De Cristallex a Citgo y el Arco Minero
Otto Van Der Velde Q.|
La historia venezolana de esta trasnacional canadiense del oro es políticamente compleja. En la opinión pública mundial aparece como una empresa depredadora del ambiente y símbolo del liberalismo dependiente del señor J. Trudeau, cuyo gobierno se ha involucrado literalmente en el plan militar de Donad Trump contra Venezuela.
Recordemos que Canadá fue uno de los primeros países en reconocer como “presidente encargado” al cuestionado Juan Guaidó. Lo de Crystallex podría incluso vincularse con ciertos traspiés políticos del gobierno chavista.
El escenario de la historia actual es más o menos así: En el 2009, el gobierno nacional bolivariano por vía de la ministra Ana Elisa Osorio revoca las concesiones de las trasnacionales imperialistas Criytallex y Gold Reserve. ¿Causas?: severo daño ambiental en el área aurífera de Las Brisas y las Cristinas del Estado Bolívar; incumplimiento de los contratos.
En el 2011, el presidente Hugo Chávez emite un decreto con rango de Ley Orgánica, por el cual se reserva a Estado venezolano la exploración y explotación del oro. El movimiento revolucionario apoyó dicha Ley, alegando además su relación con el decreto de Simón Bolívar en cuanto a la propiedad de la nación venezolana sobre yacimientos, minerales y otros bienes del subsuelo.
En su artículo 1, Bolívar señalaba en 1829 que “Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto.
En aquella oportunidad el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en unidad con dirigentes y trabajadores de la empresa Minerven, las empresas básicas de Guayana y comunas, realizamos discusiones al respecto. Resultado de esa serie de asambleas, consultas populares, foros y actividades, se aprueba un proyecto de estatización general directa, del sistema minero-petrolero con diversos mecanismos especiales.
Entre otros, circunscribir las operaciones estratégicas del proceso revolucionario en curso, directamente por el Estado progresista con el control obrero-campesino e indígena-comunal, base del desarrollo independiente de un gran plan de industrialización y revolución agraria nacional.
Aquel proyecto del poder popular del Estado Bolívar, desechaba por inconvenientes al interés para cul nacional dos propuestas: la privatización del sistema minero o la semiprivatización de él empleando la figura de empresas mixta con trasnacionales imperialistas y los monopolios internos, dado el carácter depredador, comprobadamente maula de dichas empresas, que para más servían (y sirven) de entes financieros a la oposición de derecha, algunos de cuyos líderes poseen inclusive jugosas concesiones mineras en el área, en combinación con grupos mafiosos rojo-rojitos dentro del proceso revolucionario.
Propusimos entonces que, en tal caso, el régimen especial de empresas mixtas privilegiara las asociaciones mixtas de estado a estado, con el pequeño productor minero nacional y control obrero bajo estrictas condiciones soberanas de arreglo. En general, nuestras propuestas de ayer están vigentes.
Se trataba (se trata) de un programa fundamentado en el antiimperialismo del que tanto se habla, basado en el poder popular y el control obrero integral-campesino-comunal de toda la rama minera. Nuestra propuesta fue difundida a la opinión pública circuló también en la prensa nacional del PRT “El Proletario” y en el órgano regional (Estado Bolívar) del Partido El Wayare. Además, fue tramitada en la Asamblea Nacional de que entonces estaba bajo control revolucionario.
El Partido, convocando al proletariado minero, organizó a propósito del Proyecto varias concentraciones regionales y marchas multitudinarias desde el estado Bolívar a Caracas, movilizando miles de obreros, mineros independientes, indígenas, comunidades y diversos grupos revolucionarios. De las movilizaciones más destacadas podemos mencionar la concentración de trabajadores, comunas y militantes alrededor de la Asamblea Nacional.
En esa oportunidad se obtuvo del vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado revolucionario ya fallecido Roberto Hernández W, un derecho de palabra en la que los propios dirigentes obreros, cuadros del PRT, campesinos, líderes sociales, indígenas y técnicos, expusieron además de sus reivindicaciones laborales y ancestrales, el referido proyecto sobre la cuestión minera.
