Colombia: Pobreza, desigualdad e insurgencia popular

Libardo Sarmiento Anzola

A partir de las recientes cifras del Dane sobre la insuficiencia de ingresos monetarios y las condiciones de injusticia social reinante en Colombia en el año 2022, se reconfirma que el mayor fracaso histórico acumulado como país, es la trágica y constante situación de pobreza y desigualdad que causa diversos conflictos sociales y violencias.

Un mito que se desmorona

El mito del Estado y el desarrollo capitalistas que acabaran con la pobreza y la desigualdad se derrumbó¹, en el mundo y en Colombia, mayoría de su población padeciendo los rigores.

Ni siquiera sociedades que han sido testigos de prosperidad sin precedentes, como los Estados Unidos, principal potencia económica, política, científica y militar en el mundo, han podido desterrar la pobreza, la desigualdad y los conflictos entre clases sociales de sus fronteras.

El PIB se ha multiplicado varias veces en los últimos 100 años; aún más espectacular ha sido el crecimiento de la riqueza y el consumo en el país norteamericano, pero sistemáticamente más del 12 por ciento de sus ciudadanos ha seguido en la pobreza durante todo este largo período de hiperprosperidad. Estados Unidos también tiene la mayor disparidad de ingresos entre las naciones industrializadas occidentales; el índice o coeficiente de desigualdad Gini tiene un valor de 0,415 (un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 1 representa una iniquidad perfecta).

En Colombia, por su parte, durante el período 1950-2022, el PIB per cápita se multiplicó por 3,8 veces. En paralelo, durante el siglo XX y lo corrido del XXI, aumenta el tamaño del Estado, que cada vez maneja una proporción mayor del producto interno: con un mínimo de 5,4 por ciento en 1947 y un máximo de 29,6 en 2024 (según proyecto del PGN).

En el período 1950-2022 el promedio del grado de incidencia de la pobreza por ingresos monetarios insuficientes es de 58,3 por ciento; un máximo registrado en los años 1953-54 de 87 por ciento y un mínimo de 34,7 por ciento en 2018; a partir de este último año el grado de pobreza vuelve a aumentar: en 2022 su nivel fue de 36,6 por ciento. El Coeficiente de Gini en el período 1950-1922 registra un valor promedio de 0,518; con un valor mínimo de 0,4 durante los años 1950-54 y un máximo de 0,609 en 1963; en 2022 presentó un valor de 0,556.

Colombia, pobreza y desigualdad 2021-2022

En 2022, por ejemplo, en el total nacional, la pobreza monetaria fue de 36,6 por ciento y la pobreza monetaria extrema de 13,8. Al determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza, la cual indica el costo per cápita mínimo (establecido oficialmente por el gobierno) de una canasta básica de bienes y servicios en un área geográfica determinada. La línea de pobreza monetaria extrema es el valor en dinero que necesita una persona mensualmente para adquirir una canasta básica alimentaria que le provea el mínimo requerimiento calórico para subsistir.

En 2022, la pobreza monetaria fue 3,1 puntos porcentuales menor a la registrada en 2021, cuando fue del 39,7 por ciento; en consecuencia, entre 2021 y 2022, 1,3 millones de personas salieron de esa condición de pobreza. En 2022, en el total nacional, 18.331.941 personas estaban en situación de pobreza monetaria y en 2021 el registro era de 19.634.410.

En 2022, la pobreza monetaria extrema fue 0,1 puntos porcentuales superior a la registrada en 2021, cuando fue del 13,7 por ciento. En 2022, en el total nacional, 6.904.501 personas estaban en esa situación de pobreza y en 2021 había 6.773.594; por tanto, 130.907 personas adicionales entraron a la pobreza monetaria extrema. En 2022, la incidencia de este tipo de pobreza en los centros poblados y rural disperso representaba 2,1 veces la incidencia en las cabeceras (23,3 % frente a 11,0 %).

Un guarismo que no es idéntico en todas las regiones del país. En 2022, las ciudades que experimentaron mayor pobreza monetaria fueron Quibdó con el 62,3 por ciento, seguida de Sincelejo, con el 49,5. Por su parte, Manizales A.M. y Cali A.M. con el 20,6 y el 24,0 por ciento, respectivamente, fueron las ciudades que presentaron menor incidencia.

La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria extrema en 2022 fue Manizales A.M., con el 4,0 por ciento, seguida de Medellín A. M., con el 5,3. La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria extrema en 2022 fue Quibdó, con el 31,7 por ciento, seguida de Riohacha, con el 23,3.

