradeció al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por recibir “y encarcelar a nuestros terroristas” y advirtió a quienes intenten migrar de manera ilegal a EEUU que esa podría ser una de las consecuencias que les tocará enfrentar, si lo hacen.
En su cuenta de X, escribió: “Recorrí el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña”.
Los más de 200 migrantes venezolanos fueron trasladados a esta cárcel sin el debido proceso y tras haber sido invocada para ello la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1789. El pasado 14 de marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una proclamación con la que invocó esta Ley, argumentando que EEUU estaba sufriendo una “invasión” de la banda criminal trasnacional, el Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas y expertos legales pusieron en duda la validez de esta justificación.
La ley de Enemigos, le otorga a los presidentes las facultades para detener y expulsar a aquellos ciudadanos nativos de países con los cuales EEUU se encuentre en guerra y solo ha sido utilizada en tres oportunidades a lo largo de la historia norteamericana, entre ellas las Dos Guerras Mundiales.
Cómo es el Cecot, la megacárcel en la que Bukele encerró a los cientos de venezolanos que el gobierno de Trump deportó a El Salvador desde Estados Unidos – BBC News Mundodeclaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU”. Por lo cual ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EE.UU., que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.
En línea con ésto, el gobierno de EEUU firmó un acuerdo con El Salvador para deportar a ese país a los detenidos. La cadena de televisión estadounidense, CBS, reveló que el acuerdo incluye el pago de 20.000 dólares anuales por cada detenido alojado en el CECOT. Así la utilización del sistema carcelario para recibir deportados parece estar funcionando más como un negocio que como una política de seguridad.
Al mismo tiempo, la propaganda estadounidense sobre el sistema carcelario y el modelo de securitización que impone el gobierno de Bukele, se amplifica a nivel regional y se reproduce en el idilio que ahora viven ambos mandatarios en relaciones bilaterales cada vez más estrechas.
El 20 de marzo, el juez James Boasberg interpuso medidas para el bloqueo del uso de la Ley de Enemigos extranjeros y el presidente salvadoreño se burló en x: “Ups… demasiado tarde”, escribió. Cuando Trump amenazó a Boasberg con un juicio político Bukele se pronunció en defensa del Presidente: “Estados Unidos enfrenta un golpe de Estado judicial”, expresó.
Desde Venezuela, en tanto, el presidente, Nicolás Maduro, denunció la humillación a los venezolanos por parte del régimen de Nayib Bukele en El Salvador y destacó las acciones que se estaban llevando adelante para lograr que regresen a su patria.Bukele aboga por el TPS para los salvadoreños en su encuentro con Trump
En ese marco, la Internacional Antifascista, una plataforma de coordinación mundial con integrantes de más de 125 países, lanzó una campaña internacional con la consigna “Migrar no es un delito”. Por otro lado, en Caracas, se creó un comité de familiares, para reclamar por el retorno de sus congéneres, sanos y salvos, a su casa.
El 25 de marzo el gobierno venezolano pidió a la Organización de Naciones Unidas actuar por los venezolanos detenidos en El Salvador y exige a Bukele cumplir con las normas internacionales de DDHH. Las crueles imágenes sobre el trato que recibieron estas personas sin atravesar por un debido proceso, tras haber sido acusados de delincuentes sin pruebas certeras, estremecieron al mundo.
Las particularidades de este caso se agravan al considerar que, en territorio venezolano, la organización delictiva “Tren de Aragua” fue operacionalmente desarticulada, hace varios años atrás, gracias al accionar decidido del gobierno de Nicolás Maduro y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Los elementos que aún permanecen activos fuera de Venezuela funcionan únicamente como “grupos de tareas” al servicio de los grandes carteles del narcotráfico, especialmente los colombianos, que, curiosamente, no han sido declarados como “organizaciones terroristas” por la administración trumpista.
Por supuesto, esta realidad no se menciona, ya que afecta a los intereses económicos vinculados a Miami, tan bien representados por el secretario de Estado Marco Rubio, quien necesita “asociar” al “Tren de Aragua” con la Revolución Bolivariana, una conexión que está muy alejada de la realidad.
Venezuela no es el único país con el que el gobierno estadounidense tensionó sus relaciones por este tema. Las deportaciones fueron de las primeras medidas que el presidente norteamericano anunció para la región latinoamericana y caribeña. Así en tan solo dos meses, tuvo conflictos con los gobiernos de Brasil, Colombia, México y Honduras, que reaccionaron a los anuncios, pidiendo un trato humano para las y los deportados.
Detrás de cada uno de estos conflictos hubo además una amenaza vinculada a las relaciones comerciales. A esto se suma la reciente decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de firmar un acuerdo que prevé la deportación de 500.000 migrantes.
La “securitización” neofascista
Las políticas migratorias restrictivas y los discursos de odio no responden únicamente a una coyuntura específica. Constituyen, en realidad, una manifestación contemporánea de mecanismos de dominación que históricamente han servido para justificar la opresión de determinados grupos poblacionales.
