Argentina quiere copiar el modelo laboral del golpismo brasileño

Santiago Fraschina y Ramiro Bogado|

La reforma laboral brasileña ha impulsado al gobierno de Macri y a sectores empresarios a proponer una similar para reducir o eliminar derechos de trabajadores: precarización en las condiciones de trabajo, expansión de monotributistas y flexibilización laboral. El argumento es que de ese modo la economía no perderá competitividad.

Luego de que el gobierno de Brasil aprobara una reforma laboral regresiva, con incremento de las jornadas de trabajo, retroceso de las convenciones colectivas de trabajo respecto a los contratos privados, con jornadas intermitentes y hasta la flexibilización para disponer despidos, se agitaron voces para impulsar lo mismo en Argentina con el argumento de la pérdida de competitividad. A diferencia de Brasil, nuestro país tiene una cultura sindical más fortalecida y combativa respecto a los derechos del trabajador, lo que no quiere decir que los sindicatos sean un escudo impenetrable para las reformas neoliberales impulsadas no solamente por el gobierno de Macri y aclamadas por el empresariado, más precisamente por grandes conglomerados industriales locales y multinacionales.

Los cambios en el escenario laboral de Brasil traen consigo fuertes presiones de los sectores exportadores en busca de competitividad. El costo laboral en Brasil se reducirá a fuerza de despidos y suspensiones, y se consolidará en tercerizaciones masivas en las industrias. Esto estará acompañado de un probable boom importador en un contexto de reducción de las convenciones colectivas, empujando a los trabajadores a aceptar condiciones precarias en lo referido a la jornada laboral. Entre las modificaciones laborales brasileñas se encuentra permitir el trabajo en ambientes insalubres para embarazadas. Por último, se reducirán las actualizaciones salariales, lo que conllevará necesariamente a reducir su costo laboral en dólares, mejorando su competitividad respecto a la Argentina.

Resulta entonces importante enfocar, más allá del clima político del país vecino, dichos cambios como una tendencia regional. Los números del disciplinamiento a nivel local ya se sienten. En primer lugar, se observa un retroceso del empleo privado registrado, con más de 16.000 puestos menos entre mayo del corriente año y fines de 2015, con pico de deterioro en agosto 2016. En el desglose por sectores, se registran casi 58.000 empleos perdidos en la industria, además de 11.177 en el sector de la construcción y más de 26.600 en el transporte y otros servicios. Los resultados en los sectores intensivos en mano de obra difieren con una primitiva creación de menos de 3800 empleos en el sector primario orientado a la exportación. Es un esquema laboral donde por cada puesto de trabajo nuevo en el sector agrario, se destruyen 3 en la construcción, 7 en servicios y 15 en la industria manufacturera. Esto significa una reprimarización del empleo privado registrado.

Otra de las prácticas que ha ido creciendo es la precarización de los contratos en relación de dependencia, pasando del régimen del monotributo, prácticas que son relaciones laborales encubiertas, que les permiten “ahorrarse” a las empresas las cargas sociales, las indemnizaciones, aguinaldos y vacaciones pagas. Según se desprende de las estadísticas del Ministerio de Trabajo, entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, hubo un crecimiento de los inscriptos en el monotributo del 5,9 por ciento (corresponde a 106 mil nuevos ingresos), mientras que el sector privado en general mostró una caída del 0,7 por ciento (45 mil puestos destruidos). Se puede establecer entonces la siguiente relación: por cada dos nuevos inscriptos en el monotributo, existe un empleo registrado en el sector privado que se pierde. Esto lleva a inferir que uno de esos dos nuevos monotributistas es consecuencia de la precarización laboral.

Profundizando el análisis, si se toma el promedio de nuevos inscriptos al régimen simplificado de los doce meses anteriores a la incorporación del beneficio de la AUH, el saldo es de 1900 por mes. En abril de 2016 (mes en el que se anunció que los monotributistas podrían ser beneficiarios de dicha asignación), el crecimiento fue de 17.900, es decir 16 mil nuevos ingresos por encima del promedio. Por su parte, en octubre del mismo año (mes que venció la primera adhesión al blanqueo de capitales), se produce un crecimiento de casi 12 mil nuevos monotributistas, es decir casi 10 mil por encima del promedio, que pueden ser atribuidos a las altas en dicho régimen para la exteriorización de capitales. Caso similar se observa en enero y febrero de 2017 antes del cierre definitivo del blanqueo, sumando 28 mil nuevos adherentes.

Teniendo en cuenta que de 106 mil nuevos monotributistas, 45 mil se deben a una flexibilización laboral por una precarización en la contratación, 16 mil por ingreso al sistema por el beneficio de la AUH y 38 mil por altas debido al blanqueo de capitales, solo 6600 monotributistas se deben a una creación de empleo, es decir que 6 de cada 100 nuevos ingresos al régimen simplificado se debe por una creación de puesto laboral.

El fraude de la competitividad empieza cuando se escuda detrás la flexibilización de derechos laborales. Es responsabilidad de los gobiernos ser creativos a la hora de planificar la política económica, y especialmente en materia de comercio exterior. La competitividad es posible vía inversión estatal en empresas industriales, que produzcan bajo la premisa de la sustitución de importaciones y la industrialización de las exportaciones.

Cuando se habla de mejorar la competitividad a costa de derechos adquiridos es caer en la falsa antinomia que pregona la ortodoxia, para enmascarar intereses ocultos: el disciplinamiento y consiguiente debilitamiento de las clases populares, que han supuesto un obstáculo para el neoliberalismo, que tiende a concentrar riqueza y poder a costa de la pobreza de millones.

* Economistas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) e integrantes del colectivo EPPA.