Argentina: Exteriorización (blanqueo) de capitales

Ratifica rumbos, en el sentido que no está dispuesto a recurrir a la tradicional devaluación. En este sentido el gobierno ha sido claro y rotundo en el rechazo de ese mecanismo. Considera que ello favorecería a los sectores exportadores y perjudicaría a quienes tienen ingresos en pesos, ya sean asalariados o que cobran beneficios sociales.

Produce un giro en otras políticas, como la pesificación de la economía. Cuando crea instrumentos en dólares que circulan libremente y pueden ser negociados en mercados secundarios (directos entre las partes) está dando un paso atrás en las proclamadas políticas de pesificar, que tan fuertemente había sostenido la propia Presidenta. Recordemos hechos recientes, como el reto a Aníbal Fernández por defender su ahorro en dólares o la manifiesta expresión de la propia Presidenta en el sentido que pesificaría sus ahorros.

La dosis de audacia que encierra este conjunto de medidas está fuera de toda duda. Ello se manifiesta no sólo en este cambio político respecto a la pesificación de la economía. Nadie puede engañarse acerca de los riesgos que significa darle legalidad, con tanta libertad, a dinero de origen desconocido. Es difícil determinar si su origen proviene de algún delito (terrorismo, narcotráfico) o de negocios turbios de funcionarios, a todos los cuales el blanqueo está  expresamente prohibido. De todas maneras se trata de dinero que no ha cumplido con las normas exigidas a los demás ciudadanos. Con ello se crea una situación que no contribuye a crear condiciones para una sociedad solidaria y respetuosa de las normas estatales. Todo ello, además, genera el riesgo que seamos considerados como una especie de “paraíso fiscal” con las implicancias que conlleva.

Las razones para dar este paso son bastante claras. Todas ellas tienen que ver con la situación que se está viviendo y que fuera motivo de variados comentarios en reflexiones anteriores.

Es conocida la dificultad que hay -en medio de la presente situación económica- para desarrollar proyectos vitales, como las inversiones en materia energética. YPF parece haber llegado a un techo con las convocatorias para inversores locales en moneda nacional, debidamente registrada. De todos modos esas inversiones son a un año y pequeñas para el monto global requerido. Por otro lado es sabido que las importaciones destinadas al sector energético son un verdadero “agujero negro” en la balanza comercial.

En estos días trascendieron los datos acerca del parate en el mercado inmobiliario que suma 5 trimestres de caída. Las escrituras del primer trimestre del año cayeron 41% por debajo de igual período del año pasado. Todos sabemos la importancia del sector inmobiliario y la construcción en materia de actividad económica y ese tema debía ser atendido.

Por último, el abismo entre el dólar oficial y el paralelo no solo dificultaba los negocios inmobiliarios sino que encerraba la tendencia a que la economía se fuera “dolarizando”, no por decisión estatal sino en los términos fijados por ese mercado paralelo. Por otro lado dicho mercado, muy pequeño en términos reales, era muy maleable y sujeto a presiones privadas de grupos concentrados.

Los principales instrumentos propuestos

Bajo estas condiciones y con las señaladas necesidades es que el gobierno toma el camino de un nuevo “blanqueo”. Procura incorporar dólares, sin preguntar por su origen, tratando de incorporarlos al mercado. Para ello crea dos instrumentos fundamentales, uno de los cuales es multiuso. Pasamos a su consideración.

Bono argentino de ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE):
Se trata de tomar créditos, deuda pública, en dólares para ser destinado al financiamiento de infraestructura e hidrocarburos, que vencerán el año 2016 y pagarán un interés -en dólares- del 4% anual. Se trata de bonos transferibles que tienen el formato legal de un bono tradicional. Estarán registrados en la Caja de Valores. Quienes conocen del tema estiman que su valor de mercado, para quienes lo quieran transferir, sería –aproximadamente- un 20% inferior al del dólar paralelo. En el proyecto enviado al Congreso también aparece un “Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico”. El secretario de Finanzas dijo que esa denominación corresponde a un instrumento por el que pueden optar algunos inversores bajo condiciones muy semejantes a la del BAADE.

