Comisión de la Verdad: el gobierno de Lenín Moreno violó derechos humanos
Juan Manuel Boccacci|
La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia recopiló 519 testimonios sobre el levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador. El informe final señala que el Estado llevó a cabo delitos de lesa humanidad y pide que se juzgue a los responsables.
Seis personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano durante las protestas de octubre de 2019. Este es sólo uno de los hechos más importantes que reveló la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia tras casi un año y medio de investigación en Ecuador.
El organismo creado por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, además denunció que se violentó gravemente el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal de los manifestantes. “El gobierno nacional generalizó el argumento de que la protesta social era violenta y así pretendió justificar el uso irracional y desproporcionado de la fuerza”, dijo Carrión. La Comisión también le dedicó un apartado a la cobertura mediática. El análisis arrojó que los medios con mayor llegada se limitaron a repetir el relato gubernamental.
La cara autoritaria del neoliberalismo
El “paquetazo” que intentó imponer Moreno, en línea con las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo su resistencia en la calle a fines de 2019. Tras casi dos años de políticas de ajuste, la gota que colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano fue la quita del subsidio a los combustibles. A los pocos días de tomada esta medida el precio de las naftas más baratas y el diesel comenzó a subir de manera desproporcionada. Así, el 3 de octubre comenzaron las movilizaciones que tuvieron como punta de lanza al sector transportista.
Luego se convocó a un “paro nacional” al que se plegaron estudiantes y sindicatos de trabajadores. Pero la participación más importante vino desde el movimiento indígena, que se movilizó a escala nacional. Moreno respondió decretando el “estado de excepción” y toque de queda. De esta manera policías y militares tomaron las calles de todo el país. Los resultados no se hicieron esperar: hubo miles detenidos y al poco tiempo se produjo la muerte del primer manifestante.
Fueron 13 días de resistencia popular que finalmente obligaron a Moreno a dar marcha atrás con la quita de subsidios. Sin embargo, a un costo altísimo: al 13 de octubre la Defensoría del Pueblo documentó al menos ocho personas muertas y 1.340 atendidas en centros de salud por circunstancias relacionadas a la protesta. En paralelo, el Ministerio Público comenzó a investigar a los dirigentes del movimiento indígena.
También se abrieron procesos judiciales contra políticos ligados al partido expresidente Rafael Correa. Varios de ellos fueron detenidos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. A su vez la asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros integrantes del correísmo tuvieron que exiliarse en México ante lo que denominaron una persecución judicial. Al día de hoy continúan allí y sus causas siguen abiertas.
“Ejecuciones extrajudiciales”
En ese contexto convulsionado el Defensor del Pueblo decide conformar la Comisión para investigar los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre. La pandemia retrasó la salida del informe pero finalmente esta semana fue presentado al público. Los resultados son concluyentes: hay evidencia de la participación estatal en múltiples delitos de lesa humanidad.
Por este motivo, la presidenta de la Comisión, Sybel Martínez, pidió que la fiscalía utilice los datos volcados en el informe para iniciar procesos legales. “Son 519 testimonios de los que 249 responden a violaciones de DDHH. Se puede ver una actuación sostenida en este sentido por parte de las fuerzas del orden durante todo el paro nacional”, indicó Martínez
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El informe documenta seis muertes provocadas presuntamente por ejecuciones extrajudiciales en manos de la policía ecuatoriana. Todas se dieron en el contexto de las protestas. El caso de Segundo Inocencio Tucumbi Vega, dirigente indígena de 50 años, da cuenta de la brutalidad de la represión en Quito. Su muerte se produjo luego de que la policía arrojara gases lacrimógenos en la Universidad Salesiana, uno de los espacios que la policía y las organizaciones indígenas habían acordado como “centros de paz”.
En estos núcleos alejados de la zona de protesta los manifestantes llegados desde distintos puntos del país descansaban y se alimentaban. Según testigos, Tacumbi Vega había salido a la calle obligado por los gases y allí habría recibido el impacto de una bomba lacrimógena.
El informe también documenta 22 casos de atentado contra el derecho a la vida, 123 violaciones a la integridad personal, 38 violaciones del derecho a la libertad, tres personas víctimas de violencia sexual y 20 personas con lesiones oculares. El Defensor del Pueblo subrayó que el gobierno Moreno justificó el uso de la fuerza para defender la democracia.
“Eso contradice la Constitución. No tiene sentido que un gobierno salga a defender la democracia privando de la vida o afectando la integridad de las personas”, sostuvo Carrión. A su vez la Comisión informó de otras seis muertes producidas durante las protestas pero sin conexión directa con personal policial.
La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, habían sostenido que las movilizaciones estaban siendo fogoneadas desde Venezuela y Cuba. Martínez señaló que estas declaraciones, hasta el momento no comprobadas, tuvieron como finalidad construir la figura de un “enemigo interno”. “Se buscó justificar la vulneración de derechos de los manifestantes, pero por otro lado, también se implantó un estado de terror durante las protestas”, indicó la comisionada.
Con la agenda del gobierno
El informe de la Comisión concluyó que los medios masivos, tanto de televisión, internet y radio, así como gráficos, reprodujeron el relato oficial. A la hora de encarar la cobertura de las protestas los medios hegemónicos se centraron en mostrar la “violencia de los manifestantes”. A la par, utilizaron como fuentes mayoritarias de sus noticias a las autoridades de gobierno y funcionarios.
“Hubo un preocupante nivel de desinformación en todo el país. Se actuó con sesgo que en algunos casos llegó hasta la censura. Llamamos a las cabezas visibles de los medios para preguntarles con qué criterio bajaron ciertas las notas. Se justificaron apelando al ‘estado excepción’ decretado por el gobierno”, sostuvo Martínez. Además señaló que los medios alternativos y comunitarios fueron los que aportaron una mirada distinta, encarando sus notas bajo una perspectiva de DDHH y amplificando la voz de las víctimas.
Para el actual ministro de Gobierno de Ecuador, Gabriel Martínez, el informe de Comisión no presentó la verdad de los hechos. “Lo real fue que tuvimos unas protestas con fines políticos, con fines de desestabilización política, en los que la Policía actuó firmemente, correctamente, intentando proteger a las personas, restablecer el orden”, sostuvo el ministro. Además señaló que el informe no menciona la violencia contra la policía, ni el vandalismo contra edificios públicos.
El Defensor del Pueblo rechazó esta afirmación. “Determinamos que hubo actos violentos por parte de los manifestantes y pedimos a la fiscalía que insista en esas investigaciones. La impunidad no puede estar en ningún lado. Pero por otro lado vemos que hasta el momento el Ministerio Público solo se dedicó a buscar sanciones contra los manifestantes, y no hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló Carrión.
En ese sentido la presidenta de la Comisión indicó que la Justicia se está moviendo con lentitud para juzgar las responsabilidades estatales. “En el tema de vulneración de derechos han actuado muy lento. Pero en otros temas sí se avanzó con más ahínco. La prefecta Pabón nos decía que le llamaba la atención la rapidez con la que manejaron su caso”, señaló Sybel Martínez.
Para el Defensor del Pueblo la Justicia está siendo parcial. “Este informe pretende dar a conocer la verdad. La Comisión, formada por personas sin sesgo partidista, llegó a la conclusión de que hay indicios de responsabilidad en delitos de lesa humanidad por parte del Estado”, enfatizó Carrión.