Argentina: Cloacas y política, el rasgo constitutivo de un proyecto de dominación
Jorge Elbaum
Cuando las alcantarillas rebalsan dejan ver la suciedad almacenada. Los ingenieros dedicados a la gestión cloacal urbana aseguran que cada sexenio irrumpe la mugre acumulada dejando entrever los desperdicios sociales en Argentina.
Parece ser este el caso: el video del ministro de Trabajo de (la exgobernadora macrista de la provincia de Buenos Aires) María Eugenia Vidal, acompañado por funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) exhibe otra de las capas de la inmundicia soterrada durante el cuatrienio macrista.
El fárrago de noticias y de primicias hace que se pierda el hilo de la historia: pocos recuerdan que el neoliberal Mauricio Macri fue el primer presidente que asumió procesado por una causa de espionaje. Fue desprocesado una semana después de haber jurado como primer mandatario.
En aquella ocasión se habían intervenido teléfonos de familiares sobrevivientes de la causa AMIA (ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires el 18 de julio de 1994), como Sergio Burstein, de una hermana del entonces jefe de gobierno y de empresarios que competían con el Grupo Macri.
“Es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, definió el presidente Alberto Fernández al referirse a la “Gestapo” macrista y el espionaje ilegal durante el gobierno anterior.El mandatario ordenó a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia que denuncie ante la Justicia “para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”.
Un año antes que terminara su mandato, en 2019, el falso abogado Marcelo D’Alessio quedó detenido en el marco de una causa por extorción y espionaje. Para desarrollar sus labores, según el juez instructor de la causa, Alejo Ramos Padilla, D’Alessio contó con la inestimable colaboración del fiscal Carlos Stornelli y el periodistas del Grupo Clarín Daniel Santoro.
Durante ese mismo año el juez de garantías Luis Carzoglio se negó a detener al dirigente sindical Pablo Moyano y su familia fue amenazada. Meses después la mayoría de la neolibral Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires logró tramitar su suspensión.
Los dirigentes sindicales Pablo y su padre Hugo Moyano habían sido demonizados por los cambiemitas porque insistían en defender a los afiliados de su sindicato sin aceptar prebendas ni sumarse a los cantos acuerdistas motorizados por personajes como el ministro Luis Barrionuevo.
Para ese entonces ya no sorprendió el conocimiento de los cableados de micrófonos en las cárceles federales, donde se espiaba tanto a detenidos como a sus abogados defensores. Tampoco fue considerado un escándalo el espionaje a una senadora de la Nación, Cristina Kirchner, ni a los militantes que concurrían al Instituto Patria.
Para los camaristas federales que sustrajeron los expedientes a la justica provincial sólo se trató de menudencias provenientes de cuentapropistas de la AFI. Pocos relacionaron estas operaciones con el paradero de un funcionario prófugo del PRO macrista que poseía oficinas en la Casa Rosada: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien había sido el encargado de coordinar la persecución de los propietarios del canal C5N para garantizarse una grilla mediática homogénea al servicio de sus intereses.
Estos desperdicios –parte minúscula de lo que fue– pueden analizarse con claridad si se los compacta y se los conecta.
Son parte de un entramado único que no se quiere nombrar: la guerra periodística-judicial articulada por servicios de inteligencia para debilitar a las mayorías populares, etiquetando a sus referentes como criminales, demonizando a los dirigentes gremiales que no se asociaban con las patronales, fragmentando a los movimientos sociales para impedir que se consoliden como un actor político autónomo unificado.
Y criminalizando la protesta social (deteniendo dirigentes), sembrando del terror a través de recurrentes represiones sociales y el incremento de la violencia ejecutada por los organismos de seguridad (como en el caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel).
El formato propuesto por las elites corporativas locales tiene origen neoliberal. Fue instaurado por primera vez en Argentina durante la dictadura genocida de 1976.
Ese compendio tiene cuatro objetivos:
- Imposibilitar el pleno empleo para que la precarización impida un movimiento obrero fuerte.
- Garantizar la continuidad de un modelo extractivista y financiarista que les permita continuar con el esquema de endeudamiento, evasión y fuga.
- Impedir que los movimientos sociales se organicen y logren conformar instituciones de trabajo eficientes –avaladas y asistidas por el Estado– capaces de disputar espacios de poder económico a las grandes corporaciones.
- Desarticular la organización de las centrales obreras, los movimientos sociales y las Pymes en un programa articulado de poder popular.
No es espionaje. Es un proyecto político de dominación.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)