Bienvenido el PVP

Luís Salas Rodríguez

Gracias a ella estos últimos quedan totalmente a merced de los primeros, lo cual entre otros factores se debe a la asimetría de información sobre el acto mismo de compra venta.

En efecto, una de las dificultades que enfrenta un control de precios es la pasividad de consumidor en la defensa de sus intereses frente al comerciante. De hecho, incluso por momentos uno estaría tentando a decir que buena parte de los consumidores participa activamente del proceso de su propio proceso de explotación. Esto, desde luego, no es un problema de masoquismo, si no tiene que ver con varios factores sociales, políticos y culturales sumamente complejos, siendo el primero de ellos los patrones de consumo y la función social misma del consumo: el consumo en Venezuela es un indicador de estatus. Pero también con el ejercicio oligopólico de la comercialización y la oferta donde hay poca diversidad tanto de bienes como de establecimientos en la mayoría de las ramas, y en las que hay, igual no se produce competencia de precios sino cartelización casi espontánea.

A todas estas, otro factor muy importante es el institucional. Y es que al menos los últimos 25 años antes de la llegada del presidente Chávez al poder, el Estado venezolano no solo paulatinamente fue abandonando a su suerte a los consumidores y trabajadores frente a los especuladores, si no que incluso llegó a participar activamente en su espoliación creando las condiciones para que se ejerciera mejor. Instituciones como la desaparecida INDECU tenían un función decorativa, dedicadas como estaban a una muy difusa “educación del consumidor” que para en nada servía para contrarrestar la dictadura de los comerciantes. Papel que es importante recordar no le fue otorgado por error o descuido: fue premeditado, una decisión consciente entre autoridades y empresarios.

El mejor ejemplo de esto último es el caso célebre en su tiempo del coronel Oscar Álvarez Beria Superintendente de Protección al Consumidor cuando CAP I. En el ejercicio de sus funciones, realizó una serie de denuncias sobre cómo desde el entonces Ministerio de Fomento, se estaba beneficiando a algunos empresarios. Entre los denunciados por Álvarez Beria figuraba Gustavo Cisneros, entonces propietario de la cadena de supermercados CADA. Álvarez Beria había procedido a la inspección y cierre de locales comerciales por especulación y acaparamiento incluyendo a varios supermercados de dicha cadena. ¿El resultado? La destitución del superintendente y el simultaneo retorno de los funcionarios previamente destituidos por él acusados de corrupción. Pero inclusive, la propia Ley de Protección del Consumidor –aprobada apenas dos años antes- fue modificada quitándole al novel Instituto de Defensa del Consumidor la capacidad de fiscalización para limitarlo a la educación del consumidor y la tramitación de denuncias individuales.

Pero como decía al inicio, la indefensión del consumidor se ve fortalecida por la prácticamente nula información que posee a la hora de comprar, siendo que la única con que cuenta es aquella que le suministra el vendedor. Pero no me refiero solo a la que tiene que ver con el tipo de producto, etc., sino a la del ejercicio de compra-venta en sí y qué es exactamente lo que está pagando. A este respecto, la vuelta del PVP hace más por la defensa o autodefensa del consumidor que miles de campañas e inspectores: le da herramientas, argumentos para ejercer su reclamo sacándolo de la oscuridad, la ignorancia y la impotencia a lo que somete el vendedor en complicidad con el viejo Estado. Es lo mismo que pasa con el anunciado y aún no realizado marcaje de los productos importados con divisas a 6,30 (que son casi todos los productos de consumo masivo). Hasta la fecha, si el comerciante le dice al consumidor que el producto le cuesta tanto porque el dólar ilegal está a tanto o lo compró a tasa Cencoex al consumidor no le queda sino creerle o no creerle, pues no tiene nada en la mano para rebatirlo (e inclusive puede llegar hasta a solidarizarse con el vendedor, como sabemos que ocurre). Pero si el producto está marcado de origen la situación es muy distinta, pues la asimetría de información se elimina. Solo queda esperar a este respecto que colocar la etiqueta no dependa del vendedor…

Este mismo marcaje debería hacerse a nivel de la facturación. Es decir, así como en la factura está marcado el IVA y detallados todos los renglones del pago, debería decir lo mismo con respecto al origen de las divisas del producto en los casos de los bienes importados. Esto, como decía, facilita el empoderamiento de los consumidores pero también el trabajo de los fiscales incluyendo los del SENIAT.

