Cota 905: entre las ausencias y los excesos
Keymer Ávila
El Sistema Penal venezolano es como un péndulo en constante movimiento que va entre las ausencias y los excesos, puede detenerse un tiempo en cualquiera de estos dos polos, pero casi nunca lo hace en el justo medio. Ese justo medio es la actuación acorde a las normas, proporcional, oportuna, constante, es decir institucionalizada.
A comienzos de año hice unos comentarios sobre como percibí al Sistema Penal durante 2014, esperando que el 2015 nos trajera algo más alentador. Ya se nos ha ido la mitad del año y las cosas no parecen tener mejoría alguna.
Este problema estructural que subyace en nuestros Sistemas Penales no es reciente, era advertido ya desde los años ochenta del siglo pasado por nuestras grandes criminólogas Rosa del Olmo y Lola Aniyar; desde otras latitudes también lo denunciaban Zaffaroni, Bergalli, Baratta, entre otros. Estos autores explicaban claramente como los sistemas penales latinoamericanos se caracterizan, entre otras cosas, por la disparidad respecto a los discursos jurídico-penales y su realidad operativa; el descontrol del sistema, las patéticas condiciones de la vida carcelaria, la prisión preventiva como casi único castigo, la violencia policial normalizada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el terrorismo de Estado, y un largo etcétera, que denotan el predominio de un «sistema penal subterráneo». Esta situación hace que la realidad de los sistemas penales latinoamericanos sea más deslegitimadora que cualquier teoría. Sin embargo, hay opinólogos que legitiman este estado de cosas y sueñan con la guerra en contra de la delincuencia, que en la práctica se traduce en guerra contra los pobres y la violación masiva y sistemática de sus derechos.
Por otro lado, la retórica de algunos opinólogos de izquierda tradicional, pretendidamente progresista, hace un vínculo causa-efecto entre pobreza-violencia, que inadvertidamente puede coincidir en ocasiones con el discurso clasista de la derecha más conservadora, y parecieran sugerir que el Estado no debe intervenir. Esta idea, junto a la visión romántica e idealizada del delincuente, ha sido superada por la criminología crítica desde finales de los años setenta y comienzos de los ochenta del siglo pasado; desde ese tiempo se tiene conciencia de que los más afectados por el problema de la violencia y la inseguridad son los más pobres, de allí su preocupación por analizar, comprender e incidir en la política criminal concreta, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Así entonces, el discurso crítico no tiene en absoluto nada que ver con un no hacer por parte del Estado, es más bien todo lo contrario.
La no intervención estatal oportuna en la conflictividad violenta que padecen determinados sectores de la población también se traduce en vulneración de derechos. La presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable, en situaciones que constituyan amenazas o riesgo a su integridad física o en el disfrute de sus derechos, es necesaria. Lo contrario sería apostar por la ley del más fuerte, desvaneciéndose la principal justificación del Estado mismo: proteger y satisfacer los derechos de las personas. Así entonces, el Estado debe intervenir de manera proporcional, aplicando la mínima fuerza necesaria, para proteger derechos concretos vulnerados. En el caso que un funcionario en el ejercicio de su deber sea atacado mortalmente él tiene el derecho a la legítima defensa, tal como lo establece el Código Penal –para cualquier ciudadano-, y en el caso de la función policial cuenta también con el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza (UPDF).
Sirva esta introducción para reflexionar sobre los últimos acontecimientos de la Cota 905. La necesidad de la intervención del Estado ante nuestra actual situación securitaria, con una tasa de 62 homicidios por cien mil habitantes, es obvia. Como país debemos disminuir la violencia delictiva que padecemos la mayoría de los venezolanos, eso no está en discusión, el asunto está en cómo debe intervenir el Estado, sin dejar de tener en cuenta la comprensión del por qué hemos llegado a esta situación.
Los hechos y datos concretos que dejan más dudas que certezas:
Antecedentes: el 05 de junio en la Cota 905 cinco policías fueron atacados y heridos con armas de fuego y granadas; 02 semanas después la caravana del Ministro de Deportes que transitaba por el lugar también recibió disparos; al día siguiente de ese evento 02 PNB fueron heridos de bala, se inició una persecución que culminó en un tiroteo y la quema de una patrulla policial. Con estos antecedentes, pudiera pensarse que lo que detonó este operativo fue la necesidad de constatar el poder de los funcionarios atacados más que proteger los intereses de la población, ya que el control de las bandas sobre la Cota 905 tiene, al menos, más de un año.
El término “abatido” hace pensar que los muertos son el resultado de un “enfrentamiento”. Veamos las cifras: por un lado el Estado actúo con más de 250 funcionarios (GNB, PNB, CICPC, SEBIN), por el otro resultan 15 personas fallecidas. ¿Cuántos funcionarios resultaron lesionados, heridos o muertos? En un enfrentamiento entre fuerzas simétricas hay afectaciones en ambas partes. En otros espacios he explicado como numerosa investigación empírica ha demostrado que la relación entre civiles y policías muertos es bastante desigual (según Provea, la probabilidad de que muera un civil en un choque armado es de 97,5, mientras que para los policías es de apenas 2,5; es decir por cada policía muerto fallecen 39 civiles), lo que hace suponer que más que enfrentamientos entre fuerzas equivalentes, se trata de un ejercicio asimétrico de la fuerza, frecuentemente intencional por parte de la policía (Antillano, 2007, pp. 36-37).
Lo muertos: se informa oficialmente de 15, sin embargo, se maneja extraoficialmente que la cifra es superior (entre 16 y 19). Hagamos el análisis solo con el dato oficial: a los 15 muertos se les sentenció adelantadamente como delincuentes; sin embargo, a los días informan que solo 05 estaban solicitados por distintos delitos, 02 de ellos pertenecían a bandas ¿Y los otros 10? ¿Estaban solicitados? ¿Se encontraban en flagrancia? ¿Se enfrentaron realmente con disparos a la policía? Denuncian que algunos de ellos tienen disparos a corta distancia, otros aparentemente fueron previamente detenidos y luego aparecieron muertos en la morgue. También parece haber al menos un caso de “daños colaterales”.
Los detenidos: 134, de éstos apenas 05 eran solicitados por homicidio. Uno solo estaba en flagrancia. Presentaran a 19 ante los tribunales (apenas a un 14%) ¿En qué estatus se encontraban los otros 115? ¿estaban también en flagrancia? ¿estaban solicitados por algún tribunal? ¿estaban buscando a estas 134 personas con anterioridad o entraron como un ejército de ocupación y se llevaron a todo el que se le atravesaba? ¿115 detenciones arbitrarias? ¿disparo, detengo, condeno primero y averiguo después?
Cuarenta de estos detenidos son extranjeros a los que mediáticamente sentencian como paramilitares colombianos; informan que serán deportados. ¿Realmente son paramilitares? ¿Ser extranjero es lo mismo que ser paramilitar? ¿Se está cumpliendo con los procedimientos de la Ley de Extranjería y Migración?
Con los días el discurso oficial va disminuyendo y con ello la pomposa publicidad legitimadora del evento, a la vez que se dejan colar los testimonios de los detenidos y de sus familiares, que hacen recordar al mismo Lombroso y a las prácticas cuartorepublicanas: “De acuerdo con lo que comentaron los hombres que estuvieron detenidos, en la cancha de los militares los dividieron en grupos: los colombianos, los menores de edad, los tatuados y el resto. Ese resto era la gran mayoría y a esa porción pertenecían ellos cuatro. Sin embargo, expresaron que las peores reprimendas se las llevaron los extranjeros y quienes tenían su piel marcada. “Si tenías tatuajes te caían a golpes, asumían que eras malandro por eso””
Todas las cifras anteriores aumentan si se le suman las de los operativos realizados en Ciudad Tiuna (102 detenidos, de los cuales 08 eran extranjeros, intervinieron 1200 funcionarios), Ciudad Betania (04 muertos, 09 detenidos, intervinieron 900 funcionarios de la GNB) y el sur de Aragua (02 muertos, 07 detenidos, intervinieron 778 funcionarios). ¿Por qué esperar que el agua se rebase el vaso? ¿Estas situaciones no se pudieron evitar?
