Brasil: Del miedo al golpismo al factor militar

Gustavo Veiga

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sigue recogiendo pruebas en la causa por el intento de derrocar a Lula el 28 de enero de 2023. Pero su firmeza de ánimo no parece suficiente para aventar la sospecha de que los hechos de Brasilia podrían repetirse. El gobierno del PT ha defeccionado en varios temas con las fuerzas armadas que continúan siendo un poder omnipresente.

Coincide con esta mirada el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke, quien definió la situación como “muy difícil por el espacio que se les viene dando a los militares. Hay miedo en el gobierno a ellos, una cosa absolutamente absurda”. Consultado por Derribando Muros responsabilizó a Lula de “ser condescendiente con los militares y un ejemplo de lo que digo es que canceló la preparación bastante grande de los actos por el 60° aniversario del golpe de 1964 para no predisponer mal a las fuerzas armadas”.

Desde otra perspectiva, Tarso Genro, ex ministro de Justicia, Educación y Relaciones Institucionales durante los dos primeros gobiernos de Lula, analizó para este medio que “el ejército brasileño está en una faz de mudanza político-ideológica que no significa ni ir hacia la izquierda o la derecha.

Significa ser un ejército profesional más vinculado al orden mundial o continuar como un ejército de republiqueta atento a las determinaciones imperiales de realizar golpes de Estado cuando fuera necesario para las divisiones coloniales de América Latina”.

Krischke reconoce dos hechos excepcionales entre los acontecimientos recientes que derivan del 8-N: “Algo absolutamente novedoso es que se detuvo por primera vez en la historia de Brasil a un general de cuatro estrellas como Braga Netto y que pasó la Navidad preso. Lo otro es que con el programa de computación israelí que utilizaba el gobierno de Bolsonaro se logró recuperar toda la información que estaba alojada en la nube sobre el intento golpista de enero de 2023”.

  Durante su presidencia, el ex militar empleó un sistema de software israelí para hacer espionaje sobre opositores, jueces de la Corte y periodistas. La tecnología también era utilizada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) sobre un grupo de auditores fiscales que investigaban al hijo mayor de Bolsonaro, Flavio, por presuntos hechos de corrupción cometidos cuando era concejal de Rio de Janeiro. Hoy ocupa una banca en el Senado.

El periodista Valente, ganador de varios premios por sus investigaciones en Brasil, sostiene que creer en la hipótesis de que el golpismo es una cuestión relativa a las personas y no a las fuerzas armadas es un error. “El problema de seguir creyendo en este argumento pedestre es cerrar los ojos a las señales que hay por todas partes, dejar en un segundo plano el golpe de Estado latente entre los militares hasta que, un buen día, una nueva operación Puñal verde y amarillo se convierte en realidad. Para entonces ya sería demasiado tarde”, escribió en Agencia Pública.

Pese al problema que supone el factor militar, circunscripto a un sector de las fuerzas armadas en la trama golpista, Krischke destaca “el valor del juez Alexandre de Moraes, quien a su vez es bueno técnicamente. Todos sus fallos están bien fundamentados” y contrapone su actitud con la del Poder ejecutivo.

Para Genro lo que ocurrió el 8 de enero de 2023 “fue una tentativa de golpe de una parte que ya no es mayoritaria en el ejército brasileño. No es que la vocación democrática sea mayoritaria. Lo que estoy diciendo es que la facción profesionalista de las fuerzas armadas puede tornarse hoy mayoritaria. En aquel momento era totalmente inconveniente, incluso políticamente imposible, que la cohesión dentro de las fuerzas armadas se inclinara por un golpe por falta de respaldo internacional”.

  El ex funcionario de Lula e histórico militante del PT de Rio Grande do Sul explicó que “hoy, las evidencias del golpe, y la baja categoría analítica, política e ideológica de los golpistas aisló a la parte más derechista y más reaccionaria del ejército brasileño y consecuentemente de las fuerzas armadas. Por tanto, esta situación es positiva para que, bien trabajada, pueda formarse en un futuro a las fuerzas armadas para que sean bien profesionales y eso es lo que está en disputa ahora”.

El gran desafío en Brasil es cómo se forma a los futuros militares, en un país donde sus planes de estudio no dependen del Ministerio de Educación. Conviven cuatro sistemas educativos. Uno por cada una de las tres fuerzas armadas y el restante es civil. Además este último es el único programa que supervisa la cartera conducida por el ministro Camilo Santana.

En su artículo, Valente menciona un ejemplo del descontrol imperante. El Ministerio Público Fiscal debió apelar a la Justicia para exigirle a una brigada del ejército en el estado de Minas Gerais que aceptara recibir clases sobre violaciones a los derechos humanos. Esa unidad militar lleva como nombre 31 de marzo, bautizada así en homenaje a la fecha del golpe que dio la dictadura cívico militar de 1964.

La defección del gobierno de Lula convalidó la rebeldía de la brigada. Un funcionario legal avisó que no se le cambiaría el nombre, que los derechos humanos ya estaban contemplados en el plan de estudios y que se oponía a la creación de un espacio de memoria.

* Periodista argentino. Es docente por concurso de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la tecnicatura de Periodismo Deportivo en la Universidad de La Plata (UNLP). Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)