Cartes: acaparamiento de medios y cooptación de la información pública para buscar la reelección
Paulo López|
En el reporte anual sobre la situación de la libertad de expresión en Paraguay, el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP)** identifica un cambio de estrategia de los poderes políticos y fácticos -entre ellos el narcotráfico- para disuadir al periodismo y coartar su labor. La toma de mando del presidente Horacio Cartes en agosto de 2013 coincidió con la eclosión de una espiral de violencia que en poco menos de año y medio -hasta marzo de 2015- costó la vida de cinco comunicadores. Cabe resaltar, en cambio, que en este periodo no se registraron muertes relacionadas al ejercicio del oficio.
Con posterioridad a estos episodios, el Presidente realizó una decidida apuesta con la adquisición de una docena de medios. Así, resultan identificables al menos tres etapas de intervención en lo que respecta al quehacer informativo: la violencia directa -primero- y el acaparamiento de medios -después- han dado paso al recrudecimiento de las purgas contra periodistas críticos a la gestión gubernamental, en especial los sindicalizados.
En la corporación presidencial la directiva de “bajar línea” a favor del gobierno y las represalias para hacer cumplir las órdenes estuvieron acompañadas de varios hechos de censura y despidos. En los medios públicos la política censora es similar y no se admite otra voz más que la gubernativa. Quizá como nunca antes el campo comunicacional sea protagonista de una disputa tan intensa donde se dirimen asuntos de alta prioridad. 
A la manera del Ciudadano Kane de Orson Welles, con un toque de realismo mágico, Cartes se hizo de un manotazo de los tres diarios amarillos de mayor impacto a la par que apuntala su proyecto de poder buscando imponer la reelección. La Constitución Nacional de 1992 es clara e incontrovertible, pues entonces el país acababa de salir de los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner y la finalidad expresa fue limitar el mandato presidencial a un periodo improrrogable.
Si bien no existe mayor discrepancia en habilitar nuevamente la reelección e incorporar la segunda vuelta, esto solo puede ser realizado mediante la reforma y no a través de la enmienda, como pretenden el oficialismo y una parte de la oposición para tomarse atajos. Mediante un curioso acuerdo con el depuesto presidente y actual senador Fernando Lugo, quien también tiene interés de correr en las presidenciales de 2018, Cartes ha reimpulsado la enmienda para introducir la reelección por una vía no permitida.
Antes de las negociaciones con los liberales y el luguismo, la pretensión oficial enfrentaba un escollo que parecía insalvable en el Senado. La Cámara Alta es un reducto de legisladores del partido de gobierno insubordinados. Estos responden al liderazgo de Mario Abdo Benítez -hijo de un ex alto funcionario de la dictadura- a quien Cartes retiró el apoyo para presidir la Asociación Nacional Republicana (ANR)-Partido Colorado en las internas de 2015. El senador fue vencido por el “caballo del comisario”, Pedro Alliana, hasta entonces un desconocido diputado del departamento de Ñeembucú. Esta región limítrofe con Argentina es un importante centro logístico del comercio ilegal, incluyendo el contrabando de cigarrillos, un rubro dominado por las marcas de la tabacalera del jefe de Estado.
El desaire del mandatario, sumado a sus aspiraciones presidenciales, convirtió a “Marito”, como lo llaman para diferenciarlo de su padre homónimo, en un opositor a ultranza. Sin embargo, a nivel interno este ha acumulado sendas derrotas contra el cartismo. Su estrategia, por tanto, consiste en frenar cualquier tentativa de reelección en el Senado a raíz de que en unas eventuales primarias contra el Presidente no cabe esperar que su suerte pueda ser distinta.
En este escenario la enmienda y la reelección dominan la agenda mediática, con una izquierda con minoritaria representación parlamentaria que se plegaría a la iniciativa del cartismo confiada en que la candidatura de Lugo sería la única con posibilidades de derrotar al oficialismo. Al mismo tiempo, la voluntad de continuidad de un gobierno con manifiestos rasgos autoritarios nos previene en contra de otorgar más atribuciones al Estado para intervenir sobre la distribución de licencias, ya sea con programas de desinversión u otros instrumentos. No obstante, esto no supone desistir de una normativa a futuro con vistas a avanzar en la construcción de un paisaje mediático más acorde a la pluralidad y la democracia.
* Periodista. Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)