Estas estrategias tienen como objetivo la conducción ideológica de poblaciones empobrecidas mediante la construcción de enemigos internos y la propagación de miedos colectivos exacerbados en torno a lo “extranjero”. De este modo, se promueve la percepción de un orden que debe ser defendido a toda costa, ya sea mediante la protección de las fronteras, el nacionalismo, la religión o incluso el mercado como elemento sagrado.
A través de una retórica neofascista, similar a la de Donald Trump o de figuras de la extrema derecha europea, se ha instalado en redes sociales la idea de que la migración representa una “amenaza” para el bienestar de las naciones receptoras. En este contexto, la migración no solo enfrenta barreras físicas, como muros fronterizos o políticas de deportación, sino también una guerra híbrida que intenta legitimar la exclusión social y las violaciones a los derechos humanos.
Las medidas sin embargo han traído cuestionamientos. Los sectores globalistas han comenzado a preguntar por la sostenibilidad de ciertos empleos ante la expulsión de una gran cantidad de trabajadores migrantes, quienes han sido históricamente una pieza clave en diversas industrias en Estados Unidos. En el gigante del norte, trabajan 30,7 millones de migrantes que para 2023 representaban el 17,7% de la fuerza de trabajo.
La deportación masiva de Trump costaría lo mismo que 40.500 nuevas escuelas, tres millones de viviendas o cuatro veces el presupuesto de la NASA | Inmigración en Estados Unidos | EL PAÍS USDe estos, el 52,4% (16,1 millones) corresponden a población nacida en Latinoamérica, con México como el mayor aportante (45%). El número de migrantes indocumentados residentes en EEUU se encuentra entre 11 y 13 millones, la mayoría de ellos en edad de trabajar y/o estudiar. En 2024 cerca de 27 millones de latinoamericanos y caribeños emigraron a Estados Unidos.
El propio diario Washington Post ha señalado que la deportación masiva de migrantes forma parte de un modelo de “securitización” exportado a América Latina, lo que implica que la estrategia de Trump podría tener consecuencias más amplias de lo que parece a simple vista.
Más allá de la “securitización”: Latinoamérica en la disputa mundial
Además de consolidar el modelo de “securitización” en la región, el trasfondo económico de estas políticas resulta innegable. La política migratoria de Trump no solo impacta directamente en quienes son deportados, sino que también busca reconfigurar la economía global en un contexto en el que Estados Unidos intenta preservar su hegemonía frente a la creciente influencia de China.
El eje de esta estrategia radica en lo que denominamos el “enfrentamiento del G2”: el conflicto económico entre redes de capital que, aunque trascienden los límites nacionales, pueden ubicarse en Estados Unidos y China. En este contexto, Trump está utilizando la migración como una herramienta de presión en el tablero geopolítico, en el marco de la disputa por el dominio del siglo XXI y bajo la consigna con la que promete “hacer grande a Estados Unidos otra vez”.
En otras palabras, la cuestión migratoria es un instrumento utilizado en su estrategia general de repliegue hacia un “occidente ampliado”, donde pretende subordinar a Latinoamérica como su dominio neocolonial indiscutido: un “lebensraum” de 640 millones de personas. Por supuesto, como en el Raj Británico del siglo XIX, en nuestra región no faltan administradores nativos dispuestos a servir y servirse del orden de sometimiento cipayo y colonial.
Es bueno recordar en este punto a Antonio Gramsci, quien interpretó al fascismo, en su época como un fenómeno proveniente de las diferenciaciones y contradicciones hacia el interior del bloque social dominante. Así como el fascismo del siglo XX fue el rostro superestructural de las potencias europeas que perdían en la compulsa inter-imperialista mundial, el neofascismo del siglo XXI manifiesta una reacción capitalista a la emergencia de un nuevo orden mundial, signado por una nueva fase económica mundial.
El tema ha generado posturas encontradas entre figuras prominentes de la nueva aristocracia financiera y tecnológica. En una reciente discusión sobre migración y economía, dos de los exponentes más destacados del mercado tecnológico y financiero expresaron opiniones divergentes: mientras Elon Musk respaldó las acciones de Trump, Jeff Bezos se pronunció en contra, afirmando que esta no es la mejor manera de abordar el problema.Trump reta a la Justicia y deporta a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua como Enemigos Extranjeros
Es importante recordar que, hasta el momento, no se trata de deportaciones masivas y descontroladas. De hecho, fue el gobierno de Joe Biden el que, durante su último año de mandato, alcanzó el récord de deportaciones en una década, superando las cifras de la administración Trump en 2019, cuando se deportaron 267.260 personas. Sin embargo, lo que caracteriza a la política migratoria de Trump es su carácter direccionado, lo que sugiere una estrategia calculada para influir en diversos sectores.
En este contexto, las deportaciones y las acciones coercitivas aparecen como un síntoma y un mensaje claro: Estados Unidos no está dispuesto a que los países latinoamericanos seamos protagonistas de un nuevo orden mundial emergente, en base a una dinámica política, comercial y tecnológica “de nuevo tipo”, con China como aliado interviniente. Las medidas agresivas y espectacularizantes tomadas por el presidente, que asumió el mando hace poco más de dos meses, dejan en evidencia su intención de profundizar esta descarnada contienda geopolítica.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, Directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).