Cambiar el ángulo del debate en Argentina: dejar de discutir la pobreza

Emilia Trabucco

Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó el 26 de marzo ante los empresarios en el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA) que en los próximos días su gobierno comenzará a dar de baja 70.000 contratos de empleados públicos, en una escalada donde 21.000 no se renovarán a partir del 31 de marzo. Festejó los 50.000 despidos ya ejecutados y la baja de 200.000 planes de ayuda social. Ello fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien además anunció la eliminación de más de 11.000 cooperativas.

Lo cierto es que los despidos estatales, de los que tanto habla el presidente, tienen también su correlato en el sector privado, en un escenario de inflación con profunda recesión. Solo en el sector de la construcción, desde diciembre se eleva a 100.000 el número de trabajadores despedides. Esta situación determina los altos índices de conflictividad social: “En marzo ya llevamos más de 220 conflictos entre paros, suspensiones y despidos”, informó Tendencias Económicas y Financieras, 2024.

Para quienes aún sostienen sus empleos, el panorama tampoco es alentador. El salario promedio del trabajo registrado ya está por debajo del índice de precios de la canasta básica y los sueldos se derrumbaron un 11% en términos reales en un mes. Si a ello se le suma la modificación por decreto de la movilidad jubilatoria, el panorama es devastador: las jubilaciones perderán en abril 32,5% respecto del tercer trimestre de 2023.

Casi cuatro millones y medio de personas (cerca de un décimo de la población argentina total) van a cobrar, pese a la inflación, lo mismo en abril que en marzo. A esto se suma el anuncio de que el pago de jubilaciones y pensiones de abril se efectuará en dos cuotas. Triste noticia para les jubilades en plena Semana Santa.

Quiénes pierden y quiénes ganan en el programa de “miseria planificada” de Milei

Esta destrucción del mercado y del consumo interno por la caída abismal del poder adquisitivo de los ingresos contrasta con las ganancias, por ejemplo, de la empresa Techint exportando el acero, ya sin obligación de abastecer al país y favorecido por la igualación de precios nacionales e internacionales. O el récord histórico en exportación de carne de las empresas alimenticias, mientras les argentines reducen su consumo de 49,5 a 44 kilos per cápita en el primer bimestre. Está claro quiénes ganan y quiénes pierden.

Lo cierto es que, en este contexto, desde el gobierno se ha edificado una operación de propaganda parteaguas en la sociedad, que le permite al presidente seguir manteniendo su imagen positiva en la opinión pública, bajo la falsa contradicción entre “la casta y la gente”.

Logran de esta manera centrar el debate público en la administración de la miseria, en un enfrentamiento de “pobres contra pobres”, apuntando los cañones contra  les referentes sociales, piqueteros, de derechos humanos, les militantes, las feministas, les sindicalistas y les trabajadores estatales, construyendo categorías como “planeros”, “orkos” o “ñoquis” para identificarlos como enemigos de “los argentinos de bien”.

Esta estrategia está dirigida a obturar la posibilidad de discutir el verdadero corazón del problema: la concentración de la riqueza. No todos pierden en la crisis, todo lo contrario. Mientras entretienen a les espectadores empobrecides, la fuerza en posición de gobierno sigue avanzando en un programa de maximización de ganancias de los grupos económicos concentrados que supone además, controlar los hilos del Partido Judicial, el instrumento privilegiado del entramado de poder que opera en los sótanos de la democracia. El poder ilimitado de empresarios y jueces que no se someten a voto popular.

Las relaciones carnales entre el empresariado y el Partido Judicial en Argentina

Cristina Fernández de Kirchner viene denunciando el accionar de un poder judicial que debe definirse como Partido Judicial o mejor, como Mafia Judicial y Estado Paralelo: “la existencia de un sistema paraestatal, de un sistema donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales”, señaló en diciembre de 2022.

Son de público conocimiento las relaciones carnales entre las familias económicas y judiciales, totalmente ilegales. Cabe recordar en octubre de 2022 el viaje  a Lago Escondido de jueces, empresarios del Grupo Clarín  y funcionarios macristas, en la mansión del magnate Joe Lewis, usurpador de tierras nacionales.

Además, fue la “Justicia” la que finalmente definió las últimas elecciones presidenciales. La ofensiva mediática y judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, con la espectacularización de la “Causa Vialidad”, dictaminó su “inhabilitación perpetua” para ejercer cargos públicos, es decir, su proscripción como candidata presidencial en las últimas elecciones de 2023. Una de las 500 causas armadas contra la referente del proyecto nacional y popular.