Una posible hipótesis para explicar la reducción global de la pobreza y su aumento extremo entre los años 2021-2022 es la masiva emigración de nacionales, que se duplicó en 2022, llegando a 547.000 personas (según cifras de Cerac). Quienes salen del país para buscar oportunidades de mejorar su vida y encontrar trabajo, son jóvenes entre 18 y 29 años de edad, profesionales desempleados de estratos socioeconómicos medios (los pobres extremos, sin educación ni recursos difícilmente pueden irse al extranjero).

La emigración puede haber tenido tres efectos: reducir la oferta laboral y por tanto bajar la tasa de desempleo; mejorar el índice de trabajo informal; disminuir el grado de incidencia de la pobreza monetaria. La caída en la tasa de desempleo de 15,5 por ciento promedio en 2021 a 12,2 durante 2022 también contribuyó a la reducción de la pobreza monetaria global.

El instrumento que se emplea para calcular la desigualdad de un determinado país, es el índice o coeficiente de Gini, que es una fórmula para medir la disparidad de ingresos entre los miembros de una sociedad y que revela la desproporción entre los ingresos de los más ricos y los más pobres. En 2022, en el total nacional tal Gini fue 0,556. En 2021 fue de 0,563. A su vez, en 2022 el Gini en cabeceras municipales fue 0,538 y en 2021 fue 0,548. Por su parte, en los centros poblados y zonas rurales dispersas fue 0,479 para 2022 y en 2021 este coeficiente fue 0,462.

El grado de incidencia de la pobreza monetaria y la disparidad de ingresos entre los más ricos y los más pobres esta correlacionada con factores políticos (políticas tributarias y gasto social-laboral) y económico-demográficos (crecimiento del PIB, aumento de la población, mercado laboral, ingresos y poder adquisitivo real o índice de precios al consumidor (tabla 1).

Para develar lo que hay detrás de esto, nos valemos de una matriz de correlación, que es una herramienta estadística que muestra la intensidad y la dirección de la relación entre dos o más variables. De acuerdo con la matriz de correlaciones que toma como evidencia factual los datos de 1950 a 2022, la incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes está asociada positiva y significativamente con el ritmo de crecimiento de los precios de los bienes y servicios (inflación) y, por tanto, con la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y salarios (el valor de la canasta familiar se hace más costosa; en consecuencia, crece el valor de la línea de pobreza).

La correlación registra un valor inverso (aumenta una variable y, a la vez, disminuye el valor de la otra variable relacionada) con el coeficiente de desigualdad (al aumentar la pobreza puede reducirse la desigualdad por la caída de ingresos de la clase media vulnerable: equidad por lo bajo); la mayor presión fiscal o impositiva y el gasto público socio-laboral también inciden en la reducción de la pobreza monetaria; el crecimiento del PIB per cápita (PIB/Población) tiende a reducir el grado de pobreza monetaria pero a un nivel de significancia bajo; finalmente, el grado de pobreza monetaria puede aumentar a pesar de la reducción de la tasa de desempleo debido a la precariedad de ingresos, inestabilidad y peso significativo que registra el trabajo informal entre nosotros (El Dane informó que la proporción de trabajadores informales en el país fue de 58,2% para el trimestre septiembre-noviembre de 2022, equivalente a 13,1 millones de personas).

En resumen, la reducción en la condición de pobreza monetaria y su evolución está asociada con factores políticos (ausencia de corrupción, burocracia, clientelismo y asistencialismo, eficiencia y eficacia de la política fiscal y socio laboral, de una parte, y de la justicia distributiva, de otra) y económicos (estabilidad de precios de la canasta familiar, mercado laboral inclusivo, suficiente y dignificante, crecimiento relativo de la economía a un ritmo superior del aumento de la población, esto es, elevación del ingreso per cápita).

Por tanto, un Estado eficiente, eficaz, transparente políticamente y generador de oportunidades y capacidades tendría un efecto significativo en la reducción de la pobreza monetaria y las iniquidades; de manera complementaria, una economía con estabilidad de precios y que favorezca la inclusión y la generación de empleo digno y decente en las cantidades requeridas también tiene efectos positivos y significativos en eliminar la incidencia de la pobreza monetaria al elevar o mejorar los bajos e insuficientes ingresos de los hogares.

