Aquelarre privatizador de “PDVSA Ad Hoc”
A propósito de los 100 años de la primera Ley de Hidrocarburos.
El comportamiento ético y nacionalista de Gumersindo Torres, en medio del mar de corrupción reinante en su tiempo, es un ejemplo que, lamentablemente, en 100 años no ha sido seguido consecuentemente.
A propósito de esa triste realidad, recomiendo la lectura del trabajo del periodista Werther Sandoval en Últimas Noticias: La ignorancia petrolera del venezolano, un festín de corruptos donde reseña el destacado comportamiento vertical de ese Ministro de Fomento en el gobierno de Juan Vicente Gómez, autor de esa primera Ley de Hidrocarburos, y el desconocimiento generalizado de su destacada labor e integridad, en medio del cual florece la corrupción en el ejercicio de la función pública.
Hoy, en este centenario, no estamos honrando su memoria, sino, por el contrario, siendo testigos de las manipulaciones de quienes pretenden desmontar todo el ordenamiento legal y constitucional venezolano en materia de hidrocarburos so pretexto de una pretendida “modernización a tono con los nuevos tiempos”, para convertir a Venezuela en tierra de nadie, sin Estado y sin Nación.
Precisamente estos sectores convocaron hace dos días, con abierta desvergüenza, a un foro con motivo de este centenario.
La estrella central del mismo fue el padre de la “apertura petrolera” y de “la inevitable privatización” de los años 90 del siglo pasado en Venezuela, Luis Giusti (“Petroleum Executive of The Year 1998” que confieren las publicaciones Energy Intelligence/International Herald Tribune, Petroleum Intelligence Weekly al más destacado líder de la industria a nivel mundial, según el dictamen de un jurado integrado por directivos de las principales corporaciones petroleras internacionales, por su destacado papel en la promoción de los valores de la industria petrolera mundial… al frente de PDVSA).
A lo cual suma posteriores emprendimientos privados ruinosos en Colombia –Pacific Rubiales, Alange Energy-, Antigua –Stanford Bank-, y otros destinos. Aparece ahora, de nuevo, como el iluminado tecnócrata salvador, con las mismas recetas de siempre, al lado de uno de los principales ideólogos de la Nueva Ley pulverizadora y del Presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, donde se procesa complacientemente el desaguisado.
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La incongruencia de este evento con la gesta de Gumersindo Torres es tal, que sólo me viene a la mente la posibilidad de que el próximo 24 de junio, el Rey de España y los descendientes del Mariscal Miguel de la Torre presidan los actos conmemorativos del bicentenario de la batalla de Carabobo.
Porque no se trata sólo del centenario de esa Ley, sino también de los noventa años de la creación en 1930, por el mismo Gumersindo Torres, del Servicio Técnico de Hidrocarburos, semilla del cuerpo de fiscales nacionales -encargados de velar por el interés nacional en materia de hidrocarburos, con funciones de control sobre las actividades de las concesionarias extranjeras- integrados primero al Ministerio de Fomento y luego al Ministerio de Minas e Hidrocarburos.
Ministerio que, precisamente, aparece como candidato a ser vaciado de potestades y capacidades técnicas en los proyectos que promueven estos próceres de la “modernización” institucional.
En efecto, desde julio del año pasado cursan en la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional varias versiones de proyectos de Ley de Hidrocarburos que comportan un retroceso más que centenario en el ordenamiento jurídico de la materia y, particularmente, el desmantelamiento de la potestad controladora del Estado venezolano sobre actividades de explotación que se desarrollan sobre el patrimonio público.
Desde entonces vengo denunciado ese renacimiento privatizador. Ahora una vez más y dado el actual ambiente de desesperación generalizada, propicio para aceptar cualquier fórmula mágica salvadora, quiero insistir en esta desigual batalla comunicacional.
En el escenario mundial contemporáneo, en cual los grandes Estados dirimen entre ellos el reparto del planeta, la salida propuesta por nuestros modernos epígonos de la libertad económica sin restricciones socialistoides, es una huida hacia adelante: desmantelar el Estado-Nación venezolano. Pulverizarlo.
Estos proyectos constituyen la materialización de un discurso pretendidamente anti estatal, pero en realidad antinacional, que se viene insuflando desde los centros nacionales e internacionales del extremismo neoliberal, desde los tiempos del “Consenso de Washington” y del “fin de la historia”.
Su núcleo central lo constituye el desmantelamiento del Ministerio del Petróleo y la conversión de PDVSA en una operadora más, en competencia minusválida con las extranjeras, las cuales gozarán, además de “condiciones competitivas”, de la intangibilidad de contratos protegidos por el arbitraje internacional. Tal como lo declarara, después de Foro in comento, el Presidente de la Comisión Legislativa citada, Elías Matta:
“Mientras se avanza con la nueva ley, se trabaja con la reforma a través de las disposiciones transitorias y en un mediano plazo van entrando en vigencia los aspectos fundamentales como la necesidad de crear una agencia nacional de hidrocarburos, la nueva modalidad de regalía, y un marco fiscal flexible que hoy día no lo tenemos y no es competitivo”, acotó.
Como en otras oportunidades, no me queda otro recurso que apelar a los argumentos esgrimidos previamente y que aquí reitero parcialmente:
En mi trabajo del 17 de julio del año pasado, “Ley Orgánica para la regulación del comercio de esclavos en Venezuela”, sostengo, -sin hacer concesiones a nadie, ni ocultar las culpas de los actuales dirigentes petroleros- lo siguiente:
Ahora, ante el evidente desastre operativo y gerencial que es la actual administración petrolera estatal, cundida de incapacidad, corrupción y abierta delincuencia; enfrentada a la inviabilidad de megaplanes fantasiosos y de resultados ruinosos, cercada, además, por las agresivas sanciones políticamente motivadas y aplicadas por el Estado más poderoso del planeta, llegó la hora de cobrar para los privatizadores ancestrales.
De restituir todos los negocios que garantizan el aprovechamiento privado de un bien colectivo. Posteriormente, el 21 de julio, en “La oportunidad la pintan calva… para la rebatiña petrolera”, después de ratificar mi visión sobre las trágicas circunstancias que vive nuestra industria, sostengo:
Este reiterado diagnóstico ha estado animado siempre por la voluntad de encontrar vías de solución, medios para la preservación del principal patrimonio minero nacional. De ello dejo testimonio en las referencias de esta nota: [Política Petrolera a la manera de los músicos del Titanic, 20 de mayo de 2018, https://petroleovenezolano.blogspot.com/2018/05/a-la-manera-de-los-musicos-del-titanic.html#.Xv_O-yhKjM4 ]
Pero la evidencia de las trágicas circunstancias actuales ha estimulado una nueva proliferación de propuestas y soluciones perversas, cargadas de la ancestral voluntad privatista: aquella que promueve el despojo del patrimonio colectivo en beneficio de los sectores más capacitados para obtener pingües beneficios del libre mercado.
Seguidamente, cinco días después, el 26 de julio, en “El Cartero siempre llama dos veces”, reitero el panorama crítico nacional y cómo tales circunstancias son propicias para propuestas estafadoras:
-En primer lugar: nadie niega que estamos al borde del precipicio y que tendremos que hacer todos los esfuerzos necesarios para rescatar una industria petrolera en su peor momento.
-Que inevitablemente tendremos que negociar con empresas y centros financieros internacionales, pero, definitivamente, considero que no podemos ir a esa negociación colocándonos en posiciones previas de absoluta minusvalía.
En un país contra la pared, cercado por sanciones internacionales, con una industria petrolera en colapso indetenible, padeciendo de una hemorragia de capacidades técnicas, minada de corrupción, pésima gerencia y proyectos de pajaritos preñados inviables económicamente, -que nunca han funcionado a su favor, como la “internacionalización” y los “megaproyectos de la Faja del Orinoco”.
Con el hambre ya instalada en los sectores más desfavorecidos y acechando al 98% de la población para fines de 2019, es tentadora la oferta mefistofélica:
“Esto es un programa de entre 5, 8 y 10 años, en ese lapso ocurren las cosas. De 8 o 10 puede alcanzar entre 3,5 millones y 4 millones de barriles diarios, pero creemos que los primeros 2 millones de barriles de recuperación petrolera, que son los más sencillos, porque son pozos de reciente baja de producción pudieran ser con un costo bastante menor que reactivar 100.000 barriles normales o nuevos 100.000 mil barriles que requerirían entre 20.000 millones y 30.000 millones de dólares. Esos 2 millones de barriles, nosotros estimamos que podrían recuperarse en 3 o 5 años, quizás menos, todo depende de cómo estén las instalaciones porque, como ya hemos dicho, no tenemos información oficial ni inventario, pero repito una vez más que podemos subir 1,5 millones de barriles en 5 años.”
