Argentina: Terremotos
Juan Guahán – Question Latinoamérica
El terremoto chileno, con su intensidad de 8,4° grados de la escala Ritcher, y sus efectos en gran parte de la Argentina es una noticia que impactó a todos los argentinos. Pero también hubo un “terremoto político” con la inédita nulidad de los comicios tucumanos.
Una vez más los hermanos chilenos han sido duramente golpeados por la naturaleza. En la tarde-noche del miércoles un sismo de 8,4°, en la escala Ritcher, azotó las costas de ese país. Ese terremoto fue seguido de otros varios que también fueron de importancia significativa. Poco después ese fenómeno fue seguido por otro, aún más temido, el tsunami con olas de 4 a 6 metros de altura.
La experiencia del pueblo chileno en esta materia, efectivos avisos preventivos y una eficaz tarea de evacuación evitaron que la tragedia tuviera carácter catastrófico. Las cifras, hasta ahora existentes que nos hablan de más de medio millón de personas evacuadas, de 11 muertos se podrían haber multiplicado hasta el infinito si no fuera por la fortaleza de las razones indicadas.
En la mayor parte de la Argentina ese fenómeno de la naturaleza también se hizo sentir, de un modo mucho más débil. De todas maneras, el susto vivido, nos obliga a reflexionar sobre la pequeñez e impotencia de la naturaleza humana frente a la fenomenal dimensión y potencia de este tipo de hechos.
El terremoto político
Si el terremoto producido en Chile significó una conmoción, aquí –en las tierras nuestras- y prácticamente a la misma hora se produjo otro terremoto. Éste vino de la política. Sin antecedentes, desde que los argentinos recuperamos el derecho a votar en 1983, la Justicia declaró la nulidad de las recientes elecciones en las cuales los tucumanos debían elegir a su gobernador e intendentes, a los legisladores provinciales y municipales.
Mientras la oposición aplaudía dicha medida, diversas opiniones kichneristas las criticaban duramente calificándolas como “golpe judicial” o “decisión destituyente”
Esa anulación del reciente proceso electoral, producido por la Cámara Contenciosos Administrativa de esa Provincia, obviamente no terminará allí. Desde el Frente para la Victoria (FpV) ha sido apelada esa medida, es posible que el fallo de la Suprema Corte de la Provincia, rectifique esa decisión. En ese caso, seguramente las fuerzas opositoras apelarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nadie sabe qué decidirá dicho Tribunal. Para el caso que resuelva la nulidad de las recientes elecciones la provincia de Tucumán se encaminaría hacia un conflicto institucional de proporciones imposibles de predecir. El 28 de octubre el actual gobernador terminaría su mandato de modo que no sería fácil ni sencillo que para esa fecha hubiera un nuevo Gobernador legalmente electo. Desde las adyacencias del gobierno nacional se preanuncia, si se da ese supuesto, la intervención de la Provincia, inclusive llegan voces en el sentido que dicha intervención sería decretada por los próximos dos años. De todas maneras las alternativas son múltiples y dan lugar a las versiones más disímiles.
Ese hecho, con toda la importancia institucional que tiene, queda minimizado ante la eventualidad de lo que puede llegar a pasar respecto a las elecciones nacionales del 25 de octubre. En efecto, la judicialización del acto electoral en Tucumán abre el camino al riesgo de que las elecciones nacionales de octubre puedan recorrer el mismo camino, si los resultados no son rotundos respecto al triunfador y la posibilidad o no de una segunda vuelta.
Para dimensionar que ese peligro no es lejano basta con tener presente los hechos desde la propia óptica oficial y las decisiones legales que adoptó el gobierno. En efecto, al anunciar el escrutinio provisorio las cifras proporcionadas por la Justicia Electoral fueron de 54,42% para el oficialismo y 40,76% para la oposición, con una diferencia de 13,66 puntos. Ahora con el recuento oficial las cifras son de 51,64% para el oficialismo y de 39,94% para la oposición, de lo que resulta que quedarían 11,70 puntos de diferencia. Es decir que entre un conteo y el otro hay una distancia de 1,96 puntos. Es probable que la diferencia de votos, para determinar si habrá o no segunda vuelta, sea menor a la corrección introducida entre un conteo y otro de las recientes elecciones tucumanas. Con ese dato y el antecedente tucumano, de darse una situación de esta naturaleza -en la elección nacional- no sería extraño que la fuerza perjudicada acuda a la Justicia para demandar un nuevo conteo. En Tucumán ese trámite demandó apenas algunos días menos que el tiempo que habría entre la 1ª y 2da vuelta electoral, según está previsto.
Estas elucubraciones nos dan una idea acerca de los problemas que podemos llegar a tener en materia electoral en las próximas semanas.
Aportes al tema electoral
Mientras crece el temor ante lo señalado en la reflexión precedente, desde las diferentes capillas electorales están planificando las medidas que los dejen mejor posicionados para esas elecciones.
De todas maneras hubo, en estos días, algunas novedades respecto a las perspectivas de dichas elecciones.
