Cinco cambios en la mentalidad política que llegaron con Petro

Antonia Diaz y Camilo Andrés Garzón |

Se cumple un año de la llegada de Gustavo Petro al poder. Más allá de las políticas públicas que ha promovido o del éxito o fracaso de sus reformas en el Congreso, su presidencia ha sido símbolo de nuevas realidades en la política colombiana: significó la derrota del uribismo, el ascenso al poder (al Congreso, a la Presidencia) de movimientos sociales que no habían tenido representación política, y que venían de movilizarse en las calles en 2019, 2020 y 2021.

A un año de su llegada, la Silla Académica abordó con tres académicos la pregunta sobre cuáles han sido los cambios en la mentalidad política de los colombianos, es decir, cuales son los temas públicos que nos importan, cómo han sido abordados desde la presidencia de Gustavo Petro. Este es el resumen de sus respuestas en cinco cambios.

Los entrevistados fueron Carlos Andrés Charry, profesor de sociología de la Universidad del Rosario en la Escuela de Ciencias Humanas, y autor de “Shattering Peace”. Peace Agreements and Public Opinion in Colombia during Iván Duque’s Administration” (2022). Con Adolfo Chaparro, filósofo retirado del Rosario y autor de libros como La cuestión del ser enemigo: el contexto insoluble de la justicia transicional en Colombia (2018) y editor de Cultura Política y Perdón (2018), y con Danghelly Giovanna Zuñiga, profesora de periodismo en la Escuela de Ciencias Humanas de la misma universidad.

1. Se ha normalizado el debate sobre reformas sociales

En contraste con el gobierno anterior, Gustavo Petro llegó con una agenda reformista ambiciosa en distintos frentes: impuestos, educación, relaciones laborales, sistema de salud, servicios públicos, etc. Esa agenda se ha encontrado con dificultades en el Congreso, por lo que al comienzo de la segunda legislatura llegan sin un camino claro para su aprobación.

Adolfo Chaparro dice que eso se debe, en parte, a que el gobierno ha mostrado una dificultad tecnocrática para explicar y convencer a otros sectores de la bondad de sus reformas. “Si las reformas no están claramente diseñadas, pues al final, probablemente, el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, en eso hay que tener los pies muy bien puestos, y no abrir la expectativa de unas reformas que van a beneficiar a todo el mundo, porque eso no es así, y hay sectores que salen más afectados que otros”, dice.

Aun así, Chaparro explica que, independientemente del éxito en el trámite de esas reformas, uno de los cambios que ha venido posicionando el gobierno Petro es que esas discusiones estructurales sobre las instituciones principales de la sociedad se tienen que dar, y que repensarlas hace parte del debate político.

“El cambio es que esas reformas no van a dejar de estar presentes de ahora en adelante en el Estado colombiano. Poco a poco se pierde el miedo a pensar qué vamos a hacer con las pensiones o con el sistema de salud. Puede ser que al final encontremos que no es necesario ser tan radical en la formulación, o lo contrario. Pero lo importante es que esos temas se vuelven parte de los problemas de la política, sea en este gobierno o en el siguiente. Ya queda en la agenda la pregunta por esas reformas, que no le pertenecen al gobierno Petro, sino que van más allá de este”, dice.

Para Carlos Charry, eso se ha traducido en una apertura temática del debate público, pues la agenda del gobierno se ha desmilitarizado y ha dejado de girar en torno a una visión del Estado principalmente como un proveedor de seguridad:

“El gobierno actual ha posicionado temas que antiguamente parecían marginales. Por ejemplo, al poner en el centro de la discusión el medioambiente y el cuidado de la naturaleza con la idea de hacer a Colombia una potencia mundial de la vida, ha ido instalando una necesidad de pensar más a fondo las relaciones entre la Colombia rural y la urbana. Con el gobierno Petro la agenda de los temas que son de interés público se ha ampliado, y eso es una ganancia para el debate”, dice.

