Argentina militariza el conflicto social y digitaliza la represión
Emilia Trabucco – Nodal
El despliegue de militares en las fronteras del norte argentino, el avance de leyes que criminalizan la protesta y la construcción del “enemigo interno” en redes sociales, configuran un nuevo escenario: el gobierno de Javier Milei instala una doctrina de control social total. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, es la encargada de ejecutar este plan que fusiona vigilancia/violencia física y simbólica.
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El 1° de agosto se conmemora un nuevo aniversario de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, joven militante, ocurrida en 2017 durante un operativo de Gendarmería en la provincia de Chubut. A ocho años, la responsable del Ministerio de Seguridad sigue siendo la misma y el modelo represivo no solo se mantiene, sino que se consolida como política de Estado, con nuevas herramientas, mayor impunidad y justificación discursiva.
El modelo de gobierno libertario en Argentina, en materia de seguridad se apoya en dos pilares: la represión directa y el disciplinamiento simbólico.
El primero toma cuerpo en el Protocolo Antipiquetes, el Plan Güemes y la militarización de zonas fronterizas como parte de la Operación Roca, que incluye a más de diez mil efectivos y equipamiento militar de última generación. La militarización de la frontera norte bajo el argumento de combatir al narcotráfico no solo desconoce la evidencia sobre su ineficacia, sino que habilita la represión sobre las mayorías trabajadoras, como ya ocurrió con el asesinato del joven bagayero Fernando Martín Gómez en Orán, a manos de la Gendarmería Nacional.
La narrativa oficial refuerza la represión con un lenguaje que construye enemigos: piqueteros, mapuches, sindicalistas o jubilados aparecen rotulados como “mafias”, “terroristas” o “extremistas”. Esto se traduce en leyes como la Ley Antimafias, que permite allanamientos sin orden judicial y detenciones preventivas, y en reformas policiales como el decreto 383/2025, que transforma la Policía Federal Argentina sin debate parlamentario.
En las calles, las escenas de violencia se repiten. En cada movilización frente al Congreso, especialmente las manifestaciones de los miércoles encabezadas por jubilados y jubiladas, se despliega una fuerza estatal que combina la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal. En las últimas semanas, un agente gaseó a una niña, otro hirió a un manifestante con una granada de gas y un prefecto disparó a los ojos de un hincha de fútbol.
La cadena de mando termina en el despacho de Patricia Bullrich.
En simultáneo, el gobierno refuerza el control digital. Se aprueban protocolos para la actuación de agentes encubiertos en redes sociales, se crea un consejo académico para su formación y se autoriza el espionaje sobre “fuentes abiertas”. Esto habilita la vigilancia sobre opositores, dirigentes sociales o ciudadanos que expresan críticas al poder. Las plataformas digitales se convierten así en otro campo de batalla.
La criminalización de la protesta se refuerza con detenciones arbitrarias. En julio, Alessia Abaigar y Eva Mieri, militantes de la organización La Cámpora, fueron arrestadas tras un escrache a Jose Luis Espert, diputado aliado al oficialismo.
Se las acusó de “actos terroristas” y fueron trasladadas a un penal federal, sin pruebas ni justificación proporcional. La idea del “enemigo interno” se convierte, así, en herramienta legal.
Sin embargo, la calle no se rinde. Movilización multitudinarias como las que iniciaron movimientos feministas y trasnfeministas el 1F; o la movilización del mes de marzo con la participación de hinchadas de clubes de futbol argentinos, o la convocada por las principales centrales sindicales, que fueron truncando el accionar represivo. Incluso generar un fallo judicial que limitó el accionar de las fuerzas. La masividad, la coordinación y el respaldo social demostraron que la resistencia y la iniciativa todavía es posible.
El modelo de seguridad de Milei no responde solo a una política local, se encuentra articulada con los mandatos del norte y la espacial relación de Javier Milei y el gobierno de Donald Trump. La visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en julio, consolidó una alianza que refuerza el eje represivo. Las doctrinas de “guerra contra el narcotráfico” y “lucha contra el terrorismo” funcionan como marco de legitimación externa para lo que, en los hechos, es una política de represión interna.
La normalización del uso de la fuerza, el espionaje digital y las reformas por decreto suponen un cambio de época. La lógica del “enemigo interno” reconfigura la democracia: ya no se trata de proteger a la ciudadanía, sino de vigilarla, disuadirla y castigarla. La historia de Santiago Maldonado vuelve, no como excepción, sino como advertencia: cuando el Estado decide a quién nombrar como amenaza, todo se vuelve posible.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU