Denuncian a Argentina ante la CIDH por cambios a Ley Audiovisual
Con exposiciones desencontradas entre los representantes de la sociedad civil y los representantes del Estado argentino se desarrolló la audiencia pública sobre “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”, que se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 8 de abril.
Los peticionarios centraron sus exposiciones en denunciar los efectos al acceso, la diversidad y el pluralismo del decreto de necesidad y urgencia (DNU N°267/15) aprobado por el nuevo gobierno argentino presidido por Mauricio Macri y reclamaron a la Comisión solicite al Estado el “apego a los principios interamericanos de democratización de los medios, pluralismo, diversidad, no concentración, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual”, que “repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados”, que “acepte el asesoramiento técnico ofrecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la reciba en visita oficial” y que “garantice la transparencia, participación plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación”.
Las nuevas normas “obstaculizan la competencia y potencian la concentración” fue uno de los efectos señalados por el investigador Martín Becerra, quien indicó que casi el 40% de las licencias de TV están en manos de dos grupos económicos y que el 83% de los hogares del país reciben TV de pago, de los cuales casi el 70% está controlado por dos grupos”.
Por su parte, Damián Loreti, Secretario de la Comisión Directiva del CELS y Vicepresidente la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) explicó que el decreto -validado recientemente por la cámara de Diputados- violenta tres estándares internacionales. En primer lugar, la autarquía de la autoridad de aplicación, ya que se estableció al Ministerio de Comunicaciones como titular de derechos de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (COFECA), cuya composición incluía distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades, entre otros. En segundo lugar, Loreti precisó que se viola la obligatoriedad de reglas de “must carry” al determinar que las empresas de TV por cable sean consideradas como servicio de telecomunicaciones, por ende no están obligadas a transportar señales de terceros, lo cual vulnera las condiciones de acceso de la población. Por último, aludió al principio de legalidad de la medida regulatoria, ya que se modifica una ley aprobada por el Congreso mediante un decreto presidencial.
Por su parte, Daniel Badenes, Presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) se refirió al impacto que la normativa tiene para las universidades. “La nueva conformación de la autoridad regulatoria excluye por completo representación universitaria”, explicó. Además señaló que el mecanismo de prórrogas automáticas de las licencias tiene impacto en los proyectos de radio en universidades y dificulta el desarrollo uso del 33% del espectro atribuido a organizaciones sin fines de lucro por la Ley SCA. En una dirección similar, Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), afirmó que con la disolución del COFECA “hay más de 200 concursos pendientes de resolución…180 radios censadas esperan tener sus licencias para ocupar el espectro como plantea la Ley”.
Durante la audiencia, los representantes del Estado refirieron a su percepción respecto del escenario en materia de libertad de expresión previo a la asunción del nuevo gobierno y las medidas adoptadas con posterioridad. “Desde 10 de diciembre, la confrontación con el periodismo ha terminado en Argentina”, afirmó Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, quien además resaltó el “compromiso de Mauricio Macri para restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país”.
En un sentido similar, Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la CIDH, manifestó que “es esencial ver el contexto en el cual se producen las violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión… que llevó al actual gobierno a cambiar prácticas”. Luego detalló distintos ejemplos tomados del reciente Informe 2015 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión en la que se consignaron campañas de persecución a medios y periodistas, discrecionalidad en el reparto de la publicidad oficial y uso indebido de la cadena oficial, entre otras cuestiones.
Por su parte, el Director Nacional de Protección de Datos Nacionales y ex Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni, aseguró que “el nuevo marco regulatorio que se propone es acorde con el derecho internacional”, haciendo referencia al proyecto de Ley que el oficialismo prevé enviar al Congreso para reemplazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Y agregó que “la base del proyecto busca facilitar acceso a los medios y tecnologías de la información y la comunicación mediante criterios democráticos; garantizar la diversidad y pluralidad de contenidos; reservar el 33% del espectro a entidades sin fines de lucro; garantizar el pluralismo político y religioso; y asegurar participación ciudadana”.
El Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Miguel de Godoy, manifestó que “si no se piensa una política de convergencia, se limita la libertad de expresión. Es imposible pensar el futuro mirando la realidad por un espejo retrovisor”. Expresó la voluntad de convocar a los distintos sectores, así como de reunirse con los peticionarios de la audiencia para llegar a un acuerdo para la elaboración del marco normativo, a la vez que señaló que se esperan los aportes de la CIDH.
Para Horacio Verbitsky, Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que promovió el pedido de audiencia, ello es una “expresión de deseo” hablar de un proyecto que aún no se conoce. En cambio, afirmó, “la legislación transitoria (en referencia al DNU 267/2016) tiene efectos jurídicos actuales”.
El intercambio de argumentos entre las partes dejó abiertas una serie de interrogantes planteados por los comisionados y Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, tanto por la situación actual generada por la nueva normativa como sobre el futuro escenario normativo: ¿Cómo se implementarán los estándares de diversidad y pluralismo al sector de TV por suscripción? ¿Cómo abordará el nuevo proyecto de ley el tema de la concentración de medios? ¿Cómo se contemplará a los sectores de la sociedad civil que no están ligados a las propuestas empresariales? ¿Se considerarán las recomendaciones de la CIDH en relación a la constitución plural de los organismos reguladores? ¿Y en relación a las reglas de transición que pueden afectar el pluralismo al obturar mecanismos de acceso a plataformas?Mark Weisbrot es