Como contracara, la investigación de los culpables del intento de magnifemicidio contra la ex presidenta, duerme en los juzgados, con escandalosas  irregularidades y a pesar de que se conoce la responsabilidad directa de la familia Caputo, la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich y su asesor Gerardo Milman, que hoy ocupan impunemente lugares en el gobierno de La Libertad Avanza.

El Estado privatizado y la mesa de los ganadores

En estos últimos días, el propio Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, han sostenido reuniones con el empresariado. El presidente, el viernes 22 de marzo, con los líderes del G6 empresarial: los jefes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio y Servicios y la Asociación de Bancos (ADEBA). El ministro expuso el día anterior frente al Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP).

Corporaciones de actores locales pero cuyo ámbito de operación son las redes financieras globales. Allí han elogiado el programa económico del gobierno, donde dichos actores también tienen representantes. Recordemos el nuevo secretario de trabajo, Julio Cordero, abogado del empresario Paolo Rocca, uno de los múltiples ejemplos. Está claro quienes están convidados a la mesa de decisión de un Estado privatizado, y quienes no.

 Lijo y García-Mansilla: la propuesta del gobierno para la Corte Suprema de Justicia de la Nación

 En paralelo, el gobierno está avanzando en un lugar de decisión crucial: la Corte Suprema de Justicia. Un hecho que, a pesar de su importancia, ha tenido poca prensa. El Ejecutivo propuso al juez federal Ariel Lijo, emblemático de Comodoro Py, y al abogado Manuel García-Mansilla, decano de Derecho de la Universidad Austral, antiaborto y director de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

A Lijo lo propuso para ocupar el lugar que dejó al jubilarse Elena Highton de Nolasco. A García-Mansilla, para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien se enteró de su salida por un comunicado de la «Oficina del Presidente» publicado en las redes sociales, que espera que se jubile en diciembre cuando cumpla 75 años.

Los nombres de ambos juristas, especialmente el de Lijo, han despertado controversias al interior del poder económico, como síntoma de las internas y la puja de poder entre proyectos económicos que hoy conducen las riendas del Estado. El propio Carlos Pagni, periodista y operador de La Nación, ha dedicado su editorial del 25 de marzo a impugnar la propuesta de Lijo, exponiendo la compleja red de relaciones carnales del polémico juez, planteando que su postulación arroja el resultado “Casta 1 – Milei 0”.

Lijo lleva 20 años en Comodoro Py, fue quien procesó y detuvo al ex vicepresidente Amado Boudou, y quien tuvo en sus manos, sin resolver ni avanzar sobre los responsables,  la causa “Correo Argentino”, iniciada por una maniobra del gobierno de Macri para licuar la deuda millonaria de la empresa postal de la familia. Las conexiones señalan que Lijo fue propuesto por Daniel Angelici, “operador judicial” de Macri, hecho que tendría “nervioso” al ex presidente. Es cierto que desde el peronismo hubo silencio y se rumorea que un sector de Unión por la Patria votaría a favor de su designación en el Senado.

Parte importante del empresariado tampoco está contento con el nombramiento de Ariel Lijo. Tanto la Cámara de Comercio Argentina-americana (AmCham), como el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA) expresaron su rechazo en comunicados publicados en redes sociales. Se puede hipotetizar que dicho juez sabe demasiado o responde a intereses que no agradan a parte del poder económico.

Por su parte, García-Mansilla es un hombre del Opus Dei, que ha oficiado de abogado de la petrolera Oxy, posteriormente adquirida por  Eduardo Eurnekian, dueño de la Corporación América.  Al parecer, su nombre fue elevado a Milei por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, exintegrante de la mayoría automática de la Corte menemista, otro expositor antiabortista relacionado con el Opus Dei, también cercano a Eurnekian. La nueva conformación de la Corte, además, no tendría mujeres, en consonancia con un gobierno explícitamente misógino y antiderechos.

Los polémicos posibles reemplazos de Casal, el eterno Procurador interino

Otro hecho a destacar es el posible reemplazo del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, puesto por el neoliberal Mauricio Macri durante su presidencia, después de una estrategia de ataque mafioso en 2017 a la anterior procuradora, Alejandra Glis Carbó, que el gobierno de Alberto Fernández no pudo resolver.

