Argentina: Los límites del «Estado no empresario»

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JUAN GUAHÁN|Hasta ahora uno de los rasgos que definía al actual “modelo” era que dentro del mismo el Estado no tendría un rol empresario. Sí era parte del “modelo” sostener la “argentinización” de la economía y una fuerte regulación estatal. Ese modelo parece haber llegado a un límite. ¿Cómo sigue?
Question Latinoamérica

La discusión sobre el Estado y su rol, empresario o no empresario, es una cuestión que no aparece en el debate cotidiano. Sin embargo está en el fondo de los temas más importantes que –en estos días- ocupan la agenda económica y política de gobierno y sociedad.

Antes de entrar a las consideraciones propuestas digamos que, los principales dirigentes del gobierno (ejecutivo y legislativo), percibieron los acontecimientos de esta semana ganados por estados de ánimo diferentes, según qué parte de la realidad ponían bajo su mirada. Había satisfacción plena cuando observaban los avances legislativos sobre las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central o la unanimidad alcanzada en la “Declaración” sobre Malvinas.

En el mismo sentido hay datos económicos que no podían menos que aumentar esa satisfacción Entre ellos figura el precio de la soja (superando los 500 dólares la tonelada en el mercado de Chicago) con un incremento de un 30% en tres meses. Al mismo tiempo trascendía que la pérdida de la cosecha de este grano, por la sequía, no superaría el 10% del total que se esperaba recoger. Todo ello traía tranquilidad a productores, exportadores y gobierno.

Hay una moderada preocupación por lo que nos espera en los próximos meses. La tranquilidad que trae la perspectiva de una mayor disponibilidad de fondos, que permitiría la reforma del Banco Central, va a la par de las preocupaciones por seguir reduciendo los subsidios y los esfuerzos para que las restricciones a las importaciones no afecten la producción y el empleo.

Al debate salarial y la evolución de la inflación el gobierno no les saca el ojo de encima, conciente de la complejidad de estos temas y su impacto en la vida cotidiana.
Más allá de todos estos datos de la realidad hay un estado de perplejidad en la mayor parte de la dirigencia kirchnerista. Les cuesta encontrar un rumbo común y un discurso aceptable que sostenga y fortalezca su arraigo popular, expresado en aquel 54% alcanzado en el mes de octubre.

Yendo al debate pendiente sobre el Estado. Hasta ahora primó un principio reiteradamente expuesto por la Presidenta: «Ya nadie piensa en un estado empresario, necesitamos un Estado que oriente, que diga hacia donde vamos, cuáles son los recursos (…) Los mercados autorregulados ya no existen».

De esa manera se colocaba en el centro de un dispositivo donde estaban, en un extremo los empresarios que cuestionan una “exagerada intervención estatal”, en el otro polo quienes reivindican una mayor y directa presencia del Estado. Durante estos años, al amparo de una situación donde había suficientes recursos -para empresarios y trabajadores- se impuso la idea de un Estado regulador.

Éste transfirió importantísimos recursos a sectores empresariales argentinos (la denominada “burguesía nacional”). De esa manera se fortalecieron grupos existentes (Techint, Eurnekian, Elsztain, Midlin, Cirigliano) o se constituyeron nuevos grupos (Eskenazi, Lazaro Baéz, Cristóbal López).

Ahora cuando la crisis llegó a nuestras puertas otras son las opciones. Quedan por delante tres caminos posibles, sin negar las combinaciones entre los mismos. Que la crisis se cargue a la cuenta de las ganancias empresariales, que la paguen los salarios de los trabajadores, que se ponga en marcha un nuevo modelo donde el Estado tenga un rol muy superior al actual, algo así como el cuestionado “Estado empresario”. Aunque en este caso debería contar con la participación decisoria de trabajadores y usuarios, en el tema de los servicios públicos.

Núcleos centrales de la vida económica (energía e hidrocarburos, minería, transporte) han expuesto –en estos días- sus problemas, motivando diversas situaciones que afectan al gobierno y franjas importantes de la sociedad. Algunos hechos, que brevemente señalaremos, muestran que no se trata de situaciones aisladas, sino que hay algo más profundo que merece ser considerado.

Minería

El actual régimen minero es continuidad, con pocas diferencias, del que fuera impuesto durante el gobierno de Carlos Menem. El mismo favorece notoriamente a las grandes mineras trasnacionales, lo que parece darles la razón a quienes hablan de un saqueo de nuestros recursos.

Mediante modestos aportes, entre ellos un reducido canon, que benefician al Estado Nacional y las provincias productoras, acceden a una inmensa riqueza que va a las arcas de cada una de estas empresas y de los estados (Canadá, Estados Unidos, Australia) donde las mismas operan. La inmensa mayoría de los ambientalistas, que con sus reclamos ocuparon la tapa de diarios y noticieros, reconocen la necesidad de una minería sostenible, que parece alejada de ésta a cielo abierto y con uso de cianuro.

También hay acuerdo que la explotación minera demanda otro régimen jurídico para que estas riquezas, que nunca más se van a renovar, sirvan real y efectivamente al desarrollo de nuestro pueblo y no al enriquecimiento de unos cuantos “vivos”. Otro modo de extracción que asegure sustentabilidad y otras formas de participación estatal deberían ser parte del futuro de este sector.

Transportes

Lo ocurrido en Plaza Once hace pocas semanas, con sus decenas de muertos y centenares de heridos, no fue otra cosa que la “punta del iceberg” de una situación insostenible. Los ferrocarriles, cuya devastación se iniciara –como lo dijo la Presidenta- en la década de los 60 con el “Plan Larkin, se terminaron de liquidar en los 90 durante la gestión menemista. Ese modelo que se continuó estos años, con un notorio incremento de los subsidios, ya está agotado. Parece carente de sentido seguir alimentado un “barril sin fondo”.

Montón de números, publicados en estas semanas, demuestran que -con el mismo dinero- podemos mejorar sustancialmente ese servicio. Es posible repensar el diseño ferroviario contribuyendo a la integración territorial. Para ello se debería retomar la experiencia industrial ferroviaria y mejorar los servicios, sin mayores costos. Para hacerlo viable la gestión ferroviaria debería volver total y efectivamente a la órbita estatal, ahora con la participación de trabajadores y usuarios.

Energía e hidrocaruburos

Cuando los recursos eran abundantes el Estado tuvo una política que aseguró notables ganancias empresarias, en el sector de hidrocarburos. Las concesiones se continuaban y extendían por un tiempo casi indefinido; el bajo precio local al consumidor local era compensado con grandes privilegios y una abundante exportación a precios internacionales; YPF-REPSOL –con el visto bueno oficial- era “argentinizada” (15% -con derecho a otro 10%- de las acciones en manos de la empresa Petersen Energy PTY –de la familia Eskenazi- constituida en Australia).

Esa parte accionaria sería pagada con los beneficios (hasta el 90% de las utilidades), lo que supondría mantener solo una mínima inversión. La culminación del 2011 mostró los efectos de esas políticas: Drástica reducción de producción y reservas, 9 mil millones de dólares para importar combustibles.

Ahora viene el tiempo de los pases de cuenta. También por otras razones que no vienen al caso, YPF-REPSOL es conminada a cumplir con múltiples inversiones, hasta ahora no reclamadas ni realizadas. Las provincias de Chubut y Santa Cruz ya les quitaron campos concesionados; mañana hará lo propio Mendoza; Neuquén y La Pampa están considerando cómo y qué hacer. Provincias y Nación tienen la oportunidad de volver a una empresa petrolera estatal, como lo fuera YPF en su momento. Terminar con estos engendros hijos del neoliberalismo y destinados a quedarse con nuestros recursos.

Habrá que ver si estas consideraciones forman parte del “vamos por todo” que lanzó la Presidenta en Rosario con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la creación de la bandera. Por otro lado es bueno recordar que algunas de estas ideas forman parte del arsenal ideológico de Axel Kicillof quien aparece como la persona de confianza de la Presidenta en materia económica. Esto llega al punto tal que durante esta semana en dos oportunidades fue públicamente defendido por la misma.