Argentina: Sobre justicia, suicidios y corrupción (la de ayer y la de hoy)
Juan Guahán, Question latinoamérica|
Las novedades del ámbito judicial llegaron con una sobrecarga que obliga echar un vistazo sobre el sentido de las mismas y su rol, en este momento y el futuro. Además de las consabidas visitas de ex funcionarios y miembros de la familia Kirchner por diferentes despachos de jueces federales, hubo otros sucesos que merecen ser tenidos en cuenta., entre ellos la presentación del primer “arrepentido” vinculado al anterior gobierno.
Se trata de la presentación de Alejandro Vanderbroele, como “testigo protegido”. Y, aunque tengan menos prensa, también es bueno recordar las denuncias que siguen lloviendo sobre los actuales funcionarios y su participación en “paraísos fiscales”.
Todo lo anterior adquiere aun más importancia cuando –además- llegan “flechas” desde jurisdicciones lejanas y con particulares intereses, como lo son las largas sesiones con las confesiones del delincuente arrepentido Alejandro Burzaco, que procura salvarse de una condena por el resto de su vida, ante la justicia norteamericana. Sin dejar de mencionar el trágico desenlace de la que motivara la muerte por mano propia de uno de los mencionados en esas denuncias.
Antes de reflexionar sobre cada una de estas situaciones vale la pena mencionar las tres perspectivas desde las cuales ellas pueden analizadas.
Las miradas sobre la corrupción
Una es la mirada del actual gobierno que pretende usarlas con un doble objetivo. Como “tapadera” a muchas de sus actuales medidas de gobierno y al dolor que ellas causan en vastos sectores populares. Pero también como una forma de seguir reforzando el tema de la “corrupta herencia recibida”.
Para el kirchnerismo no dejan de ser una continuidad de las “maniobras persecutorias”, usando la vía judicial, que el macrismo ejerce sobre las principales figuras del gobierno anterior. Según esta apreciación con ello pretende desprestigiar a sus dirigentes -particularmente a Cristina- y dejar sin efecto derechos adquiridos por el pueblo.
También existe la posibilidad de una tercera mirada. En este sentido es imposible no coincidir con quienes, como el escritor Jorge Asís, hablan de un enfrentamiento entre la “nave de los condenados” (por los kirchneristas) y la “mafia del bien” (por las macristas). Lo lamentable es que para dirimir esa desigual confrontación se está usando a uno de los poderes estatales, la Justicia. Más lamentable aún es que esa misma Justicia actuó en sentido contrario durante largos años. Múltiples denuncias, de lo que ahora se investiga, fueron echadas en saco roto y muchos de estos mismos jueces definían lo contrario, exculpando a los que ahora condenan.
Queda el consuelo, ¡consuelo de tontos!, que dentro de unos años cuando el macrismo sea historia pasada algunos de estos mismos jueces condenen, de un modo semejante a como lo hacen con los kirchneristas, a aquellos que hoy están envueltos en negocios y temas más que cuestionables.
En estos 23 meses de gobierno hay una larga lista donde compiten por encabezarla la vergonzosa decisión que permitió a familiares del Presidente blanquear centenares de millones; el escándalo de Luis “Toto” Caputo y Juan José Aranguren que aparecen involucrados con fondos de dudoso origen en -lo que algunos llaman- los “prostíbulos del capitalismo”, los paraísos fiscales (Paradise Papers), cuando todavía están pendientes muchas denuncias sobre los Panamá Papers; los negocios, incompatibles con su cargo de funcionarios, como el caso extremo del mismo Aranguren o la desvergüenza que empaña al actual y al anterior gobierno con el tema de la constructora Obedrecht. Todo ello algún día, para que los Macri y sus CEO’s lo recuerden, recalará en la Justicia. En esta “transversalidad” de la corrupción pierde toda la sociedad. La ética, la moral de los argentinos está y estará herida mientras tomemos como algo natural estos escándalos, que se esparcen por toda la sociedad.
