Bukele, de negociaciones secretas con las “maras” a asesinatos y estado de sitio
Victoria Korn
La madrugada del domingo 27, después de unos 80 asesinatos a nivel nacional ocurridos el sábado, la Asamblea Legislativa aprobó un Régimen de Excepción que limita ciertas garantías constitucionales a la ciudadanía, con el fin de dar “cacería” a las estructuras de las pandillas MS13 y Barrio 18 a las que se atribuye la mayoría de los homicidios, y a quienes el gobierno entienda que las financian y apoyan, lo que contribuyó a la detención de casi un millar de personas.
Desde su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele anunció que los servicios religiosos, eventos deportivos y comercio podían seguir realizandose, al igual que la vida cotidiana, pero que en algunas zonas se realizarían cierres temporales. No especificó en qué zonas. Lo cierto es que durante los casi tres años desde que asumió la Presidencia, Bukele no ha dado ningún paso para debilitar a las pandillas: ha negociado con ellas.
Lo que todos recuerdan es que Bukele negoció con las pandillas para hacerlas sus socios políticos, pero algo falló y las consecuencias son una terrible ola de asesinatos y un país en estado de sitio. El engaño del llamado Plan Control Territorial terminó con un baño de sangre inédito.
Los salvadoreños amanecieron este lunes con sus garantías cercenadas y con un gobierno autoritario que ya no necesita órdenes judiciales para abrir la correspondencia, escuchar las conversaciones o detener a los ciudadanos hasta por quince días sin acusación. Todo porque a Bukele le falló su negociación secreta con las pandillas.
Aunque el régimen no limita la libertad de movilidad, en la comunidad San José El Pino, de Santa Tecla, bastión histórico de la “mara” MS-13, centenares de residentes se sorprendieron cuando al regresar a su casa por la tarde del domingo fueron advertidos por la militares y policías de que una vez adentro no podrían salir más.
La ley permite al Ejecutivo suspender por 30 días los derechos constitucionales de libre asociación, de acceder a un abogado defensor, de ser presentado ante un juez en un plazo no mayor a 72 horas, y permite al gobierno intervenir sin orden judicial correos y comunicaciones. Todo esto en un país cuyos órganos de Estado e instituciones contraloras son manejados por Bukele desde el 1º de mayo de 2021, cuando su partido ganó supermayoría en el Legislativo.
“Tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quienes están detrás, financiado esto”, señaló Bukele.
Héctor Silva Ávalos alerta en El Faro que esas palabras adelantan la narrativa previsible del gobierno ante la escalada de homicidios y las acciones que el bukelismo tomará amparado en el estado de excepción: culpar a alguna fuerza oscura, previsiblemente figuras de la oposición y periodistas para no hablar de lo que está detrás de estos subidas abruptas en las cifras de homicidios, que es el pacto que Nayib Bukele mantiene con las dos pandillas desde que inició su gobierno e incluso antes, cuando era alcalde de San Salvador.
El grupo parlamentario derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), arremetió contra el gobierno de Bukele por solicitar el régimen de excepción y le acusó de proteger a los cabecillas de las pandillas de una extradición solicitada por Estados Unidos. “Es necesario recordarle al pueblo salvadoreño que lo que vivimos ahora es la negligencia del que protegió criminales”.
Desde su llegada a la presidencia el 1° de junio de 2019, Nayib Bukele, quien se autodefine como “el dictador más cool del mundo mundial”. ha profundizado su poder político a costa de estrategias que han erosionado el estado democrático y de derecho. El gobierno de Estados Unidos alega que Bukele compró el apoyo de las pandillas con beneficios financieros y privilegios para sus líderes en prisión, como acceso a prostitutas y celulares.
“El pueblo salvadoreño sigue siendo presa de un círculo de violencia y crimen, pero también de una práctica política de la improvisación, oscurantismo y falta de compromiso real por parte del régimen de Bukele. A pesar de los millones invertidos en publicidad, lo que tristemente queda demostrado para la vida de los salvadoreños trabajadores es que el crimen organizado sigue teniendo control de las comunidades”, señaló el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El FMLN alertó que el régimen de excepción puede instrumentalizarse como distractor, mientras se ejecuta mayor 
militarización, medidas privatizadoras, persecución selectiva a opositores, incremento del endeudamiento, intervención en la Universidad de El Salvador, entre otras medidas que son rechazadas por el pueblo.
El oficialismo logró alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, lo que le ha permitido aprobar leyes sin negociar con la oposición y renovar en su totalidad a la Sala en lo Constitucional cuyos fallos le habían sido adversos. El impacto de esta medida no tardó en verse, cuando los nuevos jueces habilitaron la reelección presidencial pese a que está expresamente prohibida por la Constitución.
Los analistas coinciden en que nunca hubo ningún plan ni eficacia de la Policía ni del Ejército y que la baja en la cifra de homicidios estuvo centrada en el poder de las pandillas de abrir y cerrar a voluntad la válvula de los homicidios. Esa fue su moneda en la negociación bajo la mesa con Bukele, que impidió que los jefes criminales fueroa extraditados a Estados Unidos. Es más, La Corte Suprema garantizó que no se aprobaría la extradición de ninguno de los jefes “maras”.
La aprobación de un Régimen de Excepción en medio del baño de sangre es muestra de improvisación, mentira y espectáculo mediático, que le dan más herramientas a Bukele para afianzar su autoritarismo. El presidente “más cool del mundo mundial” y sus propagandistas han calificado de defensores de pandilleros a todos aquellos que protestan por el atropello a la independencia judicial y al estado de derecho.
Después de acusaciones a la oposición de financiar pandillas y protestas, después de vincular a la prensa independiente con criminales, este régimen de excepción calza bien a un autócrata para perseguir a sus críticos.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)