Argentina: La estrategia macrista para evitar estallidos
Juan Guahán-Question Latinoamérica
La llegada del salvador “segundo semestre” parece haberse postergado. El macrismo se está preparando para absorber los conflictos venideros y evitar que terminen en un estallido generalizado. Actualidad y futuro de la Justicia y la corrupción: suplicio del kirchnerismo y preocupación del gobierno.
El macrismo sabe que está atravesando un momento económico-social poco propicio. Ello se manifestó en su abultada derrota en las recientes elecciones municipales de Río IV (Córdoba). Sabe que la situación puede desbocarse e irse todo al mismísimo demonio. Para colmo de males la expectativa en el sentido que el “segundo semestre” traería tranquilidad parece diluirse y postergarse sin fecha de vencimiento. Una sensible baja en la inflación y recuperación de la economía no parecen estar muy próximos.
Por el contrario lo que aparece en el horizonte es el riesgo que las múltiples protestas cotidianas confluyan en algún generalizado estallido. Es por eso que, en las usinas del macrismo, se estaría preparando una estrategia destinada a evitar tal riesgo. Ese plan supone contener a las movilizaciones actuales pero evitando que alguna de ellas termine en una represión que desate una tragedia de efectos impredecibles.
La otra (y principal) pata de dicha estrategia consiste en evitar la confluencia de los trabajadores nucleados en los sindicatos, lo que se conoce como Movimiento Obrero Organizado; con los trabajadores que forman parte de estructuras sindicales de base pero sin control de su sindicato y con la creciente capa de pobres que cotidianamente se movilizan por cuestiones vinculadas a su subsistencia. 
Respecto al Movimiento Obrero Organizado, controlado por los tradicionales dirigentes del peronismo, el gobierno sabe que allí está su principal interlocutor en materia social. En ese sector confluye la mayoría de los sindicatos y federaciones de gremios vinculados a la industria y algunos servicios claves. Cualquier movilización o convocatoria de peso debe contar con este sector. El gobierno negocia permanentemente con sus integrantes.
El Ministerio de Trabajo y las Obras Sociales son variabes vinculadas a la legalidad de sus estructuras y la obtención de sus recursos económicos. Las paritarias son su mecanismo de presión pública y los reclamos que allí sostienen sirven como una forma de mantener la fidelidad de sus afiliados y sostener luchas que les permitan sostener sus demandas. A pesar de la tensa relación del gobierno con este sector, éste constituye su mejor aliado para la moderación de los reclamos sociales.
En las últimas semana apareció un factor que aquí también puede complicar las cosas. Se trata del fútbol, el escándalo de la AFA y la pretensión de Hugo Moyano (máximo dirigente sindical y presidente del club Independiente) para conducir a ese organismo, perspectiva que a Mauricio Macri le pone los pelos de punta. Sabe que, si Moyano consigue sus dos objetivos: Presidir la AFA y colocar a su hijo en la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), su gobierno se debilitará y quedará sujeto a una permanente negociación con ellos.
En los agrupamientos laborales donde hay fuerzas –influenciadas por sectores de la izquierda trotzquista- que no responden a la conducción tradicional, la situación es distinta. Allí crece la idea de la confrontación. El gobierno trata de absorberla procurando que los conflictos no se unifiquen y enfrentándolo de a uno. Hasta ahora viene logrando su objetivo y ahí actúa con mucha dureza represiva.
Por último están los sectores excluidos que se movilizan frecuentemente por reivindicaciones vinculadas a su subsistencia. El gobierno sabe que tiene que mantener sus reclamos y movilizaciones dentro de ciertos límites. Aquí aparece la llamada “política social” del gobierno. Los diferentes planes sociales, muchos de ellos financiados por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, es la respuesta que -hasta ahora- funciona.
Respecto a los dos primeros sectores el gobierno tiene como plan reducir sus ingresos, usando los disfraces que encuentre a mano. Ello forma parte de su política de mejorar la “productividad” empresarial o dicho de otra manera incrementar las ganancias de las patronales.