Una opinión que comparte la profesora Danghelly Zuñiga: “Ahora hay un discurso más permanente sobre la necesidad de lograr la igualdad y la equidad. Es un discurso centrado no sólo en la clase, sino en el ejercicio de la igualdad frente a la vida económica, a las posibilidades y al ascenso social. Con la idea del conflicto armado en la mente, la urgencia de estos temas no había aparecido con la intensidad que aparece ahora en el debate”, dice.

2. Ahora hay un diagnóstico más realista del conflicto

Para Adolfo Chaparro, la continuación de la violencia en el país confirma los indicios muchas veces reiterados por los estudiosos del conflicto de que en Colombia el Estado sigue en construcción, y que no termina de configurarse alrededor del eje básico de un monopolio de la fuerza por parte del Estado.

Esto ha creado la expectativa, desde hace décadas, de que el Estado debe ser la herramienta para resolver todos los conflictos armados territoriales. El gobierno Santos intentó tramitar las demandas de justicia social de la guerrilla de las Farc con un proceso que buscaba su integración en la sociedad, pero este era insuficiente para abordar los otros conflictos armados en el país.

Por eso, para Adolfo Chaparro, ha sido un logro de la oferta inicial del gobierno de Gustavo Petro partir de un diagnóstico más amplio y realista de las posibilidades de la paz, que pasa por un reconocimiento de los múltiples conflictos cruzados que tiene el país, y la necesidad de atenderlos todos si se quiere una paz real.

“Hay un cúmulo de conflictos que no se reducen simplemente a una oposición entre una guerrilla y un gobierno, sino que se han ido multiplicando con características distintas en cada territorio. Al saber esto partimos de un diagnóstico realista sobre la necesidad de ir más allá de poner de acuerdo a un gobierno frente a una guerrilla e insistir que de lo que se trata es que el Estado mismo logre reducir al máximo esos órdenes soberanos paralelos”, dice.

Para Chaparro, aunque el diagnóstico es realista, no es claro actualmente un método o una forma de acercamiento que haga posible que ese diagnóstico efectivamente se vuelva una política de paz total, aunque está de acuerdo con la actitud del gobierno de asumir todos los conflictos sociales con la condición de que se acaben los conflictos propiamente militares o la violencia armada. “El gobierno pareciera decir: me siento a escuchar a todos los que quieran, pero hay que suspender cualquier idea de que esas demandas se van a conseguir con la ayuda de la violencia”, dice.

Carlos Charry está de acuerdo en que la apuesta por la paz total parte del diagnóstico correcto de las complejidades del conflicto colombiano, pero le preocupa la difícil asimilación pública que ha tenido. Para Charry eso se debe a un enfoque difícil de comunicar sobre las virtudes del proceso.

“Mientras que el gobierno Duque enfocó la paz como un problema y el de Santos como una solución, la estrategia del gobierno Petro ha sido ampliar el enfoque de la paz, pero le falta foco. Los ciudadanos no tienen tan claro qué es lo que se entiende por una paz con todos los grupos armados ilegales. Es una promesa difícil de explicar”, dice.

3. Pesan más las voces de grupos sociales marginados

Para Adolfo Chaparro, Colombia es el compuesto de muchas naciones disociadas que no han logrado constituirse en un Estado Nación, por lo que el Estado no ha logrado todavía convertirse en una instancia neutral en la cual todas esas comunidades tan distintas puedan coincidir, y donde los ciudadanos urbanos se reconozcan como iguales a otras comunidades, como los indígenas o los campesinos.

Precisamente esas diferencias tan acentuadas de clase e identidad son las que un gobierno como el de Gustavo Petro ha intentado reducir con su insistencia en poner en el centro del discurso al pueblo y a la diversidad de culturas del país. Una insistencia que ha tomado la forma de neologismos y conceptos como economía popular o campesina.

