Batería arancelaria de la UE contra EE.UU. por Groenlandia
La Unión Europea acelera la preparación de un paquete de represalias comerciales por hasta 93.000 millones de euros contra Estados Unidos, en respuesta directa a las amenazas arancelarias de Donald Trump ligadas a Groenlandia. Bruselas quiere dejar listo ese instrumento antes del 1 de febrero, fecha en que la Casa Blanca planea aplicar un arancel del 10% a productos de varios países europeos que se oponen a los planes de anexión de la isla ártica.
Según adelantó el Financial Times, los Veintisiete estudian reactivar una lista de gravámenes ya aprobada y suspendida el año pasado, que cubre exportaciones estadounidenses por unos 93.000 millones de euros. En paralelo, valoran recurrir al llamado instrumento anticoerción, que permitiría limitar el acceso de grandes empresas de EE. UU. al mercado interior europeo si Washington no retrocede.
Trump ha advertido que impondrá un arancel inicial del 10% a partir del 1 de febrero sobre productos procedentes de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, todos aliados de la OTAN con presencia militar en Groenlandia. El mandatario ha amenazado además con elevar ese gravamen al 25% en junio y mantenerlo hasta cerrar un acuerdo para la “compra total y plena” del territorio autónomo danés.
En las capitales europeas crece la presión para responder con firmeza, pero también el temor a una guerra comercial abierta que golpee a industrias ya debilitadas por la desaceleración global. Los embajadores de la UE discuten fórmulas que combinen la amenaza de represalias contundentes con una puerta abierta a la negociación durante las próximas citas diplomáticas, incluido el Foro de Davos.
Líderes europeos han rechazado públicamente el tono de la Casa Blanca y advierten que la UE no cederá a la coerción económica en un asunto que consideran de soberanía y seguridad estratégica en el Ártico. Para Bruselas, la disputa por Groenlandia ya no es solo un pulso simbólico, sino una prueba de fuerza que definirá los límites del chantaje arancelario en la relación transatlántica.