COP31: por qué la financiación climática vuelve al centro
Victoria Korn
La COP31 comenzó este 9 de noviembre en Antalya, Turquía, con una cuestión decisiva sobre la mesa: cómo convertir los compromisos climáticos en recursos que permitan ejecutarlos. La conferencia, prevista hasta el 20 de noviembre, reúne a los gobiernos para avanzar en la aplicación del Acuerdo de París, con la financiación, la adaptación y la transición energética entre sus prioridades. El desafío no consiste únicamente en acordar nuevas metas, sino en establecer cómo se pagarán las transformaciones y las medidas de protección que los países necesitan.
La financiación ocupa ese lugar central porque conecta dos frentes de la respuesta climática: reducir las emisiones y prepararse para los efectos del calentamiento. Los recursos deben servir tanto para impulsar energías limpias como para ejecutar planes de adaptación. La decisión financiera adoptada en la COP29 reconoció necesidades de los países en desarrollo por entre 455.000 y 584.000 millones de dólares anuales para implementar sus compromisos climáticos hasta 2030, y estimaciones de entre 215.000 y 387.000 millones anuales para adaptación durante ese mismo horizonte.
Acuerdo de Bakú
El principal antecedente de la negociación actual es el acuerdo alcanzado en Bakú, Azerbaiyán, en noviembre de 2024. Allí se fijó una meta de al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035, con los países desarrollados tomando la iniciativa. La cifra triplica el anterior objetivo de 100.000 millones anuales, pero admite recursos de diversas fuentes públicas y privadas: no equivale a una promesa de transferencias exclusivamente presupuestarias ni de subvenciones.
Ese mismo acuerdo incluyó un segundo horizonte, de mayor alcance: movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales para 2035, mediante la participación de todos los actores y fuentes públicas y privadas. Ambas cifras tienen funciones distintas. Los 300.000 millones constituyen la meta acordada con liderazgo de los países desarrollados; los 1,3 billones expresan el esfuerzo financiero más amplio que se busca impulsar. Ninguna de las dos cantidades representa dinero ya desembolsado.
La discusión, por tanto, no se limita a cuánto dinero se anuncia. También importa en qué condiciones llegará y si permitirá actuar sin agravar las restricciones financieras de sus destinatarios. El acuerdo de Bakú dispuso que la hoja de ruta hacia los 1,3 billones abordara subvenciones, financiación concesional —con condiciones más favorables—, instrumentos que no generen deuda y medidas para ampliar el margen fiscal. Ese mandato explica por qué la composición de los fondos resulta tan relevante como su volumen.
Reducción de emisiones
La adaptación introduce, además, una diferencia fundamental respecto de la reducción de emisiones. Mientras esta última busca limitar el calentamiento futuro, la primera pretende reducir la vulnerabilidad ante sus impactos. La conferencia llega después de un año marcado por episodios de calor e inundaciones, según la información de Europa Press, lo que refuerza la presión para que la negociación financiera atienda también la protección de las poblaciones y no solo la transformación del sistema energético.
El otro gran frente será la relación entre financiación y combustibles fósiles. España y la Unión Europea defenderán en Antalya acelerar su abandono y avanzar en la electrificación con energías limpias, mientras las organizaciones ecologistas reclaman compromisos concretos y mayores recursos públicos para los países en desarrollo. El vínculo entre ambas discusiones es directo: la ambición de la transición deberá acompañarse de medios para llevarla a cabo.
La COP31 presenta también una distribución particular de responsabilidades. Turquía alberga la conferencia y ejerce su presidencia, con Murat Kurum como presidente designado, mientras el australiano Chris Bowen ocupa la presidencia de las negociaciones. La estructura forma parte de una asociación entre ambos países y distingue la conducción de la conferencia del liderazgo del proceso negociador.
En ese contexto, una de las principales pruebas de Antalya será comprobar si los gobiernos consiguen acercar las metas financieras a su ejecución. Las cantidades de referencia ya fueron acordadas en Bakú; ahora el debate vuelve sobre las fuentes, las condiciones y los mecanismos necesarios para ampliar los recursos. La distancia entre prometer financiación y hacerla utilizable ayuda a explicar por qué el dinero vuelve a ocupar el centro de la diplomacia climática.