Bolsonaro, principal destinatario de las acciones ilegales de la agencia de inteligencia
Juraima Almeida
situación del expresidente Jair Bolsonaro se complicó aún más tras la publicación del informe de la Policía Federal sobre el uso ilegal de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), que revela que las acciones de la llamada «Abin paralela» no fueron una reacción ante el riesgo de una derrota en las elecciones de 2022, sino parte de una estrategia iniciada al inicio del mandato presidencial, en 2019.
La Policía Federal acusó este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otros miembros de su gobierno de utilizar la Abin para espiar ilegalmente a personas públicas. Las fuerzas de seguridad concluyeron la investigación, informalmente conocida como «Abin paralela», y enviaron el informe a la Corte Suprema, que ahora deberá remitirlo a la Fiscalía para que evalúe si presenta una denuncia o si requiere nuevas diligencias.
Esta nueva denuncia policial se suma a un juicio en curso al exmandatario de extrema derecha ante la Corte Suprema, acusado de liderar una trama golpista en 2022, y a su inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación.
La investigación confirmó que tanto policías como funcionarios públicos de la agencia de inteligencia formaron una organización criminal para monitorear periodistas, miembros del sistema judicial y políticos opositores, invadiendo sus teléfonos celulares y computadoras. Las conclusiones, basadas en testimonios, documentos de operaciones de registro y otras pruebas, identificaron a Bolsonaro como el «principal beneficiario» de esta vigilancia.
Además del expresidente que, según la prensa, «sabía y se beneficiaba del esquema», entre los más de 30 acusados se encuentra el actual director de la Abin, Luiz Fernando Corrêa, el diputado federal Alexandre Ramagem, y uno de los hijos del exmandatario y actual concejal por Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, quien administraba los datos obtenidos para atacar públicamente a los personajes espiados.
Jair Bolsonaro, de 70 años, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, está acusado junto a otros seis colaboradores de comandar una conspiración para evitar la asunción del líder del Partido de los Trabajadores (PT) con el objetivo de mantenerse en el poder.
La agencia de inteligencia se convirtió durante el bolsonarismo en una estructura paralela con la que se espió de manera ilegal a los entonces presidentes de la Cámara y el Senado, periodistas, jueces del Tribunal Supremo como Alexandre de Moraes, e incluso aliados del gobierno, como parte de un operativo que se puso en marcha en octubre de 2023 llamado «Primera Milla», que investiga el supuesto uso ilegal de la aplicación de rastreo FirstMile, adquirida durante el mandato de Michel Temer.

Según la Policía Federal, Bolsonaro fue el principal beneficiario de las acciones delictivas llevadas a cabo por la estructura clandestina de la Abin. El informe, publicado este miércoles por ro Alexandre de Moraes, ministdel Supremo Tribunal Federal, muestra cómo la agencia fue utilizada para difundir noticias falsas sobre máquinas de votación electrónica, perseguir a opositores políticos y apoyar la candidatura de Alexandre Ramagem, entonces director de la Abin, a la Cámara de Diputados.
Los investigadores descubrieron que agentes de la Abin elaboraron información falsa sobre el sistema de votación electrónica y la transmitieron al expresidente. Ramagem ideó un plan para atentar contra la credibilidad del proceso electoral brasileño. Para los investigadores, este material refuerza las sospechas de que Bolsonaro armó una estrategia para mantenerse en el poder, lo que podría complicar aún más su situación en el proceso en curso ante el Tribunal Supremo.
A pesar de la gravedad de las pruebas, el nuevo informe no debería vincularse a la acción penal relacionada con el intento de golpe de Estado, actualmente en juicio ante la Corte Suprema. De ocurrir esto, sería necesario reabrir los plazos de la investigación, lo que retrasaría el resultado del caso.

El informe también indica que Bolsonaro y su hijo, el concejal Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), participaron directamente en la selección de objetivos para las operaciones clandestinas de la Abin. Ambos son mencionados como miembros del núcleo político de la estructura ilegal. El núcleo operativo estaba comandado por Ramagem y sus asesores directos.
Carlos Bolsonaro manifestó en su red social su deseo de presentarse nuevamente para otro cargo en las elecciones de 2026, ya sea en Río de Janeiro o en otro estado «donde pueda ser más útil al proyecto de liberación de Brasil». Jair Bolsonaro y Alexandre Ramagem no hicieron comentarios sobre la acusación, pero previamente negaron la existencia del esquema.
En abril el director general de la Abin publicó una nota en la que se declaraba disponible para proporcionar cualquier aclaración a las autoridades, ya sea en el ámbito administrativo, civil o penal, tras conocerse una investigación del portal UOL en la que relataba quela agencia de inteligencia había sido utilizada para invadir ordenadores del gobierno de Paraguay con el fin de obtener informaciones confidenciales relacionadas con las tarifas de la hidroeléctrica binacional de Itaipú. }
El gobierno brasileño admitió la existencia de esa operación, pero atribuyó su montaje a la administración de Bolsonaro y afirmó que fue cancelada «tan pronto» como la nueva cúpula de la Abin «se enteró del hecho», en marzo de 2023, a tres meses de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
Causas pendientes
Además de esta investigación, el expresidente Jair Bolsonaro está presente en otras tres causas. La más avanzada está relacionada con un intento de golpe de Estado que lo señala como líder de una trama para mantenerlo en el poder después de las elecciones en las que enfrentó al presidente Lula en octubre de 2022. Hace unos días Bolsonaro prestó declaración ante el Tribunal Supremo junto al resto de cabecillas que conforman el denominado «núcleo crucial» de la trama, quienes esperan ya sentencia.
En su testimonio, Bolsonaro admitió que discutió «alternativas» tras su derrota en los comicios de 2022, pero negó haber dirigido un intento de golpe de Estado. También minimizó la campaña de desprestigio que promovió contra las instituciones democráticas mientras estuvo en el poder, la cual atribuyó a pura «retórica», a su «comportamiento» explosivo y a un «desahogo» producido por sus reveses en la justicia.
Después de que en marzo el Supremo archivara la investigación contra Bolsonaro por el supuesto fraude de las cartillas de vacunación contra el coronavirus, la otra que sigue abierta tiene que ver con la apropiación indebida de regalos de lujo y joyas entregados por las autoridades saudíes cuando era presidente.
Bolsonaro está acusado de malversación y apropiación de bienes públicos, asociación criminal y lavado de dinero junto a decena de personas más. La Fiscalía apunta que intentó vender esos obsequios en Estados Unidos, llegando incluso a tener que recuperar algunos de ellos cuando apareció el caso en la prensa.
*Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)