Argentina: Una deuda imposible

Como demostración de cuál es el rango de prioridades de esta administración nacional, el equipo de economía presentó en una conferencia de prensa el lunes 6 de julio de 2026 el plan de pago de las obligaciones generadas por la deuda externa del corriente año y para el 2027.

Es una deuda que no se investiga ni audita y que se acrecienta desde diciembre de 2015 en un 100%. Ese porcentaje incluso es mayor si tomamos la deuda del BCRA en REPOS y en BOPREALES (títulos que, por no tener los dólares, les dieron a los importadores y que cotizan en los mercados de valores del país), y los pases contables entre el Tesoro de la Nación y el BCRA. La deuda crece principalmente por los intereses que se capitalizan al no poder pagarse.

En el período que abarca desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2026, la deuda en divisas (deuda externa) creció en 172.613 millones de dólares (casi se triplicó), y la deuda bruta (obligaciones en pesos y en divisas) lo hizo por un total de 238.608 millones de dólares. Esto se da en un contexto en que la Argentina tiene cada vez más pobres; más excluidos; trabajadores mal pagados, y la mayor parte de las jubilaciones y pensiones perciben un haber por debajo de la línea de pobreza que registra el INDEC.

El aparato productivo está seriamente dañado, con cierre de establecimientos, rotura de las cadenas de pago, etc. La infraestructura que se desarrolla es la que está ligada a la extracción y/o acopio y comercialización internacional. Basta ver las rutas nacionales del interior del país, el estado de los hospitales y escuelas públicas, el deterioro constante de los servicios del Estado, para saber que la deuda no se emplea en mejorar la capacidad productiva y social del país.

Al contrario, una minoría parásita y rentista se apropia de un excedente cada vez mayor al fijar los precios (incluidos los intereses), lo que le permite comprar gran parte de las divisas que ingresan por deuda pública y fugarlas a sus cuentas en el exterior.

Es más, gran parte de esa fuga de capitales vuelve como crédito internacional y financia la rotura de los glaciares y la apropiación de nuestro río Paraná y de sus puertos.

Es en ese marco de regresiva distribución de ingresos en el que se producen este año subas fuertes del precio internacional de los hidrocarburos, metales, minerales y alimentos que exportamos, pero que en el país se venden a la población al mismo precio, generando una renta extraordinaria a favor de los que se apropian de dichos recursos.

El gobierno, que es funcional a esa generación de renta, que la propicia sin miramientos, que incluso le reduce gravámenes y le crea regímenes especiales, se preocupa por garantizarles a los acreedores y financistas que el país va a continuar endeudándose, pero que va a cubrir todos los vencimientos de deuda hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, el planteo del equipo de economía en la conferencia de prensa mencionada se limitó a la deuda en divisas, descontando que van a seguir renovando la deuda en pesos, hecho que no es tan fácil de lograr por varias razones.

1. El total del crédito del sistema financiero local es aproximadamente el 16% del PIB; bien, el 7,5% del PIB financia a la Administración nacional y el 8,5% del PIB son créditos a las personas y a las empresas.                             Son títulos en pesos que la Secretaría de Finanzas contabiliza en dólares. En primer lugar, a mayo de 2026, última fecha de publicación de la deuda a la fecha, los Lecap y Boncap por 92.685 millones de dólares, pero también deben sumarse los BONTE por 8.068 millones, los BONCER por 105.810 millones de dólares, los Bonos Cuasi Par de 12.373 millones de dólares, las LETES en pesos por 9.092 millones de dólares y las Letras en pesos y otros instrumentos menores que conforman un total de 240.624 millones de dólares. Gran parte de esa deuda es financiada por el conjunto de entidades autorizadas a funcionar por el BCRA (deben contemplarse también las operaciones de mercado de valores de todo el país), las cuales, fruto del plan económico vigente, han acrecentado significativamente su cartera de préstamos en mora.

El Informe de la Central de Deudores del Banco Central mostró que la irregularidad en el cumplimiento de obligaciones financieras en empresas era del 1,1% en enero de 2025. Este ratio aumentó al 3,5% en mayo de 2026. Mientras que, en las familias, en julio de 2025, había 4,8 millones de personas con créditos en situación irregular, incluyendo bancos y otros tipos de prestadores. En marzo de este año 2026, ese número alcanzó 6,8 millones: dos millones de personas entraron en mora en los últimos ocho meses.
Por ende, las entidades del sistema deben priorizar el recupero de los créditos, porque la fortaleza está dada por dicho recupero; de no hacerlo, no van a recibir nuevos depósitos y es el comienzo de la corrida bancaria.

2.- ¿A qué tasa le van a prestar los bancos a la Administración Nacional? Obviamente, va a ser cada vez mayor a medida que sigue aumentando la morosidad y el cierre de empresas y el despido de trabajadores (los que pagan financian a los que no cumplen con sus obligaciones). Con lo que se da la paradoja de que reducen el rol del Estado en la inversión y en el gasto, pero la aumentan sideralmente en la financiación (tanto en pesos como en divisas). El sistema financiero legal acrecienta el crédito al Estado nacional y lo reduce al sector privado. ¿No era que los bancos eran burocráticos porque le prestaban al BCRA sin ningún riesgo? Bien, la “bomba” de las Leliq (que es una patraña y una vergüenza) es bala de fogueo ante la dimensión de la deuda pública actual.

