Colombia, el desafío de la paz: diálogo de las FARC con intelectuales y artistas

Rubén Montedónico– Voces|

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) fue invitada a una reunión en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se encuentran desde hace más de cuatro años inmersas en un proceso negociación con el gobierno sobre una salida de paz. El economista y docente uruguayo Antonio Elías, formó parte de la cdelegación y éstas fueron sus impresiones:

-El 22 y 23 de julio formé parte de la delegación de REDH que se reunió con miembros de la dirección de las FARC, para recibir información sobre el estado de los acuerdos con una parte de la dirección insurgente, entre otros, Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús Santrich -un guerrillero no vidente-, Victoria Sandino y Joaquín Gómez y, por supuesto, analizando de qué forma podíamos colaborar para favorecer la concreción de la paz en Colombia.

-¿En qué momento de los acuerdos gobierno-FARC se está?
-Es evidente que estos acuerdos y otros que deriven de ellos, entrañan cambios en la forma de expresarlos por las partes. Sin ir más lejos, implicaría mudanzas para las FARC -como grupo político legal directo, sin intermediarios -como lo fue la Unión Patriótica- y el gobierno.

-Hay que ver en qué situación está la insurgencia.
-Debe ponerse este tema en contexto. En Colombia van más de 60 años de conflictos armados y las FARC, en particular, llevan 52 años de lucha, pero ha participado de múltiples procesos de negociación desde 1990. En los últimos años han muerto varios de sus principales dirigentes que buscaban la paz: los comandantes Raúl Reyes, Manuel Marulanda, Alfonso Cano y a Estados Unidos fue extraditado Simón Trinidad. En este último caso las FARC reclaman que se lo libere para que participe en las negociaciones.

-¿Qué papel cumplen los países garantes?
-En las reuniones se destacó el papel determinante de Cuba y Venezuela, y en particular recordaron la importancia inicial del Comandante Chávez en este proceso. En marzo del 2011 comenzaron reuniones exploratorias entre el gobierno y las FARC. Luego de casi un año y medio, en agosto de 2012 acordaron una agenda para los diálogos que iniciaron en Oslo en octubre de ese año y se continuaron, hasta hoy, en La Habana. Cuba y Noruega son los garantes del proceso, están permanentemente en la mesa de negociación como observadores, en tanto Venezuela y Chile participan como naciones acompañantes.

-Aunque la paz no sea el cese de los enfrentamientos, hay que empezar por algo, ¿no?
-En un inicio las FARC y diversos sectores sociales y políticos de Colombia demandaron un cese el fuego bilateral que no fue aceptado por el gobierno. A  pesar de esa negativa, las insurgencia dispuso, en varias oportunidades, ceses unilaterales: el primero de ellos en noviembre de 2012 y el sexto y último, en julio de 2015.

-Al final se llegó al cese el fuego…
– Un hito fundamental de este proceso se dio el 23 de junio de 2016 cuando las delegaciones del gobierno y las FARC acuerdan el cese el fuego y las hostilidades, proceso bilateral y definitivo, así como la dejación de las armas por los insurgentes. Entre los anuncios claves está que el acuerdo final de paz incluye la concentración de guerrilleros en 23 zonas -en forma transitoria-, que las armas las recibirá la ONU y que aceptarán el mecanismo de participación que avale la Corte Constitucional.

-Pero hay más insurgencia que las de las FARC.
-Sí. Hay que agregar que tras un largo período de exploración, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en marzo pasado inició un diálogo con el gobierno, que se realiza en Ecuador. Así, las dos grandes fuerzas guerrilleras de Colombia participan de procesos tendientes al logro de la paz.

-¿Qué se ha coseguido hasta la fecha?
-El proceso, como tal, fue diseñado en el llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Al respecto los comandantes destacaron la necesidad de que la sociedad participe activamente en la construcción de la paz: para ese fin se confió a la Universidad Nacional y a la ONU la realización de foros en que ciudadanos y organizaciones presenten sus propuestas sobre los diversos tópicos a los que se refieren los acuerdos…

Los seis grandes temas de la agenda son: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas y 6. Implementación, verificación y refrendación.

Un principio central de las conversaciones es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. A la fecha se llevan firmados varios acuerdos y empecemos con el de Política de Desarrollo Agrario, de junio de 2013. Tiene cuatro pilares: acceso y uso de la tierra, programa de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras; desarrollo social, estímulo a la producción agropecuaria; formalización laboral y sistema de seguridad alimentaria.