Una cuestión que merece ser mencionada está vinculada a las recientes elecciones realizadas en la ciudad de Córdoba. Allí triunfó la alianza del macrismo con los radicales, que alcanzó el 32,18% de los votos. La segunda fue la de un periodista independiente, Tomás Méndez, que recogió el 23,05% y en tercer lugar el delasotismo que tuvo el 17,64%. Resulta llamativo que el candidato del Frente para Victoria (FpV), el ex Intendente Daniel Giacomino, solo recogiera el 2,4% y ocupara el séptimo lugar. Si bien es probable que buena parte de los votos del kirchnerismo se hayan volcado al candidato independiente, que resultó segundo, no deja de llamar la atención la debilidad de su candidato oficial.
Otro tema que ocupó la atención pública de la semana, en relación con la cuestión electoral, fue la situación de Paulino Niembro, quien encabezaba la lista de diputados nacionales del macrismo en la Provincia de Buenos Aires. Hubo un cúmulo de denuncias acerca de irregularidades sobre la contratación de publicidad con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el mencionado periodista. Ante tal situación, Niembro renunció a su candidatura. Con ello procuraba evitar que se extienda el desgaste que esa campaña le producía al propio Mauricio Macri.
El kirchnerismo espera que hoy pueda levantar la puntería con las elecciones chaqueñas. Allí deberían alcanzar un rotundo triunfo teniendo presente que en la elección de 2011 ganaron por una diferencia de 36,28 puntos; en 2013 la ventaja fue de 23,10 puntos y en las recientes PASO fueron 21,95 puntos de distancia. Digamos que ya llueven las denuncias opositoras en el sentido de la incorporación al padrón de votantes de otras provincias, de un inusual número de electores mayores de 100 años y de la tradicional “compra de votos”.
Cuestiones de megaminería, cianuro y soberanía
El pasado martes 15 de setiembre se autoconvocaron unos 3000 vecinos del pueblo de Jáchal, en la Provincia de San Juan. Allí decidieron que al día siguiente en ese pueblo no habría actividades comerciales, ni educativas. Además decidieron movilizarse para el día siguiente a los efectos de solicitar la “renuncia del gobernador y todos sus funcionarios”. Pero ¿cuál era el motivo de tan drásticas medidas? Se trataba de la reacción de un pueblo ante el derrame de cianuro en la cuenca del Río Jáchal por parte de la minera Barrick Gold.
La empresa canadiense reconoció que 224 mil litros de una “solución cianurada” habían sido derramados debido a la rotura de un caño que transportaba ese líquido. Los vecinos alegan que la cantidad derramada es 9 veces mayor a la reconocida por la empresa. Es conocida la peligrosa toxicidad del cianuro.
Desde la Cámara Minera informan que la baja proporción del cianuro en el agua volcada lo hace prácticamente inocuo. La empresa asegura que todo está bajo control y que la población no corre ningún riesgo. El gobierno provincial sostiene que el agua potable de la población no proviene del Río Jáchal.
El Juzgado de Paz Letrada de Jáchal hizo lugar a un recurso de amparo y suspendió las actividades de la empresa por 5 días, mientras ordenaba algunos peritajes y obligaba a la Barrick a proporcionar agua envasada a la población.
No obstante la vastedad de las denuncias producidas sobre esta empresa y la explotación de Veladero, donde se ha producido este incidente, las autoridades nacionales y los candidatos electorales de las principales opciones para las próximas elecciones, guardan un absoluto silencio.
Mientras tanto en la Justicia han sido radicadas diversas denuncias. Una de ellas, efectuada ante la Justicia Federal, acusa a directivos de la empresa y la Cámara Minera, funcionarios provinciales y nacionales, por el delito de “envenenamiento de aguas” y “propagación de enfermedad peligrosa”.
El tema de la Barrick Gold no es nuevo y ya en otras oportunidades –en esta misma columna- se han dado informaciones y hecho reflexiones sobre su presencia saqueadora en la Argentina, donde extrae oro, plata y cobre, legalmente y otros materiales de forma “non sancta”. Todo ello ha sido largamente expuesto en las casi 500 páginas del libro “El Mal” del conocido periodista y ex diputado nacional Miguel Bonasso.
Unas pocas referencias pueden dar una idea de la dimensión de lo que está aconteciendo con esta empresa y su fuerte imbricación con el aparato del Estado.
En el año 2012, mientras se debatía acerca de Ley de Glaciares, que limitaba los lugares de exploración y explotación de esa empresa, el apoderado legal de esa firma en el país y el Secretario de Minería, Jorge Mayoral, -acusado por el actual incidente- compartían la misma oficina en la Marcelo T. de Alvear 624 de la Capital Federal.
En la tradicional marcha -realizada el año 2010- con la que el gobierno de San Juan reivindica el Paso de los Patos, como el sitio por donde el General José de San Martín cruzó a Chile, había tres banderas que presidían dicha conmemoración. Se trataba de la bandera Argentina, llevada por el gobernador sanjuanino, la chilena que portaba un militar de ese país y una tercera, la canadiense, enarbolada por el embajador de dicho país. Era la constatación práctica acerca de la existencia de un área, donde se mueve la Barrick, donde la soberanía efectiva la ejerza dicha empresa, en territorios donde la soberanía formal corresponde a Chile y Argentina.