Todavía no se cumplió una semana desde que el gobierno boliviano concretó la denuncia. El impulso que le aporta el presidente Luis Arce confirma su interés por encontrar a los culpables y llegar lo más pronto posible al expresidente Macri y su exministra de seguridad. Lo único que puede hacer es desandar toda la burocracia en tiempo récord para aportar pruebas concluyentes. La justicia altiplánica podría procesar a Macri, Bullrich y a un puñado de los ministros que los acompañaron en su gestión.

En Buenos Aires el gobierno del presidente Alberto Fernández presentó este lunes una denuncia contra Macri, Bullrich, el excanciller Jorge Faurie, el exministro de Defensa, Oscar Aguad y una serie de funcionarios que realizaron decisiones administrativas previas. Los datos aumentan las sospechas sobre una premeditación cuyo primer indicio data del 24 de octubre de 2019, es decir, dos semanas antes de que Evo Morales fuera forzado a renunciar.

La principal sospecha apunta a Eugenio Horacio Cozzi, por entonces director General de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Según la denuncia a la que accedió Tiempo, el 7 de noviembre de 2019 “modificó la regulación para la salida definitiva o temporaria del territorio nacional de materiales controlados, instituto legal bajo el cual luego se ejecutaría la salida del país del material denunciado”. Sin embargo, ese expediente “fue iniciado el  24 de octubre de 2019” para modificar la “Disposición RENAR 883/11” para evitar trabas. “Aquella disposición no distinguía si el solicitante de una salida temporaria de material controlado del país era un particular o una fuerza de seguridad” repasa la querella y luego resalta que a partir del 7 de noviembre la nueva resolución agregó “una nueva distinción”

Ese cambio, sostienen los denunciantes, “pone en evidencia la vinculación de esta resolución con los hechos denunciados”. “La nueva disposición flexibiliza los requisitos unificados para las salidas temporarias de armamentos, al eliminar las exigencias de informar la aduana de ingreso y egreso interviniente y las escalas en otros países si las hubiere. Es decir, omite exigir información sensible, que tiene que ver con restar facultades de fiscalización tanto a ANMAC como a otros organismos intervinientes”, resalta el escrito que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; su par de Justicia, Martín Soria, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Además del procedimiento que comenzó el 24 de octubre surge otro a partir de un trámite interno. “La exministra autorizó, el 15 de noviembre de 2019, la partida de once gendarmes con destino a La Paz”, dice la denuncia para resaltar que “cuando la resolución se publicó, los gendarmes ya llevaban dos días en Bolivia”. La autorización era para realizar operaciones en ese país “entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020”, pero según reconstruyeron en seguridad, todo se produjo con una celeridad inédita, casi a las corridas. Hubo “un sobre cerrado” que fue “recibido por el Ministerio de Seguridad por parte de la Gendarmería” donde contenía los nombres de los enviados. Bullrich se demoró 22 minutos en firmar todos los formularios para concretar las autorizaciones, “sin previo dictamen jurídico de la Gendarmería ni del Ministerio de Seguridad”. Tampoco hubo “una solicitud formal de la Cancillería Argentina”.

La enumeración que hizo el gobierno en la denuncia buscó demostrar que “Bullrich tenía un interés directo y activo en la maniobra de desvío del armamento, que fue transportado por el personal que ella, personal y velozmente, se encargó de autorizar a salir del país”. La exministra y Macri se pronunciaron y negaron tener cualquier vinculación con el caso. Incluso Bullrich recriminó a Fernández por pedirle disculpas a Bolivia sin haber investigado el tema durante un año y medio.

Poco después de radicar la denuncia, Fréderic ordenó pasar a disponibilidad y abrirles un sumario administrativo a los tres jefes de Gendarmería involucrados. Se trata del exdirector de Operaciones, Carlos Miguel Recalde; del excomandante y exdirector de Logística, Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de la fuerza Gerardo José Otero.

Además de Cozzi, la denuncia también señala al ex director General de Aduanas, Jorge Dávila, y al exembajador en Bolivia, Normando Álvarez García, que actualmente es ministro de Trabajo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que también será denunciado mañana ante la justicia por la organización Túpac Amaru por su presunta “participación en la planificación” del golpe contra Evo. Este jueves, el mandatario radical encabezó un acto en la capital provincial para hacer un “reconocimiento al mérito” y respaldar al exembajador que inicialmente negó la veracidad de la nota que desató el escándalo, donde el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana le agradece el envío de material, con una cifra menor de cartuchos a la conocida. Álvarez García negó su autenticidad y el gobierno boliviano la confirmó con la copia que tiene en su poder la cartera de Defensa.

La denuncia por envío irregular de armamento hace algunos guiños al entonces jefe de la delegación argentina en La Paz. Sostiene que “según surge de una nota emitida por su propio exembajador en Bolivia, la decisión de recibir exfuncionarios del gobierno de Evo Morales en la residencia argentina fue una decisión personal, que fue tomada “más allá de las políticas definidas por el gobierno argentino”. En esa misma nota, el exembajador aclara que “solicité a diferentes dirigentes y funcionarios argentinos autorización (que no fue concedida) para que el avión de Evo Morales pudiera aterrizar en Argentina”. La aclaración enloda a Faurie y quizás a Morales, que protegerá a su funcionario mientras busca desautorizar la denuncia del gobierno.

A partir de los datos enumerados en el escrito, los denunciantes consideran que quedó “claro que el golpe de estado contra Evo Morales contó con el apoyo material de Macri y sus más altos funcionarios para su sostenimiento en el poder, a través de la represión sistematizada contra el pueblo boliviano. Este apoyo buscó encubrirse desde un primer momento, a través de maniobras de ocultamiento que pretendieron disfrazarlo en un supuesto objetivo de brindar la seguridad física de las instalaciones y funcionarios de la embajada argentina en Bolivia”.

Todos los exfuncionarios involucrados fueron acusados de cometer los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”. El caso está a cargo del juez federal Javier López Biscayart e interviene el fiscal Claudio Navas Rial.