En diciembre de ese año se arribó al de Participación Política. Este está construido sobre tres principios: derechos y garantías para la oposición política; mecanismos democráticos para la participación ciudadana; promoción de la participación política. Al siguiente se arribó en mayo de 2014 y versa sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Este contempla tres aspectos básicos: plan para la sustitución de cultivos ilícitos; programas de prevención de consumo y salud pública; solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos.

Así, se continuó con la Conformación de la Comisión Histórica del Conflicto, en agosto de 2014, que entregó en febrero de 2015 un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto; los principales factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a su persistencia; y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población. En diciembre del año pasado, se dirimió uno de los puntos de discusión en la negociación que representó mayores dificultades: el referido a los derechos de las víctimas y la justicia. En este, el objetivo central es construir un sistema que combine diferentes tipos de mecanismos –judiciales y no judiciales- proporcionando satisfacción a los derechos de las víctimas.

-¿Cómo se conduce todo este proceso?
-En el correr de este año se acordó: en marzo, crear un mecanismo de seguimiento y verificación sobre cese el fuego y hostilidades; en mayo, los instrumentos que brindan seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final, para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico y dar garantías de cumplimiento del mismo, tanto conforme al derecho interno colombiano como al derecho internacional y, por último, lo hemos señalado, la firma del acuerdo de cese el fuego y el abandono de las armas.

-¿No vemos dónde está el acuerdo sobre control de los acuerdos?
-Los avances han sido muy importantes pero ahora, señalaron, queda por resolver lo fundamental: el acuerdo sobre la implementación, verificación y refrendación. Entiendo que esa es hoy la principal preocupación de la delegación de las FARC. Es plenamente entendible, porque la historia de nuestro continente, y en particular de Colombia, muestra que en múltiples oportunidades los acuerdos de paz han sido violados y fueron asesinados
dirigentes y militantes insurgentes.

-¿Cuáles son los principales problemas y riesgos para que se concluya este proceso de paz?
-A nuestro modesto entender existen múltiples dificultades, ninguna insalvable, por lo cual es fundamental que se apoye desde todos los ámbitos posibles a este proceso de construcción de la paz. Existe el riesgo electoral si se piensa en lograr los votos necesarios en el plebiscito por la paz a que habrá de someterse lo actuado y que fue fijado por la Corte Constitucional. Al respecto sectores importantes de las clases dominantes, con Álvaro Uribe como figura política principal, vienen desarrollando una intensa campaña contra este proceso, aduciendo que es una violación del orden constitucional y una entrega del país a las FARC.

La argumentación oculta sus intenciones de frenar la aplicación de la Jurisdicción Especial para la paz, que tiene entre sus fines el esclarecimiento de la verdad sobre causas, orígenes, efectos y responsables del conflicto, en el que están fuertemente involucrados esos opositores.

-¿Y el ejército?
-Otro riesgo, mayor y vital, es que continúe la doctrina militar del enemigo interno; el paramilitarismo -más allá que el gobierno diga que son cosa del pasado-; la criminalización de la protesta social y la historia de acuerdos con la guerrilla que el estado no cumplió. No debe olvidarse, tampoco, la existencia de múltiples bases militares de los Estados Unidos en territorio colombiano, con una enorme capacidad de incidencia y participación encubierta en acciones contra las organizaciones guerrilleras.

Al respecto, señalaron los dirigentes de las FARC, que es esencial el papel que deben cumplir los garantes de la comunidad internacional en su conjunto y aclararon que de ninguna manera se aceptará la participación de tropas extranjeras, a ningún título, como avales de la paz.

-¿En qué estado político están las FARC?
-Veamos lo político. Hasta ahora los acuerdos se han realizado sobre lo que las FARC denominan “propuestas mínimas”, pero quedan explícitas salvedades donde esta organización apunta sus metas para llegar a una sociedad con cambios políticos, económicos y sociales muy profundos, con los que, obviamente, no coincide el gobierno. En ese marco es esencial que los ex guerrilleros y los presos políticos -que serían aproximadamente nueve mil, dos
mil setecientos de las FARC- puedan insertarse en todos los ámbitos de la sociedad a fin de impulsar, como movimiento, las medidas de cambios profundos que estuvieron en el origen de la lucha guerrillera. Lo contrario produciría un proceso de aislamiento social y político de esta fuerza que implicaría una derrota estratégica.

