Crónica de un fraude continuado a la Constitución y a la Ley Orgánica de Procesos Electorales
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución|
En un proceso electoral democrático, se puede considerar como fraudulenta cualquier medida tomada por el gobierno o por el organismo responsable de organizar las elecciones con el propósito expreso de impedir o distorsionar la expresión genuina de la voluntad de los electores a través de su voto, de manera de imposibilitar resultados que el gobierno o el organismo electoral consideren como inconvenientes para sus intereses. Esta conducta fraudulenta puede ocurrir antes, durante o después del acto electoral.
En Venezuela se ha producido, en forma pública y notoria, durante más de año y medio un proceso de fraude sostenido a la Constitución y a la Ley Orgánica de Procesos Electorales con relación a las elecciones de gobernadores de tal magnitud que hacen inválidos los resultados que han sido anunciados por las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Está claro que estos resultados corresponden a la voluntad del Gobierno Nacional pero de modo alguno expresan la opinión de la mayoría de la población venezolana. 
Es fraudulento el que el CNE no permita la inscripción de una organización política para participar en elecciones con una tarjeta propia cuando el gobierno considere que no es conveniente la existencia de un partido que represente una oposición de izquierda. Es el caso de la negativa a inscribir a Marea Socialista como partido a pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley.
Fue fraudulenta la suspensión de las elecciones de gobernadores que estaban previstas, de acuerdo al artículo 160 constitucional, para diciembre del año 2016. Para ser democráticas las elecciones deben realizarse en la fecha contemplada en la Constitución, no en el momento en que el gobierno decida qué es lo que más le conviene.
Fue fraudulenta la forma como se realizó la convocatoria a las elecciones de gobernadores para el mes de octubre del presente año. En el pasado mes de mayo, el CNE había fijado la fecha de dichas elecciones para el 10 de diciembre. De acuerdo con este calendario electoral los diferentes partidos políticos habían programado su participación, incluyendo por supuesto la selección de sus candidatos y los acuerdos políticos o las primarias con otras organizaciones para seleccionar sus candidatos definitivos. En forma absolutamente arbitraria, y a solicitud de la auto proclamada plenipotenciaria y supra constitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el sábado 12 de agosto el CNE informó que las elecciones de gobernadores se realizarían en octubre y que el lapso para la presentación de los recaudos de los candidatos sería en los dos días siguientes, entre el domingo 13 y el lunes 14 y que la posible modificación de estas candidaturas sería entre el día lunes 14 y el martes 15.
De esta manera, las diferentes organizaciones políticas, con la clara excepción de las que respaldan al gobierno que ya estaban avisadas de antemano, no tuvieron tiempo de hacer un mínimo de consultas internas sobre qué candidatos inscribir. Menos aún negociaciones con otros partidos, o elecciones primarias. Imponiendo estas condiciones tan sesgadas, el gobierno buscaba que no participase en las elecciones ninguna de las organizaciones que hoy expresan a la oposición, sea desde la derecha o desde la izquierda. A pesar de eso, la mayor parte de las organizaciones políticas existentes en el país inscribieron candidatos provisionales, confiando en que, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, las organizaciones postulantes podrán sustituir o modificar sus candidatos o candidatas “hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”.
Fue fraudulento el que, en violación de lo expresamente establecido en dichos artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el CNE, con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, se negara a permitir la sustitución de los candidatos una vez que las diferentes organizaciones políticas, tanto de la MUD como las organizaciones opositoras de izquierda, habían realizado primarias o acuerdos políticos para presentar candidatos unitarios para la gobernación de cada Estado. Esto estaba diseñado expresamente para generar confusión entre los electores. Fue notoria en este sentido la prohibición que impuso el CNE a la candidatura de la profesora Antonia Muñoz del estado Portuguesa. Por su popularidad en la base chavista fue considerada como una amenaza a la candidatura del PSUV para la gobernación de dicho estado.
Fue fraudulento el que el CNE decidiese no convocar la elección de los Consejos Legislativos Regionales cuyos períodos de gestión de cuatro años, taxativamente establecidos en el artículo 162 de la Constitución, están vencidos. Esto corresponde al interés del gobierno -que controla en la actualidad casi todos los Consejos Legislativos Regionales- por limitar severamente el poder de los gobernadores de oposición que, a pesar de todos estos obstáculos, pudiesen ser electos en algunos Estados.
Fue fraudulento amenazar a un candidato presentado por algunas organizaciones de izquierda con acusaciones de supuesta corrupción que podrían llevarlo a prisión si no retiraba su candidatura y apoyaban la del PSUV. Esto ocurrió en el Estado Falcón.
Fue fraudulento que sobre la base de la opinión de unos tribunales penales estatales sin competencia alguna en el tema electoral, el CNE impidiera que las organizaciones políticas organizadas en la MUD pudiesen utilizar su tarjeta unitaria en las elecciones de gobernadores.
Fue fraudulento el uso masivo de recursos y medios públicos en apoyo a los candidatos del PSUV, en violación de prohibiciones expresas del artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esto constituyó igualmente una violación del artículo 81 de dicha ley que dice: Los medios de comunicación social públicos y privados darán una cobertura informativa completa y balanceada de las informaciones relacionadas y sin tergiversar la realidad de la campaña. A tal efecto, observarán un riguroso equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las informaciones relativas a las actividades desarrolladas por los candidatos o las candidatas.