Este era el resultado consensual de especialistas, direcciones obreras y sindicales, técnicos de la propia Minerven, pequeños mineros y trabajadores mineros, campesinos comunidades (incluyendo comunidades indígenas del sector) ratificando en sus intervenciones el plan de estatización integral, directa, de toda el área minera, lo cual involucraba la concesión “Las Cristinas”, otorgada a Crystallex y “Las Brisas” asignada a la Gold Reserve.
Plan perfectamente posible, porque el gobierno nacionalista de Chávez actuando en consonancia con las dos decisiones anteriores, había rescindido los contratos establecidos con Crystallex International Corporation igual que a la Gold Reserve, por incumplimiento de contratos, deterioro ecológico y otros despojos.
Sin embargo, no hubo respuesta oficial,. Peor aún, con el tiempo hasta la propia Minerven se semiprivatizó en una empresa mixta con los capitalistas turcos (2019)
Ante las protestas populares en su contra, seguido de la anulación de los contratos, ambas empresas imperialistas demandaron al Estado venezolano, acción festejada por la derecha y los medios de comunicación afines a Fedecámaras-Venamcham. La soberana decisión bolivariana da inicio a un largo y tortuoso pugilato político-judicial entre los imperialistas, el gobierno bolivariano y el pueblo.
Nuestro Partido, sectores del gobierno bolivariano, del PSUV y del Polo Patriótico sosteníamos (sostenemos) la idea de mantener firmes las posiciones soberanas contra las empresas trasnacionales desalojadas, otros sectores del gobierno, del partido de gobierno y aliados eran partidarios de zanjar pragmáticamente la querella dándole nuevas concesiones mineras (¡!) a ambas empresas como forma de pago frente al ejecútese de la demanda imperialista. Así están las cosas hoy.
En principio se impuso la línea “pragmática”, teniendo como escenografía de fondo los primeros esbozos del Arco Minero. En esa tónica se da entrada nuevamente a la Gold Reserve que, expulsada por Chávez, era recibida oficialmente con enormes privilegios, incluyendo un préstamo al gobierno de 5.000 mil millones de dólares ofrecido por la propia GR y la opción de operar a cielo abierto, como respuesta del Gobierno, técnica ésta más que desastrosa en materia de minería, dado el grado de contaminación, destrucción ambiental y enfermedades que genera.
Hubo muchas protestas contra esta decisión, incluso más de un reclamo venido de especialistas relacionados con el chavismo, como las de Lenin Cardozo, la de Gustavo Márquez Marín o de analistas independientes como Andy Robinson etc.
Pero las agallas imperialistas apuntaban más lejos. Desde el 2017, se devela pública e internacionalmente la maniobra de Crystallex-Trump-Guaido, para apoderarse de Citgo. Como ya vimos, previamente la Gold Reserve había demandado al Estado venezolano alegando la misma causa de una supuesta expropiación ilegal y ruptura del contrato, exigiendo, por tanto, una jugosa indemnización de Estado por lo que no era otra cosa que un legítimo acto de soberanía del gobierno bolivariano, contemplado en el derecho internacional moderno.
La Gold Reserve demandó a la nación venezolana a través del CIADI -oficina a de arreglos internacionales dependiente del Banco Mundial. Crystallex hizo otro tanto, dando origen a una interrogante lógica: ¿por qué el gobierno bolivariano, contrariando la propuesta de muchas voces destacadas, partidos revolucionarios aliados y organismos sociales, mantuvo incoherentemente acuerdos con dicho Centro Internacional de Arreglos (CIADI) controlado por el imperialismo financiero y siempre a favor de los intereses transnacionales.
La Gold Reserve logró por esa vía un fallo a su favor de 760 millones de dólares a su cuenta y el pago de los costes del juicio por la nación venezolana.
El bondadoso Estado nacionalista aceptó pagar, pero acordando como forma de pago una empresa mixta minera con la desalmada trasnacional, que recibiría del Gobierno venezolano el 45% de las acciones de la empresa mixta acordada. Aunque usted no lo crea: por falta de firmeza oficial, la Gold Reserve, expulsada soberanamente por el gobierno bolivariano de Chávez, fue recibida, con enormes privilegios y en medio de una cuestionada Ley de Inversiones extranjeras, contrariando lo que debía ser una continuidad político-jurídica del gobierno bolivariano. 
