Bolsonaro, condenado por golpe contra Lula

(Xinhua/Lucio Tavora)

Emir Sader

Como se suponía, el Supremo Tribunal Federal ha decidido, por unanimidad, condenar a Bolsonaro y a otras siete personas –entre ellas, varios militares– a prisión por intento de golpe de Estado para impedir la toma de posesión de Lula. Ese grupo es considerado el núcleo central de la organización criminal, cuyas decisiones y acciones fueron fundamentales para el impacto del intento de golpe.
El Supremo Tribunal Federal dictaminó que Bolsonaro lideró una estructura que se ha valido de mentiras sobre el sistema electoral para promover un golpe, que el grupo de Bolsonaro y siete personas más actuaron de forma coordinada, buscando alterar el Estado Democrático de Derecho. Que, después de la derrota en las urnas, Bolsonaro ordenó que militares publicaran notas técnicas para movilizar a sus adeptos en los cuarteles. Hay amplias evidencias del compromiso de Bolsonaro con el proyecto de golpe.

Ahora, después del análisis de la acción penal, Bolsonaro y sus cómplices podrán ser encarcelados. Esto va a depender de la pena que dicte el Supremo Tribunal Federal, así como de los recursos a los cuales la defensa tiene derecho.

Después de que la justicia acepte las pruebas, las defensas de los acusados podrán manifestarse nuevamente en una especie de alegato final. El Ministerio Público presentará su parecer sobre el caso, entregando los elementos para información del juez, que puede concordar integralmente o en partes, o simplemente no seguir.

Bolsonaro está acusado de varios crímenes: tentativa de abolición violenta del estado de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, daño calificado por violencia y grave amenaza, así como deterioro del patrimonio.

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En caso de que sea condenado por el tribunal, por los cinco crímenes, el tiempo de reclusión podría alcanzar 43 años.

Lo más probable sería una condena superior a 14 años, aún alejada del máximo previsto. La ejecución de la sentencia sólo ocurre cuando se agoten todos los recursos posibles. Existe la posibilidad de prisión preventiva, pero sólo en caso de posibilidad de fuga, situación que ahora se plantea, a partir de la evasión de su hijo.

El juicio de Bolsonaro y sus cómplices fue transmitido en cadena nacional. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, presidió todo el proceso. Él es uno de los que estaban incluidos en la lista de muerte, en caso de que el golpe sucediera, junto con Lula y su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

Por estar directamente involucrado, la defensa de Bolsonaro intentó impedir que Moraes presidiera el juicio, pero este argumento fue negado por el tribunal, y Alexandre Moraes fue el gran protagonista de las acusaciones contra el ex mandatario.

El primer día del juicio lo abarcaron los abogados de defensa de Bolsonaro y de los otros siete. El segundo, la votación de los jueces del Supremo Tribunal Federal, que por unanimidad votaron contra Bolsonaro.

El ex presidente de Brasil quedó de pronunciarse al final del proceso. Se acogió a la vida privada y no compareció al segundo día del juicio, después de estar presente en el primero.

(Xinhua/Lucio Tavora)

Políticamente, los ojos del país están puestos en las elecciones presidenciales de 2026. Lula es candidato a la relección y, por las encuestas actuales, derrotaría a todos sus eventuales adversarios. Para complicar el escenario, aunque sea legalmente inelegible, Bolsonaro dice que será candidato, dificultando el surgimiento de algún otro aspirante de la derecha.

Uno de sus hijos, preventivamente, se fugó a Estados Unidos. Desde allá se ha pronunciado contra el encarcelamiento de su padre; adicionalmente, señala que en caso de que esto sucediera, éste podría morir en prisión.

Bolsonaro es inelegible y su pasaporte está retenido por el gobierno. Conforme la posibilidad de la prisión aumenta, las especulaciones son si tratará de salir del país. Sin pasaporte, su única posibilidad de abandonar Brasil sería cruzar la frontera terrestre hacia Argentina.

 * Sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).