Los nombres que suenan desde el 26 de marzo en los medios de comunicación son Mariano Borinsky, Juan Bautista Mahiques y Javier Leal Ibarra, los dos primeros muy cercanos a Mauricio Macri: Borinsky, conocido por jugar al tenis con el ex presidente en la residencia de Olivos; a Mahiques el kirchnerismo lo acusó de motorizar causas contra Cristina y fue uno de los invitados al famoso viaje a Lago Escondido, lo que motorizó el pedido de juicio político por el Partido Justicialista.

Leal Ibarra es quien manejaba hasta hace un año las escuchas judiciales, algunas de las cuales, donde la involucrada era Cristina Kirchner, fueron filtradas ilegalmente en los medios. Según Carlos Pagni es “íntimo de Ricardo Lorenzetti, armador de la nueva institucionalidad de la Corte y enemistado con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda”, todos miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Dentro del máximo Tribunal,  también hay luchas internas, lugar determinante según el hombre de La Nación en los destinos de la política: “el verdadero secretario de Hacienda es Horacio Rosatti (Presidente de la Corte), que además de un jurista, es un político”.

Estos cambios previstos en el Partido Judicial tienen el objetivo de controlar el mecanismo de poder que tiene la última palabra frente a las acciones del gobierno. Es la instancia con la potestad final de declarar inconstitucionales las decisiones del poder ejecutivo y legislativo. Y por supuesto, garantizar o no, la impunidad frente al programa criminal que encabeza Javier Milei.

El empate de fuerzas entre proyectos económicos, que se puede simplificar en el enfrentamiento “Mauricio Macri-Eduardo Eurnekian” estaría definiendo el desenlace de la buscada reconfiguración de la Corte. Lo cierto es que la impunidad y el poder del partido judicial tiene larga data. Ya en la presidencia de Mauricio Macri se llevó adelante un plan para controlar los mecanismos de la (in)Justicia, tirando por la borda los avances en términos de democratización y apertura de la Justicia llevados adelante por Néstor Kirchner. Nunca le perdonaron al ex presidente el intento de terminar con años de impunidad.

Reconocer a los culpables, a los garantes de la impunidad y articular las iniciativas populares

 Ante tanto bombardeo desinformativo, en un contexto de profundo empobrecimiento de las mayorías trabajadoras, es necesario poner en la mira a los verdaderos responsables del saqueo.  Resulta central discutir los mecanismos por los cuales está siendo posible una brutal transferencia de ingresos desde los bolsillos de les millones de argentines a las cuentas en dólares de los grupos económicos y sus cómplices, que parasitan con las abultadas dádivas que reciben a cambio de garantizar la impunidad de un puñado de millonarios.

Los miles de despidos, la suspensión de planes sociales a quienes siguen pagando principalmente la fiesta ajena, el sometimiento a condiciones de miseria a les jubilades y el hambre que sufre el 70% de las infancias, se conectan en la estrategia de un entramado de poder que ha logrado sincronizar sus mecanismos para desatar su ofensiva contra el pueblo argentino.

Desarmar y exponer este entramado de poder es fundamental a la hora de pensar cómo enlazar desde las mayorías las múltiples iniciativas que se despliegan en todo el país para resistir ante cada ataque del gobierno, que intenta instalar un estado de parálisis, ocultar la potencia de dichas iniciativas y desarticular las demandas para así poder avanzar en su plan, aumentando sus privilegios.

La reconfiguración de las instancias judiciales también suponen seguir persiguiendo, estigmatizando y criminalizando a quienes se opongan a sus objetivos, estrategia conocida y cuyo ejemplo paradigmático es Milagro Sala, una de las principales dirigentes sociales,  la primera presa política del gobierno macrista, que aún sigue ilegalmente encerrada después de 3000 días. Al entramado económico, mediático y judicial, se suma la instrumentación de las fuerzas de seguridad (con intención de sumar a las Fuerzas Armadas), a quienes también le garantizan impunidad.

Dicha ofensiva hoy se recrudece, y el proyecto en posición de gobierno está actualizando los mecanismos por los cuales pueda violar el derecho a la movilización callejera y encerrar a quienes asuman la iniciativa de organizar y fortalecer una fuerza social que logre oponerse a los “Juegos del Hambre” que propone este gobierno. Saber identificar al enemigo real es parte fundamental de construir diagnósticos certeros que guíen las acciones necesarias para frenar la masacre en curso.

*Psicóloga y Magíster en Seguridad de la Nación. Analista, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en  Argentina .