En cuanto a los desocupados el objetivo es parecido al que tuvo el kirchnerismo, procurando que parezca algo más pulcro. Procuran la cooptación de diferentes organizaciones para que los reclamos no se “desboquen” en movilizaciones incontenibles. Tratan de hacerlo sin tanto clientelismo pero manteniendo el sentido y la orientación meramente asistencialista de tales políticas.
Apelando a los mecanismos señalados el macrismo espera transitar esta durísima etapa de los tarifazos y el parate económico sin un estallido que acabe con sus planes.
La Justicia: alegrías y sinsabores para el gobierno
La Justicia sigue estando en el centro de las alegrías y sinsabores del gobierno. La alegría de esta semana es que logró el objetivo de completar la integración de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de las dudas previas, los dos cargos que pretendieron llenar haciéndolos entrar por la ventana, ahora están legitimados. El gobierno se rectificó, pagó un alto costo político y ahora lo resolvió. En los últimos días varios gobernadores se sumaron a esta campaña para aseguar esta importante victoria macrista. Necesitaban 48 votos (2/3 de los senadores) y Horacio Rosatti fue aprobado con 60 adhesiones, Carlos Rosenkrantz con algo menos. Ahora, además de la relativa y obvia pérdida de poder de negociación –respecto al gobierno- de Ricardo Lorenzetti, habrá que ver la orientación de la Corte con su nueva integración. Una primera prueba de fuego será, no lejos en el tiempo, el tema de los tarifazos que seguramente llegará a esa instancia.
Pero, en estos últimos días, la Justicia no trajo –para el macrismo- otras grandes alegrías. Los problemas que le traen los recursos de amparo por los tarifazos se siguen expandiendo por diversos puntos de nuestra geografía.
Es lógico que el tema de José López esté hoy en el centro de la cuestión judicial. Esta situación, más allá del “aire político” que le da a un macrismo bastante acorralado y su correlato en el descrédito kirchnerista, no deja de preocupar al gobierno por su impacto social y las dificultades que eso supone para encapsularla o usarla solo mediaticamente.
José López y el tema de “la herencia recibida”
El gobierno, tal vez tardíamente, intentó –sin gran éxito- colocar las responsabilidades de los males actuales en la “herencia recibida”. En las 223 páginas de su informe: “El estado sobre el Estado” desgranan, ministerio por ministerio, lo que a juicio del macrismo constituyen los grandes problemas y deudas –de todo tipo- que les dejó el kirchnerismo. La inmensa mayoría de la población ni se enteró de tal informe.
Acuciado por los problemas de los tarifazos, los riesgos de perder el empleo y –en muchos casos- la dificultad para traer la comida a la mesa cotidiana, hizo que el mismo pasara con pena y sin gloria. No corrió mejor suerte el Informe del Observatorio Social de la Universidad Católica (UCA) tan crítico de la “herencia recibida” como de la insensibilidad social del actual gobierno macrista.
Lo que el gobierno macrista no había conseguido por otros caminos ahora se lo proporcionó la imbécil acción de uno de los funcionarios de mayor jerarquía del gobierno kirchnerista. Allí está, ante la confundida vista de todos los argentinos, una muestra obscena de algo innegable. Aquí no entraremos en detalles, ni tampoco en investigadores, si se trató de una “cama”, de una “traición” de una acción promovida por algún tipo de “servicios”, de algún cuervo, una lechuza o una mera tontería. Nada de ello cambia las cosas.
Está a la vista la corrupción de un alto funcionario. El sentido común indica que sus mandos, independientemente de lo que digan públicamente o ante la Justicia, sabían de qué se trataba. No quedan dudas que lo ocurrido es un mazaso al futuro del kirchnerismo y que beneficia políticamente al macrismo dándole un respiro para seguir con sus políticas.
