Criminalización de la lucha indígena por la tierra en Paraguay

 Manuel Libardi-Democracia Abierta

El despejo de los Hugua Po’i es el episodio más reciente de la política antiindígena del gobierno de Mario Abdo Benítez. Las imágenes de la policía echando violentamente a 70 familias de la comunidad indígena hugua po’i, del pueblo mbya guaraní, de sus tierras ancestrales en el este de Paraguay el 18 de noviembre, es la última ilustración de la política de desalojo que ya se ha convertido en la marca registrada del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.

El gobierno no escatimó esfuerzos – envió policiales montados y hasta un helicóptero para desalojar a los indígenas de tierras que ocupan desde 2014 en el departamento de Caaguazú, como explica Última Hora. Los mbyá guaraní afirman que esas son parte de sus tierras ancestrales, que incluye un cementerio de su gente, reasignadas a colonos en la década de 60.

Como muestra un estudio de 1960 titulado “América Indígena”, los mbyá guaraní tienen su origen en Caaguazú y siempre estuvieron ahí. De hecho, la simbología de esas tierras es central para los mbyá guaraní. Según su creencia, el centro de la tierra – o Yvy Mbuté en su lengua – se encuentra en Caaguazú y es ahí donde nació el padre de todos los guaraníes, Pa’í Reté Kuaray, según el estudio.

Pero las tierras hoy disputadas, según Última Hora, están aparentemente registradas a nombre de un grupo de menonitas, secta religiosa de origen europeo con fuerte presencia en Paraguay.

Durante el proceso de colonización de las tierras que abarcan el departamento de Caaguazú (entre otros), la venta de propiedades muchas veces ocurrió con la presencia de indígenas en ellas. Con el pasar de los años y el desarrollo de políticas que favorecen a los compradores en contra de los habitantes originales, se produjo un éxodo masivo de indígenas de esa región y los mbyá guaraní perdieron la gran mayoría de sus tierras ancestrales.

Como el proyecto de usurpación de tierras en América Latina viene de larga tradición, las leyes han sido implementadas para proteger a los colonos.

De esa forma, hoy los habitantes nativos de las tierras del distrito de Raúl Arsenio Oviedo son los invasores y los invasores las víctimas de ocupación. Eso fue lo que determinó el Estado paraguayo, como muestra otro artículo de Última Hora. Superados en mucho por la cantidad desproporcionada del contingente policial, los indígenas dejaron sus casas de forma pacífica, relata el informe publicado.

Histórico de condenas internacionales

Aunque la acción del gobierno Abdo no sorprenda, viola la Constitución de Paraguay. Esa ley fundamental reconoce los derechos de las comunidades indígenas a tierras comunitarias, con extensión suficiente para que puedan vivir según sus tradiciones, además de prohibir el desalojo de indígenas. Los pactos internacionales firmados por Paraguay también estipulan que el país debe hacerse cargo de reubicar a personas desalojadas, lo que no ha sucedido, según la institución Base Investigaciones Sociales.

Por sus frecuentes violaciones de los derechos territoriales indígenas, Paraguay ya ha sido condenado tres veces por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CorIDH). La CorIDH, además, también ha otorgado una serie de medidas cautelares a favor de comunidades indígenas en Paraguay.

La corte interamericana  no es el único organismo internacional que denuncia la política antiindígena de Paraguay.

En octubre de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado paraguayo por fallar en prevenir la contaminación de un territorio de los ava guaraní por pesticidas provenientes de plantaciones de las cercanías.

A pesar de esas condenaciones internacionales, Paraguay sigue avanzando en su agenda extractivista, con comunidades indígenas y campesinas reportando un aumento significativo en desalojos sin órdenes judiciales en los últimos meses, según la organización Base Investigaciones Sociales.

Estas acciones se dan después de que, en septiembre, Abdo promulgó una ley que aumenta la pena a 10 años en cárcel a los llamados invasores de tierras. Para muchos, la normativa, conocida como Ley Zavala-Riera, efectivamente criminaliza la lucha indígena y campesina por la tierra, un derecho reconocido por la Constitución.

Tierra de la soja y la extranjerización de Paraguay

Los hugua po’i habitaban tierras rodeadas de lo poco que queda de bosque primario en el departamento de Caaguazú. Entre 2002 y 2020, Caaguazú perdió 40 % de bosque primario, según Global Forest Watch, lo que hace de él uno de los departamentos paraguayos que más sufre con la deforestación. El área alrededor de las tierras de la que fueron expulsados los hugua po’i está tomada mayoritariamente por plantaciones de soja.

Informes locales afirman que las tierras de los hugua po’i serán convertidas en plantaciones de soja. Según Base Investigaciones Sociales, los beneficiados por la acción judicial de la semana pasada son los propietarios alemanes, que están involucrados en el cultivo de soja en la región.

No es de hoy que el gobierno paraguayo concede los derechos de sus tierras a explotadores de otros países. En Paraguay, hay un proceso de larga data de venta de propiedades agrícolas a extranjeros, especialmente procedentes de Brasil. Se estima que por lo menos 14 % de las tierras del país ya están en manos de brasileños.

En algunos departamentos, como Alto Paraná y Canindeyú, los brasileños son dueños de más de la mitad de las tierras. En otros, el porcentaje oscila entre 35 % y 15 %. De los 100 mayores propietarios de tierras de Paraguay, 16 son brasileños, y todos se dedican al agronegocio. De manera similar, los menonitas también se encuentran en la lista de grandes propietarios de tierras en Paraguay para la producción agroindustrial.

Como muestra un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), los departamentos más afectados por la llamada extranjerización del territorio paraguayo son Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa, donde también están concentrados los niveles más altos de desplazamiento de comunidades.

Ese proceso ha contribuido a hacer de Paraguay el país con el peor reparto de tierras de América del Sur, según un informe de investigación de OXFAM titulado “Los dueños de las tierras en Paraguay”.

La criminalización de las disputas territoriales, además de violar los derechos indígenas reconocidos por el Estado paraguayo, favorece los intereses extranjeros frente a los de los paraguayos.

Actualmente, 300 000 familias no tienen acceso a la tierra, en un país con baja densidad de población. Con 40 millones de hectáreas para solo  siete millones de habitantes (Alemania es menor que Paraguay y alberga una población que multiplica por 11 la del Paraguay, con más de 80 millones), el título de país con la peor distribución territorial de la región simboliza la incapacidad del Estado paraguayo de preservar los intereses de sus propios ciudadanos, especialmente los de los pobladores originarios.