Elementos que preocupan y que deben analizarse:
El discurso bélico “amigo-enemigo” y la militarización de la seguridad ciudadana: éste no debe legitimarse, menos en un contexto de seguridad ciudadana, cuando se justifica la aniquilación del enemigo, se justifica la aniquilación de cualquiera de nosotros. Ya he explicado en otras oportunidades por qué la seguridad de la nación debe ser claramente diferenciada de la seguridad ciudadana. Expresión de esta racionalidad bélica, del enemigo y de la militarización de la seguridad ciudadana es la justificación de los ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales. La información difundida hasta ahora es muy semejante a los titulares de prensa de los años ochenta. Los trabajos pioneros de Del Olmo, Tosca Hernández y Tamara Santos, evidenciaron cómo desde los medios de comunicación se presentaban casos de asesinatos de las fuerzas de seguridad del Estado como supuestos enfrentamientos. Para ello se descalificaba y deshumanizaba a los muertos presentándolos como delincuentes, como si la pena de muerte tuviese vigencia en el país y las policías están destinadas a administrarla discrecionalmente. El término “elementos” para referirse a seres humanos es, también, un buen ejemplo. Casos emblemáticos de esta época fueron los “pozos de la muerte”, “el Amparo” y el “Caracazo”. En estos últimos dos casos intervinieron fuerzas especiales combinadas con resultados ya conocidos por todos. El actual gobierno ha prometido, de manera reiterada, que esta época “no volverá”.
El discurso del paramilitarismo: forma parte de la lógica bélica anteriormente descrita, y políticamente perjudica al gobierno. Si tienen 16 años en el poder ¿cómo pueden admitir que hay paramilitares en el país? ¿De quién sería la responsabilidad principal de ello? El recurso de la victimización no siempre es útil y bueno. El paramilitarismo no puede existir sin el apoyo de estructuras de poder legal e ilegal, privadas y públicas, especialmente de sectores empresariales, políticos, militares, policiales y judiciales. En estos ámbitos los límites entre lo lícito y lo ilícito se hacen difusos. De ser cierto este fenómeno ¿dónde creen que se encuentra su núcleo fundamental? ¿en nuestros barrios o en las estructuras de poder que les garantizan armas e impunidad? El enemigo en esta campaña no son solamente los pobres del barrio, lo son también los extranjeros; a estos últimos, en épocas cercanas a ciertas coyunturas electorales, les fueron reconocidos sus derechos; así por ejemplo, en 2004 el gobierno le otorgó la nacionalidad a unos 17.504. Ahora pareciera que la estrategia hacia ellos ha cambiado, posiblemente formarán parte de los chivos expiatorios de la campaña electoral, securitaria, clasista y xenófoba, de este 2015. El único rédito político de este discurso es para beneficio de algunos militares y policías opuestos a las garantías que ofrecen las leyes de la República.
La violencia institucional como generadora de violencia social y las profecías autorrealizadas: es muy posible que los asesinatos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, en parte, sean una respuesta a los excesos de los mismos. No necesariamente debe verse como una relación lineal, ni en contextos de enfrentamiento policía-delincuentes, sino de cacerías y emboscadas de unos contra otros. Al incrementarse la violencia estatal de manera sistemática, aunada a la estigmatización de clase, es probable que esa etiqueta adjudicada (paramilitares, crimen organizado, megabanda) se convierta en realidad. Es importante evaluar hasta qué punto algunos asesinatos de funcionarios policiales y militares ocurren por su pertenencia a grupos o actividades delictivas, tal y como se observa de algunas versiones informativas de este año y como lo señalara en 2010 el entonces Ministro de Relaciones Interiores y Justicia que aseguraba que en el 20% de los delitos estaban involucrados funcionarios policiales. Los excesos estatales sistemáticos en determinadas zonas en contra de personas que no se encuentran realmente inmersas en actividades violentas puede traer como consecuencia que éstas realmente se organicen para repeler tales ataques. Sirva como ejemplo la política norteamericana contra el terrorismo: no hay mayor generador de terroristas que las políticas antiterroristas.
La campaña de “mano dura”: las políticas criminales instigadas por los medios de comunicación social, se caracterizan por la búsqueda de respuestas simbólicas e inmediatas a costa de los DDHH (aumento de penas, más represión, disminución de derechos fundamentales, etc.). Su objetivo es brindarle a la población la sensación de que se está haciendo algo, no importa que en el fondo estas políticas no resuelvan realmente el problema o peor aún, lo profundicen; lo importante es el show, la apariencia, tratar de crear una sensación de que se está atacando el problema delictivo. Atacando, como si estuviésemos en una guerra. Una guerra, en la que los enemigos son los más vulnerables de la sociedad, los excluidos, a quienes se les dificultan todos los accesos al sistema y la satisfacción de sus derechos básicos, pero a su vez tienen un derecho privilegiado para ser perseguidos y castigados por el sistema penal. Lo peor del caso es que en la construcción de este show del sistema penal, las propias víctimas del sistema son las que reclaman más políticas simbólicas y represivas. Y en este proceso el papel de los medios masivos de comunicación social es fundamental.
