Colombia: Atentado contra Fernando Londoño era para asesinar el marco jurídico para la paz
JUAN ALBERTO SÁNCHEZ MARÍN| En Colombia, tan comunes como son los atentados de cualquier tipo, llámense terroristas o no, son los apresuramientos para lanzar hipótesis al respecto. Apenas se dispara la bala o estalla la bomba, se esparcen conjeturas sobre la sangre y los escombros. Pero no se trata de cualquier tipo de suposiciones. Son acusaciones fríamente calculadas. Tanto, que a veces le hacen a uno pensar que quienes las sueltan con tal desfachatez saben algo más de lo que dicen, o, incluso, que son arte y parte del tenebroso asunto.
O, por lo menos, siendo lo que se dice bien pensados, que son expertos en el arte de pescar en río revuelto. Un oportunismo de maravilla, que atiza fuegos a discreción. Salió buscando cámaras y micrófonos el ex vicepresidente Francisco “Pacho” Santos de la Clínica El Country, luego de visitar al aún aturdido ex ministro uribista Fernando Londoño, víctima de una bomba al norte de Bogotá, para afirmar que esa era una prueba de que las FARC no querían el Marco Jurídico para la Paz. Las FARC… ¿o él y sus allegados? Allegados… ¿o aliados?
Algo diciente, aunque triste, es que el pintoresco ex vicepresidente colombiano, que tan presto cayó en la cuenta de atacar el proyecto legislativo, nunca tuvo palabras en su agitado Twitter para expresar su solidaridad con las víctimas. Ni una.
Cuando a muchas fuerzas en este país no les va tan bien disparando al frente, pues empiezan a disparar al lado. Entonces no se respeta clase, ni orillas, ni figuras. Si encaja con los propósitos más altos, que no se vayan a confundir con designios dignos, sino egoístas, de clan mafioso, pues se vuelan algunas fichas del tablero de un manotazo.
El asesinato de uno de los suyos o el amedrentamiento de un peón no es nada grave. Como no lo es la conformación de grupos paramilitares para “limpiar” regiones enteras a sangre y fuego. Ni los genocidios. Ni las masacres. Ni las matazones. Ni los desplazamientos masivos.
La ultraderecha colombiana está acostumbrada a freírse en su salsa de sangre. Algo connatural a partir de las alianzas que adelanta con el diablo, siempre en bien de alguna innoble causa superior: La tenencia de la tierra y el control territorial, la ampliación de las fronteras ganaderas o agrícolas, la explotación minera o de los hidrocarburos, el control extendido de negocios o comercios, la repartición y expoliación de perímetros urbanos en el corazón de las grandes ciudades.
Nunca se supo en este país quién mató a Álvaro Gómez Hurtado. Ni siquiera supimos quien voló en pedazos hace poco la estatua de su padre, el amargo ex presidente Laureano Gómez, treinta años después de muerto. Las investigaciones por esclarecer ambos hechos siguen y seguirán sin llevar a ninguna parte.
Porque en este país la justicia sólo opera para justificar los remoquetes que los poderosos siembran en los medios, y esa es la visión del mundo y de las cosas que todos debemos seguir. No puede obrar cuando conduce a involucrar altos mandos militares, o empresariales, o mafiosos de la misma orilla.
Mejor dicho, a los afines al difunto, a los de la misma clase del muerto, que con tal de fregar a un gobierno incómodo, de crear caos o alterar el curso de los acontecimientos, busca deshacer el país en titulares escandalosos y de espanto.
Es una derecha que sabe cómo ponerle trabas y sabotear lo que no le conviene. Sean políticas, sean leyes, sean negociaciones, sea la paz misma. Si una investigación avanza, se desvía, se le inventan testigos, se efectúan falsas acusaciones, se miente. Y que sabe mucho acerca de endilgar culpas.
Las guerrillas han cometido actos terroristas, es cierto, y así lo han reconocido. Pero una buena parte de esos reprochables actos han sido llevados a cabo por la oligarquía colombiana, por los militares, por las transnacionales, por el propio estado, y por todos estos en connivencia.
Pero no sólo por la razón obvia de la generación de las condiciones de desigualdad extremas, de las injusticias sociales, de la falta de 
oportunidades para el grueso de la población, que son un caldo de cultivo para el florecimiento y permanencia de las guerrillas, sino porque es su propia mano la que jala los gatillos o prende las mechas.
En este país, en el que los medios ven la realidad en blanco y negro, las circunstancias muestran que el blanco está manchado y que el negro no lo es tanto como algunos quisieran.
Sin embargo, los mayores interesados en la guerra y en la degradación del conflicto siguen empeñados en hacernos ver las cosas al contrario de lo que son y en caliente pregonan las culpabilidades que les conviene y eximen a quienes se les ocurre. “A nadie más se le puede atribuir y tenemos los elementos para poder decir lo que estamos diciendo” (1), afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, atribuyendo a las FARC el atentado al ex ministro Londoño.