El “arrepentido” que usa la justicia estadounidense
Si Vanderbroele -el primer “arrepentido” de la justicia local en esta etapa justiciera- causó pavura, lo que está ocurriendo con Burzaco en la justicia norteamericana genera terror. Pero vamos por parte ¿Quién es Burzaco? ¿Por qué interviene la justicia norteamericana? Burzaco, Alejandro, el delincuente arrepentido, es 6 años mayor que su hermano Eugenio, Secretario de Seguridad de la Nación, segundo de la Ministra Patricia Bullrrich, ambos (Alejandro y Eugenio) son hijos de Raúl Burzaco, ya fallecido, que fundara -1982) y dirigiera al diario Tiempo Argentino. Alejandro fue un directivo de Torneos y Competencias la empresa de televisión que tuviera a su cargo la mayor parte de las trasmisiones de fútbol en Argentina y la región.
Cayó en desgracia con motivo del FIFA-Gate. Desde Italia, negoció su entrega y colaboración con la justicia de los Estados Unidos. Allí logró la detención domiciliaria, previo pago de una fianza real de 20 millones de dólares. La empresa Torneos aportó 15 millones, su hermano Eugenio puso 3 millones y el resto fue reunido por otros familiares, abogados y amigos. El negocio era comprar a las federaciones nacionales, a precios ínfimos, los derechos para televisar eventos y luego cobrar por la publicidad o venta a los Estados, en nuestro caso Fútbol para Todos (FpT) con sobre precios. Burzaco estima que se pagaron, en el mundo, unos 200 millones de dólares de coima. Los 4 millones que habría entregado al funcionario Pablo Paladino y al abogado suicidado Jorge Delhon correspondía por la trasmisión del Torneo de la B Nacional, en un período dentro del cual River Plate jugó en esa categoría.
Pero… ¿qué tiene que ver la justicia norteamericana con todo esto? El argumento formal es que hubo pagos que pasaron por bancos de ese país lo que –según su legislación- les permite intervenir. La verdad… la verdad es otra. La gente de la FIFA, con Julio Grondona como principal operador, cometió un grave error que hizo detonar todo esto. Eso pasó en diciembre del 2010. Se tenían que designar las sedes de los mundiales del 2018 y 2022. La sede del 2018 le correspondía a Europa. Se la disputaban España e Inglaterra, se votó y… ganó Rusia, ¡no pregunten porque pasó! Gran escándalo y mucha bronca. A renglón seguido se debía elegir la sede para el 2022. La discusión estaba entre América (Estados Unidos) y Asia (Qatar).
Hasta el Presidente Bill Clinton se hizo presente para “festejar” el esperado triunfo americano. Se votó y… ganó Qatar, que habría repartido 85 millones de dólares para reunir voluntades. Los funcionarios de la FIFA, obnubilados por el poder y la avaricia, midieron mal y facilitaron esa victoria de Rusia y el agravio al poderío norteamericano. Estados Unidos bramó de rabia y juró venganza. “Convencieron” a un norteamericano, delegado de la CONCACAF que le convenía “colaborar”. Con los micrófonos que le dieron grabó lo necesario y se desató el escándalo. Lo demás es historia conocida.
Desde los kirchneristas involucrados y los voceros de esa corriente se sostiene que toda esta acusación forma parte de la campaña para desprestigiar a “Fútbol para Todos” y promover el actual “Fútbol Pago”, esa es una parte de la verdad. Pero hay otra que no hay porqué callarla. Entre las pruebas que están siendo investigadas hay una que llama la atención. Según la misma, la Televisión Pública Argentina pagó 19 millones de dólares, para trasmitir las Olimpíadas de Londres 2012 y la Copa América de Chile 2015. Por un servicio semejante: Las Olimpíadas de Río y la Copa América (Estados Unidos) en el 2016, se pagaron 2,5 millones.
Acuerdos gobierno-gobernadores-CGT
Durante esta semana el gobierno demostró que sabe “sacarle el jugo” a su victoria electoral y a la confusión, fragmentación y desconcierto del peronismo. Además del sacrílego tarifazo que están anunciando, con el triunviro que dirige la CGT se acordaron las principales líneas del acuerdo sobre cuestiones laborales. Con todos los gobiernos provinciales, a excepción de San Luis, firmaron un acuerdo que regla sus vínculos. Las respectivas leyes que darán vida a ambos textos, ahora serán materia de tratamiento parlamentario. CGT y gobiernos provinciales, otrora baluartes del peronismo han cerrado trato con el gobierno, la única fuerza gravitante del peronismo que permanece fuera de estas negociaciones es Cristina, pronto senadora aunque arrinconada por las citaciones judiciales.
