Capriles se prepara para desconocer auditoría de huellas

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SONIA CONTRERAS | Una vez culminada la auditoría de verificación ciudadana ampliada que realizó el Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitada y luego rechazada por la derecha venezolana, representada por el ex-candidato a la presidencia y perdedor de dos contiendas electorales consecutivas Henrique Capriles Radonski, se prepara nuevamente el desconocimiento y saboteo de la auditoría de no duplicidad de huellas, solicitada igualmente por este sector de la oposición, y que forma parte de las múltiples garantías ofrecidas por el ente comicial a los electores, partidos políticos y candidatos.

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El periodista y ex-vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, ha denunciado el doble juego de la derecha y su interés en mellar la moral de los poderes públicos, con énfasis en el Poder Electoral.

«La oposición venezolana ha planteado en todos los terrenos que el CNE es un poder tramposo y que sus actuaciones son fraudulentas, tan es así que la Mesa de la Unidad (MUD) y Capriles no reconocen que el presidente Nicolás Maduro ganó las presidenciales del 14 de abril», comentó Rangel, en su programa de Tv dominical “José Vicente Hoy”.

Sin embargo, alerta Rangel, que la derecha participará con el mismo árbitro electoral en las elecciones municipales del 8 de diciembre próximo, lo que a su juicio “sin duda plantea una situación incómoda y difícil de entender para la opinión pública».

Más difícil de entender es el hecho de que los candidatos que representarán a la oposición de derecha, aliada en la Mesa de la Unidad (MUD) para estas próximas elecciones municipales, son los mismos que fueron electos en un proceso interno de primarias desarrollado por el propio CNE, y ante el cual no tuvieron objeción alguna, en su momento.

Lo que viene es otra patada a la mesa por parte de Capriles a la auditoría de no duplicidad de huellas. La anterior, fue la negativa de los sectores de derecha a asistir a la Verificación Ciudadana Ampliada Fase II que realizó el CNE durante todo el mes de mayo. Esta actitud recordó a los venezolanos el abandono de las instancias democráticas protagonizado por la oposición en 2005, momento en que retira todas sus candidaturas de las elecciones parlamentarias, alegando que el CNE no reúne las condiciones para realizar unos comicios transparentes.

La auditoría de no duplicidad de huellas

Consiste en extraer de las memorias removibles los datos dactilares de cada uno de los electores que participaron en el proceso y contrastarlos con el registro electoral para así revelar cualquier incidencia de doble votación. También se trata de una actividad rutinaria al momento de actualizar las huellas de los sufragantes en el registro.

Esta auditoría, es un mecanismo mucho más eficaz que la revisión de los cuadernos de votación -también exigida por la fracción opositora, fuera de los parámetros establecidos por la legislación- a la hora de comprobar si alguien votó más de una vez o usurpó la identidad de otro elector, lo cual representa uno de los principales reclamos de la MUD, aunque no reúna las suficientes pruebas para sustentar dicha denuncia.

Sin embargo, una carta pública que dirige el ex-candidato a la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena, con la exigencia de que no se » no se altere ni manipule » el material electoral, incluyendo la extracción de datos de las memorias removibles, lo cual es necesario para consumar dicha auditoría, anuncia que la coalición de derecha cantará fraude de nuevo, si no se cumpliera la condición que pretenden imponer, en este caso, que el traslado de información de las memorias removibles se haga según un procedimiento que cuente con su aprobación.

En la mencionada carta, la derecha mezcla los términos de auditoría e impugnación, dos procesos totalmente diferentes, con el propósito de condicionar el anterior al último.

Para esto, se ampara en los artículos 166 y 169 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), aunque en el comunicado les atribuye además la imposibilidad de ‘alterar’ o ‘manipular’ el material electoral en caso de existir impugnación, instrumentando así la ley a su conveniencia, puesto que ninguno de estos dos términos aparecen en los artículos mencionados.