En mi trabajo “Agencia Venezolana de Hidrocarburos Marca A.C.M.E.”, del 28 de noviembre pasado, expongo la génesis y orientación de esta “novedosa” Agencia autónoma e independiente de los poderes públicos nacionales, que asumirá todas las atribuciones del actual Ministerio del Petróleo.
Ente Regulador y Comisión Nacional de Energía
Citaré in extenso: “… en su versión criolla, expuesta inicialmente desde CEDICE por el Académico Ingeniero Diego González Cruz en sus “Propuestas para Venezuela”, queda claro el propósito de minimizar la injerencia de los poderes públicos constituidos en la determinación de las políticas energéticas y petroleras, su gestión y control, trasladando esas competencias a dos organismos “independientes del gobierno de turno, autónomos y autárquicos”:
Un “Ente Regulador” y una “Comisión Nacional de Energía”, caracterizados de la siguiente manera…
1. Proceder a crear el Ente Regulador de los Hidrocarburos, órgano del Estado, independiente del gobierno de turno, autónomo y autárquico, responsable de la administración, implantación y vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas correspondientes, y regulación de las actividades; otorgar las licencias y permisos para abrir todos los negocios “aguas arriba y abajo”, elaborar la estadísticas, aplicar las multas, calcular y distribuir las regalías, entre otras actividades
2. Proceder a crear la Comisión Nacional de Energía (CNE), órgano del Estado, independiente del gobierno de turno, autónomo y autárquico, ente responsable de la elaboración de propuestas de políticas públicas para el Sector Energético y de velar por el éxito del propósito y objetivos de las mismas.
Con el fin de garantizar un balance en las grandes decisiones y orientación de la actividad de la IPN, se debe incorporar a la CNE una representación significativa de los venezolanos, más allá de representantes del Estado, tales como las Empresas, Entes Financieros, Academias, Universidades, Gremios y Asociaciones y Sociedades civiles vinculadas al sector, entre otras, siguiendo un esquema organizativo y de trabajo como el existente en el exitoso “National Petroleum Council-NPC” de los EE.UU.
3. Dar todos los pasos necesarios para tener un Ministerio de Energía Moderno, encargado de presentar las propuestas de políticas públicas a la Asamblea, promover la investigación y desarrollo en el sector, y representar al país en los asuntos internacionales en materias de energía… [5]
Mi comentario de entonces: Es decir, un convidado de piedra que a lo sumo podrá realizar actividades decorativas, de promoción y representación formal. Hice referencia en esa oportunidad a lo que significa la inspiración de la propuesta en “el exitoso NPC” de los Estados Unidos:
Valga entonces la oportunidad para destacar, una vez más, que se trata del acomplejado desconocimiento y repudio de nuestra historia y de su jurisprudencia republicana, al querer trasladar instituciones semiprivadas, características de un país donde rige excepcionalmente el régimen de la “accesión minera”.
Éste considera a las minas como un accesorio de la propiedad privada de la tierra, hacia países como los nuestros y el resto del mundo no anglosajón, donde impera, el régimen “regalista o dominial” [9], que reserva esa propiedad a la Nación, sea cual fuere su forma de organización política: república, confederación tribal, imperio, emirato o reino. Nación representada en todos los casos por sus particulares y específicas instituciones estatales.
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En nuestros días, y en el caso venezolano, la “modernización” propuesta implicaría, simplemente, “…el desconocimiento de todo el ordenamiento legal y constitucional que regula las asociaciones con capitales extranjeros, ofreciendo completo sometimiento del país a la legalidad corporativa internacional, garantizando rendimientos y e intangibilidad de los contratos, anulando toda la capacidad del Estado-Nación venezolano para legislar y darle rango constitucional a esta materia.” [https://petroleovenezolano.blogspot.com/2019/11/el-cuervo-el-pozo-y-el-petroleo.html#.XdYadJNKjIU ]
Remito al lector a los textos completos referidos en los enlaces insertados a pié de las páginas respectivas y, en particular, a los que contienen todos mis trabajos: https://petroleovenezolano.blogspn ot.com, https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella
La trascendencia de estos temas para el destino de la Nación venezolana me lleva a insistir en que los mismos tienen que ser debatidos con la mayor amplitud pública, independientemente de posiciones políticas circunstanciales, fuera de cenáculos especializados, partidizados o ideologizados, se trata de una materia que concierne a cada venezolano vivo hoy y a sus descendientes y, por ello mismo, mucho menos se puede dejar en manos de “expertos” imbuidos de las fórmulas diseñadas en los think tanks de las principales universidades norteamericanas y los centros nativos vectores del extremismo neoliberal.