 Certificado de depósito para el sector inmobiliario (CEDIN): Se supone que este instrumento tendrá mucha mayor aceptación que el anterior. El interesado entregará dólares y recibirá un Certificado (CEDIN) por igual cantidad de dólares. Este CEDIN es una especie de “cheque del viajero”, extendido en papel verde, no es un bono, no tendrá fecha de vencimiento, no pagará intereses y puede ser endosado sin límites. Con él su titular podrá hacer diferentes cosas.

Podrá conservarlos, sin límites de tiempo, presentándolo al cobro cuando lo estime oportuno. En ese momento debería recibir la cantidad de dólares señalados en el CEDIN.

También podrá liquidarlos en el denominado mercado secundario, mediante un acuerdo entre privados, canjeándolo por pesos o dólares por un valor acordado entre las partes. Si lo canjea por pesos estamos frente a un mercado de tipo paralelo, pero legalizado. Los que están en el negocio estiman que su valor, en ese mercado rondará entre un 10 al 15% por debajo del valor que tenga el dólar paralelo. En este caso será endosado y quien lo presente al cobro, para que le entreguen dólares, deberá justificar –documentadamente- que lo recibió como pago de actividades o insumos vinculados al negocio inmobiliario.

Otra alternativa es utilizar el CEDIN para comprar o refaccionar una vivienda usada, para adquirir un terreno donde edificar o para un proyecto de construcción. Este es el objetivo principal y está orientado a la recuperación del debilitado mercado inmobiliario. Es por ello que las Cámaras empresarias de esta actividad son las más entusiastas defensoras de esta medida.

Para hacer estos anuncios el “equipo económico”, siguiendo instrucciones de la Presidenta, se mostró en público en forma conjunta y “derrochando” mutuas simpatías, en dos oportunidades. Ahora la norma queda en manos del Parlamento. Si el kirchnerismo ratifica su eficacia legislativa, para mediados del mes que viene este proyecto debería estar aprobado. Regiría por 90 días, muy posiblemente prorrogables por otro plazo igual.

De esta manera el gobierno estaría llegando a las elecciones de octubre con una inyección de recursos que harían mejorar la economía y sus perspectivas electorales. El gobierno espera reunir unos 5 mil millones de dólares, en un procedimiento semejante -algo menos beneficioso para los privados- realizado en el 2008 se recaudaron 4 mil millones. El universo de dólares en negro, según Axel Kicillof e informes del Banco Central, ronda los 40 mil millones dentro del país y otros 150 mil millones que se habrían “fugado” del país y estarían en el extranjero.

Para terminar cabe recordar que esta norma es conocida como “exteriorización voluntaria de moneda extranjera”, de este título se deriva una lógica pregunta: ¿podrá existir, en algún momento otra que no sea voluntaria?

La nueva ley del Consejo de la Magistratura y sus repercusiones electorales

El Senado dio su aprobación a las reformas incorporadas en Diputados y la norma sobre la integración y elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. En cuanto el Ejecutivo la promulgue vendrá una catarata de pedidos, en diversos Tribunales del país, para que la norma sea declarada inconstitucional.

De modo que en los próximos días seremos testigos de esa avalancha de reclamos judiciales. Habrá que ver si la Corte acepta su tratamiento per saltum y los resultados finales de estos reclamos. De todas maneras en el seno de la oposición los acuerdos, por ahora, parecen terminar allí.

Es casi seguro que el gobierno va a convocar para las elecciones del Consejo de la Magistratura junto a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a realizarse en el mes de agosto. Ante esa decisión en la oposición hay dudas. Va primando el criterio -sin acuerdo (todavía) con las huestes de Hermes Binner (FAP)- de postular una lista común, con una boleta única, solo para el Consejo de la Magistratura. Cada uno de los partidos de oposición incorporaría esa suelta boleta nacional a sus candidatos locales.