El acuerdo con la CGT
La CGT sostiene que se logró hacer respetar los principios fundamentales de las conquistas laborales y que este acuerdo nada tiene que ver con lo aprobado en Brasil; el gobierno lo considera un éxito y desde la oposición social –que incluye gremios que están en la CGT- se preparan para combatirlo en las calles.
Así de diversas son las evaluaciones sobre el acuerdo entre CGT y gobierno.
Lo cierto es que el proyecto original del gobierno sufrió varias modificaciones. Tal vez la más importante tiene que ver con la filosofía que manifestaba la propuesta gubernamental negando la función del derecho laboral que es proteger al más débil (los trabajadores) en su disputa con el más poderoso (el capital) en las relaciones laborales. El proyecto del gobierno se refería a esas relaciones como “vínculos de cooperación entre iguales”. Eso fue dejado de lado. En el orden práctico el gobierno también abandonó su idea de cambiar el régimen de jornada de 8 horas con el “banco de horas”, con el que pretendía evitar el pago de las “horas extras”. 
El pago de las indemnizaciones seguirá incluyendo las comisiones que se querían obviar. Respecto a las tareas “tercerizadas”, los trabajadores afectados a las mismas no podrán percibir un salario por debajo de los establecido en sus respectivos convenios. Estos son algunas de las cuestiones que los dirigentes del triunviro evalúan como éxitos. Al mismo tiempo aplauden las medidas que permitirán que unos 900 mil trabajadores en negro sean blanqueados, facilitando el crecimiento de la nómina de afiliados sindicales.
Pero no todos están contentos. Sectores sindicales de la propia CGT, como los gremios que forman parte de la Corriente Federal Sindical, ya han manifestado su insatisfacción, calificando a estas propuestas como parte de la precarización laboral. Pablo Moyano volvió a hacer referencia a la Banelco, que tuvo que ver con el inicio de la caída y derrumbe del gobierno de la Alianza. Lo acompañan en ese reclamo, entre otros, los camioneros, gráficos, bancarios. Es probable que en la semana que se inicia tengamos la novedad de una jornada de lucha convocada por estos sectores, junto a otras organizaciones sindicales de izquierda, las CTA’s, la CTEP y otros movimientos sociales. Su objetivo: oponerse a este acuerdo, contra el tarifazo y con un pliego de reivindicaciones propias que incluye peticiones de las organizaciones sociales.
El acuerdo con los gobernadores
Finalmente se firmó el acuerdo, calificado como “histórico”, por gobernadores y funcionarios estatales. Significa grandes avances en materia de resolución de las cuestiones pendientes y procura que las provincias no disminuyan sus ingresos. De todos modos alguien “paga la fiesta” y hasta ahora surgen claramente algunos de los más perjudicados: los trabajadores estatales, los privados en relación de dependencia y también los que permanezcan en la informalidad o carezcan de ingresos fijos.
Las medidas son variadas y las provincias se comprometen a: mantener su gastos, en términos reales; bajar progresivamente los impuestos por Ingresos Brutos y de Sellos; renunciar a los juicios entablados contra la Nación, recibiendo compensaciones y una redistribución en el sistema de coparticipación; en cuanto al régimen previsional, los haberes se actualizarán trimestralmente, debiendo ser superiores a la inflación del período, habilitándose líneas de crédito para retiros anticipados de empleados provinciales y municipales y manteniendo el financiamiento a las provinciales no transferidas.
Todo ello lejos de la promocionada “Reparación Histórica”, con la que se pretendió justificar aquel vergonzoso blanqueo de capitales. Finalmente las provincias se comprometen a una actualización del Impuesto Inmobiliario con una progresiva convergencia de las valuaciones fiscales con las de mercado. Las provincias asumen la responsabilidad de traducir estos acuerdos en políticas semejantes en los municipios de cada jurisdicción.
Dado que “para saber si es rengo hay que verlo caminar”, los efectos de ambos acuerdos se irán viendo con el paso del tiempo, particularmente en los trabajos, los hogares y las calles. Allí se verán sus resultados y las respuestas más concretas y definitorias.