Bolsonaro irá a la cárcel, Lula sueña con otra reelección
Álvaro Verzi Rangel
Pese a las presiones del gobierno estadounidense, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023) fue condenado por el Tribunal Supremo Federal a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración golpista con el fin de permanecer en el cargo tras su derrota electoral de 2022.
Un consenso nacional destaca la importancia de la sentencia, que incluye la ruptura con la tradición de golpes de Estado y la impunidad de sus autores, el desmantelamiento del plan militar para proteger a la nación y todo lo demás contenido en lo que el juez Roberto Barroso denominó un “ciclo de demora”. Es un resultado parcial, pues aún están pendientes la publicación de la sentencia, los recursos y su sentencia, antes del inicio de la ejecución de la pena, que debería producirse entre noviembre y diciembre.
De acuerdo con la jueza del Tribunal Supremo Carmen Lúcia Antunes, quedaron plenamente comprobadas la violencia y la grave amenaza que caracteriza el delito de pertenencia a una organización criminal, así como la división de tareas y la jerarquización para ejecutar el golpe.
Más allá de la condena al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, el juicio representó también, junto a otras acciones ya tomadas por el gobierno progresista brasileño de Luiz Inacio Lula da Silva, una fuerte afirmación de la soberanía nacional, bajo una gran presión del gobierno imperial de los Estados Unidos.
Además de chantajear al Brasil con la imposición de aranceles comercialmente injustificados, el gobierno de EEUU revocó las visas de algunos jueces de la Corte Suprema y sometió al magistrado Alexandre de Moraes a su Ley Magnitsky- legislación estadounidense que permite sancionar a individuos extranjeros por violaciones de derechos humanos y corrupción a gran escala-, en su lucha injerencista para defender la libertad del golpista Bolsonaro.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió que su país “tratará apropiadamente” a Moraes y sus colegas de la Corte Suprema por aplicar las leyes brasileñas a los golpistas, un proceso que calificó de caza de brujas, repitiendo un término utilizado por su jefe Donald Trump.
Representantes demócratas de Estados Unidos publicaron, la noche del jueves, una carta en respuesta a la condena de Jair Bolsonaro por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño en el marco del proceso penal en el que se le acusó de planear un golpe de Estado. Los parlamentarios Gregory W. Meeks, Joaquin Castro y Sydney Kamlager-Dove acusaron al presidente Donald Trump de adoptar medidas que debilitan las instituciones democráticas brasileñas.
Según los parlamentarios, Trump impuso aranceles del 50 por ciento a las exportaciones brasileñas como una forma de interferir en el proceso judicial contra Bolsonaro, condenado por conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
Mientras, la embajada de Estados Unidos en Brasilia, en actitud injerencista, criticó públicamente este viernes 13 la condena de Bolsonaro y calificó la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) como “un capítulo más del complejo de persecución y censura” y calificó al ministro Alexandre de Moraes de “violador de derechos humanos”.
Los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) declararon que las recientes amenazas del gobierno de Trump no han tenido ningún efecto en el Tribunal. Según los magistrados, la presión externa se recibe con indiferencia y no modifica las decisiones del tribunal.
Además de sentenciar al ex mandatario ultraderechista por intento de golpe de Estado, tentativa de abolición del estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos, cuatro de cinco miembros del Supremo encontraron culpables a siete cómplices, entre los que hay ex ministros y antiguos jefes militares.
El fallo contra Bolsonaro y algunos de quienes lo acompañaron en su aventura golpista completa la restauración de la justicia y la democracia que estuvo en entredicho desde el consumado golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016.
En esta década, el país más poblado y con la mayor economía de América Latina tuvo un Ejecutivo designado de manera espuria a través del lawfare (Michel Temer, 2016-2018) y otro que se alzó con la victoria mediante la eliminación jurídica de su rival.
No puede olvidarse que en 2018 el candidato puntero en todas las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva, no pudo presentarse a los comicios porque se le condenó por un inexistente caso de corrupción que hubo de ser anulado un año después debido a las graves irregularidades procesales.
Lula protagonizó una de las resurrecciones políticas más impresionantes de los últimos tiempos, pasando de la cárcel a ganar las elecciones presidenciales más ajustadas de la historia de Brasil desde la vuelta a la democracia. En su sentencia carcelaria, ya no cabe dudas que el Poder Judicial y la Fiscalía de la época actuaron por encargo, pues no se basaron en evidencias, sino en su “convicción” de la culpabilidad del líder petista.
Posteriormente, salieron a la luz grabaciones en las cuales el juez Sergio Moro –premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia– daba instrucciones al fiscal para llevar el caso de tal modo que pudiera dictar una sentencia preparada de antemano, poniendo de relieve las perversiones a la democracia y al estado de derecho que permitieron el regreso del neoliberalismo autoritario al Palacio de Planalto.
El costo del golpe ha sido grande, pues en su paso por el poder, Bolsonaro fomentó la tala ilegal en la Amazonia, aumentó 50 por ciento la pobreza extrema y 22 por ciento la pobreza de ingresos, recortó programas sociales fundamentales en plena pandemia de covid-19 y azuzó el negacionismo en torno al virus, con lo que provocó decenas de miles de muertes adicionales.
El daño más grave y duradero de su administración fue haber normalizado la violencia de Estado, la glorificación de las armas, la apología de la dictadura militar de 1964 -1985, la intolerancia, el racismo, la persecución de la disidencia y, en general, haber implantado en Brasil el discurso agresivamente retrógrado que a nivel mundial se relaciona con el trumpismo, señala Brasil 247.
El fallo se dio pese a las maniobras ilegales e injerencistas de Trump para respaldar a su aliado y descarrilar a la justicia brasileña. El jueves Trump señaló -quizá sin notar el significado profundo de sus palabras-, que el juicio a Bolsonaro “realmente se parece a lo que quisieron hacer” con él, es decir, hacerlo pagar por el intento de subvertir el orden democrático movilizando a sus bases violentas en contra de las fuerzas constitucionales.
Que el Tribunal Supremo de Brasil haya superado todas las presiones y condenado al dirigente fascista, mientras su homólogo estadunidense otorgó a Trump una inmunidad absoluta por cualquier delito, da una medida del deterioro de las instituciones de Washington, que hoy se mueven entre la impotencia y la complicidad ante un gobierno que se desliza a toda velocidad del autoritarismo al totalitarismo.
Como principal antagonista de Bolsonaro, Lula emerge fortalecido. Los crímenes contra la democracia del expresidente y sus cómplices, fueron plenamente probados en el juicio ante la Corte Suprema.
El bolsonarismo no desaparecerá con el arresto de su líder, y es muy probable que la narrativa de que Bolsonaro es víctima de persecución política por parte del poder judicial brasileño gane fuerza entre sus seguidores. Mientras, los partidos de derecha aumentarán la presión sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, para que programe una votación sobre el proyecto de ley de amnistía. 
Si Motta acepta enfrentarse al Tribunal Supremo en este momento, provocará una crisis institucional. Pero la condena y su impacto en los medios de comunicación nacionales e internacionales y en la sociedad brasileña, facilitan los esfuerzos del gobierno en el Congreso para bloquear la amnistía.
Tras el fallo del Supremo, el golpista Bolsonaro irá a la cárcel pese a las amenazas de represalias de su amigo Donald Trump… y Lula seguirá en la presidencia, soñando nuevamente con la reelección.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)