Colombia: 39 militares imputados por los asesinatos de “falsos positivos”
Camilo Rengifo Marín
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de la justicia colombiana imputó este miércoles a cuatro generales retirados del Ejército, junto a otros 35 oficiales y suboficiales, por crímenes de guerra y lesa humanidad implicados en la desaparición forzada y posterior homicidio 442 civiles falsamente reportados como guerrilleros
Entre estos “falsos positivos” (asesinatos de civiles presentados como bajas en combate) en el departamento de Antioquia entre 2004 y 2007, de los cuales 26 eran menores de edad. Con la política de “falsos positivos”, el Ejército engañó y ejecutó a jóvenes inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras en combate, lo que permitió a muchos militares obtener ascensos y otros beneficios dentro de la institución, debido a su supuesto éxito en la lucha contra la guerrilla.
Se estableció que, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007 en Antioquia, ocurrieron al menos 270 hechos violentos con 442 víctimas, de las cuales solo ocho lograron sobrevivir. Dentro de estos casos, 26 fueron contra víctimas menores de edad. Además, se registraron 203 casos de desaparición forzada.
Es la primera vez que en una imputación por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, la Sala de Reconocimiento confirma que se cometieron actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares.
“Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían”, se lee en el auto de determinación.
La JEP señaló que la narrativa impuesta por los mandos militares y transmitida a las tropas a través de programas radiales promovía la idea de que “el buen soldado era aquel que producía bajas“. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó que esta política de ejecuciones extrajudiciales estuvo dirigida contra sectores vulnerables de la población, como campesinos, disidencias de género, menores de edad, desempleados, personas con discapacidades o habitantes de la calle.
La política de facto de conteo de cuerpos incluyó “actas de compromiso” suscritas por los comandantes y miembros de las unidades, en las que se comprometían explícitamente con un número específico de bajas en combate. También que los altos mandos descalificaban las capturas de los insurgentes y ponían por encima las muertes en dichos falsos combates.
El alto tribunal también estableció que el oficial de Operaciones de la Cuarta Brigada, Juan Carlos Piza Gaviria, ordenaba diariamente: “Tenemos que por lo menos completar las 30 bajas este mes”; “A la fecha 25 de julio llevamos solamente 241 bajas. Si seguimos con esa tónica de tres bajas diarias, al término del mes lograremos completar por lo menos 20 bajas”; “Nos quedan 48 horas para aumentar los resultados. Por lo menos completar los mismos del año pasado. Faltan 8 bajas para completar 30”; entre otras.
Los cuatro generales imputados fueron “máximos responsables de liderar “la política de facto de conteo de cuerpos” que desató el “patrón macrocriminal” en el que, por lo menos, 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como falsas bajas en combate. Por primera vez en una imputación de “falsos positivos”, se documentaron actos de tortura contra las víctimas o sus familiares.
Los imputados son los ex oficiales Óscar Enrique González, Luis Roberto Pico, Jorge Ernesto Rodríguez y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y jefes de operaciones de la Brigada IV en el período de los homicidios, anunció la vicepresidenta de la sala, Catalina Diaz,
El tribunal también imputó a otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones “por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes”. También fueron implicados dos civiles que, en calidad de terceros, formaban parte de una “red criminal” dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas a los militares a cambio de dinero.
El magistrado Ramelli recordó el caso del niño Elieéer de Jesús Manco Úsuga, de 12 años, quien fue asesinado en Dabeiba, Occidente antioqueño, y presentado como un guerrillero muerto en combate. Hace poco su cuerpo fue entregado de forma digna a su familia, al igual que otras 14 víctimas de estos hechos en esa zona del departamento.
Para la JEP, los acusados “adoptaron la práctica sistemática de asesinar civiles indefensos, ajenos al conflicto armado” durante las operaciones en Antioquia, donde lideraron una política de facto de “conteo de cuerpos”.
Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos comparecieron ante la JEP en busca de penas más leves a las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinaria. La jurisdicción es parte del acuerdo de paz firmado en el 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y tiene facultades para imponer penas más leves a las ordinarias a cambios de verdad, justicia y reparación.
Esta es la séptima resolución dentro del Caso 03 de la JEP, que investiga los “falsos positivos” en Colombia. La indagación reveló que al menos 6.402 personas fueron asesinadas por el Ejército y reportadas falsamente como combatientes caídos. La JEP busca ahora determinar si hubo responsabilidades a nivel nacional para garantizar justicia a las víctimas y resolver la situación jurídica de más de 4.000 ex militares acogidos a esta jurisdicción especial.
En agosto de 2023, la JEP había determinado que el general Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada para 2002 y 2003, puso en marcha en su jurisdicción la misma política de facto de conteo de cuerpos, por lo cual también le imputaron címenes de guerra y de lesa humanidad a él y a ocho oficiales y suboficiales más.
Montoya optó por la vía adversarial y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del alto tribunal, al igual que el coronel Iván Darío Pineda Recuero. Los otros siete exmilitares imputados, entre ellos un coronel, reconocieron su responsabilidad y se aprestan para la Audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)