Conferencia Episcopal Boliviana: un actor político clave de la derecha

José Galindo

La historia de la izquierda con la religión cristiana no es necesariamente la de un desencuentro, a pesar del ateísmo radical que suele adoptarse a aquel lado de la vereda político-ideológica. Ejemplos como el de Luis Espinal, Xavier Albó o la Teología de la Liberación ilustran cómo una fe practicada coherentemente conduce siempre a tomar partido por los pobres y desheredados de la Tierra, partiendo de aquel pasaje que advierte que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al Reino de los Cielos.

Lastimosamente, aquellos que predican los principios de la Biblia no siempre siguen el ejemplo Cristo, quien se rodeaba solo de enfermos, mendigos y putas.

Pero más allá de su aparente inconsecuencia moral, ¿a quién representa realmente la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB)? A Dios no, eso está claro. Y puede que ni siquiera a la Iglesia católica como tal, cuya representación en el país le corresponde al cardenal Toribio Porco Ticona, quien forma parte de una estructura internacional en cuya cúspide se encuentra el Papa Francisco.

Las conferencias episcopales son asociaciones permanentes conformadas por obispos y prelados de un territorio específico en el cual promueven el trabajo pastoral para el mayor bienestar de sus fieles, de lo que podría derivarse que su actividad se da sobre todo en el plano espiritual de las comunidades a las que pertenecen, y no tanto de asuntos terrenales como la política, como de hecho ocurre con la CEB.

Testigos muy involucrados

Y es así como llegamos a los hechos de esta semana, en la que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, solicitó la declaración de los obispos presentes en la reunión de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en el marco de las investigaciones por el golpe de Estado de 2019.

Una coyuntura en la que la CEB participó activamente, y no desde la imparcialidad que cabría esperar de una institución mediadora, sino desde las movilizaciones que condujeron al derrocamiento del gobierno de Evo Morales, así como también en el turbio proceso que concluyó con la posesión de Jeanine Áñez como presidenta, pasando por encima de los mecanismos de sucesión establecidos en la Constitución; e incluso después, respaldando al gobierno de facto tras las masacres de Sacaba y Senkata.

Concretamente, se solicitó la presencia de Ricardo Centellas, entonces vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa, exsecretario general episcopal; Giovanni Édgar Arana, obispo auxiliar de El Alto en 2019; y José Fuentes, exsecretario general adjunto de la CEB. Eugenio Scarpellini, secretario general de la institución en esos días, falleció en julio de 2020, siendo reconocido como uno de los rostros más visibles de las protestas en que derivaron las elecciones de octubre de 2020.

La noticia fue mal recibida por la comunidad episcopal, naturalmente, con el arzobispo emérito de Sucre, Jesús Suarez, llamando “cantaleta” a todo el proceso judicial y negando que haya ocurrido un golpe de Estado, denunciando en vez de ello el “fraude monumental” en las elecciones de octubre de 2019, palabras en su momento dichas por el candidato presidencial Carlos Mesa. Por su parte, su homólogo de La Paz, Percy Galván, advirtió de una supuesta persecución en contra de los miembros de la Iglesia católica.

Y como era de esperarse, la derecha cerró filas en defensa de los prelados que ni siquiera estaban siendo acusados, pero cuyo llamado a declarar como testigos fue tomado como una ofensa contra la dignidad eclesiástica, provocando que Chávez recordara que los miembros de la Iglesia no gozan de ningún fuero especial. Expresaron palabras de apoyo y solidaridad personajes como los exmandatarios Mesa y Tuto Quiroga, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), la organización autodenominada como Juristas Independientes de Bolivia, además de los legisladores de oposición.

Y, claro, los medios de comunicación de las élites, como Página Siete, El Deber o El Diario, publicando titulares como: “Al menos 15 acciones muestran el rol pacificador de la Iglesia durante la crisis de 2019” (Página Siete) y “Persecución se extiende a obispos de Iglesia Católica” (El Diario).

No menos sorprendentes fueron algunas reacciones del propio campo oficialista, como el de la exdiputada Susana Ribero, que participó de las negociaciones en la Universidad Católica, pero para quien llamar a los obispos a una nueva declaración aportaría poco al esclarecimiento del caso, recalcando que los testimonios ya fueron recogidos en el llamado proceso Golpe de Estado II.

Poco después, lo que se anunciaba como una nueva polémica que enfrentaría a la comunidad católica con el Gobierno se cerró abruptamente cuando la propia Fiscalía Departamental de La Paz rechazó el pedido de Chávez, con el ministro de Justicia, Iván Lima, quien, coincidiendo con Ribero, aclaró que no se podía juzgar dos veces un mismo hecho.

La investigación de los sucesos de noviembre de 2019, entonces, se dan a través de dos procesos judiciales correspondientes a los diferentes delitos que se cometieron en ese periodo, con el primer caso, Golpe de Estado I, juzgando los delitos de terrorismo, sedición y conspiración; mientras que el caso Golpe de Estado II trató los delitos comunes de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes que se dieron para que Áñez tomara la Presidencia.

