Covid-19: El desmantelamiento de la salud pública, y las personas más vulnerables
Álvaro Verzi Rangel|
En América latina y el Caribe afrontamos la crisis del sistema, donde las propuestas para enfrentar la pandemia no significan lo mismo para unos que para otros: amplifican las diferencias, contribuyen a la marginalización y la vulnerabilidad y desnudan el costo del desmantelamiento neoliberal de la salud pública.
El sencillo mensaje Lavarse las manos frecuentemente es para muchas familias más que consejo, una ilusión o burla, en una región donde el 40% de hogares carece de acceso a agua potable en sus casas.
¿Alguien se preguntó cómo sufren el Quédate en casa aquellas familias que habitan en hacinamiento de pocos metros cuadrados, donde viven, duermen, cocinan? Estas palabras como cuarentena, confinamiento, aislamiento, carecen de sentido para quienes encuentran en la calle, en la vereda de sus poblaciones marginales, la única posibilidad de sobrevivir.
Solo una parte de la población tiene idea de lo que realmente pasa. La información no llega a mucha gente, sobre todo a la población pobre. Los medios hegemónicos están más interesados en el impacto bursátil que en el impacto social de la pandemia.
Algunos relatos periodísticos sobre la enfermedad y su difusión, fundamentalmente en redes sociales y otras plataformas, se han transformado en armas funcionales a la batalla que Estados Unidos ha lanzado para no perder su hegemonía económica frente a China.
Sin embargo, este fenómeno, el de las noticias falsas inspiradas en las usinas del gran capital que maneja los medios hegemónicos y las redes sociales, no es un hecho aislado, tampoco nuevo. Hoy es el coronavirus, mañana será otro el tema a manipular. En la guerra económica, la batalla ideológica-cultural es estratégica.
La expansión de la pandemia es una amenaza real, con posibles consecuencias desastrosas sobre la salud de la población en vulnerabilidad. En la actualidad, alrededor de 190 millones de latinoamericanos viven en situación de pobreza y 65 millones en situación de pobreza extrema.
La economía en nuestros países se va a paralizar, el mundo entrará en recesión. El virus circula en el movimiento del capital y detener el virus significa detener el capital. Y se necesita decisión política para hacerlo. Difícilmente lo pueda hacer un país aisladamente. Ahora se puede entender mejor los esfuerzos de Washington por sepultar los organismos de integración de la región, como Mercosur, Unasur, Celac.
Hay y habrá tensiones sociales sobre quienes pagan la factura de la crisis económica, y lo que se debe evitar es que esta situación recaiga sobre los trabajadores y esta vez la paguen los dueños de los bancos y de la deuda externa.
En toda la región, hay más de cinco millones de niños con desnutrición crónica, y la mayor parte también viven en zonas rurales. En Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, más de las mitad de los pequeños que viven en el campo no come lo suficiente.
Y entonces, uno se pregunta –por ejemplo- porqué hay hambre en Argentina si el país produce comida para 440 millones de personas, diez veces su población.
Muchos gobiernos de la región han adoptado la cuarentena y la restricción parcial de movilidad, que obviamente no tiene en cuenta la necesidad de salir de los trabajadores forzados por los empresarios y el trabajo informal.
En varios países ya han puesto en marcha medidas como moratoria de pago de alquileres, luz, agua y telefonía; bonos o rentas solidarias durante el tiempo que dure la crisis para personas afectadas o para toda la población en situación de vulnerabilidad, apoyo a pequeñas empresas y economía informal y a la producción y comercialización de pequeños campesinos, para que sigan garantizando la alimentación.
La salud no es pública
La desigualdad y los altos costos de servicios médicos, son de los mayores problemas de América Latina con respecto a la salud, además de la poca inversión gubernamental que no supera el 6 por ciento del ingreso de las naciones, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El problema grave que tenemos en casi toda la región, además de la desigualdad social, es un sistema de salud raquítico y muy privatizado. Es el Estado el que hoy debe intervenir y administrar toda la red hospitalaria, incluida la privada, y contratar directa y abreviadamente la adecuación para la epidemia en todo hospital o clínica abandonado o cerrado.
Ante la pandemia y pese a las privatizaciones, hoy es el Estado quien debe hacer compras masivas de equipos médicos, camas de cuidados intensivos, aparatos de ayuda respiratoria, medicinas como la cloroquina y el interferón, que se hace en Cuba. Debe usar hoteles para atender enfermos y separarlos de los demás.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que el 30 por ciento de la población en América Latina y El Caribe no tiene acceso a la salud pública gratuita y sólo cuatro países de la región –Cuba (invierte más del 28 por ciento de sus ingresos en asistencia médica social), Costa Rica, Uruguay y Panamá- cumplían un lustro atrás con los estándares de inversión establecidos por el organismo.
Las condiciones geográficas, la poca inversión de algunos gobiernos en materia de vacunación y prevención de enfermedades impiden que personas en situación de pobreza reciban atención médica, por su alto costo. Además, persisten impedimentos demográficos para los traslados en zonas rurales o de difícil acceso, así como la ausencia de centros de salud rurales equipados para personas de escasos recursos.
Para la OPS, la salud pública incluye sistemas de salud públicos (hospitales y consultorios rurales), vacunación, cobertura en maternidad, sistema de prevención control y tratamiento de enfermedades (como el VIH y cáncer), dotación de equipos médicos de alta tecnología, desarrollar la investigación científica sobre los avances en medicina.
Del 50 por ciento de las muertes por maternidad en Latinoamérica, más del 20 por ciento son reportadas en regiones rurales de menor desarrollo. El bajo índice de inversión en salubridad prevalece en la mayoría de las naciones, entre las que destacan Honduras, Argentina y Haití.
- La pandemia trae algunas reflexiones:
- La ola neoliberal diseñada en Estados Unidos y puesta en marcha en nuestra región por gobiernos neoliberales (tanto de fuerza como electos) ha desmantelado los sistemas de salud públicos, en provecho de las ganancias del sector privado.
- Siguiendo el negacionismo que intentara el gobierno de Estados Unidos, varios países de la región, con gobiernos neoliberales, han demorado la puesta en marcha de medidas de aislamiento, condenando a un eventual genocidio. Es el caso de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Colombia, donde la ciudadanía pide urgentes medidas contra el virus -con cacerolazos en las noches- son los movimientos sindicales y sociales quienes salen en auxilio de la población más necesitada.
- En nuestra región se verifica una rápida regresión del cuadro social donde el hambre se ha convertido en la peligrosa pandemia que afecta principalmente a los niños y la pobreza afecta al 40% de la población, lo que hace necesario aplicar una salida redistributiva de la riqueza, donde el control público sobre alimentos, agua y energía es clave para transitar hoy la emergencia sanitaria y luego conducir la recuperación productiva.
- Esta situación de emergencia abre también carriles para discutir el papel del Estado, que en muchos de nuestros países se ha convertido en un mecanismo de reproducción y ampliación de las ganancias de las grandes empresas.
- Es hora de repensar la perspectiva extractivista, productivista y consumista cuando se hace necesario salvaguardar al conjunto de la sociedad, a garantizar su alimentación, su acceso a recursos básicos como el agua (a la que no tienen acceso un alto porcentaje de la población) y la energía, y en particular a mejorar y coordinar el sistema de salud. Y como en todas las relaciones sociales, las situaciones frente a la pandemia tienen un sesgo de clase.
Cuidar la vida propia y la de los demás es el acto de solidaridad más grande. El virus se derrota con la solidaridad, que debe ser el principal valor de nuestras sociedades.
* Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)