De los puntos 1 y 2 queda claro que las entidades financieras tienen como principal cliente a la Administración Nacional. Y que, a la vez, la deuda es cada vez mayor y a mayor tasa en términos reales. Sabiendo eso, es que los bancos y los demás financistas locales del Tesoro de la Nación exigen títulos en dólar linked o al menos duales, para defenderse de la licuación de deuda ante una devaluación, por lo que la deuda en pesos tiende a convertirse en externa.

Refinanciamiento de los vencimientos de la deuda externa 2026 y 2027

Centrado solo en la deuda externa actual, el plan se apoya en una combinación de emisiones locales, préstamos de organismos internacionales, privatizaciones y compras de dólares al Banco Central.

La primera demostración fue el 8 de julio de 2026, cuando debieron pagar el vencimiento de títulos Bonares y Globales (que se constituyen en pesos, pero abonan intereses y su vencimiento del capital en dólares) por 3.200 millones de dólares, para lo cual recurrieron al BBVA y Santander, a través de sus sucursales de Nueva York, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos pertenecientes al Grupo Banco Mundial. El monto fue por 2.000 millones de dólares, a una tasa del 6,3% anual (pero no dicen cuánto se debe pagar por la garantía). Y otros 1.200 millones de dólares al Deutsche Bank, respaldada por una garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de hasta 550 millones de esa moneda, y a una tasa del 7,7% anual.

Antes, el jueves 3 de julio de 2026, el BCRA había anunciado la refinanciación hasta el año 2028 de los vencimientos de REPO (crédito a un año de plazo y con fuerte garantía con títulos Bonares disponibles en la cartera del BCRA, y se infiere hasta de las barras de oro giradas al Banco de Londres) por 6.000 millones de dólares, con bancos internacionales (Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi) a una tasa del 7,6% anual.

El cuadro presentado resulta poco creíble por la magnitud de la deuda externa con vencimientos de capital e intereses por 19.200 millones de dólares en el año 2026, cuando el superávit comercial comienza a descender fuertemente en la segunda parte del año y en los primeros seis meses la cuenta corriente de la balanza de pagos es negativa. Además, las reservas brutas incluyen los dólares de la Cuenta Corriente en divisas de los bancos en el BCRA y el swap de la República Popular China; por ende, el saldo disponible es magro.

Finalmente, porque a la compra de divisas por parte de las personas físicas (el balance cambiario del BCRA denomina la cuenta «Personas Humanas») se le suma a partir de este año 2026 la compra de divisas por las empresas extranjeras que giran utilidades a sus casas matrices, con lo que resulta inverosímil que el Tesoro le pueda comprar 6.700 millones de dólares al BCRA.

Y menos aún que en el presente año las fuentes cubran erogaciones por 3.700 millones de dólares.

Es obvio que dejan entrever la posibilidad, en algún momento, de tomar deuda en el exterior y hasta de renovar los swaps de moneda con los Estados Unidos.

Para el año 2027, el gobierno tendría que conseguir 21.200 millones de dólares. 7.900 millones los aportarían organismos multilaterales y bilaterales (incluyendo FMI y otras fuentes de financiamiento por un préstamo bilateral); 5.000 millones vendrían de emisiones en el mercado local, básicamente por refinanciamiento de Bonares; 4.900 millones el Tesoro los compraría al BCRA; 1.800 millones vendrían del rollover del sector público; y 1.500 millones se suman de privatizaciones.

La única medida concreta fue cuando el secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que van a colocar un nuevo BONAR en dólares bajo legislación local, el AO29, por 2.000 millones de dólares, que se suma a los ya colocados AO27 y AO28 por 4.000 millones en esa divisa.

 En síntesis

La prioridad es demostrarles a los bancos y financistas del país y del exterior que pueden pagar. Y pueden hacerlo por un fuerte ajuste del gasto público, las menores erogaciones y la quita de subsidio (incluidos los incumplimientos de transferencias por ley), que le permite generar el superávit primario para pagar parte de los intereses de la deuda, y el resto se capitaliza en Lecap y Nocap como lo vienen haciendo.

No hay ninguna ponderación al marco político y social del año 2027, tras un gobierno que no ha trepidado en destruir trabajos de investigación y conocimiento del Estado, y que se hizo aprobar en el artículo primero de la ley 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional, que todo el gasto primario (que son las funciones del Estado) queda supeditado al pago de los intereses de la deuda.

La Argentina, el 26 de junio de 2026, con la firma de Javier Milei y sin pasar por el Congreso de la Nación, se adhirió al Convenio de Pax Silica. Un acuerdo promovido por los Estados Unidos para fortalecer las cadenas de suministro de alimentos, minerales, combustible, tecnología de inteligencia artificial, entre otros. En este acuerdo, Estados Unidos busca reducir su dependencia de China y, al mismo tiempo, limitar la influencia de ese país en América.

Esa servil condición es la base que permite la refinanciación de los organismos y de los grandes bancos internacionales de crédito; saben que perciben fuertes intereses y que cobran el capital con las empresas públicas y los recursos naturales del país.

Mientras, los representantes degradados del pueblo y de las provincias, en una inmensa mayoría, guardan un cobarde silencio.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).