La expresidenta fue condenada inicialmente a 10 años de prisión en el marco del segundo juicio, quedando pendiente la resolución del primero, por el que se encuentra también encarcelado el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Y aunque los obispos en cuestión ya prestaron sus declaraciones en el segundo caso, no deja de llamar la atención el que no hayan sido tratados como sospechosos, a pesar de que, como se indicó, participaron activamente en los sucesos previos, simultáneos y posteriores a la imposición de un gobierno de facto ultraviolento.

La política episcopal conservadora

Aunque el problema se haya resuelto aparentemente con la recisión de la convocatoria del Procurador, el hecho da paso a reflexionar acerca de la naturaleza de la CEB como actor político indisimuladamente opositor del Gobierno, que debe ser estudiado de forma diferenciada del resto de la comunidad religiosa del país, de la Iglesia católica y del movimiento evangélico.

Así, pese a que se pueda decir que la religión todavía es un factor importante en la estructuración de la identidad política de los bolivianos, y que la Iglesia concentra una cantidad no despreciable de recursos como tierras, escuelas, universidades y medios de comunicación que le otorgan mucha influencia política, el caso del episcopado criollo tiene sus propias particularidades como sujeto político.

Si seguimos a Eduardo Paz Gonzales en su investigación sobre la política confesional en Bolivia, que formó parte de un libro de la FES-Bolivia referido a los nuevos actores de la política nacional, notaremos que la CEB participó como actor político no durante los últimos años, sino en las últimas décadas, tomando partido por las clases privilegiadas en cada ocasión que le permitiera la oportunidad, como ocurrió con su apoyo a las élites regionales y su demanda autonómica entre 2007 y 2008, a través de homilías y otro tipo de sermones religiosos.

De la misma forma sucedió luego del Referéndum Constitucional de febrero de 2016, que dio paso al movimiento conocido como el “21F”, que rechazaba una nueva postulación del entonces presidente Morales y al cual miembros de la CEB se unieron de forma entusiasta, pidiendo respeto por los resultados de la consulta popular y apoyando numerosos actos de protesta contra el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se dieron en ese tiempo, con declaraciones públicas nuevamente ofrecidas en ceremonias religiosas.

Al poco tiempo, los obispos ya cada vez más opuestos al gobierno masista apoyaron las protestas en contra del proyecto de reforma del Código Penal, que al principio solo había convocado a médicos, pero que fueron sumando el apoyo de una clase media cada vez más racista y fascistizada. El argumento para suscribir este ciclo de protestas fue la supuesta defensa de una política provida y contra el aborto, a la que terminaron uniéndose los evangélicos.

También, como nota el investigador, la CEB criticó abiertamente al gobierno de Morales por su gestión de los incendios que afectaron a la Amazonía en 2019, sumándose a otro movimiento de protesta que convocó primero a sectores aparentemente ecologistas, pero que, al igual que los episcopados, dejaron de preocuparse por el medio ambiente una vez que Morales dejó el poder, sin hacer una sola protesta cuando los incendios no menos desastrosos de mediados de 2020, en el gobierno de facto.

Pero su mayor participación política y partidaria se daría durante las jornadas que siguieron a las elecciones de octubre de 2019, cuando se adelantaron incluso a la propia Organización de Estados Americanos (OEA) al señalar que había muestras evidentes de fraude en aquella votación, echando más leña al fuego de una protesta que culminaría en un golpe de Estado y dos masacres.

No contentos con el derrocamiento de Morales, la CEB organizó las reuniones de “pacificación” entre el oficialismo en jaque y la oposición en ascenso en la Universidad Católica, donde, ignorando los procedimientos constitucionales de sucesión, colocaron a Jeanine Añez como presidenta de facto. Y, por si fuera poco, tras las masacres de Senkata y Sacaba, respaldaron las acciones de ese Gobierno, bendiciendo, en la práctica, masacres, asesinatos selectivos y demás violaciones a los Derechos Humanos. Amén.

Ahora bien, aunque la izquierda y la religión no siempre han tenido una relación armoniosa, enfrentándose actualmente en torno a problemas como el aborto, los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y las identidades sexuales diversas, no debe enfocarse a la CEB como una oposición al Gobierno a partir de criterios meramente religiosos o de principios, puesto que el rasgo esencial y característico de esta organización en las últimas décadas no ha sido solamente adoptar posiciones conservadoras, sino apoyar, contra viento y marea, a las clases empresariales y privilegiadas.

Una organización que se torna todavía más siniestra cuando consideramos, como nota Paz, que esta ha comenzado a desplazar al propio cardenal Ticona como representante de la comunidad católica boliviana, quien resulta ser, casualmente, un aymara de origen humilde, denotando con ello prejuicios propios de las élites más despreciables.

La CEB es un actor político, a pesar de su discurso confesional. En las últimas décadas se ha involucrado en las disputas por el poder en Bolivia de forma más efectiva que los partidos opositores, apoyando las movilizaciones que condujeron al derrocamiento de Morales, organizando las reuniones que impusieron a Áñez como presidenta e incluso santificando las masacres, asesinatos selectivos y violaciones a los derechos humanos que se perpetraron durante el gobierno de facto.

*Cientista politico, analista de La Época