Como en un verdadero cónsul en los tiempos del imperio romano de Julio Cesar, la Gold Reserve, componente estratégico del imperio estadounidense, pudo exclamar victoriosamente vini vidi vinci (vine, vi, vencí) alentando a la depredadora Crystallex, hacer lo mismo, pero más en grande, con Cirgo.
Andy Rbinson señalaba en junio último que “…Lo más triste de esta historia es que Hugo Chávez había expulsado a Gold Reserve del país por sus actividades destructivas. La minera luego presentó una demanda ante el tribunal del Banco Mundial -el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que, como suele ocurrir, sentenció a favor de la minera contra Venezuela y obligó a Caracas pagar 700 millones de dólares. Entonces, Maduro, para evitar pagar ese dinero, creó una asociación mixta y entregó a Gold Reserve el 45% de la mina.
Por su lado, el plan interventor de la alianza Trump-derecha local-Guaidó, sigue su curso, según revelan los mismos conspiradores de la fragmentada derecha venezolana: “El ingeniero y especialista en finanzas Jorge Alejandro Rodríguez, conocido por su férrea oposición el Gobierno Bolivariano, revela detalles de la estrategia que utilizaron (en la oposición venezolana) para entregar los activos de Citgo a la trasnacional canadiense Crystallex, recordó Últim
as Noticias.
La banca imperialista anglo-europea, yanquis, portugueses e ingleses y sus cómplices latinoamericanos del Perú y Colombia, se dan a la tarea de incautar a mano armada los activos venezolanos en el exterior. Los colombianos, por ejemplo, expropian y ponen en las manos de Guaido y su banda, la gran empresa industrial colombo-venezolana Manomeros, establecida en su territorio.
La coalición internacional de la burguesía liderada por el gobierno de Donal Trump, basándose fundamentalmente en la fuerza de sus cañoneras inicia la incautación de todos los activos venezolanos en el exterior, el propio Trump anuncia el 6 de agosto la apropiación general de dichos activos en Estados Unidos y el bloqueo naval o “cuarentena” sobre las costas venezolana
Ocupa la importante y codiciada refinadora venezolana Citgo. Simultáneamente, un tarifado Tribunal de EEUU violando a descaro el derecho internacional, ejecuta sentencia a favor de Crystallex. Obedeciendo una vez más la orden del Centro de Arreglos Internacionales -CIADI- el imperialismo judicial de Estados Unidos obliga a Venezuela a pagar a Crystallex mil 386 millones de dólares y los costes del juicio entablado por la empresa contra el país, por el contrato rescindido “ilegalmente” en el gobierno de Chávez.
Sobra decir que los imperialistas de Crystallex, en lugar de aceptar la holgada propuesta del gobierno bolivariano (que incluía una posible participación preferencial en el Arco Minero) prefirió cobrarse la deuda apuntando a la propiedad de la refinadora y comercializadora Citgo, que cuando menos vale cuatro veces más de lo reclamado.
Un lucrativo negocio de la trasnacional canadiense tramado en complicidad con Trump, la UE, el Pacto de Lima y el grupo Guaidó, de acuerdo a las propias confesiones del “procurador especial en el exterior”, designado de manera inconstitucional e ilegal por la Asamblea Nacional en desacato, José Ignacio Hernández.
Con tales antecedentes conspirativos de dos empresas privadas maulas, previamente expulsadas por Chávez, surge una cadena de preguntas lógicas ¿Por qué el gobierno bolivariano repite el error inicial, negociando nuevamente la entrada de tales trasnacionales al lucrativo negocio del oro y además con privilegios excepcionales como el caso de la Gold Reserve, una trasnacional con graves problemas internos, según analiza el exministro de Chávez Gustavo Márquez Marín.
Márquez señala que “Así lo reflejan sus últimos estados financieros al 30 de septiembre de 2015, por tener 47,3 millones de dólares en pasivos que triplican sus activos, que apenas llegan a 15 millones. Estuvo suspendida en la bolsa y al borde de la bancarrota. El único proyecto que ha desarrollado en su historia es el de “Las Brisas” ¿Con qué aval una pequeña empresa en estas condiciones podría obtener dos millardos en crédito para la República? ”
También tras el último fallo del tribunal norteamericano controlado por el CIADI hubo buenas ofertas para Crystallex por parte del Estado venezolano, antes que ésta decidiera dirigir su mirada a Citgo.