“Pareciera que toda esta población tendría la oportunidad de llegar a actualizarse, es decir, de participar de esa oferta que es el Estado nación, de ser reconocidos como ciudadanos, de tener unos derechos mínimos. Hay una institucionalidad de las minorías, unos jóvenes que quieren participar más activamente de la formación de su nación. Esa es la tarea de encontrar una noción de lo común entre los colombianos, algo que nos pertenece a todos, y este gobierno tiene una sensibilidad más grande para hacer que eso importe que lo que han tenido gobiernos anteriores”, dice.

Para Chaparro, la hegemonía del uribismo en la política colombiana fue exitosa porque enarboló, en lo cultural, la defensa de lo propio. “Salimos del Frente Nacional básicamente con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que efectivamente planteó unas necesidades completamente nuevas de la defensa de lo propio: el cuidado de mi propio cuerpo, que no me secuestren, que no me roben mi finca o mis cosas. Se creó esa sensación de que lo propio podría reemplazar lo común. Y entonces la seguridad es absolutamente indispensable para eso, para conservar lo propio”, dice.

Insiste en que con el presidente Gustavo Petro lo que ha sucedido es que entra otro paradigma, que es la defensa de lo común por encima de lo propio:

“Su insistencia en una política ecológica que tenga en cuenta el territorio de una forma más amplia y en que hay que cuidar el territorio y verlo no sólo como una unidad económica puede ayudar a posicionar una mayor conciencia de lo común, que es una noción que los campesinos practican, los indígenas han desarrollado en su mitología, y hoy los científicos advierten sobre la necesidad de cuidar el patrimonio común de la naturaleza y otros seres vivos”, dice.

Carlos Charry dice que esta ampliación del reconocimiento a los distintos movimientos sociales no necesariamente se traduce en un cheque en blanco de aprobación de estos grupos a la gestión del gobierno: “los bloqueos en la vía Panamericana entre Cauca y Nariño y en otras vías del país muestran que los indígenas y campesinos se están movilizando por promesas que esperan de este gobierno y no han sido resueltas. Es un problema que le toca a cualquier presidente, independientemente de su ideología, por la misma inercia institucional del Estado colombiano”, dice.

Para Adolfo Chaparro, las protestas seguramente van a seguir, y lo que se esperaría de un gobierno que quiera reconocer esas demandas no es objetar esas movilizaciones sino, antes bien, animar a que se sigan manifestando, precisamente porque la manifestación y la protesta han parte de los repertorios de la participación democrática en general.

“Nada de lo que está en la discusión pública se resuelve milagrosamente, de un día para otro. En este período lo que vamos a tener es un diálogo incómodo, aunque uno esperaría más constructivo, no tanto con los mediadores o con los políticos, sino con las comunidades, con los grupos sociales concretos para que hagan más claras sus demandas. Reconocer una noción de lo común más amplia nos obliga a reimaginar lo político sin las mediaciones clásicas de los partidos o la clase política en general”, dice Chaparro.

4. Hay un acumulado de expectativas de cambio

Otro punto en el que coinciden los académicos es que en este gobierno han recaído un cúmulo de expectativas de transformación social, que es una actitud muy diferente a la que se tenía frente al gobierno de Iván Duque, donde esas demandas tomaron el camino de la calle ante la incapacidad del gobierno para atenderlas.

“Se han acumulado muchas demandas sociales y expectativas que se espera puedan tener un trámite institucional. Todas estas expectativas vienen a pesar en un proyecto de gobierno que se planteó desde el comienzo como una opción de cambio y que, desde luego, no puede resolverlas todas por la vía de las reformas, pues los problemas son mucho más estructurales”, dice Adolfo Chaparro.

Una encuesta que lidera Carlos Charry a jóvenes entre los 18 y los 32 años sobre qué piensan, sienten y creen (se hace en las trece principales ciudades del país) arrojó en mayo pasado que el 60 por ciento de los encuestados considera que el gobierno no va a cumplir las promesas que hizo muy temprano.

“La mayoría de la gente esperaba el cambio, pero el cambio era más grande o más difícil de lograr de lo que se pensaba. Se está abarcando mucho y se está apretando poco y eso lo siente reflejado en la gente. El colombiano de a pie está en ese proceso de entender que, en últimas, también este gobierno de izquierda tiene sus limitaciones y que, por más voluntad que haya, las transformaciones no están aseguradas”, dice Carlos Charry.