La campaña electoral de la Unidad Nacional contra la inseguridad: Las campañas de “mano dura”, “tolerancia cero”, “plomo al hampa” (como la de Alfredo Peña) etc., tal como lo he explicado en diversos espacios, son los comodines para toda campaña electoral, es la herramienta más útil para mover a los electores a través del miedo y el espíritu vindicativo. El problema de la inseguridad ciudadana, entonces, sirve como receptáculo para esconder dentro de sí otras incertidumbres: la económica (inflación y escasez), la laboral, la política, la institucional. Es más fácil ejecutar a unas cuantas personas (delincuentes o no, eso es lo de menos) que dar respuestas a través de la transformación económica y productiva del país, o despolarizar y fortalecer la institucionalidad democrática del Estado. Con las ejecuciones, la reforma de alguna ley penal, operativos policiales excesivos y discursos fuertes se da la sensación a la población de que se está haciendo algo.
Los discursos homogeneizantes de la Unidad Nacional son muy útiles para estos fines. Hacia afuera tenemos la defensa del Esequibo en contra de la amenaza externa; hacia adentro nos defendemos todos del enemigo interno: el delincuente. Pero en la realidad no siempre cae el delincuente sino el que cumple con el estereotipo, que los prejuicios sociales y mediáticos, construyen sobre éste: joven, pobre y moreno. Los titulares de los diarios de este 14 de julio eran muy similares, no había mayores distinciones entre los que son afectos al gobierno y los que son afectos a la oposición. En esta racionalidad la derecha y la izquierda en el poder se mezclan y se confunden entre sí.
El problema de las armas: Según la Encuesta Nacional de Victimización de 2009 un 79,48% de los casos de homicidios son consecuencia del uso de armas de fuego. Estos datos se quedan cortos cuando se contrastan con los del CICPC durante el período 2010-2011, los cuales arrojaron que esta cifra llegaba a un 90,5%. Así entonces, la disponibilidad de armas para abordar el problema de la violencia delictiva es una variable muy importante.
Investigadores como Bandeira afirman que una de las principales fuentes del mercado ilegal de armas son las armas de los particulares y las de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, en un principio tuvieron circulación legal. Así, por ejemplo, según información periodística, unas 184 armas fueron robadas de sedes policiales y militares en el país durante 2014.
Es por ello que dentro de una política efectiva de control de armas y municiones tanto la institución policial como militar deben estar supervisadas y ser objeto de severos controles. Hacerle seguimiento a la dotación de estos cuerpos, uso del arma, uso de municiones, justificar la cantidad que se les otorga, marcaje de la munición, etc. Los controles son para todos y deben empezar por el propio Estado, éste debe tener un control absoluto de sus propias instituciones, en especial las que tienen el deber de protegernos.
La propiedad por encima de la vida: la racionalidad del asaltante que mata para robar y la del Estado que mata para recuperar los bienes robados también parecen confundirse entre sí, es difícil distinguir una de la otra. Una expresión de esta misma lógica es informar primero la lista de vehículos recuperados que la de los nombres de los muertos.
¿En qué se distingue el caso de la Cota 905 con la llamada “Masacre de Quinta Crespo”? En que: 1) Los muertos de la Cota 905: a) tienen menos poder de reclamo social, no son policías o ex funcionarios, ni pertenecen a colectivos con acceso al poder político; b) tienen la etiqueta de delincuentes, con independencia de que realmente lo sean y de cual haya sido su conducta para el momento del operativo; c) son del barrio, no viven en el centro de Caracas, sino en su periferia; 2) En la Cota 905 el cuerpo de seguridad que dirigió las operaciones fue de naturaleza militar, no civil; 3) Actualmente estamos en año electoral; 4) En la Cota 905 fallecieron 10 personas más que en Quinta Crespo.
Muchas cosas que reflexionar, hay que tener cuidado con las solidaridades automáticas y con terminar legitimando políticas de las cuales cualquiera de nosotros pudiera ser víctima. Los derechos son para todos o no son para nadie.