Colombia: cautela y esperanza por el inicio de una negociación crucial

DANIEL CASAS |  Las negociaciones de paz que iniciarán en octubre el gobierno colombiano y las FARC fueron recibidas con cautela y esperanza por parte de los colombianos, que a pesar de los anteriores fracasos y de los temas espinosos por resolver, como el narcotráfico, ven por primera vez como una posibilidad cierta el fin de 48 años de confrontación armada.

Daniel Casas – Télam

El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parecen haber llegado a la convicción de que si no cambian radicalmente de estrategia, sus futuros están condenados, lo que explica que el temario de las negociaciones tenga objetivos más realistas que los de las anteriores negociaciones, en las que se planteaba discutir, por ejemplo, el sistema económico del país.

En cambio, en el actual temario se incluyó la tenencia de la tierra, que es histórico, pero sin hablar de reforma agraria. Esto, que altera a los sectores terratenientes de Colombia, contempla además la situación de los miles de desplazados por el conflicto, y trae aparejada la discusión de los derechos y garantías de las víctimas de la confrontación.

El gobierno de Santos acaba de ingresar en la mitad de su mandato con una baja en la consideración popular, a pesar de las potencialidades que muestra la economía colombiana, que necesita ser más previsible para dar un salto cualitativo, según dijo el mandatario al anunciar estas negociaciones.

Por ende, si los diálogos que se iniciarán en Oslo a principios de octubre y continuarán en La Habana desembocan en un acuerdo de paz, Santos cosechará los réditos de ser el presidente que puso fin al principal conflicto armado de Colombia, lo que no sólo le aseguraría la reelección, sino también un peso político ineludible para el futuro, y a la vez sacará el tapón que obstruye los planes de crecimiento que necesitan territorios no hostiles.

Por su lado, las FARC, que salieron fortalecidas militar y estratégicamente tras el proceso de paz del Caguán (ver aparte), de 1999, comprendieron que “el equilibrio de fuerzas con el Estado ha cambiado dramáticamente en la última década”, y no en su favor, según señaló a Télam la especialista en el conflicto interno de Colombia Arlene Tickner, docente de la Universidad de Los Andes.

En la misma línea de análisis, el director del bogotano Centro de Estudios de Justicia, Rodrigo Umpimmy, destacó que la predisposición a negociar por parte de las FARC indica que “tomaron nota de que, más que militarmente, fueron derrotadas estrategicamente y esta es, entonces, una de las últimas oportunidades para tratar de convertirse en un actor político”.

Ese objetivo de pasar del terreno militar al político explica que uno de los puntos de temario de negociaciones sea la eventual desmovilización de las FARC y, sobre todo, las garantías para integrarse a la vida política del país. Los antecedentes juegan en contra.

Tras una tregua establecida con el gobierno de Belisario Betancur en marzo de 1984, miembros de las FARC se desmovilizaron para sumarse al movimiento político Unión Patriótica (UP), que participó de las elecciones de 1986.

Durante el gobierno de quien resultó electo presidente en esos comicios, Virgilio Barco (1986-1990), se desató un exterminio sistemático contra la UP. En poco más de cinco años fueron asesinados cerca de 3.000 militantes y dirigentes, entre ellos varios candidatos presidenciales.

“Ese es un antecedente tremendamente malo, por eso el acuerdo incluye no solamente garantías políticas sino también prácticas, para que en caso de que llegue a convertirse en un actor político el Estado de seguridad”, señaló a Télam Umpimmy, quien destacó como antecedente positivo el pase al terreno político del M-19, otro grupo insurgente de peso en los `80 (ver aparte).

Pero a pesar de la aparente predisposición del gobierno y las FARC para avanzar en una negociación, se prevé que habrá otros actores del conflicto que accionarán para hacer abortar el proceso, al punto que no descartan brotes de violencia.

“El desafío es evitar que tengan presencia no son sólo actores políticos, sino actores ilegales que boicoteen los acuerdos a que se pudieran llegar, como ocurrió en otros casos con la violencia paramilitar”, agregó Umpimmy.

Entre los “actores ilegales” aparece como protagonista más sensible el narcotráfico, que agrega un poderoso factor externo al conflicto interno de Colombia.

“Uno de los puntos neurálgicos del proceso es cómo se van a desvincular las FARC de las etapas de la cadena de producción del narcotráfico en las que participan, que es un tema que no se ha explicitado en qué forma se manejará”, señaló Tickner.

“Va a tener que haber una negociación con Estados Unidos, como un actor más de este tema, sobre cómo blindar el proceso y como se aplicarían las leyes de extradición y el control del narcotráfico en ambos países.

Se trata de un tema espinoso que va a tener que negociarse también con ese país, que no ha sido ubicado como país garante ni nada por el estilo”, destacó la analista, estadounidense pero radicada desde hace décadas en Colombia.

Para Umpimmy, es un interrogante qué se pretende al incluir al tema narcotráfico en el temario.”Puede haber, paradójicamente, muchas coincidencias entre el gobierno y las FARC; ambos son críticos de la politica de guerra a las drogas y de la política de la prohibición porque la ven como un fracaso”, señaló.

“Creo que a ambos les interesa que en caso de que se pueda poner fin al conflicto armado los espacios geográficos que ocupan las FARC no sean retomadas por bandas del narcotráfico, sino que ahí haya un control estatal. Si se logra eso, podrían tener buenos argumentos como para plantear temas complejos y sensibles al gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo la liberación de guerrilleros extraditados”, agregó el analista.