La asimetría de información también se ejerce contra el Estado

Y es que la debilidad histórica de los controles de precio es la dificultad que plantea el tener que rastrear el comportamiento de los precios de miles de productos y además entender el cálculo que implica cada uno de ellos a nivel de costos. No se trata exclusivamente de un problema de vastedad, que también lo es, sino que por lo general la información que se maneja para el cñalculo de las estructuras de costos y por tanto la fijación del precio “justo” es la que ofrecen directamente los comerciantes, es decir, los objetos de control. Obviamente esto la vicia de entrada, haciendo depender a la instancia reguladora de la información dada por los regulados.

A este respecto, una diferencia fundamental entre hoy y ayer lo representa el elemento tecnológico. Y es que nunca como ahora existen mecanismos que permiten obtener, almacenar, cruzar, compartir y difundir la información, de manera que los datos con los cuales se trabajan sean verdaderamente científicos –como dice la ley de precios y ganancias justas- o al menos confiables y menos viciados del interés de quien lo suministra.

Adicional a esta posibilidad de obtener una información más confiable, se encuentra el hecho de que la tecnologías actuales permiten dividir la regulación más efectivamente en dos niveles: uno que tiene que ver con el control propiamente tal o seguimiento de los precios y las ganancias una vez fijados. Y otro orientado más bien almonitoreo de unos y otras en todos los niveles como insumo para la fijación, que es un problema que muchas veces se confunde pero que en esencia es distinto por más articulados que deban verse.

El monitoreo permite tener un conocimiento del comportamiento de los costos, como se dice, en tiempo real; mientras que el control ya es la parte ejecutiva, la que compete a los inspectores y usuarios de acatamiento de los precios y márgenes de ganancia establecidos. Para lo primero la SUNDEE debería constituir un observatorio global de precios que a través de matrices de insumo que haga seguimiento a los precios a nivel interno y externo (de bienes e insumos importados) de manera que permita tener contra qué contrastar las estructuras de costos de los vendedores y así por ejemplo evitar que disfracen la especulación a través de precios de transferencia o que facturen un producto al precio de cinco.Se contra-argumentará que esto es una tarea muy compleja como para desarrollarla y ciertamente es compleja, pero no solo se puede con metodologías adecuadas sino que debe ser desarrollada si queremos derrotar la guerra especulativa contra la mayoría asalariada.

La otra ventaja de la tecnología que no estamos aprovechando es que nos permite agenciar de manera más efectiva el control institucional con el control ciudadano, popular y de l@s trabajador@s. Y esto es muy importante no tan solo por la necesaria corresponsabilidad que debe haber en esta cruzada contra la especulación y la guerra económica, sino también porque posibilita descargar de los hombros de los funcionarios parte de la vigilancia con el ingrediente adicional de que al menos se hace más difícil desacatar los controles. O para decirlo en términos más simples: si el control depende exclusivamente de la voluntad de un cuerpo de inspectores desplegados permanentemente haciéndole seguimiento a los precios pendientes que los comerciantes no los burlen al dar la vuelta entonces difícilmente se tendrá éxito. Ese despliegue hay que hacerlo, pero combinado con el control ciudadano, popular y de l@s trabajador@ como decía, con la optimización de recursos tecnológicos.

Por lo demás, hay que tener presente que a nivel de monitoreo un control de precios y ganancias no implica hacer nada muy distinto  a lo que hacen muchas empresas a nivel global solo que con fines comerciales y de investigación de mercados. Tal es el caso de por ejemplo AC Nielsen que es la mayor empresa mundial de Investigación de Mercados.

Como su negocio es la información, que luego vende a los comerciantes de miles de productos, AC NILSEN cuenta  con un sistema que denomina Retail Measurement Services (http://ar.nielsen.com/products/rms.shtml) que registra todas las operaciones de venta al minoreo de alimentos, bebidas, cosméticos, artículos de limpieza, golosinas, cigarrillos, etc. Para ello, simplemente se base en el rastreo de los códigos de barras en los miles de comercios que operan con ese sistema desde supermercados hasta kioscos pasando por restaurantes y quincallas. Ese monitoreo electrónico lo complemente la empresa mediante una auditoría in situ mediante inspectores que asisten a los locales verificando el comportamiento de los productos y si se está utilizando el sistema. Cada producto de esas categorías que obtiene un código de barras es ingresado a la base, por lo que las presentaciones y formatos de todas las marcas en esos locales son registrados y analizados de modo detallado, en un máximo de 7 días, sin errores de relevamiento ni intervención humana.

