Así fue como Venezuela solucionó la violencia: “La seguridad ya no es un dolor de cabeza”
José Negrón Valera – Sputnik
Mientras medios internacionales insisten en presentar a Venezuela como un Estado forajido y exportador de criminalidad, las cifras oficiales revelan una realidad diametralmente opuesta: el país registra en la actualidad una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina.
“La gente sale a la calle sin miedo. La seguridad ya no es un dolor de cabeza para el venezolano”, asegura Pablo Fernández Blanco, especialista en seguridad ciudadana y derechos humanos, quien detalla para Sputnik cómo el modelo bolivariano logró desmontar estructuras delictivas como el Tren de Aragua y construir una política integral de seguridad basada en la prevención, la inclusión y los derechos humanos.
“Una concepción de prevención”
El punto de inflexión que transformó la seguridad en Venezuela comenzó en 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder. Fernández Blanco sostiene que la Revolución Bolivariana puso la seguridad en el centro de su proyecto político y social, con el objetivo de “reducir las condiciones de inequidad social que contribuyen a la violencia”.
Un hito clave fue la reforma que redefinió la seguridad como un derecho humano fundamental, reflejado en el artículo 55 de la Constitución.
“Pasamos de una concepción represiva a una concepción de prevención, atención y garantía de derechos”, enfatiza el analista, quien destaca que la primera gran medida fue abordar el problema policial.
En 2006, Chávez convocó la Comisión Nacional para la Reforma Policial, que impulsó una profunda transformación del sector. Según Fernández Blanco, “las políticas en Venezuela no se hicieron para la gente, sino con la gente”.
Este cambio de paradigma cristalizó en la creación del nuevo modelo policial bolivariano, caracterizado por “organismos profesionalizados, garantes de los derechos humanos, cercanos a la gente y con alta preparación técnica”.
Fernández también destaca otra transformación vital ocurrida entre 2011 y 2012: el control y desarme de armas de fuego. Esta iniciativa generó consenso incluso entre sectores políticos adversos.
El año 2012 marcó otro salto cualitativo, con la implementación de la “Gran Misión A Toda Vida Venezuela”. Chávez definió esta estrategia como “una concepción poliédrica y despolicializada de la seguridad”, orientada fundamentalmente a la prevención. Este modelo no solo atendía los fenómenos delictivos, sino también “a las víctimas, proporcionando atención jurídica, psicológica, social y económica”.
La llegada de Nicolás Maduro al poder continuó esta senda, enfrentando un contexto adverso por la intensificación de medidas coercitivas externas contra el país latinoamericano. A partir de 2017, Maduro implementó la “Gran Misión Justicia Socialista” y luego la “Gran Misión Cuadrantes de Paz” en 2019, orientada hacia la territorialización de la seguridad ciudadana, enfocándose en las realidades locales.
“La clave ha sido la continuidad y la profundización territorial de las políticas”, afirma Fernández Blanco, destacando cómo los “cuadrantes de paz” optimizaron recursos y fortalecieron la corresponsabilidad ciudadana.
Según cifras oficiales proporcionadas por Fernández Blanco, la tasa de delitos bajó de 690 por cada 100.000 habitantes en 2016 a tan solo 84 en 2024, una caída del 87%. En tanto, la tasa de homicidios pasó de 55 por cada 100.000 habitantes en 2012, a solo cuatro en 2024, similar a la de países europeos.
Fernández resalta también cómo la percepción ciudadana coincide ahora con estas cifras oficiales, “la gente realmente se siente segura, sale a la calle sin miedo y ha recuperado la confianza en los espacios públicos”. Esta realidad, agrega, es totalmente contraria al discurso mediático que intenta presentar a Venezuela como un Estado fallido.
Privatización de la seguridad
En relación con el “Tren de Aragua”, Fernández Blanco explica cómo esta organización, que en algún momento operó desde una cárcel venezolana, fue “completamente desmantelada por el Estado venezolano”.
A pesar de ello, dijo, continúa siendo instrumentalizada internacionalmente para alimentar una narrativa xenófoba contra los venezolanos migrantes. “De las personas retornadas bajo acusaciones de formar parte del Tren de Aragua, ninguna ha sido identificada como integrante real de dicha estructura”, aclaró.
“El Tren de Aragua se convirtió en un cliché para justificar la agenda intervencionista”, sostiene, comparando esta estrategia con otras similares aplicadas en países como Siria o Irak, donde se creó una narrativa criminalizante para legitimar intervenciones militares y económicas.
Para Fernández Blanco, las deportaciones masivas de Estados Unidos no solo buscan acrecentar el expediente negativo contra Venezuela, sino que también esconden una peligrosa tendencia: la privatización de la seguridad pública.
El especialista pone el acento en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele para ejemplificar su punto de vista. “La seguridad privada es un caballo de Troya. Su objetivo no es garantizar derechos, sino generar lucro”, alertó.
“Cuando privatizar cárceles se convierte en un gran negocio, solo funciona si tiene privados de libertad. Entonces, si un país tiene pocos privados de libertad, se necesita incrementar esa ‘materia prima’ mediante la criminalización de sectores sociales vulnerables. ¿Cuántos jóvenes salvadoreños hoy encarcelados realmente pertenecen a pandillas y cuántos son falsos positivos para justificar campos de concentración como el que mantiene Bukele, similar a una réplica de Guantánamo?”, destacó.
Otra de las amenazas crecientes para los pueblos es la privatización del uso de la fuerza, un fenómeno que ha cobrado fuerza en los países que abrazan modelos neoliberales extremos.
En estos contextos, proliferan empresas de seguridad privada que operan ejércitos corporativos, escoltas armados y servicios de protección para intereses transnacionales, sin estar sometidos a marcos legales locales. Fernández Blanco alerta que estos grupos actúan sin rostro ni responsabilidad ante autoridad alguna y que muchos gobiernos los utilizan como sustitutos de sus fuerzas regulares para evitar el costo político de la represión estatal, creando así un monstruo fuera de control.
“Aquí no vamos a permitir que ese modelo privatizado, que responde a intereses económicos y no sociales, tenga cabida”, afirma Fernández Blanco.
El país mantiene una estricta regulación sobre cualquier figura de seguridad privada, desde quienes instalan cámaras hasta los ofrecen servicios de escolta o blindaje. El Estado se reserva la autoridad sobre el uso de las armas en función de la seguridad ciudadana, rechazando cualquier intento de delegar esa responsabilidad a manos privadas.
Fernández concluye resaltando que Venezuela, con sus políticas de seguridad, no solo ha reducido drásticamente los índices delictivos, sino que también ha sido pionera en una visión integral y humanista de la seguridad ciudadana, convirtiéndose en un ejemplo para la región y el mundo, demostrando que es posible abordar el problema de la violencia desde una perspectiva preventiva, inclusiva y profundamente democrática.
“Venezuela es un país garantista, ha transformado su marco jurídico-político en función de los derechos humanos, y cualquier exceso cometido por fuerzas de seguridad es procesado judicialmente”, concluye el experto.