Economía, mercado laboral, inflación y pobreza

En estadística, la regresión lineal es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente (la pobreza monetaria por ingresos insuficientes, en nuestro caso de análisis) respecto a otras variables independientes: concentración del ingreso, presión fiscal o tributaria, proporción del gasto socio-laboral respecto al PGN, Inflación o IPC, tasa de desempleo y evolución del ingreso per cápita. Este método es aplicable en muchas situaciones en las que se estudia la relación entre dos o más variables o predecir un comportamiento (gráficos 1 y 2).

El coeficiente de determinación (R²) es una medida utilizada para explicar cuánta variabilidad de un factor dependiente puede ser causada por su relación con otros factores independientes. La correlación entre la pobreza monetaria (variable dependiente) y el crecimiento del PIB per cápita anual, la inflación anual (IPC) y la tasa promedio anual del desempleo (variables independientes o explicativas) tiene un valor de 47,2 por ciento.

Por tanto, el 52,8 por ciento de los cambios de la pobreza es explicado por otras variables no contempladas en el modelo. La reducción en la pobreza monetaria está causada principalmente por la disminución en la tasa de desempleo (el valor del coeficiente es de -2,42); y, en menor medida por el crecimiento del PIB per cápita (-0,93). El aumento de la inflación determina de manera directa el crecimiento de la pobreza monetaria (0,28).

Presión fiscal o tributaria, gasto social, pobreza y distribución

Como se explicó, la regresión lineal es una técnica de análisis de datos que predice el valor de cifras desconocidas mediante el uso de otro valor de datos relacionado y conocido. El coeficiente de determinación (R²) entre los cambios en la pobreza monetaria y el coeficiente de concentración Gini, el grado de presión fiscal, tributaria o impositiva y el porcentaje del gasto socio-laboral respecto al PGN tiene un valor explicativo de 93,1 por ciento.

Las variables políticas tienen una fuerza explicativa superior a las variables económicas. La justicia social o la igualdad registran el mayor impacto en la reducción de la pobreza monetaria: el coeficiente tiene un valor de -16,9. La participación del PGN en el PIB registra un valor de -1,47; el coeficiente del gasto socio-laboral es inferior: -0,57.

Pobreza e insurgencia popular

En los dos siglos de la historia independiente del país, coexisten conflicto armado y democracia, desarrollo económico y desigualdad social, modernización y violencia, integración territorial y exclusión de clases populares, concentración del poder oligárquico y subordinación del pueblo, participación política y represión, acumulación capitalista y pobreza, fortalecimiento del Estado y aumento de la burocracia y la corrupción.

Una de las funciones cruciales del Estado en su asociación con la clase económicamente dominante consiste en regular los conflictos de clase, asegurar la estabilidad del orden social y apoyar la acumulación de capital. A partir de la Constitución de 1991, el Estado se ha caracterizado por el asistencialismo, asumiendo en mayor grado la satisfacción de las necesidades socio-laborales. Durante el período 1950-2022, el gasto socio-laboral en relación al total del Presupuesto General de la Nación (PGN) registra un valor promedio de 32,4 por ciento; el coeficiente de variación es de 31,8 por ciento; el rango de proporción del gasto en esta función estatal es de 35,7 puntos porcentuales, con un mínimo de 11,4 por ciento en el año 1955 y un máximo de 47,1 en 1974.

Los diferentes gobiernos, independiente de su ideología política, se han inclinado por aumentar la tributación indirecta (como el IVA o el impuesto al consumo), fácil de cobrar, para evitar tensiones muy fuertes con los empresarios, los grupos más ricos y la oligarquía dominante.

El modelo social y económico se ha caracterizado por un contubernio entre los intereses e ideología de las oligarquías liberal-conservadora, apoyando a los empresarios y confiando, según la ideología dominante, en que sus inversiones crean empleo e ingresos para toda la población.

La intervención estatal, aunque mantiene su retórica de la lucha por la distribución del ingreso, se concentra en crear condiciones favorables para la inversión privada, aupar las actividades extractivas y de explotaciones minero-energéticas y en un asistencialismo social cada vez más amplio y focalizado en los sectores más pobres, ligado al clientelismo, la burocracia, las empresas electorales, la corrupción y la impunidad.

El hecho que la pobreza extrema aumenta en los años 2021-2022 y que el índice de desigualdad del país sea uno de los más altos en el mundo permite concluir que la políticas públicas socio-laborales son ineficientes, ineficaces y regresivas, en tanto el modelo de desarrollo es concentrador del ingreso y la riqueza, además de poco generador de empleo decente y digno.

A partir de 1991, la Constitución Política creó el marco jurídico para que parte de los recursos del Estado se orientara al pago de subsidios para reducir la desigualdad y la pobreza en el disfrute de derechos económicos y sociales, que abrieron también la puerta a nuevas formas de burocracia, clientelismo, corrupción, especulación y oportunidades de negocios y beneficios al gran capital.

Una dinámica que lleva a que el modelo económico y político de desarrollo vigente sea concentrador e injusto. El crecimiento en el ingreso per cápita no reduce la pobreza ni mejora la iniquidad de manera significativa. El coeficiente de desigualdad Gini está correlacionado de manera positiva pero poco significativa con la proporción del gasto público socio-laboral (0,07); la tasa de desempleo (0,37); y el crecimiento del ingreso per cápita (0,22); en consecuencia, el modelo económico y el precario mercado laboral favorecen la concentración del ingreso y la riqueza en Colombia.

En resumen, la pobreza generalizada y las desigualdades extremas son unas de las grandes tragedias de la sociedad colombiana y constituye uno de los mayores fracasos en el modelo de desarrollo y el sistema político, además porque son factores causantes del conflicto social crónico y de las diferentes y complejas violencias. La pobreza monetaria está asociada orgánicamente con la desigualdad socioeconómica, por tanto no pueden analizarse ni intervenirse de manera independiente una u otra.

La política fiscal equitativa y progresiva (ingresos y gastos), la calidad del gasto socio-laboral (eficiencia, eficacia, universalidad, accesibilidad, oportunidad y pertinencia) y la democracia participativa radical (ciudadanía universal, igualdad, libertad, solidaridad, pluralidad e inclusión) son fundamentales en el enfrentamiento de esa dupla que arrincona en la infelicidad a millones de connacionales.

La relación entre pobreza, desigualdad, mercado laboral, calidad de las políticas públicas y crecimiento económico y demográfico sostenibles permiten concluir que son problemas sistémicos y complejos que requieren de transformaciones estructurales del Estado, la democracia, la soberanía popular y del modelo de desarrollo.

Una realidad con raíces de origen e históricas. La naturaleza del Estado se ha definido desde 1821 como Republicana, popular y democrática; el régimen político es constitucionalista. En consecuencia, la naturaleza del Estado debería estar orientada por los valores de igualdad, justicia social, libertad real, democracia efectiva y dignidad humana; los cuales, por su parte, darían contenido a los fines de la emancipación, la soberanía popular y del sistema republicano.

No obstante, el poder político, económico e ideológico ha estado monopolizado y usurpado por las clases oligárquicas (bien sea liberal o conservadora, o en alianzas estratégicas entre los dos partidos del “establecimiento” y sus ramificaciones), en detrimento de las necesidades e intereses de las clases populares y trabajadoras. Los regímenes políticos hegemónicos han sido capitalista o neocolonial-feudal, en contubernio estructural. Con la promulgación de la Carta política de 1991 se intentó que el Estado adquiriera, por primera vez, un carácter social y democrático de derecho, fundamentado en el poder soberano de su pueblo (Preámbulo CP).

Una realidad con significativas implicaciones, toda vez que la pobreza, la desigualdad y la violencia socaban la democracia participativa y atentan contra la dignidad humana, a la vez que violan los derechos humanos. Como lo señala la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe, el eje central del conflicto político, económico e ideológico contemporáneo está entre el populismo socialista y el populismo de derecha.

Por consiguiente, sólo mediante la construcción de un «pueblo» –una voluntad colectiva popular que resulte de la movilización de los afectos comunes en defensa de la igualdad, la justicia social, la democracia radical y la dignidad humana– podremos combatir las políticas, el sistema económico y la ideología que promueve la oligarquía a través del populismo de derecha y el modelo neoliberal². La insurgencia política, económica e ideológica de las clases populares son las únicas que pueden hacer realidad los principios fundamentales (Título I) y los derechos, garantías y deberes (Título II) consagrados en la Carta Magna de 1991.

Notas

1   Nandy, Ashis. (2011). Imágenes del Estado. Cultura, violencia y desarrollo. Fondo de Cultura Económica, México, p. 122.

2   Mouffe, Chantal. (2018). Por un populismo de Izquierda. Siglo XXI editores, Argentina.

*   Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.