Cataclismos naturales, agudizados por el calentamiento global, golpean al planeta

Cambios meteorológicos abruptos y eventos climáticos extremos golpearon otra vez la producción agrícola y conspiraron contra la productividad, confrontando al continente con las consecuencias del aumento del hambre y la malnutrición. En 2023, el hambre afectó a 41 millones de personas en la región y uno de cada diez menores de cinco años padeció desnutrición crónica.

El Informe de las Naciones Unidas, Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, que  acaba de publicarse, explica que los cambios climáticos, así como fenómenos extremos como sequías, inundaciones y huracanes, afectaron la productividad agrícola, alteraron las cadenas de suministro de alimentos y causaron aumentos en el precio de los alimentos.

Realidad que convierte a América Latina y el Caribe en la segunda región del mundo más expuesta a situaciones climáticas graves, solo por detrás de Asia. Al menos 20 países del continente, un 74% de los analizados, enfrentan una alta frecuencia de eventos extremos. Según Naciones Unidas, estos eventos ponen en riesgo los logros regionales de la década anterior en la reducción del hambre y la malnutrición.

Según este informe, elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre 2019 y 2023 (período que incluye el impacto de la pandemia de COVID 19) la prevalencia de la subalimentación aumentó 1,5 puntos porcentuales en todos los países afectados por extremos climáticos.

Este impacto negativo de los fenómenos naturales se agudiza, según el informe, por elementos estructurales agravantes, como conflictos locales e internacionales, desaceleración económica y crisis de todo tipo. Que se suman a factores subyacentes, como altos niveles de desigualdad y falta de acceso a dietas saludables. En los países con recesión económica, subraya el informe, los sectores más vulnerables de la población se ven particularmente afectados porque cuentan con menos posibilidades de adaptarse a esas situaciones agravantes.

El hambre no es un fatalismo

Los 41 millones de latinoamericanos y caribeños afectados por el hambre en 2023 representan una leve disminución de 2.9 millones con respecto a 2022 y 4.3 millones con respecto a 2021. Sin embargo, existen notorias disparidades entre subregiones. Así, por ejemplo, durante los últimos dos años el índice de hambre ha aumentado en el Caribe, con un 17,2% en el presente, mientras que se ha mantenido relativamente sin cambios en Mesoamérica, donde afecta al 5,8% de su población.

En cuanto a la inseguridad alimentaria moderada o grave, el continente también demostró avances por segundo año consecutivo (19.7 millones menos que en 2022), y en 2023 se ubicó por debajo del promedio mundial por primera vez en diez años. Sin embargo, las cifras reales totales siguen siendo dramáticas: más de 187 millones de personas (de un total de 630 millones) experimentaron inseguridad alimentaria. Según el informe de Naciones Unidas, esta leve tendencia a la baja se explica debido a la recuperación económica de varios países de América del Sur, además de programas de protección social, esfuerzos económicos postpandemia y nuevas políticas específicas destinadas a mejorar el acceso a la alimentación.

La inseguridad alimentaria afecta de manera más pronunciada a las comunidades rurales y las mujeres. En cuanto a la malnutrición, el informe señala que en 2022 el retraso en el crecimiento afectó al 11,5% de los niños menores de 5 años, porcentaje por debajo del promedio mundial (22,3%). Sin embargo, la tendencia es preocupante si se tiene en cuenta que el progreso experimentado en la región latinoamericano-caribeña se ha desacelerado en los últimos años.

La imposibilidad económica de acceder a dietas saludables es uno de los síntomas más preocupantes. Corolario del mismo, el aumento del sobrepeso y la obesidad, condiciones que incrementan el factor de riesgo de enfermedades no transmisibles. Aun cuando una dieta saludable constituye la base para la salud, el bienestar, el crecimiento óptimo y el desarrollo humano, en 2023 el 50% de la población del Caribe no pudo permitirse este derecho básico. Tampoco Mesoamérica (26,3%) y América del Sur (26%). A la luz de estas disparidades, el informe llama a los Estados a priorizar las poblaciones vulnerables y expuestas a eventos climáticos extremos.

Por su parte, los principales movimientos sociales rurales internacionales, como La Vía Campesina, siguen exigiendo una mejor distribución de tierras y la promoción de un modelo agroecológico de producción que asegure la soberanía alimentaria. Esta propuesta se opone al agronegocio, sustentado en las grandes propiedades y dirigido exclusivamente a la exportación.