La solicitud también plantea un absurdo, en tanto el material necesariamente deberá ser revisado, si de aclarar dudas se trata. El artículo 169 apenas dice que en caso de no haber impugnación, el material puede ser destruido después de seis meses, lo cual no descarta el manejo cuando efectivamente hay impugnación:

“Artículo 169. El material electoral que no sea objeto de impugnación administrativa o recurso judicial podrá ser objeto de destrucción, después de transcurridos seis meses de la celebración de un proceso electoral. La orden de destrucción de material electoral sólo podrá ser emitida por el Consejo Nacional Electoral. El procedimiento para la destrucción del material será establecido por el Consejo Nacional Electoral mediante Reglamento”.

Tomando en cuenta el resultado que arrojó la auditoría de verificación ciudadana fase II, de un 99,98% de consistencia entre las actas de escrutinio y los comprobantes de voto –con el 0,02% de diferencias debidamente justificadas en las actas de incidencia de la jornada electoral por los miembros de mesa–, queda validado no sólo el funcionamiento de las máquinas de votación sino la confiabilidad de todo el andamiaje humano del sistema electoral, construido con el esfuerzo de todos los venezolanos, independientemente de su posición política; pues los miembros de las mesas de votación son seleccionados aleatoriamente del registro electoral.

El punto de interés de la oposición no es aclarar los resultados electorales que dieron ganador a Nicolás Maduro, -continuador de la obra de Chávez-, sino mantener viva la duda sobre el proceder del Poder Electoral venezolano.

Tribunal Supremo de Justicia

Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está considerando los recursos de impugnación presentados por la MUD. Con base en el artículo 169 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), esta coalición política se vale de la impugnación para descalificar de plano las auditorías con las que se esclarece la validez de los resultados de las elecciones del pasado 14 de abril.

Cualquier persona que se tome el tiempo de revisar los recursos interpuestos ante el TSJ por la MUD -y sus anexos-, evidencia la ausencia de pruebas, lo que sugiere que se trata de una artimaña destinada a ser rechazada, dejándole así a la derecha el camino libre para acudir a instancias internacionales.

Por otro lado, que la derecha convoque a sus filas a participar en las elecciones municipales, pese a su desconocimiento del sistema electoral, la ubica en una contradicción ante los ojos de muchos ciudadanos que han presenciado sus acciones violentas y su afán desmedido en hacerse del poder, aunque sea por vías “no electorales y no dialogantes”, como señala la diputada de derecha -y devota de Thatcher- María Corina Machado en un audio grabado por alguien cercano a ella, y entregado a las filas revolucionarias para su difusión.

Todo apunta a que esta nueva auditoría aclarará definitivamente si las acusaciones de la MUD, en torno a una supuesta usurpación masiva de identidad por parte de los electores, tienen algún fundamento.

Sin embargo, la coalición opositora de derecha se niega a participar en esta auditoría clave, imponiendo nuevas condiciones, -en muchos casos difíciles de complacer, por no estar apegadas a la normativa.

Nuevamente se presentan como las víctimas, insistiendo en que han sido “ excluidos ” del proceso, al no tener acceso a los servidores del CNE –pretendiendo prácticamente hacer sus veces–, cosa negada para cualquier organización con fines políticos. También dicen querer saber “quiénes accederán a los datos” almacenados, cosa que suena razonable, pero que aparte de anticiparse al proceso -cuyos pasos quedarán sin duda asentados en actas y serán de conocimiento público-, busca nuevamente alentar la sospecha, como si no le correspondiera precisamente a los técnicos del CNE esta tarea a la hora de realizar la auditoría, con la presencia de las organizaciones políticas que deseen participar.

De acuerdo a lo anunciado en su comunicado de hace un mes, sorprende poco que la MUD se manifieste ahora inconforme con el proceso de extracción de datos para la auditoría de no duplicidad de huellas. Ciertamente, no les conviene avalar un proceso que los obligaría a reconocer la naturaleza exagerada e irresponsable de sus reclamos.

Pese a sus maniobras, esta conducta podría ser su talón de Aquiles de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre, donde se elegirán alcaldes y concejales.

La opinión pública y, sobre todo, los votantes que confiaron en su propuesta política, inevitablemente, se preguntarán: ¿Qué tiene la MUD que perder ahora al participar en la auditoría de no duplicidad de huellas que con tanta insistencia solicitó, si es precisamente esta verificación la que aclararía las más importantes dudas que aún plantean?