Dice que la persistencia de hechos de corrupción recientes (el reciente escándalo de las declaraciones del hijo del presidente, Nicolás Petro, y del exembajador de Venezuela, Armando Benedetti, nombrar gente cercana al gobierno en embajadas y a familiares como funcionarios) minan esa idea de que el proyecto actual del gobierno realmente supone una ruptura frente a la política tradicional.

Este hecho le pega tanto al gobierno en general como a la figura de Gustavo Petro, que comenzó con un 70 por ciento de favorabilidad su gobierno, pero que en encuestas de opinión ha ido perdiendo popularidad, al punto de que ha alcanzado una mayor imagen negativa que positiva, como muestra la tendencia de las mediciones de la Invamer Poll.

5. El péndulo gira de la esperanza al miedo

Otro hecho que señalan los académicos es que en el país la fuerza de la esperanza con la que llegó el presidente Petro ha empezado a ceder poco a poco frente a un creciente sentimiento de miedo en las regiones por la violencia cruzada entre grupos ilegales, pero también en las ciudades con el incremento de la violencia urbana organizada.

“Es un hecho claro que la mayoría de los colombianos consideran que la seguridad es el principal problema del país. Ya no es la economía. Fíjese que en temas económicos, como el desempleo, a este gobierno le ha ido bien. El último informe del Dane muestra que, después de muchos años, el país llevó el desempleo por debajo del 10 por ciento”, dice Carlos Charry.

Unos resultados que valida la encuesta Invamer, que dice que el 84 por ciento de los encuestados considera que ha empeorado la seguridad, al tiempo que sólo el 28 por ciento respalda las iniciativas de la paz del gobierno. Cifras que ayudan a explicar por qué el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el segundo personaje internacional más popular detrás del presidente Biden de Estados Unidos, por su política de mano dura contra las pandillas.

Dice que ese regreso del miedo al centro de las preocupaciones sociales contrasta con una sensación que sigue a nivel internacional de optimismo por la llegada del progresismo a Colombia, luego de algunos años de preocupación por las agendas ambientales con presidentes como Bolsonaro. “Todavía fuera de Colombia se sigue leyendo más como una esperanza que lo que pasa internamente, donde la gente empieza a sentir que su situación personal y la del país está peor que hace seis meses o un año, y que a futuro no van a estar mejor”, dice Carlos Charry.

Charry señala que en las cinco mediciones anteriores de la encuesta de jóvenes el voto joven por la izquierda era mayor que el de derecha, pero en la encuesta realizada en mayo (por primera vez en seis semestres que se recogen esos datos) hay mayor gente inclinada a identificarse ideológicamente como de derecha que como de izquierda. Un cambio significativo en un grupo etario que tenía más afinidad con Petro, y que confirmaría ese movimiento de la esperanza al miedo.

“Alguien cercano decía hace unos días: Petro es la única persona en la historia que acabó con el uribismo, pero va a ser el encargado de revivirlo. En las elecciones regionales creo que vamos a ver una especie de petrotusa, una rápida desilusión frente a lo que iba a ser el proyecto del cambio”, dice Charry.

Para Adolfo Chaparro, el creciente empuje de esas políticas que parten del miedo y que piden más seguridad podrá traer opciones políticas de derecha de vuelta al país, con lo que Colombia podría entrar en un escenario semejante al que ocurre en Argentina, donde se pasa de un péndulo de gobiernos de derecha a izquierda en un bamboleo.

“Eso no necesariamente es algo malo. Ese contraste puede ser viable hasta entender que podemos aprender cómo lograr que esas dos demandas puedan ser viables, que pueden concertarse en algún punto. Esa oposición no tiene que ser a muerte”, dice.

*Garzón es Profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales dela Universidad de Rosario y editor de la Silla Académica. Díaz es columnista de El Tiempo y de La Silla Académica en lasillavacía.com