La minera canadiense Crystallex y el gobierno de Venezuela llegaron a un acuerdo por una disputa sobre la expropiación de la mina de oro Las Cristinas, estado Bolívar, informaron agencias internacionales de noticias en noviembre de 2017. El acuerdo podría superar los 1.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en el de mayor valor alcanzado con Venezuela, de acuerdo con fuentes ligadas al caso. El acuerdo fue aprobado en Ontario, Canadá, pero muchos detalles no se dieron a conocer, como por ejemplo su monto.
¿Por qué las invitaron a entrar en el llamado Arco Minero? ¿Cuánto de patriota, de antiimperialismo o simplemente de coherente entre el discurso y los hechos tiene esa decisión del Estado-gobierno bolivariano? ¿Se trata acaso de un atajo financiero, producto de un pragmatismo cómodo a corto plazo, pero desastroso a mediano y largo alcance? ¿Cuánto de antiimperialismo hay en esta medida o cuánto de contención táctica puede lograr dicha medida ante el plan invasor yanqui?
Al parecer no mucho, si recordamos que pocos días después del fallo, el mismo Trump, de brazos con el jefe del Comando Sur, el guerrerista Faller, anunciaba un bloqueo o cuarentena naval contra Venezuela. Sobra decir que esa nueva amenaza imperialista hizo enardecer, aún más, al pueblo y al propio gobierno bolivariano, incluyendo el frente militar.
Seguramente los directivos de Crystallex y Gold Reserve se acogieron a la lógica bodeguera del benemérito Juan Vicente Gómez: no me den plata -decía el genio de La Mulera- sólo pónganme donde hay. Bien, en el cuestionado “Arco Minero” hay de sobra y no sólo eso, sino una biodiversidad envidiable.
Este Arco no es cualquier terreno baldío, posee en sus 111.849,86 Km, todo tipo de recursos forestales, minerales y acuáticos: 7000 toneladas de reserva de oro (cuarta reserva mundial), abundante coltán, cobre, bauxita, tierras raras (de existencia muy escaza en el globo, fuertemente requerida por China y otros países desarrollados); diamante en grandes proporciones, hierro, cadín, delamita (segunda reserva mundial), diversidad ambiental, fauna endémica, decenas de etnias, una red fluvial impresionante que se extiende a cinco Estados colindantes etc.
Precisamente por ello hay más preguntas: ¿Por qué durante 20 años, resistiendo conspiraciones, golpes de Estados, terrorismo, asesinatos y otros “valores tradicionales” de las democracias capitalistas occidentales, arsenal conspirativo detalladamente planificados por EEUU y sus socios de la Unión Europea, del Pacto de Lima y la derecha guaidocistas, los gobiernos bolivarianos nacionalistas no tomaron medidas elementales de prevención con los activos nacionales depositados justo en el corazón de nuestros enemigos declarados, Estados Unidos Canadá, Inglaterra, Portugal y otros etcéteras del capital internacional?
¿Por qué a nivel del Estado continúa esa sospechosa conducta inaugurada en los años sesenta por Rómulo Betancourt, de los “protocolos secretos”, para negocios estratégicos que afectan directamente al pueblo, a la nación venezolana y a la soberanía nacional? ¿Por qué el pueblo siempre es tomado de sorpresa en tales negociaciones?
¿No es precisamente el misterio de los “protocolos secretos” -muy repetitivos en los gobiernos venezolanos, desde el plan de empresas mixtas petroleras de Carlos Andrés Pérez hasta los casos actuales de la Gold Reserve-Crystallex- lo más conveniente (y por eso lo exigen) tanto para los imperialistas como para a la derecha interna, en función de corruptelas y espacios de maniobra suficiente? Finalmente, ¿por qué a pesar de toneladas de repudios y actos en su contra no se ha roto con el CIADI?
A fecha de la salida del decreto gubernamental de Chávez -decreto con rango de Ley Orgánica 2248 “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” o Arco Minero, (2011) sólo tres empresas, China, Congo y Gold Reserve operaban en el área (2009). Hoy (2019) lo hacen 150 empresas trasnacionales o locales, que, según los ambientalistas pone en inminente riesgo el ecosistema (no solamente de Venezuela) y los naturales de las futuras generaciones de venezolanos.
Fuente: https://el-proletario.blogspot.com/2019/08/de-crystallex-citgo-y-el-arco-minero.html