Fue doblemente fraudulenta la semi-cadena nacional de Nicolás Maduro en la noche del viernes 13 de octubre. No solo utilizó en forma ilegítima los medios del Estado para hacer una agresiva campaña electoral sino que lo hizo fuera del “lapso de la campaña electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral”.
Fue fraudulenta la sistemática campaña dirigida a empleados públicos y a los y las beneficiarias de los programas sociales como los CLAP, amenazándolos con despidos o la pérdida de su acceso a dichos beneficios si no participaban en las elecciones.
Fue fraudulenta la reubicación a última hora de centros de votación, afectando a centenares de miles de votantes. La mayoría de los centros reubicados se caracterizaron por tener una tradición de voto mayoritario por la oposición. Esto formó parte de un sistemático esfuerzo por parte del gobierno para generar desconfianza en el CNE entre los sectores opositores, para generar confusión y para elevar los niveles de abstención. En algunos casos, el propio día de la votación, en la página Web del CNE no aparecía la información actualizada sobre el traslado de muchos centros de votación.
Fue fraudulento el ataque de grupos armados -bajo la mirada complaciente de efectivos del Plan República- en contra de autobuses que trasladaban a votantes a los nuevos centros de votación a los cuales habían sido reubicados a última hora. Se supone que es este el cuerpo responsable de la seguridad del proceso electoral.
Fue fraudulento que en muchos centros electorales el Plan República no permitiese la presencia del público en el cierre de muchas mesas electorales en diferentes partes del país.
Es fraudulento que en vista de resultados electorales poco favorables para el gobierno en algunos estados, el Ejecutivo Nacional cambie, a posteriori, las reglas del juego y decrete, como lo ha hecho ante resultados adversos en ocasiones anteriores, la creación de autoridades paralelas u otras medidas para restarle atribuciones a los gobernadores recién electos y continuar controlando esos territorios a pesar de la voluntad de los votantes. Ejemplo de esto fue la decisión de Conatel de sacar del aire a la Radio Cultural del Táchira, adscrita a la gobernación de dicho estado y la resolución del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, tres días después de las elecciones, mediante la cual se intervienen los cuerpos policiales de los cinco estados en los cuales el gobierno reconoció el triunfo de candidatos de la oposición (Anzoátegui, Nueva Esparta, Mérida, Táchira, y Zulia). La justificación para dicha intervención resultó particularmente insólita:
Se ordena iniciar la intervención del cuerpo de policía por la presunta participación masiva y continuada de sus funcionarios en violación de derechos humanos, en redes delictivas o actividades que atenten contra el orden constitucional.
Los cuerpos policiales de estos cinco estados necesariamente habrían cometido todos estos hechos delictivos bajo la responsabilidad de gobernantes del PSUV, ya que los nuevos gobernadores electos todavía no habían asumido sus cargos.
Es un hecho fraudulento el que se exija a los gobernadores de la oposición que se juramenten ante la ANC, bajo la amenaza de que se desconocería el mandato popular que los eligió y que serían sustituidos por militantes del PSUV (los candidatos derrotados), o que se convocarían nuevas elecciones en dichos estados. Esto se hace con el argumento falaz de que fue la ANC la que convocó estas elecciones. Las elecciones de gobernadores están taxativamente establecidas en la Constitución y fueron convocadas por el CNE. Aun en el caso negado de que la elección de la ANC hubiese sido legítima y constitucional, se convocó como una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. La auto-atribución de esta Asamblea de poderes absolutos y supra constitucionales constituye una clara ruptura del orden constitucional. Mientras no se apruebe un nuevo texto constitucional mediante un plebiscito nacional, la Constitución del año 1999 tiene plena vigencia, con independencia de las decisiones que pretenda tomar la ANC.
Tras los reconocimientos de derrota en las urnas electorales el 15 de octubre de 2017 por parte de Henry Falcón en el estado Lara y Alejandro Feo La Cruz en el estado Carabobo, ambos preclaros bastiones de la oposición organizada en la MUD, el Gobierno/PSUV inició la aplastante campaña para reivindicar la aparente victoria numérica en las urnas electorales y su consiguiente cosecha mayoritaria de gobernaciones. En ese mismo momento se inicia la impugnación de las elecciones en el estado Bolívar por la inconsistencia numérica entre las actas de escrutinio en poder de la oposición y la totalización de la Junta Electoral Principal del estado Bolívar. La consiguiente posible proclamación fraudulenta de gobernador realizada por el CNE, lleva la sombra del fraude al espacio antes blindado de sistema electoral totalmente automatizado, transparente y confiable. ¡Qué lejos parecen hoy los tiempos en que se decía que Venezuela contaba con el mejor sistema electoral del mundo!
Este continuado proceso constituye un certero golpe mortal contra la democracia y dinamita, peligrosamente, las posibilidades de dirimir nuestras diferencias políticas a través de la vía pacífica y constitucional. Estamos en presencia del avance en la consolidación de un nuevo régimen político y la configuración de un Estado Autoritario al cual hay que oponerse. La recuperación del derecho a elecciones genuinamente democráticas, no controladas ni manipuladas por el poder del Estado, es hoy parte central de esta resistencia.
Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución: Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez, Oly Millán: ex ministros y ex ministras de Chávez; el constituyente Freddy Gutiérrez; el Mayor General (R) Cliver Alcalá Cordones; Edgardo Lander, Santiago Arconada, Esteban Emilio Mosonyi: profesores, luchadores sociales, ambientalistas e indigenistas y Gonzalo Gómez, Carlos Carcione, Juan García, César Romero: miembros del Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista.