Argentina: Modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador

Horacio Rovelli

 

El puerto y la aduana

La Revolución de Mayo denominó al Virreinato del Río de la Plata como “Provincias Unidas”, oficializándose su nombre al declararse la independencia en 1816. La disputa con Buenos Aires y su puerto se arrastraba desde la época de las colonias. Con la Revolución de Mayo se potenció y el enfrentamiento llevó a la guerra civil.

Tras el triunfo de Estanislao López y Francisco Ramírez en la Batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, se firmó el Tratado de Pilar. Por este, las provincias se pronunciaban por la federación y se llamaba a un congreso general que se reuniría en San Lorenzo (Santa Fe). Los comerciantes porteños representaban a la British Comercial Room, conformada por ingleses y criollos (familias como los Sáenz Valiente, Almagro, Santa Coloma, Rodríguez Peña, Bosch, etc.), y también, en defensa del puerto, los dueños de saladeros y permisos de vaquerías.

Por eso, el puerto y su aduana se los disputaban los comerciantes porteños (encabezados por Rivadavia) y las estancias y saladeros (Juan Manuel de Rosas). Es más, este último corrompió a Estanislao López en el Tratado de Benegas (24 de noviembre de 1820). En este tratado, Santa Fe y Buenos Aires acordaron el libre comercio de armas, municiones y todo artículo de guerra entre las partes contratantes. Juan Manuel de Rosas, de sus estancias, le entregó a López 25.000 cabezas de ganado en resarcimiento por la guerra entre ambas provincias.

En 1824, el gobernador era Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia; tomaron el crédito con la banca inglesa Baring Brothers. Como garantía del empréstito, Rivadavia hipotecó todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública (incluidas las minas de Famatina, en La Rioja).

Las provincias del interior, enteradas del hecho, exigieron destituir a Martín Rodríguez; entonces los autotitulados federales de Buenos Aires, encabezados por Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas, lo derrocaron, y se nombró al primero gobernador. Sin embargo, Juan Galo Lavalle, vencedor del Imperio de Portugal en Brasil en las batallas de Ituzaingó y Camacuá, se puso al servicio de los unitarios con sus tropas y venció y fusiló a Manuel Dorrego en la batalla de Navarro (13 de diciembre de 1828).

El Presidente Rivadavia nombró a Juan Manuel de Rosas, que había hecho la campaña del desierto como segundo de Martín Rodríguez, comandante de los ejércitos de campaña a fin de mantener pacificada la frontera con la población indígena de la región pampeana. Cuando murió Dorrego, Rosas se unió a Estanislao López y derrotó en Puente de Márquez a Lavalle a principios de 1829.

Pero la rubia Albión, que juega siempre a ganador, no tardó en acordar con los triunfadores, al fin y al cabo, dueños de las grandes estancias, para asegurarse la provisión de carne y de tasajo (para el consumo de los esclavos), mientras que los comerciantes porteños necesitaban intermediar con las importaciones extranjeras, convirtiéndose en un apéndice de esa industria.

En 1853, cuando tras la derrota de Rosas se declaró la Constitución nacional, si bien se respetaron los pactos preexistentes [1], persistió la división entre el puerto (los porteños encabezados por Bartolomé Mitre) y la Confederación Argentina (encabezada por Justo José de Urquiza), que terminó con el triunfo del primero en Pavón en 1861.

El predominio de Inglaterra y la política de endeudamiento de los sucesivos gobiernos conservadores consolidaron el modelo agropecuario exportador, donde una minoría se apropió de grandes extensiones de tierra e hizo trabajar como peones a los gauchos, y persiguió y mató o desterró a quienes lo enfrentaron, munidos de armas y municiones de Inglaterra.

Fue recién el 4 de junio de 1943, cuando el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) derrocó al Presidente Ramón S. Castillo, que se impuso un nuevo modelo de producción y distribución de ingreso, basado en el consumo interno y la sustitución de las importaciones por producción local, esencialmente en la industria y en la construcción.

Nueva configuración del poder

Ese modelo, mal o bien, rigió hasta el golpe militar del 24 de marzo de 1976, que generó una nueva configuración del poder.

“A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros”, señala Mario Rapoport, en Historia económica, política y social de la Argentina. 1880-2000.

La dictadura favoreció a las élites agrarias y a las de los grandes grupos económicos (patria contratista) y financieros locales e intermediarios de capitales externos, cercenando la industria nacional y el mercado interno, base de la fuerza del movimiento obrero y de los sectores empresarios vinculados a su desarrollo.

El plan económico consistió en el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que, por la ley de concentración y centralización de capitales, termina en monopolios.

La estrategia entonces residió en apoderarse de la tecnología y del conocimiento, complementada con la dependencia de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación) y financiar dicha reestructuración mediante el endeudamiento externo. Así, se condicionó el presente y el futuro del país con una deuda que parcialmente invirtieron para quedarse con los principales activos del país, pero que lograron transferir en su mayor parte al Estado (pueblo argentino) mediante los seguros de cambio.

La subordinación de las provincias

Se conformó un “bloque de poder” subordinado al gran capital que opera en el país (local o extranjero), que tiene su centro de decisión en la Argentina en la administración nacional, pero que logró que se le asocien o subordinen las provincias.  Así fue tras los ejércitos de Mitre y de Roca, que impusieron sus hombres y crearon una nueva élite en el interior del país (Partido Autonomista Nacional).

Los prosiguieron las administraciones conservadoras, con el freno del radicalismo, que debió recurrir a la intervención para desplazar a esas administraciones, que volvieron con el primer golpe militar del siglo XX y la llamada “Década infame”. Fueron desplazados del poder desde el 4 de junio de 1943 hasta el 16 de septiembre de 1955. En este periodo se generó un nuevo modelo de producción y distribución, que prosiguió hasta la dictadura cívico-militar de la que se cumplen este 24 de marzo 50 años.

Pese al retorno de la democracia y con la debida excepción del año de gestión del ministro Berardo Grinspun y los 12 años y siete meses del gobierno de los Kirchner, la política de endeudamiento y fuga de capitales que beneficia a una minoría parásita y rentista no solamente continuó, sino que se fortaleció, como lo demuestra el aumento de la deuda bruta nacional  y la compra de divisas por personas físicas desde diciembre de 2015 a enero de 2026 (último dato publicado por la Secretaría de Finanzas ). En este último tiempo, se deben sumar la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, los intereses que se pagan por deuda que son autopréstamos, la compra de bienes y turismo de lujo, etc.

Deuda bruta – Administración nacional

La deuda se tornó exponencial y las reservas netas del BCRA son negativas en 14.100 millones de dólares, según un informe del FMI de enero del 2026. A su vez, la acumulación de vencimientos de títulos del Tesoro (incluidos Bopreales y Repo) para lo que resta del año 2026 (en pesos y en divisas contabilizado por la Secretaría de Finanzas de la Nación) es de 10.723 millones de dólares, y para el año 2027, de 22.615 millones.

Si bien en la balanza de pagos la cuenta mercaderías es positiva (las exportaciones de bienes superan a las importaciones), sumado el superávit de los años 2024 y 2025, más el mes de enero de 2026, totalizan 32.172 millones de dólares. Sin embargo, la cuenta corriente cambiaria que contabiliza el BCRA en el mismo lapso (acumulado de enero de 2024 a enero de 2026 inclusive) fue negativa en 1.447 millones de dólares, fruto esencialmente de la compra de dólares por personas humanas (componente principal de la fuga de capitales) por 46.424 millones de dólares.

La cifra supera holgadamente el monto de posible inversión de los 12 proyectos del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) aprobados por el Comité Evaluador presidido por Luis Caputo y del que el Presidente Milei se jactó en su discurso del 1 de marzo de 2026, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. La cifra es similar al total de los ingresos coparticipados que percibieron el conjunto de las provincias en igual período.

Y es peor, porque mientras la compra de dólares por “personas humanas” supera los 3.000 millones de dólares por mes, lo que percibieron las provincias en enero de 2026 fue de 5,5 billones de pesos. Y para febrero bajó a 5,2 billones de pesos. Si lo convertimos en dólares, al ser su precio oficial menor que el del 2 de enero (1.495 pesos), es una cifra algo mayor, pero la recaudación de impuestos de la Nación y de las provincias desciende mes a mes a medida que se frena la industria, la construcción, el comercio, etc., lo que repercute en el IVA a nivel nacional y en el impuesto a los ingresos brutos en las provincias y en la CABA.

Recaudación tributaria, año 2025 y enero y febrero de 2026

La recaudación nominal de febrero es menor que la de enero de 2026 y que la de diciembre de 2025 Comparando interanualmente la inflación medida por el IPC del INDEC (no modificado), a enero de 2026 es de 32,4% y la recaudación promedio creció solo en un 20,1%.

El único impuesto que creció interanual en febrero es el de combustibles (un 58%), que tiene asignación específica y que debería ir a obras de construcción (vialidad, energía eléctrica y viviendas) que se deben llevar a cabo en el territorio nacional y del cual este desgobierno de Milei no ejecutó un solo peso; empleó la totalidad de lo recaudado por el impuesto para pagar los intereses de la deuda.

El FMI propició en la administración de Macri la Ley de Responsabilidad Fiscal que ajustaba el gasto primario, que es el gasto en educación, salud, asistencia social, obra pública; son todos los gastos antes del pago de los servicios de la deuda.

También en la Ley de Responsabilidad Fiscal estableció que las 13 provincias [2] que conservan su sistema previsional deben recibir un auxilio del gobierno nacional para paliar sus déficits que se incrementarán “en la misma proporción en que se incremente el resto de las prestaciones previsionales liquidadas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

En un marco de fuerte ajuste del gasto, la Nación cumplió con los compromisos asumidos con las provincias, principalmente el del pago de las jubilaciones y pensiones.

¿Qué hace Milei? No solo incumple con no girar los fondos previsionales correspondientes, que hace que, por ejemplo, el gobierno bonaerense haya presentado siete demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una deuda de 1,6 billones, sino que, por la falta de inversiones y recortes de obras públicas, la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires, desde enero de 2024 a febrero de 2026, la suma de 15,6 billones de pesos.

Recordemos también que este gobierno, al no renovar el impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que fue creado en 2019 como medida de emergencia, imponiendo un recargo del 30% sobre el tipo de cambio oficial en la compra de divisa (después se redujo su alícuota al 25% en diciembre de 2024), dejó de recaudar en el año 2025 el equivalente a 9.701 millones de dólares, que se asignaban un 70% al sistema previsional nacional (SIPA) y el 30% al RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), que era para urbanizar las viviendas de emergencia.

En síntesis

La recaudación tributaria desciende mes a mes, con ello la coparticipación a las provincias. Las que tienen su propio sistema previsional no reciben el giro que les corresponde, no se hacen obras en estas, las rutas nacionales colapsan por falta de mantenimiento, etc., etc.

Sin embargo, ocho gobernadores, Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), junto a Javier Milei, irán a la llamada “Semana Argentina”, que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo 2026, en las sedes de JP Morgan y del Bank of America de Nueva York.

El fin será vender y/o licitar a precio vil los yacimientos que le pertenecen al pueblo argentino, que las grandes empresas mineras internacionales van a explotar a cielo abierto, que consiste en dinamitar las montañas, moler las rocas hasta reducirlas casi a polvo y, finalmente, rociarlas con químicos para producir la separación del metal de la roca (lixiviación).

Esto termina con un cóctel de desechos encerrados en un gran dique de cola, donde corre el riesgo de contaminar el agua que nace de los glaciares. El primero de ellos se instaló en el año 1997 en la mina Bajo la Alumbrera, ubicada en suelo catamarqueño. Duró dos décadas y, aun así, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres del país [3].

Es la deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país las que imponen una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, que generen trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior.

Notas

[1] Los principales son el Tratado del Pilar (1820), Tratado de Benegas (1820), Tratado del Cuadrilátero (1822), Pacto Federal (1831), Protocolo de Palermo (1852) y el Acuerdo de San Nicolás (1852).
[2] Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Corrientes, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
[3] En la Argentina, las mineras pagan regalías de hasta el 3% sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. Según la Ley Nacional N.° 24.196 de Inversiones Mineras, sancionada en 1993, se establece un régimen especial de fomento para la actividad minera, ofreciendo estabilidad fiscal por 30 años, amortización acelerada, exenciones impositivas y beneficios aduaneros para la importación de bienes de capital, con el fin de atraer inversiones al sector.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).