Si una empresa privada obtiene la información más detallada posible, la elabora y la vende a fabricantes y miembros de la cadena comercial. ¿Por qué un Estado no puede? ¿Por qué un Estado no les exige a los comercios la misma información, controla sus precios y el desabastecimiento de cada producto, mide su participación en el mercado, sus comportamientos monopólicos, compara los precios con los informados por las fábricas y determina los costos de la cadena comercial?

Como dijimos antes, se trata de tener modo y no solo voluntad. No son estos los únicos mecanismos a los que se puede recurrir, pero el punto es que hoy día podemos utilizar herramientas que antes no se contaban e incluso utilizar a favor nuestro aquellas –como los códigos de barra- inventadas más bien para favorecer a los comerciantes.

 ¿Qué más hacer?: socialismo y revolución fiscal

Como también hemos insistido varias veces, debemos estar claros y claras que el control de precios por sí solo no elimina el problema. Es necesario pero no suficiente y de hecho puede agravarlo si no se toman medidas complementarias al nivel de la producción (aumentar la oferta de bienes y servicios producidos y ofertados), todo lo cual como sabemos el Estado viene impulsando. Sin embargo, en ese mismo propósito, hay que cambiar las relaciones de producción para evitar que la acumulación y la ganancia sigan determinando a las relaciones entre las personas. Sustituir la acumulación individual y la explotación como principio organizador de lo económico y social por un modelo productivo basado en la lógica de lo común, lo cual por cierto también incluye la creación de un novedoso y  sistema bancario, financiero y de intermediación distinto al privado pero también la público, que debería erigirse a partir de la experiencia de la banca comunal con un doble propósito: por una parte, financiar y reproducir el “socialismo productivo”; pero por la otra reducir y al largo plazo evitar que la renta petrolera, el presupuesto público en general y los propios recursos “hechos en socialismo” sigan drenando al capital financiero y comercial aumentando las condiciones de desigualdad, atrofia y concentración que caracterizan a nuestra economía y por tanto a nuestra sociedad.

Esto último debe complementarse con lo que el presidente Maduro ha denominado larevolución fiscal. Y es que aprovechando la coyuntura abierta por la baja de los precios del petróleo (coyuntura abierta de modo alarmista y catastrofista, tal y como era la intención de quienes promueven dicha baja o buscan aprovecharla) debería reimpulsarse y llamar a debate nacional el tema de los impuestos, particularmente el hecho de que la actual legislación (pese a las reformas que se le han hecho por lo menos en materia de exenciones IVA para proteger la canasta alimentaria y bienes indispensables) no solo no permite cobrar a quienes más poseen sino que es usada por los especuladores como cubierta para especular.

En primer lugar, la entrega de las retenciones por concepto de IVA deberían ser entregadas al Estado mensualmente y no al cierre fiscal, entre otras cosas para reducir la “tentación” de su evasión. En segundo término, debe subirse el margen de impuesto sobre la renta adecuándolo a los estándares internacionales, esos que tanto gusta a la oposición citar cuando de aumentar la gasolina se trata. Y es que nuestro país es uno de los que cuenta con las más bajas tasas impositivas de la región (12%), muy por debajo de por ejemplo Brasil (34%) e incluso el neoliberal Chile (20%), todo sin contar los todavía existentes problemas de evasión y elusión sobre los cuales se ha avanzado pero donde, como hemos podido ver en las inspecciones todavía nos falta mucho, dada que la ingeniería comercial del sector privado recurre a todos los medios concebibles para burlar la contribución.

El tema fiscal no podemos reducirlo como pretende la derecha, a un asunto de más petróleo o a que se suba la gasolina para reducir los subsidios. Pero si de subsidio se trata, entonces reduzcamos o eliminemos pues el que más caro y estéril nos resulta como país: el que desde tiempos inmemoriales disfruta el sector privado por exoneración impositiva y que la transforma en ganancias extraordinarias. Exoneración dada la cual el Estado debe cubrir con renta petrolera.

Por último, y con esto volvemos al control de precios, la reforma fiscal debe incluir no solo lo anterior –y otras cosas- sino pechar tanto el patrimonio como las ganancias o la utilidad por ventas lo cual serviría para desincentivar los precios especulativos. Se trata, en mi criterio, de replicar un mecanismo similar al de las ganancias extraordinarias por ventas que se usa para los convenios operativos petroleros. Es decir, luego de un determinado tope –que debería ser el 30% que fija la Ley de Precios- lo que ingrese por concepto de ventas debería contar como impuesto y pasar por tanto al Estado.