Sin embargo el sector más racional y pensante del macrismo no reboza de alegría. Saben que si la Justicia Federal, la misma que durante años miró para otro lado, decidiera actuar “la cosa se pondría fea”. ¿Porqué?. Muy sencillo. José López no es un “loco” suelto, un ermitaño ladrón de dineros estatales, entregados por empresario privados por “sobreprecios” en las obras.
López estuvo durante años en el medio de un modelo orientado a favorecer a lo que llamaban “burguesía nacional”. El sector social que -según Néstor Kirchner, el fundador de tal engendro- debía sostenerlo, junto a los más humildes. En esto también se diferenciaba de Juan Perón quien se apoyaba en los trabajadores y las pymes.
Según datos oficiales, proporcionados por Julio de Vido cabeza de esa vital área estatal, durante esos años se hicieron obras púbica por 560 mil millones de pesos, el dinero involucrado en este bochornoso hecho es minimísimo respecto del monto sobre el cual De Vido/López tuvieron que decidir.
Pero no es esto lo que preocupa al marcrismo. Lo importantes es que la mayor parte de ese dinero fue para empresas, algunas de las cuales hoy forman el círculo más próximo al actual Presidente. IECSA, la empresa del primo del Presidente es la tercera en cantidad de dinero recibido. Eso lo sabe hasta el “viejo” Piancho y lo publicó en su columna del jueves pasado. De las 5 empresas que más dinero recibieron 4 pertenecen a la mencionada “burguesía nacional”. Entre las 20 empresas de mayor facturación en obras públicas 15 integraban esa “burguesía nacional”, 1 INVAP que está en el 5to lugar es Empresa del Estado y solo 4 son empresas extranjeras: Odebretch, multinacional de origen brasileño que está en el centro del tema de la corrupción de ese país, fue la número 6 en volumen de facturación en obras públicas firmadas por nuestros funcionarios; General Electric, en el puesto 18; Coarco en el 19 y Siemmens en el 20.
De profundizarse la línea investigativa, propuesta por Cristina en su reciente carta, caerían muchos otros y no parece que el gobierno de Macri quiera correr ese riesgo. Si las investigaciones no avanzan, este caso se irá olvidando pero tanto la Justicia como Macri, ratificarán lo que se está instalando en el imaginario popular: ¡todos son los mismo, la Justicia no es justa!
La verdad es que este vergonzoso hecho forma parte del sistema actual y es una de las bases para su funcionamiento. Para hacer obras tenés que pagar peaje. Si lo hacés, son cómplice; si no lo hacés no hay obras. Además están los “amigos de la casa” o llanamente testaferros de los que tienen el máximo poder de decisión.
El dinero tuvo, en este caso, destinos complementarios: Uno, financiar la política, tema que algún habrá que discutir sin hipocresías. Dos: fortalecer lo que se llamó “burguesía nacional”, ya vimos que 15 de las 20 empresas más beneficiadas formaban parte de este sector. Tres: usarlo para beneficio personal de los que deciden sobre tales fondos.
Es bueno tener presente que tres (por lo menos) de las empresas mencionadas entre las primeras 20 pertenecen a personas muy (demasiado) vinculadas a primeras figuras del kirchnerismo: Electromecánica (la n° 2 de aquella lista de 20) de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra vinculados a Carlos Zanini; CPC (en el lugar 13) de Cristóbal López y Petersen (en el puesto 16) de Enrique Eskenazi relacionadas con los Kirchner.
También recordemos que IECSA, número 3 de la lista de 20, la maneja Ángelo Calcaterra, un primo (cercano, muy cercano) del propio Macri. En toda esta lista todavía no se ha mencionado a Austral S.A la nave insignia de Lázaro Báez, su empresa figura –según la información proporcionada por De Vido en agosto del año pasado- en el puesto n° 36 según el monto de las obras realizada (o que debían realizar). Es posible que, en este caso, por sus vínculos (demasiado) estrechos con Néstor y por tratarse de un vecino santacruceño, hayan existido algunas ventajas adicionales.