Otro factor de riesgo, es el narcotráfico y la corrupción como elementos que movilizan ingentes recursos para conspirar contra la paz y la democratización del país. Al  paquete de riesgos hay que sumar una posible instalación mayor de transnacionales, lo que afectaría a los pueblos originarios, las comunidades rurales y los recursos naturales. Es notorio que detrás de esta acción de paz del gobierno está el interés del gran capital para acceder a la explotación de riquezas que hoy están en zonas de conflicto.

-¿De qué forma se debe leer esta situación en el devenir político regional?
– Todo esto se inscribe en una situación geopolítica compleja: por un lado, el debilitamiento del bloque progresista –que más allá de todas sus limitaciones ideológicas ha jugado un papel relevante en defensa de la paz – que redunda en debilidad de la fuerza de la CELAC y de UNASUR para demandar  garantías en la implementación de los acuerdos. Por otro, la ofensiva que lleva adelante Estados Unidos y sus aliados contra el gobierno de Venezuela, lo que limita el papel que este país puede jugar en la consolidación de la paz. Asimismo, desde otra óptica, se teme que pueda haber un desplazamiento de fuerzas paramilitares, mano de obra desocupada, hacia Venezuela para desestabilizar por medio del terror dicho país.

-¿Cómo serían los mecanismos legales que se aplicarían?
-Se creará un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, basado en la justicia transicional que no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto.

El sistema tiene cinco mecanismos: uno, la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, un órgano temporal y de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones; dos, la unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, un organismo de carácter humanitario y extrajudicial; tres, la jurisdicción especial para la paz, que incluye una Sala de Amnistía e Indulto y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; cuatro, medidas de reparación integral para la construcción de la paz; quinto, las garantías de no repetición. Los acuerdos a que se están arribando fueron remitidos a Suiza para ser considerados como un tratado internacional humanitario, con todas las garantías que esto conlleva.

-¿Cuáles serían las propuestas políticas de las FARC como movimiento legal?
-Creo que las salvedades señaladas en cada uno de los acuerdos marcan, en gran medida, cuál es el proyecto político que las FARC proponen. A título de ejemplo, erradicación del latifundio improductivo; freno a la extranjerización del territorio con prohibición de la compra de tierras en grandes extensiones por parte de empresas transnacionales; revisión y renegociación de los tratados de libre comercio. Un punto central para llevar adelante su proyecto pasa por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Apuntan a ser una vanguardia colectiva en convergencia con otros movimientos y sostienen que su proyecto histórico sigue siendo la patria grande y el socialismo.

–Pasando raya, ¿cuál es tu evaluación de este contacto, sobre estos acuerdos y qué papel desempeñaría en el futuro la REDH y eventualmente la SEPLA?
-Quedaron definidas varias líneas de acción para la REDH, entre otras: difusión de los acuerdos logrados y dificultades que se vayan produciendo en el proceso de negociación, por demás complejo, que ingresa en etapas cruciales; participar, de ser necesario – en caso de ser convocados – en la verificación del cumplimiento de los acuerdos. La REDH, además, está elaborando una declaración favorable al proceso de paz que tendrá, sin duda,
el respaldo de personalidades de todo el mundo. La SEPLA, por su parte, emitió un comunicado en el que expresa respaldo a la mesa de negociaciones instalada en La Habana que significa el reconocimiento del carácter político del conflicto armado y la imposibilidad de encontrar una victoria militar para las clases dominantes. Como integrante de esta instancia, destacamos que la búsqueda de una salida negociada ha sido un reclamo histórico de movimientos sociales y organizaciones guerrilleras para poner frenos a la profundización de la guerra y al drama humanitario que provocan las políticas militaristas que buscan una solución por la vía armada.

Hay que agregar que se reconoce y apoya a los diversos sectores del movimiento campesino, urbano, juvenil, de mujeres, LGTBI, sindical, articulados en plataformas sociales que han jugado un papel protagónico en todo este proceso. Para ellos se trata de un paso fundamental para la profundización de la disputa social con un horizonte anticapitalista que transforme la estructura social excluyente, despojadora, militarista y antidemocrática actual. Decir, además, que la SEPLA convoca a sus integrantes, a las organizaciones sociales y políticas y a aquellos que quieren la paz con justicia en Nuestra América, a trabajar para que se concreten los acuerdos en Colombia con las máximas garantías y derechos para todas las partes.

*Entrevista a Antonio Elías publicada en el Semanario “Voces”, Montevideo, el 11 de agosto de 2016.