En enero pasado, la reunión de Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores rurales sin Tierra (MST) de Brasil, ratificó la necesidad de implementar la reforma agraria popular. La considera “como una forma posible de superar la destrucción ambiental, la concentración de la riqueza y la desigualdad social”. El documento firmado por 400 dirigentes del MST provenientes de los 23 Estados del país, denuncia el modelo destructivo del agronegocio y compromete al movimiento a avanzar en dos puntos fundamentales para 2025.

El primero, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes, oponiéndose “a la especulación sobre las parcelas de la reforma agraria y a toda forma de acoso capitalista en nuestros territorios”. El segundo, la producción de alimentos saludables para todos los brasileños. Para ello el MST considera imprescindible “promover la agroecología, respetar la diversidad de los biomas, luchar contra los agrotóxicos y fortalecer la cooperación y la agro-industrialización campesina para organizar la vida colectiva en la producción, el trabajo y las relaciones humanas”.

Oscuro horizonte para este año

Al evaluar la realidad continental y las tendencias en 2025, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identifica en un documento divulgado en enero los cinco factores más importantes que marcarán la dinámica integral del continente: cambios climáticos, débil crecimiento económico, baja productividad, desigualdades estructurales y desconfianza en el sistema y la política.

“El cambio climático”, subraya la PNUD, “ya no es una amenaza lejana, sino una realidad diaria”. Y refiere, a modo de ejemplo, a las frecuentes y severas sequías que están afectando diariamente la agricultura, el comercio y la generación de energía. De mantenerse la tendencia climática actual, la PNUD argumenta que, si no se toman medidas adicionales, “estas presiones podrían comprometer la calidad de vida y la resiliencia de la población”. Sin un cambio significativo, muy pronto casi la mitad de los países de América Latina y el Caribe carecerá de suficiente agua, con una severa crisis hídrica hacia el año 2080.

En cuanto al crecimiento económico, la PNUD proyecta un 2,5%, apenas por encima del nivel del año anterior, pero todavía por debajo de la media mundial. Este ritmo de lento crecimiento económico, característico de la región durante décadas, dificultará los esfuerzos para reducir la pobreza. Los hogares en las ciudades, estrechamente vinculados a las dinámicas de mercado, son particularmente vulnerables a las crisis económicas. Y aunque la pobreza rural sigue siendo más alta, la que se experimenta en áreas urbanas está aumentando más rápidamente, con las nuevas presiones sobre los centros urbanos que esta dinámica trae consigo. 

Con respecto a la baja productividad, uno de los mayores obstáculos históricos para el crecimiento de la región, el PNUD recomienda que el continente se enfoque en “crear empleos y negocios basados en el conocimiento y la innovación, especialmente en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)”. Propuesta que choca con la realidad política de muchos países, como Argentina, donde el desmantelamiento sistemático el último año de la ciencia y la investigación y la reducción significativa de los presupuestos educativos van en contra de lo que recomiendan como prioritario los especialistas internacionales.

El cuarto factor, las desigualdades estructurales profundamente arraigadas en la región, comienza a manifestarse en nuevas situaciones, como la brecha digital. América Latina y el Caribe, según el PNUD, no podrá beneficiarse plenamente de la digitalización y la inteligencia artificial mientras los hogares de menores ingresos y las zonas rurales permanezcan desconectadas de una infraestructura básica como Internet. En el ámbito de la educación, esta brecha agrava aún más el problema, como lo ilustran los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), con importantes dificultades de parte de los estudiantes en el dominio de habilidades complejas, como las matemáticas y las ciencias.

Por su parte, las desigualdades sociales, como la carga desproporcionada de cuidados que recae sobre las mujeres, limitan su contribución económica.

Por último, pero no por ello menos crítico, la desconfianza en el sistema y la política. Según PNUD, esta desconfianza resulta de la persistente desigualdad que ha ido erosionando la confianza pública en la democracia y sus instituciones. Cuando el Estado no responde a las necesidades y expectativas básicas de las comunidades locales, estas tienden a prescindir del mismo, lo cual intensifica las divisiones aun dentro de un mismo país. En esas circunstancias de desconfianza hacia el sistema democrático, muchas personas estarían dispuestas a justificar, incluso, soluciones radicales, como un Golpe de Estado, si esto pudiera mejorar sus condiciones de vida y su seguridad.

Varias crisis en una, en un continente que a pesar de sus grandes potencialidades naturales sigue rengueando. Condenado cada día más a un rol secundario, agroexportador y dependiente de los humores cambiantes de los grandes centros de poder. Una América Latina y Caribe más cerca de reforzar su dependencia que de buscar la autonomía en unidad.