Brexit: Gran Bretaña tiene dos semanas para pagar el divorcio de la UE
A Theresa May le quedan dos semanas y unos pocos cartuchos para salvar su carrera y mantener viva la negociación con la Unión Europea (UE). El primer día de diciembre vence el ultimátum que le dio el principal negociador europeo Michel Barnier para que haga una oferta sólida sobre el pago británico por el divorcio del eurobloque, plazo que extendió el jueves hasta principios de diciembre el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, pero añadiendo la resolución del tema irlandés a la ensaladera. En el medio del laberinto europeo, la primer ministro se juega otras dos bazas de peso en la semana: el anuncio del presupuesto anual y el tortuoso tránsito parlamentario del proyecto de ley que sostendrá el edificio legal británico post-Brexit.
Con tanto en juego y tantos frentes abiertos, los signos no son auspiciosos. May ha insinuado, y los diarios británicos y europeos han dado por hecho, que a principios de diciembre, antes de la próxima cumbre europea, la primer ministro ofrecerá unos 40 mil millones de euros, el doble de lo que ha puesto sobre la mesa hasta el momento, pero menos de lo que se presume que pide la UE (entre 60 y 75 mil millones).
Si se confirma esta oferta, resta saber si la UE la aceptará o, al menos la considerará suficiente, para incluir el tema en una negociación más amplia que incluya un acuerdo post-Brexit. Si no hay oferta de ningún tipo, habrá que esperar a la cumbre europea de marzo para ver si hay algún movimiento entre las partes cuando se cumpla la mitad de los dos años estipulados por ley para la negociación.
Los 40 mil millones son poco menos que anatema para los conservadores eurófobos que quieren un Hard Brexit y serán un trago amargo para muchos de los que votaron a favor de la salida del bloque europeo. En un intento de abrir el paraguas, May decidió la semana pasada incorporar una enmienda a la “Repeal Bill”, el proyecto de ley para sustituir miles de leyes y regulaciones adoptadas por el Reino Unido en sus 43 años de matrimonio europeo. La enmienda gubernamental especifica que el 29 de marzo de 2019 a las 23 horas el Reino Unido dejará de pertenecer al bloque europeo.
La enmienda generó un enorme revuelo mediático en el Reino Unido, la UE y el resto del planeta a pesar de ser absolutamente redundante, porque esa fecha quedó fijada de hecho cuando el 29 de marzo de este año May decidió activar el Artículo 50, que da dos años y ni un segundo más para llegar a un acuerdo de separación con la UE. Darle estatuto de ley británica a algo que ya estaba contemplado en el Artículo 50 del tratado europeo era una manera de asegurarles a los eurófobos que, en medio de las especulaciones y turbulencias de la negociación con la UE, no habrá marcha atrás. Pero como suele suceder con las maniobras de alto vuelo político que se les ocurren a May y su equipo, el disparo le salió por la culata y terminó enervando a tirios y troyanos.
Entre los eurófilos se formó un grupo de decenas de diputados dispuestos a todo con tal de que esa enmienda no sea aprobada. El Comité Parlamentario de Salida de la Unión Europea señaló que la enmienda le ataría las manos al equipo negociador si, “como ha sugerido el mismo secretario de Estado, las negociaciones siguen hasta el último segundo”. Otros han calificado a la enmienda de “idiocia política” y en los pasillos de la Cámara de los Comunes cuentan con hasta 25 rebeldes conservadores dispuestos a votar contra el gobierno con tal de voltear esta enmienda. Ni los Hard Brexit se mostraron felices con la iniciativa porque el gobierno hizo el anuncio sin debatirlo en el gabinete, que tiene en su seno cuatro ministros duros en puestos clave de la negociación.