Entonces cabe preguntarse: Al cabo de unas cuantas horas sabe el general a qué grupo pertenecían unos motociclistas de los que nadie da razón, ni siquiera las cámaras, a no ser el hecho de que llevaban puesto un disfraz que no dejaba verles ni la cara. Y si era que se sabía desde antes quiénes eran, como se dio a entender cuando se afirmó que a Londoño lo seguían los criminales desde hace tiempo, ¿por qué no se hizo algo al respecto y a tiempo?
La razón es sencilla: es pura charlatanería mediática, otra vez para pensar lo mejor y no creer que el policía es inepto o cómplice. Es muy extraño que siempre en estos casos se sabe más recién sucedido el atentado terrorista que a medida que transcurre el tiempo. Segundos después se afirma sin lugar a dudas que fueron las FARC. Unas horas después ya se duda o francamente no se sabe. Por lo menos así lo reconocen algunos honestos.
Independientemente de que sea o no el grupo subversivo el autor del hecho, lo que prende las alarmas es la vociferación casi preventiva de que la agrupación es la culpable. Y que además se les endose el rechazo al Marco Jurídico para la Paz, un proyecto que si bien de seguro no resulta de su preferencia, al menos no ha sido el centro de sus pronunciamientos ni ataques, como sí lo ha sido del principal encargado de hacer las apresuradas acusaciones: Álvaro Uribe Vélez.
El ex presidente se opone a cualquier mecanismo que conduzca a una salida negociada al largo conflicto colombiano. Es la posición asumida por buena parte de la ultraderecha del país, que pretende doblegar a las organizaciones armadas a través de las armas y la guerra. Un camino demencial que ha causado la muerte de miles de colombianos, soldados, guerrilleros y civiles, durante más de sesenta años, pero que tiene beneficiarios muy poderosos.
“Yo no creo que al país le convenga ablandar la seguridad por buscar la negociación con el terrorismo”, ha afirmado Álvaro Uribe (2), quien desde puntos de vista distintos terminó sentado en la misma butaca de su discrepante José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, atacando el proyecto. Uribe anhela un proyecto nada beneficioso con la guerrilla y muchísimo más favorable con los militares. Vivanco lo desea menos conveniente para ambos. Lo que ambos pretenden en la aparente disensión es que no exista ninguna condición para buscar la paz. Del mismo modo que los voceros de la derecha vieron en el atentado su ocasión para bombardearlo (3)
El proyecto no es una panacea. Al contrario, no puede ser bueno si partió del congresista Roy Barreras. Pero tampoco puede ser tan malo toda vez que es atacado con tanta vehemencia por Álvaro Uribe. A esto hemos llegado. Un tanto confuso, bastante redundante, indeterminado, se enmarca en una justicia transicional, pero tampoco se lo ve como excepcional, resulta contradictorio en esencia, en fin. Tal vez por eso mismo puede ser un punto de partida en un país que no se entiende sin esa esencia leguleya.
El ex presidente Uribe se queja de que este marco jurídico es “amnistía, indulto y elegibilidad para los terroristas”. Tal vez le duele tanto porque fue precisamente eso lo que él quiso y logró para el paramilitarismo, que se afianzó en el poder económico del país y se incrustó en todas las esferas de la política nacional durante los ochos años de su gobierno.
Sea cual sea la realidad de los acontecimientos recién vividos, que nunca sabremos a ciencia cierta a pesar de los reiterados y acalorados anuncios de investigaciones exhaustivas, el recién importado director de noticias de Caracol Luis Carlos Vélez se quedó con los crespos hechos en Cartagena.
La bomba en Bogotá quemó las serpentinas por el TLC con los Estado Unidos en el puerto del Atlántico y de pronto por eso escribió con tanta rabia el periodista en su cuenta en Twitter: “No vaya a ser q estos terroristas del carro bomba de hoy en Bogotá, vayan también a recibir los beneficios del “marco jurídico para la paz”. (4). Todo esto permite pensar que el execrable atentado contra Fernando Londoño era para asesinar el Marco Jurídico para la Paz, pero salió herido el ex ministro e ileso el proyecto de Acto Legislativo, que ha sido aprobado en su sexto debate en la Cámara de Representantes y sigue camino a convertirse en Ley de la República (5).
NOTAS:
(1) El Espectador: “Policía atribuye a las Farc el atentado contra ex ministro Londoño”. 15 de mayo de 2012. http://bit.ly/KqYktn
(2) Confidencial Colombia: “Una bomba que agudiza la disputa Uribe-Santos”. 15 de mayo de 2012. http://bit.ly/JEejSR
(3) Portal La Silla Vacía: “La derecha ve en atentado contra Fernando Londoño oportunidad para hundir Marco para la Paz”. 15 de mayo de 2012. http://bit.ly/JtrqJj
(4) Idem.
(5) El Tiempo: “Niegan proposición para archivar el marco jurídico para la paz”. 15 de mayo de 2012. http://bit.ly/K2CiJn
*Periodista, analista y realizador de cine y televisión colombiano.