Ahora sí empieza el gobierno de Mauricio Macri y los CEOs, con medidas para seis años

Juna Guahán – Question Latinoamérica |

Anunció las grandes líneas de su plan. Propone la eficiencia estatal, la acumulación económica en manos privadas. Lo dispone su gabiente de representantes de grandes empresas y, obviamente, lo pagan trabajadores y economías regionales.

Mientras, el show mediático y político de la detención del ex vicepresidente Amado  Boudou, en una causa en la que ni siquiera había sido indagado, completa el mensaje intimidatorio con que el Gobierno, a través de la persecución judicial, busca disciplinar a la oposición política y social para imponer el ajuste.

Macri anunció -en su presentación con funcionarios, gobernadores, legisladores, jueces, junto a muchos otros invitados- el inicio de su gobierno. No quedan dudas que está hablando del período 2017/2023. Eso significa que los dos años anteriores, que están por transcurrir, fueron para conocer el escenario, probar sus fuerzas y las de la oposición, descargar responsabilidades en la “herencia recibida” y también para preparar la reciente victoria electoral. Ahora vienen los dos años que le faltan para completar el presente período y luego –con lo que espera sea su triunfo electoral en 2019- llegar al 2023.

El señalamiento de estas fechas no es gratuito ni antojadizo. Ya veremos cómo los observadores de la evolución económica, muchos de ellos amigos del actual gobierno, estiman que las ideas planteadas tienen serias limitaciones temporales que cuestionan la noción de “sustentabilidad” (a 20 años) que el gobierno quiere trasmitir.

No quedan dudas que se trata de un plan sumamente complejo cuyos detalles –obviamente- escapan a esta síntesis. Esas intrincadas consideraciones, sujetas a variadas compensaciones, tienen el agregado que ahora deben ser debatidas con gobernadores, diferentes sectores sociales y –por supuesto- el Parlamento. De allí se deriva que el saldo final puede tener notorias diferencias con el plan original que el gobierno acaba de exponer.

La propuesta intenta consolidar un sistema que coloque a un Estado, con mayor eficiencia, al servicio de un modelo de acumulación de los sectores privados económicamente más concentrados. No debe ser casual que el Presidente y la mayor parte de su elenco gubernativo forman parte de ese sector económico. El gobierno supone que esa riqueza más consolidada va generar crecimiento y mayor empleo, reduciendo los actuales niveles de pobreza. Si le queremos poner una etiqueta, se trataría del intento por instalar un régimen conservador popular.

Veámoslo desde tres puntos de vista: Los grandes problemas que visualiza el gobierno; los ejes de las medidas propuestas y algunas consideraciones que no forman parte del plan presentado.

Los grandes problemas que el gobierno visualiza

Dentro de la lógica de su señalada concepción ideológico-política y los intereses que sostiene, el gobierno trata de abordar tres grandes problemas:

-Una reducción del déficit fiscal, es decir la diferencia entre lo que entra y sale de la caja estatal. El gobierno anterior la cubría con emisiones de pesos y el actual con endeudamientos externo, en dólares, euros o yuanes. Esta situación pone límites temporales al gobierno, dado que solo las grandes potencias pueden darse el lujo de déficits permanentes.

-El 30% de pobreza. Más allá de cuestiones éticas o morales que nos avergüenzan como sociedad, reducir esa cifra es imprescindible para el plan macrista de dar pelea por el electorado más pobre. Sin su voto no hay victoria posible en el 2019.

-Bajar la presión impositiva. Su continuidad es vista como un tope al crecimiento productivo, tarea impostergable si se quiere negociar en mejores términos con la central lobrera CGT.

El problema radica en que estas tres correcciones las debería tomar simultáneamente y ello es bastante complicado.

En el gobierno coinciden que la principal clave para resolver esta encrucijada es, dentro del actual modelo, lograr un mayor crecimiento económico. Para ello siguen haciendo falta inversiones y éstas no vienen en avalancha. Para aumentar la producción los empresarios presionan en la dirección de menores impuestos y reducción de los costos laborales. Más claro: demandan una fuerte política de ajuste. Aquí el gobierno se pregunta ¿cómo hacerlo, sin afectar sus pretensiones de reducir la pobreza y seguir con el objetivo de incrementar el apoyo electoral?

Un pequeño detalle da cuenta de otros límites que tiene el gobierno para avanzar en esa dirección: Mientras proclama a los cuatro vientos la austeridad estatal, en la Cámara de Diputados fueron designados, durante este gobierno, 948 nuevos empleados. Al mismo tiempo llueven denuncias acerca de cómo se incorporan nuevos empleados para funciones de nombres tan largos como incomprensibles, pero suculentos salarios. Resulta que -siguiendo la tradición- amigos, familiares, militantes y dirigentes no que quieren perderse la oportunidad de “colaborar” con la gestión del gobierno.

Algunos medidas propuestas

Todo el paquete de medidas trata de establecer compensaciones entre unas y otras. No es fácil mensurar la dimensión de cada una de ellas. Lo cierto es que el resultado final apunta en las direcciones señaladas, todo eso se sabrá cuando terminen de aprobarse.

Respecto al déficit fiscal, es obvio que apuntan a disminuirlo. Mientras tanto el gobierno depende del crédito externo y éste está vinculados a dos cuestiones: la situación económico-política internacional y la evolución de la situación interna. Por cierto es que –por ahora- los resultados electorales mejoraron la posición del gobierno y el conjunto de medidas intenta dar confianza a los inversores extranjeros. De ese modo esperan financiar, por un tiempo, los déficits de caja existentes. En este sentido hay creación y suba de impuesto y rebaja o eliminación de los mismos.

Entre los que suben produciendo el mayor ruido están la cuestión del vino, la cerveza y las gaseosas azucaradas. Esto afecta básicamente a San Juan y Mendoza. Otra situación que está llamada a producir efectos devastadores es la eliminación del impuesto a las empresas ensambladoras de productos electrónicos que funcionan en Tierra del Fuego. Por estos conceptos el Estado recibiría un respetable volumen de recursos.

Otro tema que traerá cola está referido al tema jubilatorio. Allí se plantea reemplazar la actual norma de actualización por un ajuste de a cuerdo a la evolución de la inflación. Ese significativo “ahorro” (a costa de los jubilados) estaría destinado a compensar lo que reclama la Provincia de Buenos Aires, evitando que esa cuenta la paguen las provincias. En este caso es evidente el seguimiento de los “Consejos” formulados por el FMI.

Allí se destacaban dos críticas al sistema vigente. Decían que el promedio del haber jubilatorio se ubicaba en un 72% del ingreso existente y proponían disminuirlo hasta llegar al 60% y también cuestionaban la edad de 60 años para la jubilación de las mujeres y proponían llevarlo a los 65, en la misma dirección sería elevada la edad jubilatoria para los varones, que hoy está en los 65 años. Otra mejora del ingreso estatal se podría dar a través de algunos gravámenes que se impondrían a la renta financiera.

Por el otro lado, el Estado disminuiría sus ingresos al establecer reducciones en los impuestos a las ganancias para quienes reinviertan. En este caso las Pymes recibirían menos beneficios que las grandes empresas. También está planteada una progresiva reducción del impuesto al cheque, que vence a fines del corriente año.

Por último está la cuestión laboral. Aquí está el “nuevo y verdadero Macri”. El Macri que, en nombre de una “rebaja de los costos laborales” para aumentar inversiones y producción, está dispuesto a poner fin a largos años de legislación peronista. Es posible que en este tema se juegue una buena parte de su plan político. Son varias las modificaciones propuestas. La mención de algunas de ellas nos va a dar una dimensión de la profundidad de los cambios propuestos.

Entre las medidas señaladas está la creación de un sistema de indemnización alternativo. Ese Fondo Especial sería financiado por el aporte de los propios trabajadores. Otra medida, de un cargado simbolismo, está referida a que la jornada de 8 horas, hija de largas y sacrificadas luchas obreras, podría ser cuestionada con el Banco de Horas, donde la patronal podría hacer trabajar por encima de ese horario, con una posterior compensación horaria. Otras medidas apuntan a la idea de un profundo “blanqueo laboral” que suponen podría llegar a 1 millón de trabajadores, fundamentalmente de la construcción, campo y textiles.

Por último se avanza en la idea de acuerdos sectoriales, en este sentido el gobierno manifiesta que en empresas que proporcionan el 11% del empleo privado ya funcionan tales acuerdos.

Otras consideraciones

Muy brevemente se señalarán tres cuestiones. La primera tiene que ver con el hecho que una de las cuestiones planteadas críticamente por el Presidente fue la debilidad de nuestras exportaciones. Sin embargo no hay propuestas concretas en la materia. Se la hace depender de un crecimiento global de la economía.

En segundo lugar se puede decir que la viabilidad de estas medidas es proporcionalmente inversa al grado de resistencia que ellas puedan generar. En ese sentido la oposición más firme puede surgir del acuerdo de los gremios nucleados en la CGT, los gobernadores peronistas y los bloques legislativos del mismo signo. Sobre esta cuestión están trascendiendo los mensaje que el gobierno le habría dejado a algunos sindicalistas en el sentido que podría haber citaciones judiciales para los más rebeldes.

Por último, los economistas más optimistas evalúan que se confirmará el crecimiento de este año, vislumbran que el mismo puede incrementarse el próximo, pero no creen que sea fácilmente extensible a partir del 2119. Ello surge de las dificultades que el gobierno tendrá para aplicar las reformas propuestas y los problemas que surgirán ante las dificultades para lograr un financiamiento que permita un crecimiento sostenido.