El proyecto de ley tiene más de 300 enmiendas que deberán ser debatidas en su largo paso por la Cámara de los Comunes y los Lores. La posibilidad de derrota gubernamental en las próximas semanas –se calcula que el debate completará el circuito parlamentario en marzo– puede ser leído como una virtual moción de censura de un gobierno que ha necesitado forjar una alianza con el grupo más reaccionario de la Cámara de los Comunes, los unionistas de Irlanda del Norte, para conseguir mayoría parlamentaria.
Esta fragilidad pone a todos en pie de guerra. El miércoles el pro-Hard Brexit matutino Daily Telegraph publicó en portada la foto de los “Brexit Mutineers” (amotinados contra el Brexit), unos 15 diputados conservadores dispuestos a votar con los laboristas y el resto de la oposición para neutralizar al máximo la Repeal Bill. La foto produjo la habitual virulenta repercusión en las redes sociales, con amenazas físicas contra algunos de los diputados.
En este clima abundan los rumores de conspiraciones diversas. El Sunday Times publicó que 40 diputados están dispuestos a firmar una moción de censura contra May si no logra iniciar negociaciones con la UE sobre el acuerdo final antes de fin de año. Según el estatuto del Partido Conservador, se necesitan 48 diputados para que haya una elección interna de líder partidario, que se convierte, en el sistema británico, en primer ministro. En medio del actual descontento es fácil imaginar que un fracaso en la negociación con la UE eleve el número de conservadores dispuestos a apurar la caída de May con tal de evitar un Hard Brexit.
El presupuesto de la semana próxima podría ser una oportunidad para el gobierno de buscar apoyo popular por encima de las cabezas de eurófobos y eurófilos. Con un programa de austeridad de más de siete años de duración, con salarios congelados en el sector público y una inflación al alza, el laborismo ha exigido en la última sesión de preguntas al primer ministro el miércoles un cambio radical para la situación de los empleados públicos y los jóvenes. Con la turbulencia que ha generado el Brexit y la caída de la libra, no es el momento más fácil para un audaz golpe de timón. Pero ése no es el único escollo. Los conservadores están demasiado aferrados a la narrativa del ajuste y el balance fiscal –que, además, no han conseguido con la política de austeridad implementada desde 2010– como para pensar en un radical cambio de curso.
Si a esta coctelera se le agrega que ayer el primer ministro de la República de Irlanda señaló que estaba dispuesto a bloquear el progreso de las negociaciones del Brexit en diciembre, se ve el embudo que enfrenta May. El primer ministro Leo Varadkar formuló esas declaraciones después de un desayuno con Theresa May. La República de Irlanda quiere una garantía formal británica de que no habrá una “frontera dura” con Irlanda del Norte, es decir, una frontera con aduanas y puestos de control. El problema es que la única manera de lograrlo es que Irlanda del Norte permanezca en el Mercado Unificado Europeo y la Unión Aduanera, algo que lo separaría del Reino Unido, ya que May ha descartado mantener este tipo de vínculo con la UE. En definitiva, un callejón sin salida.
Así las cosas, apenas sorprende que esta semana diversos dirigentes europeos hayan señalado que están preparándose para un Hard Brexit que dejaría a la relación británica con la UE reducida a la de un “tercer país” con el que no tiene ningún acuerdo y que, por lo tanto, adopta los aranceles comerciales de la Organización Mundial del Comercio, en vez del arancel cero que rige entre los miembros de la UE. La canciller de Francia, Natalie Loiseau, señaló al periódico francés La Croix que no se puede excluir este escenario. “No sería una buena noticia para la Unión Europea, y, sin lugar a dudas, sería muy mala noticia para el Reino Unido”, dijo.
Un informe del Parlamento holandés exhortó al gobierno a hacer planes de contingencia ante la eventualidad de un cada vez más posible Brexit “caótico”. Aprovechando el río revuelto, el CEO de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, sugirió en un twitt que debería haber un segundo referendo sobre el tema para garantizar que sigue habiendo consenso sobre una decisión tan “monumental e irreversible”. Como se ve, a un año y medio del referendo, a casi nueve meses de iniciadas las negociaciones, todas las apuestas siguen abiertas.